Consejo de Estado tumba el decreto que redefinió la 'Línea Negra' para las comunidades indígenas que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta. Crédito: Colprensa.
Consejo de Estado tumba el decreto de Juan Manuel Santos sobre la ‘Línea Negra’ en la Sierra Nevada de Santa Marta
En 2018, el gobierno de Juan Manuel Santos dictó un decreto que amplió de 54 a 348 los sitios ancestrales para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. El decreto, que generó tensiones con la Andi y otros gremios, fue anulado por el Consejo de Estado. Un viceministro del Gobierno de Gustavo Petro estuvo detrás de esa demanda. ¿Qué implica la decisión?
Por: Ana María Cuesta
Un día antes de finalizar su segundo periodo presidencial, el presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto 1500 del 7 de agosto de 2018 con el que se delimitaron, formalmente, 348 espacios ancestrales y sagrados para los pueblos indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.
Dichos territorios están inmersos en un espacio conocido por las comunidades ancestrales como la ‘Línea Negra -Sheshiza’ que, según el decreto de Santos, comprende aproximadamente 350 hectáreas de tierras en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar -aunque las comunidades indígenas consideran que son más de 500 sitio sagrados-.
Desde 1973, el gobierno de Misael Pastrana avanzó en la protección simbólica de dicho territorio y en 1995 el gobierno de Ernesto Samper amplió la zona protegida. Pero el gobierno de Santos avanzó en la inclusión formal de centenares de espacios.
“Este decreto respeta el acceso de las comunidades a sus sitios sagrados, que suman alrededor de 350 hectáreas dentro de un área superior a 1.700.000 hectáreas (…) No es una imposición de culto, ni credo ni religión. No vulnera ni desconoce la propiedad privada. Tampoco vulnera los derechos adquiridos, los derechos de terceros, los derechos de las comunidades étnicas”, expresó Santos tras la firma del decreto que redefinió ‘Línea Negra’.
La Corte Constitucional ha reconocido que los mencionados espacios de la Sierra Nevada deben ser protegidos por el altísimo valor espiritual, cultural y ambiental que representan para los pueblos indígenas del norte del país. “Son los espacios que nos permiten mantener esa conexión con la naturaleza y los elementos que armonizan la vida, el agua, la tierra, el fuego, el aire para que siga manteniéndose ese equilibrio no solamente en la sierra”, señaló ante el Consejo de Estado uno de los gobernadores indígenas.
El fallo
A ocho años de la expedición del decreto de la ‘Línea Negra’, la Sección Primera del Consejo de Estado dictó un fallo anulándolo, al advertir que el acto fue expedido “irregularmente”. La alta corte consideró que, en el proceso de expedición del decreto, hubo “falsa motivación” porque al momento de su expedición “no se contaba con la cartografía oficial de la Línea Negra”. El fallo también puntualizó que el decreto fue firmado por el presidente sin agotar el trámite de la consulta previa con todos los pueblos étnicos de la Sierra Nevada.
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En su momento, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) cuestionó la expedición del decreto que acaba de caerse al advertir que se generaban tensiones con la propiedad privada pues a nadie se le consultó. Los territorios de la ‘Línea Negra’ son grandísimos y abarcan líneas de playa en las que actualmente hay complejos hoteleros e inversiones turísticas.
El Consejo Gremial Nacional, la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y la Asociación Colombiana de Petróleo también expresaron su oposición al decreto que acaba de caerse por orden del Consejo de Estado.
La importancia de la ‘Línea Negra’
En el año 1973 y mediante la resolución 002 del 4 de enero, el gobierno de Misael Pastrana Borrero reconoció, por primera vez, la llamada ‘Línea Negra’ o ‘Zona Teológica’ en la Sierra Nevada de Santa Marta.
“Los propietarios de terrenos en donde se hallen sitios de pagamentos, no podrán impedir a los mamos, ni a los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta el acceso a estos lugares para cumplir sus prácticas mágico-religiosas (…) las disposiciones de esta resolución no afectan los derechos de posesión y dominio de terceros, adquiridos por justos títulos conforme a las leyes vigentes”, mencionó la resolución firmada por el ministro de Gobierno Roberto Arenas.
En 1995, en la Presidencia de Ernesto Samper, se dictó otra resolución (837 de 1995) en la que se amplió la delimitación simbólica de la ‘Línea Negra’ tras un proceso de consulta previa, que se realizó en 1994, y en el que las comunidades “determinaron los hitos sagrados periféricos” del mencionado lugar, definiendo 54 sitios específicos.
Entre 1998 y 2012, la Corte Constitucional dictó siete fallos (SU-510 de 1998, T-634 de 1999, C-891 de 2002, T-349 de 2008, T-547 de 2010, T-513 de 2012 y T-993 de 2012) encaminados al deber de protección del Estado para la protección del territorio de los pueblos indígenas que habitan la ‘Línea Negra’.
Por ejemplo, en 2010 ordenaron la suspensión de las obras de un puerto que se ejecutaba en jurisdicción del corregimiento Mingueo en el municipio de Dibulla, que posiblemente abarcaban territorios de la ‘Línea Negra’, con el fin de que se realizara una consulta previa con las comunidades indígenas.
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En 2013, la Corte dictó un auto instando a la Presidencia de la República a redefinir o actualizar los territorios que componen el espacio ancestral de las comunidades de la Sierra Nevada. En 2014, dicho tribunal dictó otro fallo advirtiendo que, en adelante, en todo proyecto que se pretendiera ejecutar en los territorios delimitados por la ‘Línea Negra’, debían efectuarse consultas previas con las comunidades indígenas afectadas.
Ya en 2018, el gobierno de Santos avanzó con la orden que le impartió la Corte y dictó el decreto que redefinió la ‘Línea Negra’, incluyendo 348 territorios. Pero el decreto fue demandado por el abogado Yefferson Dueñas en 2019. Dueñas es, desde el año pasado, viceministro de Justicia en el Gobierno de Gustavo Petro.
La demanda del viceministro Dueñas
En 2019, el abogado Yefferson Dueñas presentó una demanda pretendiendo tumbar el decreto que amplió la delimitación de la Línea Negra al considerar que su expedición no contó con el mapa cartográfico oficial de la Línea Negra elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ni con la versión definitiva del ‘Documento Madre’ que elaboraron los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y
kankuamo de la Sierra Nevada.
Dueñas también indicó en su demanda que el decreto solo se divulgó con un estudio antropológico que no era definitivo y que, por tales omisiones, no se puede definir a ciencia cierta cuáles son los territorios ancestrales y sagrados de las poblaciones indígenas de la Sierra Nevada. Dueñas, además, cuestionó que en la expedición del decreto que amplió a 348 los sitios sagrados, no se tuviera en cuenta la participación de los pueblos indígenas que habitan el territorio.
También consideró que el gobierno de Santos excedió sus facultades al restringir la autonomía de los departamentos de La Guajira, del Magdalena y del Cesar y de los 25 municipios que quedaron inmersos en la ‘Línea Negra’, en tanto que “no pueden adoptar ninguna medida hasta tanto hayan consultado a los pueblos kogui, kankuamo, wiwa y arhuaco”.
La demanda del hoy viceministro también advirtió una presunta afectación de la propiedad privada, señalando que los cuatro pueblos indígenas de la sierra “podrían afectar los derechos adquiridos y de propiedad privada de las entidades territoriales, de otros grupos étnicos y de los particulares”.
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Precisamente el presidente de la república, Gustavo Petro, destacó en 2024 la necesidad de completar la ‘Línea Negra’, anunciando que su Gobierno compraría predios dentro de dichos territorios para entregárselas a las comunidades indígenas. “El compromiso que nosotros hicimos aquí en campaña es que la tierra entre la reserva indígena y la ‘Línea Negra’ se compre y se les entrega a los indígenas”, dijo Petro en agosto de 2024.
Posteriormente, en marzo de 2025, el presidente Petro preguntó públicamente si la ‘Línea Negra’ pasa por la Quinta San Pedro Alejandrino, lugar en el que pasó sus últimos días el Libertador Simón Bolívar. “Si la Línea Negra' pasa por la hacienda, la otra parte debe ser indígena y debe ser el homenaje de los pueblos que se liberaron”.
Los detalles de la decisión
El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Germán Eduardo Osorio, le dio la razón a Dueñas en varios aspectos. Por ejemplo, cuestionaron el que el gobierno de Juan Manuel Santos no incorporara la cartografía oficial. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi reconoció que la cartografía se publicó solo hasta el año 2023.
“A pesar de los esfuerzos realizados, el mapa oficial de la Línea Negra no se completó antes de la expedición del decreto 1500 el 6 de agosto de 2018 (…) La ausencia de la cartografía oficial y del Documento Madre al momento de expedir el decreto 1500 de 2018 no sería un simple defecto subsanable, sino que esa omisión tendría consecuencias directas en la manera en que se ejercen, definen y configuran los derechos reconocidos por el acto administrativo”, indica el fallo.
“En el acervo probatorio se demostró que los pueblos indígenas kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo elaboraron el ‘Documento Madre’, durante las vigencias 2013 a 2015 (…) Sin embargo, no se acreditó que, durante el procedimiento de expedición del decreto 1500, este se elaborara con apoyo del Igac en cuanto a la cartografía oficial de la Línea Negra”, añade la decisión.
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Sobre la consulta previa, el fallo indica que el decreto fue expedido con desconocimiento del derecho a la consulta previa por parte de las comunidades indígenas wayúu y chimila y de los Consejos Comunitarios de las Comunidades negras Los Palenques de Juan y Medio, Los Moreneros, El Negro Robles, Nelvis Aragon, Valentina Ospinto, Las Américas, Las Balsas, La Guayabita de Monguí, Axe para los Negros, Afrourranga, Antonio Solano, FECECN, Puerto Colombia, La Nueva Esperanza de los Negros, Predio El Carmen, Los Trece Cruces de la Raya del Totumo, José Prudencio Padilla y Cascajalito, pues ellos también ocupan la zona delimitada y el área de influencia de la 'Línea Negra'.
“Esto es muy grave”: autoridad indígena
CAMBIO contactó a Jaime Arias, asesor mayor del pueblo kankuamo. “Es una decisión muy grave porque este decreto dotaba de unas herramientas importantes al Gobierno nacional para la conservación ambiental”, señaló Arias.
“No hay que desconocer que la Sierra Nevada es una fábrica de agua, que vierte agua no solo a los pueblos indígenas que vivimos en ella, sino a toda la llanura del Caribe y esto tiene una interconexión con todo el sistema del mar Caribe, La Mojana se conecta con el río Magdalena. Entonces, hoy queda desprotegido en gran parte por las medidas que se han adoptado, sobre todo porque lo que planteó el decreto es un mecanismo de diálogo y de coordinación con las entidades para que, entre todos, la autoridad de los pueblos indígenas y de los gobiernos territoriales, y nación, trabajemos por ese bien común que es conservar los elementos que fundamentan la vida”, añadió.
Arias advierte que se avecina un nuevo litigio en defensa de los espacios sagrados pues anuncia que los pueblos indígenas no van a renunciar a sus derechos. “Ahora lo que se va a volver esto es más complejo, porque la Corte, ¿por qué ordena expedir el decreto?. Hombre, para que identificáramos los espacios sagrados y no que en cada consulta previa había que hacer lo mismo. Entonces, volvemos a ese tema complejo que va a dificultar lo que se quería agilizar, por las empresas y lo demás, que era la consulta previa. Y esto lo que va a haber es litigio jurídico sobre litigio jurídico”, remató.
