José Ismael Peña recibe respaldo del sindicato de docentes tras orden judicial

El sindicato de docentes de la Universidad Nacional de Colombia pidió acatar la sentencia judicial que ordena que José Ismael Peña Reyes ejerza como rector de la institución, al considerar que el respeto por las decisiones de los jueces es un principio fundamental del Estado social de derecho.

El pronunciamiento fue emitido por el Sindicato de Empleados Públicos Docentes Atenea tras conocerse el fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena adoptar las medidas necesarias para que el académico asuma efectivamente el cargo en un plazo máximo de 48 horas. La decisión revocó la sentencia previa que había negado la tutela y, en su lugar, concedió el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a funciones y cargos públicos.

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En su comunicado, el sindicato hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la opinión pública para que se respete la decisión judicial, al sostener que el cumplimiento de los fallos es una condición indispensable para preservar la institucionalidad democrática. Desde su perspectiva, las universidades públicas no solo deben ser espacios de formación académica, sino también referentes de legalidad y respeto por el orden constitucional.

Llamado a la institucionalidad y al empalme

La organización sindical también dirigió un mensaje al Consejo Superior Universitario (CSU), al que instó a actuar con “sensatez institucional”. Según el pronunciamiento, las decisiones que adopte el máximo órgano de gobierno universitario son determinantes para garantizar el funcionamiento adecuado de las funciones misionales de la universidad y la estabilidad administrativa de la institución.

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En esa línea, el sindicato solicitó iniciar el proceso de empalme entre las actuales directivas y el equipo del profesor Peña, con el objetivo de asegurar una transición ordenada en la rectoría. Recordó que la entrega formal del cargo forma parte de las responsabilidades propias de la gestión pública y resulta clave para evitar afectaciones en la continuidad administrativa.

Además, invitó al profesorado a mantener la normalidad en sus actividades académicas y subrayó que la labor docente implica no solo cumplir con los contenidos curriculares, sino también contribuir a la formación de ciudadanos respetuosos de la Constitución y de las leyes.

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El sindicato advirtió, igualmente, que aunque los nombramientos actuales conservan presunción de legalidad, podrían surgir cuestionamientos jurídicos sobre decisiones adoptadas en un contexto que calificó como carente de legitimidad plena, lo que eventualmente podría derivar en efectos jurídicos adversos.

Antecedentes y alcances del fallo judicial

La sentencia del tribunal, consignada en un documento de 27 páginas, establece que el Consejo Superior debe implementar las medidas necesarias para que Peña ejerza el cargo conforme al acto de designación aprobado en marzo de 2024. La Sala Laboral del tribunal concluyó que la interpretación que había hecho el CSU de decisiones previas del Consejo de Estado fue inadecuada y no impedía su posesión.

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Según el fallo, el académico no busca un restablecimiento derivado de una sentencia electoral, sino el cumplimiento de un acto de elección que continúa vigente y que no ha sido anulado. La magistrada ponente, Luz Marina Ibáñez, precisó que la autonomía universitaria no autoriza desconocer actos administrativos válidos ni ignorar sus efectos mediante decisiones posteriores que no provengan de un control judicial.

La controversia por la rectoría de la universidad se remonta a marzo de 2024, cuando el Consejo Superior designó a Peña para el periodo 2024-2027. Desde entonces, el proceso ha estado marcado por decisiones judiciales y administrativas que han generado incertidumbre institucional.

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En septiembre de 2025, el Consejo de Estado resolvió no anular su elección, aunque aclaró que esa decisión no implicaba automáticamente su retorno al cargo. Meses después, el mismo alto tribunal anuló la resolución que había designado como rector a Leopoldo Múnera Ruiz, quien posteriormente se apartó de sus funciones.

Con base en que su designación original seguía vigente, Peña presentó una acción de tutela para recuperar el ejercicio del cargo. Esta fue negada inicialmente por el Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá, que consideró que no se había demostrado la vulneración de sus derechos fundamentales. Sin embargo, el Tribunal Superior revocó esa decisión y ordenó su restitución.

Un escenario aún en tensión

El respaldo del sindicato de docentes se produce en medio de un ambiente de alta tensión en la universidad. Mientras algunos sectores académicos llaman a cumplir la orden judicial y restablecer la estabilidad institucional, el movimiento estudiantil mantiene espacios de deliberación, protestas y asambleas frente al rumbo de la rectoría.

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Para Atenea, no obstante, la controversia ha sido tramitada dentro de los mecanismos propios de la democracia, a través de decisiones de autoridades judiciales. Por ello, concluyó que el respeto por la autonomía universitaria y por el cumplimiento de los fallos judiciales debe seguir siendo el eje para resolver el conflicto y garantizar la estabilidad de la institución.