Foto: Joel González - Presidencia
Críticas a Petro por divulgar datos de la historia clínica de Kevin Acosta, el niño que murió sin recibir su medicamento para la hemofilia
La muerte de Kevin Acosta, un niño con hemofilia cuyo caso conmueve a Colombia, sigue provocando fuertes reacciones. Mientras el Gobierno defiende la actuación del sistema de salud, familiares cuestionan que el presidente Petro divulgara información privada de la historia clínica del menor.
El presidente Gustavo Petro afirmó que la madre de Kevin Acosta, el niño de siete años que murió por causas asociadas a la hemofilia, rechazó una intervención quirúrgica urgente tras el accidente que el pequeño sufrió en bicicleta. Sin embargo, el primo del menor, Sergio Torres, quien también padece hemofilia, aseguró en una entrevista a Blu Radio que operar a un paciente con esta condición exige protocolos médicos estrictos que, según dijo, no estaban garantizadas.
La madre del menor, Katherine Pico, insiste en que la operación fue rechazada porque el medicamento indispensable para evitar una hemorragia no estaba disponible. Según su testimonio, intervenirlo sin esa preparación habría sido letal.
Para una cirugía a un paciente hemofílico es indispensable contar con el factor de coagulación y reservas de sangre suficientes. Torres señaló que, sin ese soporte, el procedimiento podría provocar una hemorragia incontrolable.
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La familia sostiene que el niño no recibía el tratamiento que debía administrarse periódicamente desde diciembre, situación que atribuyen a los problemas administrativos en Nueva EPS. Torres también advirtió que otros parientes con hemofilia, incluidos bebés, niños y adultos, permanecen sin tratamiento desde hace semanas, lo que, afirmó, pone en riesgo sus vidas.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro, durante un evento en una comunidad de La Guajira, afirmó que el Gobierno no mintió y que “no están tapando algo con otra cosa”. Agregó que aún se deben adelantar más investigaciones para establecer si existe alguna responsabilidad por el traslado de Santander al Huila en el periodo en que el menor no recibió la dosis que debía aplicarse el 14 de enero.
Debate por la divulgación de la historia clínica
Otro de los puntos más controvertidos de este caso que conmueve a Colombia ha sido la revelación pública de información médica del menor. Durante el evento, el presidente citó apartes del historial clínico, lo que desató cuestionamientos legales y éticos. El exfiscal Francisco Barbosa señaló que divulgar datos médicos sin autorización es un delito y podría constituir una violación de datos personales.
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En la misma línea, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) recordó que la historia clínica es un documento protegido por el derecho a la intimidad, especialmente cuando se trata de menores de edad. Expertos en salud pública también se pronunciaron. El epidemiólogo Luis Jorge Hernández afirmó que la confidencialidad médica es un principio legal y ético. La investigadora Zulma Cucunubá, directora del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, sostuvo que hacer públicos estos datos vulnera la privacidad del paciente y de su familia.
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La Defensoría del Pueblo, por su parte, también pidió evitar la revictimización de la madre y señaló que el sistema de salud en su conjunto debe responder por la atención del menor.
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En Colombia, la historia clínica es considerada un documento privado y confidencial, protegido por varias normas de rango constitucional y legal. El artículo 15 de la Constitución garantiza el derecho fundamental a la intimidad y al control sobre la información personal. A su vez, la Ley 23 de 1981 establece el deber del secreto profesional en el ejercicio de la medicina, mientras que la Resolución 1995 de 1999 regula el manejo, acceso y carácter reservado de la historia clínica. Esta protección se refuerza con la Ley 1581 de 2012, que clasifica los datos de salud como información sensible y exige autorización expresa para su tratamiento o divulgación.
La polémica también llegó al ámbito jurídico. El exconcejal Daniel Briceño presentó una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que investigue la presunta filtración de la historia clínica del menor.
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Mientras tanto, el Gobierno, incluido el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y las autoridades, continúan examinando los hechos que rodearon la muerte del niño y el suministro de medicamentos. La familia, por su parte, insiste en que el caso refleja fallas estructurales en el sistema de salud y teme que otros pacientes con las llamadas ‘enfermedades raras’ enfrenten riesgos similares si no se garantiza el acceso oportuno a sus tratamientos.
