Imágenes aéreas revelan los estragos de la minería ilegal en el río Amoyá, en Tolima

El impacto ambiental de la minería ilegal es visible en tramos de hasta cuatro kilómetros del río Amoyá, que atraviesa varios municipios del sur del Tolima.

Lo que antes era una espesa y rica vegetación hoy son grandes extensiones de terrenos áridos, donde sobresalen piscinas contaminadas con mercurio y dragas instaladas para remover la tierra fértil.

El verdor ha desaparecido, y los animales también. En la zona impera el poder de algunos gamonales que se reparten sectores del afluente ante la mirada de integrantes del Frente Ismael Ruiz, de las disidencias de las Farc, quienes obtienen ganancias de la minería ilegal y dejan profundas cicatrices en la tierra, destruyendo los recursos naturales del país.

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El curso natural del agua se ha transformado en una serie de islas artificiales creadas por la intervención humana. En ellas se observan piscinas con mercurio y el tránsito constante de grandes máquinas amarillas que le arrebatan a la naturaleza no solo su vegetación, sino también el oro que yace en su cauce.

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En pequeños asentamientos improvisados se reúnen más de 5.000 personas provenientes de Antioquia, Chocó, Caldas, Nariño y Putumayo. Allí conforman poblados cercanos al río y trabajan sin descanso los siete días de la semana.

Frente a esta situación, tropas de la Quinta División del Ejército, la Policía y la Gobernación del Tolima adelantan operativos conjuntos para frenar la explotación ilegal de yacimientos mineros en el sector comprendido entre Chaparral y Ataco, municipios bañados por el río Amoyá.

“Es muy doloroso el impacto que deja la minería ilegal por la cantidad de maquinaria amarilla, las huellas del mercurio y la deforestación que han provocado en su misión de obtener algunas pepitas de oro”, afirmó el general Carlos Marmolejo, comandante de la Quinta División del Ejército.

Las autoridades han identificado esta zona como un enclave de minería ilegal. Las ganancias que genera han propiciado la presencia de integrantes de las disidencias, quienes realizan cobros extorsivos a los trabajadores. “Tienen que pagar algún tipo de dinero para poder ejercer la explotación ilegal de los yacimientos”, explicó el general.

Las máquinas amarillas

“La maquinaria que ingresa a este sector del Tolima es adquirida legalmente para actividades como construcción o proyectos piscícolas, pero termina siendo utilizada para la minería. Eso impide que las autoridades retengan los equipos, porque la documentación está en regla”, señaló un habitante de la zona, quien pidió reserva de su identidad.

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“En zonas donde apenas transitan 10 o 20 vehículos, hay estaciones de servicio que venden entre 20.000 y 30.000 galones al mes. Son situaciones que deberían generar alertas” de las autoridades, agrega.

Se trata de una problemática compleja que, de no ser atendida de manera estructural, seguirá dejando graves daños ambientales en la cuenca del río Amoyá.

Crisis ambiental

De acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la Nación, los territorios más afectados por la minería ilegal son Antioquia, Chocó, Boyacá, Santander y Bolívar. A pesar de los esfuerzos institucionales para contenerla, esta actividad continúa expandiéndose, con un impacto devastador en los ecosistemas y las comunidades.

“En cerca de 29 de los 32 departamentos del país se presentan actividades mineras ilegales identificadas”, señala el documento.

Según el estudio, en los departamentos con presencia de minería ilegal se ha detectado mercurio, sustancia utilizada para separar metales preciosos como el oro de sedimentos sin valor.

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“La problemática es de tal magnitud, que se estima que unas 70.000 hectáreas en el país están contaminadas por mercurio, un elemento altamente tóxico que pone en riesgo las fuentes de agua y la salud de las poblaciones cercanas a las zonas de explotación ilegal”, indica el informe.

La entidad también advierte que la extracción ilegal de minerales es controlada en gran parte por grupos criminales que aprovechan la débil presencia del Estado, lo que ha facilitado el crecimiento del negocio.

“El oro representa cerca del 62 por ciento de las actividades mineras del país y, desde mediados de año, ha alcanzado precios récord en el mercado internacional. Hoy, en Estados Unidos, el kilo de oro cuesta cuatro veces más que el kilo de cocaína”, aseguró Hakim Hasan, jefe del Programa de Protección Ambiental de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de los Estados Unidos, y quién acompañó la elaboración del informe.

Cerca del 85 por ciento de las exportaciones de oro en Colombia tendrían origen ilegal, y al menos el 70 por ciento de la extracción irregular proviene de actividades desarrolladas por grupos organizados al margen de la ley, según el documento.

La Procuraduría pidió fortalecer el monitoreo, otorgar licencias ambientales temporales a mineros artesanales para evitar que operen en la ilegalidad y crear una entidad estatal que centralice la compra y comercialización del oro, con el fin de mejorar la trazabilidad del mineral destinado a la exportación.