“Hacer periodismo en Colombia sigue siendo una labor de alto riesgo”: Sofía Jaramillo, directora de la Flip

Durante dos años consecutivos, José Ignacio Arango, un periodista de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, se ha convertido en el comunicador más amenazado del país. En este lapso, recibió 32 agresiones, que, además de las intimidaciones, incluyen seguimientos, acoso, obstrucción a su labor y desplazamiento forzado. A pesar del nivel de agresiones, su esquema de seguridad es limitado y debe movilizarse en una camioneta que no es blindada.

La situación de Arango no es aislada, es tan solo una muestra de lo que viven periodistas en todo el país. Según el más reciente informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en 2025 se documentaron 469 agresiones contra 305 periodistas. Si bien esta cifra es un 13 por ciento menos que en 2024, la organización asegura que esta reducción estadística no se tradujo en un entorno más seguro.

El informe dice que, a pesar de la disminución de las agresiones: “Los ataques registrados durante el año tuvieron impactos más severos y persistentes en la vida de las y los periodistas, y en sus posibilidades reales de informar con libertad”.

Entre los hechos violentos que más resaltaron está el asesinato de Óscar Gómez Agudelo en Armenia, Quindío; el intento de homicidio en contra del periodista de Caracol Radio Gustavo Chicangana, en Guaviare; y un ataque con explosivos en contra de las instalaciones de RCN Radio, RCN Televisión y La República en Cali.

Las cifras también muestran que el año pasado se presentaron 19 casos de violencias basadas en género. En estos hechos, “las agresiones incluyeron lenguaje ofensivo o sexista dirigido contra periodistas, sus familias o sus identidades de género y orientaciones sexuales”. De igual manera, la Flip documentó que la impunidad alcanza aproximadamente 98 de cada 100 en Colombia.

Como si las agresiones directas no fueran suficientes, el acoso judicial, por medio de tutelas, demandas y procesos penales, se ha vuelto cada vez más recurrente para tratar de detener las investigaciones. El informe muestra que con estos procesos, más que justicia, se busca frenar investigaciones incómodas, desgastar económicamente a los periodistas y medios, consumir su tiempo y atacar su salud mental.

De igual manera, los despidos que se vivieron en 2025 no solo dejaron a las redacciones con menos periodistas, también son muestra de una crisis que, de acuerdo a la Flip, lleva más de una década y ha afectado a grandes medios pero también a los independientes. Para los periodistas, la incertidumbre se volvió una condición permanente en un mercado laboral cada vez más estrecho y con menos garantías. Para la sociedad, la consecuencia es menos visible pero más profunda: menos tiempo para investigar, menos especialización, menos voces cubriendo asuntos clave de la vida pública”, dice el informe.

En entrevista con CAMBIO, Sofia Jaramillo, directora de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), habló de cómo ejercer el periodismo en Colombia sigue siendo una labor de alto riesgo por la persistencia de violencias físicas, amenazas, estigmatización y nuevas formas de censura como el acoso judicial. Todas agravadas en regiones con conflicto armado y débil presencia estatal.

CAMBIO: El país pasó de tres asesinatos en 2024 a uno en 2025. Si bien hay una disminución, un homicidio debe escandalizarnos.. ¿por qué hacer periodismo en Colombia sigue siendo una labor de tanto riesgo?

Sofía Jaramillo: Sigue siendo riesgoso porque el país no ha logrado romper del todo esta relación histórica entre el poder, la violencia y el control de la información. Durante décadas, quienes han investigado la corrupción, las economías ilegales, la captura del Estado, las diferentes dinámicas y reconfiguraciones del conflicto, siempre han enfrentado retaliaciones. Lo vemos este año, si bien hubo una disminución en la totalidad de agresiones, la violencia física y letal está conviviendo con mecanismos más sofisticados de presión como la estigmatización pública, las amenazas, las campañas de desprestigio, el acoso judicial, las presiones económicas y los entornos digitales agresivos. Aunque en el 2025 tuvimos solo el asesinato de Óscar Gómez Agudelo en Armenia, se silenció una voz y quedó una comunidad sin información.

CAMBIO: Para darle rostro a las cifras usted nombraba a Óscar Gómez Agudelo, pero también está José Ignacio Arango, que es el periodista más amenazado del país. ¿Desde hace cuánto la Flip conoce su caso, qué se ha hecho y qué hace falta para resguardar su vida?

S. J.: Lo tenemos documentado desde el 2017, pero empezaron a aumentar las agresiones en los últimos dos años. A lo largo de estos años desde la Flip hemos activado diferentes rutas de incidencia institucional: acudido a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación. Incluso hemos adelantado gestiones con ONU Derechos Humanos. Todas esas instancias nos han manifestado su asombro por la magnitud, la cantidad y la persistencia de las amenazas que él recibe. A pesar de este diagnóstico, los esquemas de protección que le han asignado nunca han sido proporcionales al nivel de riesgo. Por ejemplo se le ha otorgado un vehículo convencional que ni siquiera está blindado, tiene pocos escoltas, es un esquema básico de protección. Y cuando señalamos esta desproporción, lejos de respaldarnos, hemos recibido cuestionamientos que minimizan su riesgo. Entonces el caso de José Ignacio es un ejemplo de quienes ejercen el periodismo por convicción, por amor, por compromiso, aunque ello implique vivir en permanente amenaza y riesgo.

CAMBIO: ¿Cuáles son esas regiones que se han identificado como las más difíciles para ejercer el periodismo?

S. J.: Siempre ha sido más difícil y muchísimo más peligroso ejercer en los territorios con un conflicto armado activo y cuando hay debilidad en la presencia estatal. En el 2025 nosotros documentamos 450 agresiones contra periodistas, 186 fueron amenazas, 51 estigmatizaciones, 15 desplazamientos forzados y siete exilios. Los departamentos en donde se concentraron los riesgos fueron Norte de Santander, Arauca y Guaviare. Allí los grupos armados y la falta de protección estatal convierten el trabajo periodístico en un botín de guerra y ponen a los periodistas en la mitad del conflicto armado.

CAMBIO: Hacer periodismo en Bogotá es una cosa distinta a hacerlo fuera. Lo mismo ocurre con las mujeres o las personas LGBTI que ejercen el periodismo. ¿Cuáles son las violencias basadas en género que han identificado?

S. J.: Las mujeres periodistas en Colombia enfrentan el doble desafío de ser periodistas y de las violencias que están basadas en género. Igual les pasa a las periodistas de la comunidad LGTBI, hemos recibido varios casos de comunicadores y comunicadoras trans que viven agresiones bastante específicas. En el caso de las mujeres, los ataques no buscan refutar su trabajo, sino desacreditarlas a ellas personalmente, cuestionar su capacidad profesional, pero también exponer los aspectos de su vida privada y familiar. Es una estrategia orientada a expulsarlas del debate público. En 2025 registramos que se enfrentaron sobre todo a amenazas, violencia simbólica y en redes sociales por su género. Acá incluyen referencias al cuerpo y a sacar información privada de ellas y sus familiares. Con esto buscan castigarlas y silenciarlas. Esto se suma a la precariedad de las condiciones laborales que generan un gran desgaste emocional, lo que ha llevado a que muchas mujeres abandonen las coberturas. Este tipo de violencia no solamente afecta las trayectorias individuales de las periodistas, sino que empobrece la diversidad del periodismo y afecta la calidad del debate público.

CAMBIO: El informe muestra que también el acoso judicial está afectando la labor periodística…

S. J.: Esta es una de las formas más sofisticadas de censura porque utiliza el lenguaje de la legalidad y genera soledad en el ejercicio periodístico. Quienes acosan judicialmente, suelen ser actores con mucha más capacidad económica y con influencia política o institucional. Como por ejemplo empresas, políticos, funcionarios públicos o candidatos que se enfrentan a periodistas que muchas veces son independientes. Está el caso de Lorena Beltrán, que es un ejemplo claro y reciente de acciones judiciales desproporcionadas, que lo que buscaron fue desgastarla a ella, su labor periodística y castigarla por investigar asuntos de interés público. Aunque los procesos no tuvieran sustento sólido, el impacto sobre su vida personal es real y profundo. Por eso estamos realizando diferentes acciones judiciales ante la Corte Constitucional para que seleccione diferentes tutelas que se han interpuesto contra ella, justamente para que se aborde este tema de manera prioritaria. Porque este tipo de acción produce un desgaste emocional y económico enorme, porque pueden ser años de litigio, incluso cuando los procesos no prosperan. En la mayoría de los casos lo que quieren las personas no es ganar el proceso judicial, sino desgastar a los periodistas, silenciarlos.

CAMBIO: Las agresiones no siempre suelen venir desde actores armados o gente del común, como lo muestra el informe. También desde funcionario públicos

S. J.: Sí, es algo que ocurre desde el presidente de la República, ministros y congresistas. Pero también de alcaldes y concejales en diferentes regiones del país. Se ha visto un elevado número de estigmatizaciones, contra la prensa, lo que es muy preocupante porque lo que hace es que las personas que los leen, sus seguidores y la ciudadanía en general empiece a desconfiar en la información que están publicando los periodistas y a legitimar las agresiones contra ellos. Cuando un alto funcionario empieza a estigmatizar a la prensa, ya sea en redes sociales o en discursos televisados, después la ola de violencia y de amenazas que hay contra esos periodistas es impresionante. Empieza a aumentar el riesgo tanto en las regiones como a nivel nacional.

CAMBIO: ¿Cuál es el llamado que le hacen al gobierno nacional y a todas las instituciones del Estado para proteger la libertad de prensa, la labor periodística y a los periodistas?

S. J.: En Colombia necesitamos una política pública integral que no solamente reaccione ante las agresiones, sino que fortalezca estructuralmente el ecosistema informativo. Esto incluye protección efectiva, lucha contra la impunidad, garantías laborales mínimas y condiciones para la sostenibilidad del periodismo. Nosotros de forma reiterada hemos hecho un llamado al Estado para que adopte una ruta de protección diferencial para los periodistas que parta del reconocimiento de la labor específica y esencial que cumplen en la defensa del debate democrático los periodistas. En muchos casos, las autoridades no dimensionan el riesgo particular que implica ejercer esta profesión, sobre todo en los territorios. Es fundamental que a nivel local se apliquen unas rutas que son diferenciadas, que exista transparencia en la asignación de la pauta oficial, porque esto genera eso son una genera unos tipos diferentes de presiones que se creen mesas de seguimiento interinstitucional y que idealmente, esto sería lo ideal, que cada departamento en Colombia cuente con una política pública propia que responda a las características de cada una las regiones.

CAMBIO: El 2025 también fue un año difícil en cuanto a la reducción de personal en las redacciones. ¿Cómo está afectando la labor periodística la crisis de los medios?

S. J.:  Los despidos no han sido solo una noticia empresarial, sino que eso es un síntoma mucho más grande de esta transformación más profunda de todo el ecosistema informativo. Hoy vemos a un modelo de negocio que está tensionado por la caída de ingresos tradicionales, la dependencia de plataformas tecnológicas y el impacto que tiene es muy preocupante. Porque cuando las redacciones empiezan a reducirse, se reduce la capacidad para investigar. Menos periodistas significa menos profundidad, mucha menos vigilancia del poder y eso tiene un impacto directo en la calidad de la democracia. Sin un periodismo independiente es mucho más fácil que prospere la desinformación. Con los despidos nos estamos quedando sin voces esenciales para nuestra democracia.

CAMBIO: La Flip ya cumple 30 años, cuéntenos los logros y aprendizajes que han tenido en tres décadas

S. J.: La Flip nació en 1996, en uno de los momentos más violentos para la prensa colombiana. En estos años hemos ayudado a construir algo que hoy parece obvio, pero que en esa época no lo era: la idea de que el periodismo debería ser protegido. En estas tres décadas nosotros hemos contribuido a crear estándares internacionales, participar en litigios estratégicos, apoyar a periodistas en riesgo, documentar sus violencias y poner a la libertad de prensa en el centro del debate público. A visibilizar esta violencia contra los periodistas y convertir estos casos individuales que nosotros llevamos en cambios más estructurales. Dentro de los principales logros están la documentación sistemática de agresiones, la incidencia en el estado para que reconozca los riesgos diferenciados y acompañar a los periodistas. En materia de litigio la Flip ha impulsado casos emblemáticos que han permitido mostrar esos patrones estructurales de violencia contra la prensa y exigir la responsabilidad.

De hecho el año pasado la Corte Suprema de Justicia adoptó una decisión que es histórica porque establece que todos los crímenes contra periodistas tienen que investigarse con un enfoque diferencial de censura. Esto lo que hace es que las autoridades tengan que analizar el contexto, mirar los patrones de violencia contra la prensa y tienen que valorar la prueba de forma integral. Entonces, en esta sentencia se reconoce que el ese riesgo superior del que te estaba hablando que en frente al periodismo y que tiene un papel esencial para la democracia. También hemos hecho capacitaciones y tenemos iniciativas como la Liga contra el Silencio y Consonante, que tratan de innovar y fortalecer el ecosistema de información.

CAMBIO: Para finalizar, ¿cuáles son esos retos frente a la situación actual y hacia el futuro que tiene la Flip?

S. J.: Queda muchísimo por hacer, pero uno de los mayores retos es evitar que el debilitamiento del periodismo se vuelva normal y que el silencio se vuelva costumbre en algunas regiones. Que nos acostumbremos a vivir sin periodismo o con poco periodismo. Es un reto bien grande. También son retos la sostenibilidad económica, la seguridad de los periodistas, la reconstrucción de la confianza con las audiencias.

Un reto grandísimo es el de la impunidad en los crímenes contra periodistas. Desde el 2024 sacamos el índice de impunidad que hablaba de que más del 98 por ciento de los crímenes contra periodistas permanecen en la impunidad y eso no ha cambiado. Tenemos que seguir trabajando en estrategias de visibilización y de mejorar la respuesta estatal. Y otro de los retos grandes que tenemos para el futuro es priorizar el análisis de forma mucho más profunda, porque las amenazas se han convertido en el modus operandi recurrente contra los periodistas y no se están investigando.