Denuncian violencia sexual en la Universidad de Cartagena: CAMBIO revela testimonios de las víctimas

Catalina* tenía 19 años y la meta de graduarse como administradora en la universidad pública más antigua de la costa Caribe: la Universidad de Cartagena. Cuenta que a esa edad comenzó a sufrir el presunto acoso y hostigamiento de un compañero de clases que la superaba en edad, con una brecha de más de una década. Hoy, a sus 24 años, recibe atención psicológica por esa situación.

“Él me seguía en la universidad, inventaba cosas de mí, que iba a mi casa, que nosotros fuimos novios. Que me pagaba los recibos, que tuvimos relaciones sexuales”, le relató la joven a CAMBIO sobre los presuntos actos de violencia que recibió desde 2021 de parte de su antiguo compañero que, además, ejerció como su tutor en la asignatura de matemáticas. 

“Él se presentaba en mi casa todas las noches, sin invitación, cuando salía de la universidad me perseguía en moto (…) una vez me siguió para hablar, le dije que no, y me agarró del brazo. Yo empecé a gritar”, añadió la joven sobre este hombre que hoy tendrá 38 años y que también fue denunciado por una madre cuya hija habría sido víctima de una agresión sexual en 2007, según consta en registros públicos de la Rama Judicial. 

Catalina afirmó que el hostigamiento de su compañero, con quien inicialmente sostuvo una amistad a la que le puso un límite, empeoró cuando ella rechazó sus ofrecimientos sentimentales. “Me dijo que, si yo no quería saber más de él, que lo matara. Yo me asusté demasiado por el simple hecho de que usó la palabra matar”, le contó la joven a CAMBIO.

La estudiante puso en conocimiento de diversas directivas de la Universidad de Cartagena la situación que padeció con su compañero, a quien nos pidió no nombrar en público en este reportaje, para evitar que su situación personal se agrave. Por las omisiones en la atención de este caso de violencias basadas en género, el Ministerio de Educación acaba de imponer una sanción a la Universidad de Cartagena, a su rector William Malkún Castillejo y al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, José David Patiño Mercado. 

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La primera sanción del Ministerio de Educación por violencias basadas en género

El subdirector (e) de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, Harold Antonio Hernández, le confirmó a CAMBIO que es la primera vez en la historia del ministerio en que se sanciona a una universidad pública por desatender los lineamientos para la prevención y atención de las violencias basadas en género. 

“Se constituyó el primer precedente para sancionar a Instituciones de Educación Superior por incumplimiento en la ruta de atención de violencias basadas en género, en ejercicio de las funciones de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, que se encuentran reguladas en la Ley 30 de 1992, la Ley 1740 de 2014, el decreto 1075 de 2015 y el decreto 2269 de 2023”, señaló la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación.

Pero el de Catalina no es el único caso de violencias basadas en género denunciado en la institución pública que, en 2023, registró protestas estudiantiles en un ejercicio de escrache. El Ministerio reveló que contra la Universidad de Cartagena se analizan actualmente otras 18 peticiones relacionadas con la presunta desatención de ese tipo de casos.

CAMBIO habló con varias docentes y alumnas, que pusieron sus historias en conocimiento del ministerio. También accedimos a una solicitud que realizó la delegada del presidente Gustavo Petro en el consejo superior de la universidad, María Alejandra Benítez, quien pidió una intervención administrativa contra la Unicartagena por casos de violencias “históricos y actuales”.

La sanción a la universidad y la “negligencia institucional”

A través de la resolución 25360 del 29 de diciembre de 2025, el ministro de Educación, Daniel Rojas, sancionó a la universidad con una multa de 85 millones de pesos, a su rector Malkún con una multa de 71 millones y al decano Patiño con otra multa de 56 millones de pesos. 

El ministerio probó que la universidad incurrió en omisiones graves por el manejo que le dio a la denuncia que Catalina presentó contra su compañero de clases desde principios de 2022, incumpliendo “el deber de actuar con la debida diligencia reforzada en casos de violencias de género generando un peligro real a los derechos de la denunciante y a la confianza institucional”.

Según la resolución sancionatoria, la institución “dilató injustificadamente” la selección del profesor que investigaría el caso, la apertura de la indagación y el inicio formal de la investigación, a tal punto que el presunto agresor se retiró de sus estudios en 2023 –la universidad le autorizó aplazar su semestre– y solo fue sancionado un año después, en mayo de 2024, con suspensión por dos años. “La dilación permitió que el presunto agresor se retirara de la institución antes de la imposición de la sanción disciplinaria”, señaló el ministerio.

Catalina denunció el acoso ante la universidad en febrero de 2022 y ante la Fiscalía en mayo. Unicartagena abrió una indagación en octubre de 2022 y una investigación preliminar en febrero de 2023, tiempo que el ministerio consideró “extemporáneo”.

En la sanción, además, se cuestiona que el decano de la Facultad de Ciencias Económicas hubiera expresado que los docentes de su facultad estaban impedidos para investigar un caso de acoso que había sucedido por fuera de sus instalaciones.  “Lo más adecuado era escoger el docente investigador a fin de realizar la investigación disciplinaria y no dilatar el proceso con impedimentos que no eran a lugar, pues tuvieron que esperar pronunciamiento por parte de la oficina jurídica para actuar”, señaló el ministerio. 

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Catalina tuvo que presentar tutelas y múltiples requerimientos para hacer valer sus derechos. El ministerio destaca que la única institución interna que alertó de su situación con celeridad fue el Observatorio de Equidad de Género de la Universidad, pero “esta actuación no se tradujo en el inicio oportuno ni en el impulso efectivo del trámite disciplinario”. 

“La falta de articulación entre estas instancias configura una negligencia institucional, atribuible a su máxima dirección”, expuso el ministerio, cuestionando que el rector “no verificó que las dependencias cumplieran con sus responsabilidades”.

Pero el caso de Catalina no ha sido el único denunciado en la Facultad de Administración de Empresas. Natalia* señaló a otro funcionario de la misma facultad, que actualmente ostenta el cargo de jefe de departamento, por una presunta agresión sexual. Dicho directivo también aparece en la denuncia de Catalina como una persona que, según su relato, le habría aconsejado que pidiera perdón por haber denunciado el presunto acoso de su compañero de clases.

La presunta agresión sexual de un directivo de administración

En diciembre de 2021, Natalia, estudiante de Administración de Empresas que para ese momento tenía 29 años, sufrió una presunta agresión sexual de parte del jefe de departamento de su facultad, con quien sostenía para ese momento un vínculo sentimental. La denuncia la presentó ante la Fiscalía el 31 de marzo de 2023, y según documentos conocidos por CAMBIO, los hechos habrían ocurrido en el domicilio del funcionario.

Natalia dice que acordaron tener relaciones sexuales, pero justo antes, ella expresó que no estaba dispuesta: “Le comenté que no quería y que por favor me permitiera retirarme. El señor no accedió a mi petición, tomándome con fuerza entre sus brazos y sometiéndome de manera violenta a tener relaciones, causando esto un gran sangrado en mis partes íntimas y también una gran conmoción en mi interior, en mi psiquis, a la cual hasta la presente no he podido recuperarme”, señaló Natalia en su denuncia penal.  

La Fiscalía adelanta una indagación por los delitos de acceso carnal violento y constreñimiento ilegal. El caso también fue puesto en conocimiento de la Procuraduría y del Observatorio para la Equidad y Desarrollo con Enfoque de Género de la universidad.

CAMBIO dialogó con la estudiante, que actualmente dice que presenta un diagnóstico de depresión, y accedió a una tutela en la que ella indica que, desde que denunció a su presunto agresor, ha recibido “amenazas veladas en espacios académicos y advertencias sobre la posible invalidación” de su título universitario. 

“Se me otorgó una medida de alejamiento que el señor ha incumplido de manera reiterada, ingresando a espacios donde yo me encuentro”, señaló la mujer de 34 años en una tutela que presentó pidiendo acciones diligentes de la universidad, que ya adelanta una investigación contra el presunto agresor.

CAMBIO se comunicó con Erick Cardona, el funcionario denunciado, para conocer su versión, pero no obtuvo ninguna respuesta. 

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El decano que ha sido cuestionado por dos profesoras

Las historias por presuntas violencias contra las mujeres también se han denunciado en la Facultad de Derecho. CAMBIO dialogó con dos profesoras, una que fue desvinculada a finales de 2023 y otra que continúa en su cargo –y por ello prefiere el anonimato–, sobre las quejas que ambas presentaron en contra del decano de la Facultad de Derecho Álvaro Salgado González, quien además tiene un asiento en el Consejo Superior de la universidad en representación de las directivas académicas.

La penalista y reconocida defensora pública Doris Ortega Galindo, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, asegura que la desvincularon en diciembre de 2023 de su cargo como docente en la institución, presuntamente por sus desencuentros con el decano. 

“Mi salida, la justificación de mi salida por parte de mi violentador, el decano Álvaro Salgado González, era que no tenía convalidado el título. La facultad sabía que yo estaba en ese proceso. Nunca la universidad me inició ningún tipo de procedimiento disciplinario ni llamado de atención”, señaló.

“Los actos de abuso y de violencia sexual eran muy sutiles, pero los profesores, los compañeros lo sabían: tocamientos, comentarios, miradas, obviamente no tengo documentación de eso porque nadie está preparado para filmar o hacer una foto en un momento de esos. A veces se aprovechaba de que yo estuviese en un pasillo, estuviese cerca o en reuniones de los profesores, siempre sus ganas de tocarme, de besarme, insinuaciones. Yo sentía esa amenaza sutil de que, si no accedía, o no me ‘portaba bien’, pues yo iba a salir”, añadió Ortega.

La docente, quien obtuvo en 2023 un reconocimiento de la Corporación Excelencia en la Justicia, radicó una queja ante la Procuraduría General de la Nación, autoridad que ejerció el poder preferente y sacó el proceso disciplinario contra el decano Salgado, que estaba en la Oficina de Control Interno de la Unicartagena, para asignarlo a la Procuraduría de Bolívar. 

Por otra parte, otra docente –que pide mantener su nombre en reserva– también presentó en marzo de 2024 una queja contra el decano por presuntos malos tratos y por presunto acoso laboral, pues la habría removido de un cargo de liderazgo, supuestamente, “cantando la amenaza” ante los demás.

La profesora asegura que Salgado obstaculizó, a su llegada a la decanatura en agosto de 2022, un proceso de ascenso que ella había presentado meses antes. “A partir de ese momento para nadie es un secreto que el señor decano me trata de ‘verdulera’ (…) vieja complicada, vieja bruta”, señaló la docente en una queja conocida por CAMBIO.

En la misma queja también relató otro presunto caso de maltrato de su parte, relacionado con un malentendido por una información, que catalogó como una “humillación”. “Es una persona que viola las normas sobre el respeto a la dignidad, y demás derechos de las mujeres, igual las normas sobre acoso laboral”, expresó.

CAMBIO contactó al doctor Salgado, pero tampoco obtuvo una respuesta. En marzo de 2024, el profesor divulgó un comunicado en el que afirmó que la docente Ortega ha “denigrado” su nombre.

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La solicitud de intervención y los 40 casos de violencia sexual en la 'U'

María Alejandra Benítez, delegada del presidente de la república Gustavo Petro en el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, le ha solicitado en dos ocasiones al Ministerio de Educación que intervenga administrativamente a la universidad. Entre varias razones, expresó que hay “un sinnúmero de casos de acoso sexual y hostigamiento de varios docentes en contra de las estudiantes”.

“La Universidad de Cartagena tiene el deber y la responsabilidad de crear espacios seguros, inclusivos y libres de violencias, donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente y contribuir al fortalecimiento de una comunidad universitaria basada en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de cada individuo, y no que sea un espacio en donde un decano diga, respecto de algunos estudiantes abiertamente LGTBIQ+, que él no sabe con ese pelo largo si es hombre o es mujer, y que esas “maricadas” no son aceptadas en la universidad”, señaló Benítez en su última petición de mayo de 2024. 

CAMBIO contactó a la Universidad de Cartagena pretendiendo un pronunciamiento del rector o del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, sancionados por el Ministerio de Educación. La institución designó como vocera a Ruth Gutiérrez, directora del Observatorio para la Equidad y el Desarrollo con Enfoque de Género de la Universidad, quien confirmó que entre los años 2023 y 2025 se han denunciado 40 casos de violencia sexual en la institución educativa.

El mayor número de casos, 15, se denunciaron en 2023, seguido de 2024 con 13 casos y 2025 con 12 denuncias. Treinta y siete de las 40 denunciantes son alumnas y 19 de los 40 denunciados son docentes, seguido de nueve personas externas a la universidad entre los presuntos agresores y de siete estudiantes y cinco funcionarios administrativos en el mismo listado.

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“Resulta pertinente precisar que la Universidad de Cartagena ha dado cumplimiento estricto e integral a cada una de las etapas que integra la Ruta de Prevención, Detección y Atención, agotando con el máximo rigor técnico y jurídico los procedimientos establecidos y ejerciendo, en todo momento, la debida diligencia que requieren este tipo de actuaciones”, señaló la directora del Observatorio para la Equidad y el Desarrollo con Enfoque de Género.

“Es pertinente señalar que la universidad adelanta el trámite de las situaciones reportadas sin distinción alguna respecto al tipo de vinculación académica, contractual o legal que ostente el presunto agresor con la Institución, actuando siempre bajo criterios de imparcialidad y legalidad. En consecuencia, la totalidad de las denuncias recibidas son gestionadas conforme a los procedimientos disciplinarios aplicables a cada estamento institucional y remitidas de manera oportuna a las dependencias competentes, con el fin de que se adelanten las investigaciones disciplinarias o administrativas a que haya lugar”, añadió la funcionaria Ruth Gutiérrez.

Aunque la universidad reafirma que actualmente cumple con todos los protocolos y estándares para la protección de sus docentes y estudiantes, algunos colectivos feministas han mirado con escepticismo las cifras y resultados entregados por el Observatorio. 

“Hay muchísimos más casos con casi 32.000 estudiantes, hay muchísima más negligencia, hay muchos casos que han quedado en nada y muchas víctimas que no han hablado por miedo y otras que han dejado sus casos sin terminar por la revictimización por parte del Observatorio de Género”, sentenció la estudiante Deyler Güeto Romero de la Colectiva Feminista Rebeldía Violeta.

Las mujeres que se tomaron la universidad en 2023 con un valiente escrache –un mecanismo de denuncia pública protegido por la Corte Constitucional– celebran la primera sanción impuesta contra la institución, como “un paso”, y esperan que las violencias contra ellas no se repitan.

***Los nombres de las mujeres denunciantes fueron cambiados por solicitud de ellas.**

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