“El problema de las universidades no es coyuntural: en 34 años, crecimos en más de 550.000 estudiantes con la misma fórmula de financiación”, afirma Jairo Torres

En 1992 existían 32 universidades públicas en Colombia, con 155.000 estudiantes matriculados. En 2026, hay 34 universidades y cerca de 700.000 estudiantes. Esto quiere decir que en 34 años el sistema creció en más de 550.000 estudiantes con un presupuesto basado en la misma fórmula: el ajuste de inversión de acuerdo co0n el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según Jairo Torres, presidente del Sistema de Universidades Estatales (SUE) y rector de la Universidad de Córdoba, estos son datos determinantes que se deben contemplar cuando se habla de las finanzas y los presupuestos de las instituciones públicas de educación superior en el país.

El tema se puso de nuevo en el centro de la discusión nacional después de que la Contraloría General de la Nación publicara un informe en el que advirtió que las universidades públicas enfrentan una grave crisis financiera y una desfinanciación estructural que compromete su sostenibilidad. Entre las advertencias, el organismo de control señaló que solo una de las 34 instituciones evaluadas logra ser financieramente autosostenible y que el 97 por ciento restante depende en gran medida de las transferencias de la nación para cubrir sus gastos operativos.

En diálogo con CAMBIO, Torres no solo dijo que el informe del ente de control no era exacto en las cifras y detalles, sino que, además, el diagnóstico merecía ser revisado desde unas perspectivas más profundas.

Lo que sí parece estar claro para todos los actores del sector es que el desfinanciamiento de las universidades públicas de Colombia fue agudizado por la Ley 30 de 1992. De ahí que el informe de la Contraloría respalde la necesidad de una reforma urgente a dicha ley para garantizar la viabilidad financiera. Esta es la entrevista:

CAMBIO: ¿Qué opinión le merece a usted como representante de las universidades públicas el informe de la Contraloría?

Jairo Torres: Hay que reconocer que contiene afirmaciones ciertas, pero consideramos que es demasiado general y no profundiza en el origen del desfinanciamiento estructural, como que el problema no se puede analizar sin tener en cuenta el marco legal vigente y la necesidad de reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

Creo que ahí al informe le faltó decantar mejor y ser más objetivo. Hay universidades que bajo estas condiciones tuvieron un año complicado, como la Universidad de Antioquia. Pero el criterio no se puede generalizar. Porque tal y cual como lo plantearon, para el que no conoce el tema o para cualquier ciudadano desprevenido el informe puede ser catastrófico. Lo que hay es un problema de financiamiento estructural que no es coyuntural. Y para no incurrir en sesgos alrededor de que esta universidad está bien o que esta está mal, creo que hemos venido haciendo esfuerzos, cada una tiene sus propias realidades.

“El problema no se puede analizar sin tener en cuenta el marco legal vigente y la necesidad de reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992”.

CAMBIO: Pero cada cierto tiempo se habla del problema financiero de las universidades públicas en Colombia y parece que nada cambia. ¿Cuál es el fondo? 

J.T.: El origen es estructural y se remonta a la Ley 30 de 1992, que estableció que las transferencias de la nación a las universidades crecerían anualmente con base en el IPC, un indicador que no refleja los costos reales de la educación superior. Esto ha generado, con el paso de los años, un faltante financiero acumulado de aproximadamente 19 billones de pesos.

CAMBIO: ¿Se dice fácil, pero debe ser preocupante hablar de un faltante de 19 billones de pesos?

J.T.: Esto significa que, si hoy el Estado decidiera ponerse al día con las 34 universidades públicas, esa sería la cifra que debería transferir para cubrir el rezago acumulado durante más de 30 años.

CAMBIO. ¿Qué han tenido que hacer las universidades públicas para sobrevivir?, ¿cómo se financian?

J.T.: Hoy cerca del 50 por ciento de los recursos provienen de ingresos propios. Estos se generan a través de la oferta de servicio, como matrículas de pregrado y posgrado, cursos, seminarios, diplomados, consultorías, interventorías, proyectos de investigación y extensión, así como del trabajo de centros e institutos de investigación. En la práctica, las universidades han tenido que vender servicios para cubrir el déficit estatal.

CAMBIO: ¿Cuáles son los factores más exigentes para las finanzas universitarias?

J.T.: La ampliación de cobertura, que implica más docentes, infraestructura y bienestar, y el régimen salarial docente establecido en el decreto Ley 1279, que reconoce la producción científica con puntos salariales, pero sin financiación estatal. A esto se suma, en algunos casos, el pasivo pensional. Eso nos afecta mucho porque, por ejemplo, limita para efectos de crédito al sistema financiero.

Hay un número importante de universidades que se ven con dificultades para cubrir sus obligaciones, sobre todo al final del año, cuando ya el presupuesto se agota y tienen que hacer ajustes moviendo indicadores. Eso genera angustias y muchas veces se tiene que compensar pagos con las vigencias del año siguiente.

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CAMBIO: ¿Esto quiere decir que la fórmula del Estado ha venido fallando hace mucho tiempo?

J.T.: Históricamente la nación no ha financiado de manera suficiente a la universidad pública. Para poder sostener funciones misionales como la docencia, la investigación, la proyección social, la internacionalización, el fortalecimiento de capacidades técnicas y tecnológicas y el bienestar universitario, las universidades han tenido que generar recursos propios. Por ejemplo, para que el 70 por ciento de los profesores de una universidad sean de tiempo completo, de carrera, con formación doctoral y dominio de un segundo idioma, se requieren recursos adicionales por varios billones de pesos. Ese es uno de los principales factores de presión financiera del sistema.

CAMBIO: ¿Todas las universidades tienen pasivo pensional?

J.T.: No. Solo aquellas que pensionaron profesores y trabajadores antes de la Ley 100 de 1992. En algunos casos, este pasivo representa hasta el 30 por ciento del presupuesto anual, lo que limita la capacidad financiera de las instituciones.

Resulta que antes de entrar en vigencia la Ley 100, los profesores y los trabajadores de las universidades públicas tenían un régimen especial y se pensionaban a los 20 años de servicio, sin tener en cuenta la edad, algo así como el que tienen las Fuerzas Militares. Hoy un número importante de estas, más o menos de 12 a 15, tienen esta carga. En la Universidad de Córdoba, por ejemplo, yo tengo un pasivo pensional que cuesta 55.000 millones de pesos al año, alrededor del 30 por ciento del presupuesto.

CAMBIO: ¿Pero si no todas están quebradas, eso significa que algunas universidades tienen superávit?

J.T.: No necesariamente. Tener excedentes no significa que sobren recursos. Las universidades requieren fondos suficientes para cumplir con sus funciones misionales. Cada institución tiene realidades financieras distintas. Por eso no es válido generalizar ni comparar de manera aislada.

CAMBIO: El Senado aprobó la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30: ¿qué se espera con esto?

J.T.: La reforma busca reemplazar el IPC como indicador de transferencia por el Índice de Costo de la Educación Superior (Ices), que permitiría asignar recursos de manera proporcional al crecimiento de la matrícula, la cobertura y los costos reales del sistema universitario.

 Lo que hay es un problema de financiamiento estructural, que no es coyuntural. Y para no incurrir en sesgos alrededor de que esta universidad está bien o que esta está mal, creo que hemos venido haciendo esfuerzos, cada una tiene sus propias realidades”.

CAMBIO: Una de las quejas constantes que se les escucha a los rectores es que no hay equidad en la distribución de los recursos entre las mismas universidades. ¿Por qué?

J.T.: Sí. El 48 por ciento de los recursos que la nación transfiere se concentra en las cuatro universidades más grandes del país. Esto se debe a que tienen más estudiantes, más profesores, mayor capacidad investigativa y procesos de regionalización más avanzados, además de un esquema de transferencias basado en indicadores históricos. 

Y ese es un ejemplo claro, no solamente de la inequidad que existe entre las universidades públicas, sino de la inequidad con que funciona Colombia. Aquí el país se mueve desde el centro, los departamentos de mayor desarrollo económico son los que más absorben y algo similar pasa en las universidades. Las universidades de región son más pequeñas por lo que padecen otras complejidades.

CAMBIO: ¿Cómo ha afrontado el Gobierno actual este problema de las universidades?

J.T.: Este Gobierno ha sido el que más recursos ha destinado a la universidad pública en los últimos 30 años. Solo en gratuidad ha invertido 3,2 billones de pesos, beneficiando al 98 por ciento de los estudiantes. Además, ha otorgado transferencias entre 10 y 15 puntos por encima del IPC, lo que ha permitido mayor estabilidad financiera.

Eso ha ayudado mucho, nos ha permitido planificar más nuestros procesos y nos ha permitido crecer en materia de cobertura, de regionalización y para estabilizar muchas de nuestra situación financiera.

CAMBIO: ¿Parece que el presente de las universidades dependiera siempre del gobierno de turno?

J.T.: La sostenibilidad de la universidad pública no puede quedar sujeta a la voluntad política. Se necesita un modelo estructural, permanente y predecible que garantice el funcionamiento y el crecimiento del sistema a largo plazo.

CAMBIO: Se ha venido difundiendo la idea de que con la nueva fórmula para los recursos daría más autonomía y menos control a los rectores…

J.T.: No. Esa afirmación es falsa. Las universidades públicas son de las instituciones más vigiladas del país. Están bajo control del Ministerio de Educación, las contralorías, la Procuraduría y la Fiscalía, además de órganos colegiados internos como los consejos académicos y superiores.