¿Culpa de las EPS o del Gobierno? El caso del niño Kevin que murió sin recibir medicamentos y las polémicas declaraciones de Petro a su familia

Kevin Arley Acosta tenía siete años y toda una vida por delante. Vivía en Palestina, un pequeño municipio del Huila de poco más de 12.000 habitantes, rodeado de montañas y cultivos. Vivía allí con su familia y le encantaba montar bicicleta.

Pero Kevin cargaba con una condición médica que convertía cada golpe, cada caída, cada raspón, en una potencial amenaza de muerte: hemofilia A severa. Esta enfermedad genética impide que la sangre coagule adecuadamente, lo que significa que cualquier traumatismo puede desencadenar hemorragias internas graves. Para Kevin, no era una cuestión de “si” podría lastimarse, sino de “cuándo”. Y cuando ese momento llegara, su vida dependía de un medicamento llamado Emicizumab, que debía aplicarse cada 28 días como un escudo invisible contra las hemorragias.

El medicamento costaba entre 36 y 40 millones de pesos mensuales. Una cifra imposible para una familia humilde del Huila. Pero Kevin estaba afiliado a la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, que ahora se encuentra intervenida por el Gobierno. En teoría, el sistema debía protegerlo; en la práctica, lo abandonó.

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Cuando el medicamento dejó de llegar

En diciembre de 2025, Kevin recibió su última dosis de Emicizumab. Después de esa fecha, el medicamento simplemente dejó de llegar. Según su madre, la Nueva EPS no le asignó una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) para continuar el tratamiento. Sin IPS, no había quien autorizara ni entregara el fármaco. Y sin el medicamento, Kevin quedó completamente vulnerable.

A pesar de esto, Kevin salió a jugar en su bicicleta. Pero para un niño sin su medicamento, fue el principio del final. Kevin se cayó. Un golpe en la cabeza. Para la mayoría de los niños, un susto, tal vez un chichón. Para Kevin, una sentencia de muerte.

Su mamá lo llevó de inmediato al hospital de Palestina, pero allí no lo remitieron. “Yo pedía que lo trasladaran con urgencia, que necesitaba el medicamento y que no me lo dejaran morir ahí”, contó Yudy a El Tiempo. La respuesta que recibió fue que la autorización dependía de la EPS.

El 8 de febrero, Kevin presentaba sangrado. Señales de que algo andaba muy mal. Después de eso, el traslado a Bogotá fue autorizado, después de que la familia hiciera denuncias públicas y las redes sociales presionaran. Llegó en avioneta al Hospital La Misericordia. Pero ya era demasiado tarde. Kevin ingresó a cuidados intensivos sin respuesta neurológica. El viernes 13 de febrero de 2025 murió.

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Las declaraciones del Gobierno que están generando indignación

Cuando la noticia de la muerte de Kevin se hizo pública, el país esperaba disculpas por parte del Gobierno, una promesa de que esto no volvería a pasar, alguna señal de empatía con una familia destrozada. Lo que se dio fue algo completamente distinto.

El lunes 16 de febrero, durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso. “Dos causas agravantes: el que no había tomado el medicamento y el que se monta en una bicicleta y se cae”, dijo el mandatario.

Pero el presidente no se detuvo ahí. En lo que muchos interpretaron como un intento de trasladar la responsabilidad a la familia, Petro señaló que “en primer lugar, la familia debe prevenir. Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir... Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe; las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, agregó.

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La lógica era desconcertante: según el jefe de Estado, el problema no era solo que el sistema le hubiera negado el medicamento a Kevin durante casi dos meses, sino que su mamá, con “niveles educativos deficitarios”, no había impedido que un niño de siete años montara bicicleta. Como si la solución a la crisis de salud fuera encerrar a los niños hemofílicos en jaulas de cristal, en lugar de garantizarles el tratamiento que por ley les corresponde.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, siguió la misma línea discursiva. “Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”, afirmó. Nuevamente, el foco estaba puesto en lo que la familia debió o no debió hacer, no en las fallas estructurales del sistema que dejaron a Kevin desprotegido.

Ambos funcionarios prometieron investigaciones y anunciaron que se esperaría el resultado de la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento. El ministro Jaramillo incluso agregó, responsabilizando a las EPS, que: “Por más humilde que sea, deben recibir el servicio que se está pagando actualmente todos por cada uno de los niños y no puede haber más 'Kevins' en este país”.

Lo que dice la Corte Constitucional: no es solo culpa de las EPS

Sin embargo, mientras el Gobierno busca culpables, la Corte Constitucional ya había emitido un veredicto que complica un poco la narrativa oficial: la crisis de salud no es responsabilidad exclusiva de las EPS. El Gobierno también tiene su cuota de culpa.

En el Auto 1282 de septiembre de 2025, emitido en septiembre del año pasado, la Corte Constitucional declaró un “nivel de cumplimiento bajo” en el acceso a medicamentos, casi 17 años después de la histórica Sentencia T-760 de 2008 que prometía garantizar este derecho. El documento señala que existía, en ese momento, una deuda acumulada de más de 4 billones de pesos entre los distintos actores del sistema de salud, con especial afectación en los gestores farmacéuticos y las EPS, lo que impide el suministro de medicamentos.

Pero la Corte no solo señala a las aseguradoras. El Auto es claro al identificar un incumplimiento sistémico que involucra al Gobierno, a las EPS, a los gestores farmacéuticos y a los reguladores. Es decir, todos son responsables.

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El tribunal constitucional documentó que las acciones de tutela por no entrega de medicamentos se dispararon: entre 2022 y 2023 crecieron un 32 por ciento, y entre 2023 y 2024 el incremento fue del 106 por ciento. Solo en el primer semestre de 2025 ya se había alcanzado el 59 por ciento de todas las tutelas de 2024. Las cifras pintan el panorama de un sistema colapsado donde los pacientes tienen que acudir a los jueces para obtener lo que por derecho les corresponde.

Además, en otros autos recientes, la Corte ha señalado insuficiencias presupuestales estructurales. En el Auto 2049 de diciembre de 2024, el tribunal declaró el incumplimiento general del componente de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el dinero que se asigna por cada persona para garantizar su salud, y abrió un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud por no pagar a tiempo los presupuestos máximos a las EPS, aunque fue archivado después.

Así las cosas, la conclusión es: cuando el gobierno culpa a las EPS y las EPS culpan al Gobierno, ambos tienen razón. Y ambos están equivocados al pretender que el problema es del otro. La Corte Constitucional ha dejado claro que se trata de una crisis estructural donde las responsabilidades están repartidas en todos los niveles.