La disputa familiar de los Solarte que amenaza contratos clave de infraestructura en el país

Diego Solarte es uno de los tres hermanos que heredaron el entramado constructor del Grupo Empresarial LHS, un conjunto de empresas levantado a lo largo de décadas y sostenido tanto por la expansión del negocio como por los equilibrios familiares que lo hicieron posible. Hoy, sin embargo, ese legado dejó de ser solo una historia de éxito corporativo para convertirse en un asunto judicial. Solarte decidió acudir a las autoridades al considerar que una serie de decisiones societarias y financieras, adoptadas por sus hermanos, estaría afectando su participación en el patrimonio heredado. Ellos, por su parte, rechazan los señalamientos y sostienen que no ha habido irregularidades.

Por más de cinco décadas, el apellido Solarte seha consolidado como uno de los grupos empresariales más importantes del país, reconocido, sobre todo, por sus obras civiles. La historia de la próspera familia se remonta a los negocios desarrollados por los ingenieros Luis Héctor y Carlos Alberto Solarte, dos hermanos nariñenses que construyeron todo un emporio empresarial. Sin embargo, tras la muerte de Luis Héctor, en 2012, esa estructura se fragmentó y dio paso a nuevas configuraciones empresariales en cabeza de sus herederos. Hoy uno de esos grupos empresariales, el de los hijos de Luis Héctor, mantiene una disputa que trascendió el ámbito personal y ya está en la mira de la justicia. 

Según uno de los herederos, sus hermanos habrían puesto en marcha un complejo entramado empresarial destinado a diluir —cuando no a despojarlo abiertamente— de una parte sustancial de su patrimonio millonario. A su juicio, el conflicto no se limita a una querella familiar ni a un pulso privado por el control de la herencia: las decisiones que cuestiona estarían incidiendo en la culminación de algunas de las obras de infraestructura más relevantes del país, entre ellas el Aeropuerto del Café (Aerocafé), la avenida 68 en Bogotá y el aeropuerto de Tolú. Sus hermanos niegan de plano las acusaciones y sostienen que los señalamientos carecen de fundamento. CAMBIO revela la historia.

La disputa por el manejo del patrimonio

El empresario Luis Héctor Solarte dejó a sus hijos —Luis Fernando, Gabriel David y Diego Alejandro— un patrimonio estimado en cerca de 300.000 millones de pesos y el control del Grupo Empresarial LHS, una red societaria que agrupa varias de sus principales apuestas en el sector de la infraestructura. Bajo ese paraguas operan firmas como Solarte Nacional de Construcciones S.A.S. (Sonacol), Inmonova y Constructora LHS S.A.S., compañías vinculadas a la ejecución de algunos de los proyectos más relevantes del país.

A muchos, los nombres de esas empresas no les dicen nada; sin embargo, su importancia se refleja en su operación actual. Sonacol y Constructora LHS, consideradas más solventes del grupo, participan en tres de los megaproyectos de infraestructura más visibles del país: la construcción de Aerocafé, el desarrollo del aeropuerto de Tolú y las obras de la avenida 68 en Bogotá. En los tres casos, la ejecución ha estado rodeada de controversias públicas por incumplimientos, retrasos o cuestionamientos técnicos que han puesto bajo escrutinio la gestión de los contratistas.

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Por otro lado, parte de la herencia de Luis Héctor Solarte también se canalizó hacia dos fideicomisos: el Patrimonio Autónomo Derechos Económicos BTS y el Fideicomiso Unión Global. En términos simples, un fideicomiso es una figura mediante la cual los dueños entregan bienes, dinero o derechos para que una fiduciaria los administre de forma separada y con reglas específicas sobre su uso y destino. En Unión Global, el más importante de todos, quedaron activos por cerca de 300.000 millones de pesos. El manejo de esos recursos es el centro de la pugna.

La batalla jurídica entre hermanos

Desde el 2024, Diego Solarte libra una batalla jurídica porque, a su juicio, las decisiones adoptadas por sus hermanos –Luis Fernando y Gabriel– para manejar recursos del legado familiar —incluidas operaciones financieras respaldadas con documentos presuntamente falsificados— terminaron perjudicando su herencia. En términos simples, afirma que, mediante maniobras internas, su patrimonio está siendo erosionado y los únicos ganadores son sus dos hermanos, que se lucran y controlan la operación de las empresas. Mientras tanto, él está por fuera de la operación del grupo empresarial. 

El heredero dice que, gracias a las maniobras fraudulentas de sus hermanos, el fideicomiso Unión Global otorgó un crédito cercano a 99.000 millones de pesos a Sonacol en 2017, con desembolsos hasta 2020. Esto significa que parte del patrimonio heredado se usó para financiar a una empresa del grupo familiar con la falsa expectativa –por ahora– de que el dinero regresara mediante pagos de capital e intereses. Hoy, el no pago de intereses es el centro de la disputa, pues, con intereses, la deuda ya supera los 150.000 millones de pesos.  XXX

“Parte importante del dinero producto del préstamo antes mencionado tuvo como destino la sociedad  Autopistas Del Nordeste S.A.S., con el cual se pagó el aporte al que se obligó Sonacol S.A.S., para financiar los costos del proyecto del contrato de Concesión Conexión Norte. Como  consecuencia de la anterior maniobra, Sonacol se hizo propietaria del 13,25% de las acciones de la sociedad Autopistas Del Nordeste, que a su vez es la propietaria del contrato de Concesión Conexión Norte”, dice la denuncia que Diego interpuso en la Fiscalía en julio del 2024. 

La traducción es la siguiente: sacaron plata del fideicomiso Unión Global para prestársela a Sonacol. Así, esta empresa podría financiar el proyecto Autopistas del Nordeste. Con esta jugada, se hicieron socios de ese proyecto. Pero, pasados los años, no han pagado el préstamo y ahora desconocen sus intereses. Diego, que no tiene participación activa en las empresas (más allá de que es accionistas), no recibe un centavo del grupo empresarial. 

La operación tuvo un efecto estructural decisivo: esa cuenta por cobrar terminó convirtiéndose en el principal activo del patrimonio autónomo (fideicomiso). Dicho de otra forma —y aquí está el punto sensible— una porción relevante del legado quedó concentrada en una deuda interna cuya recuperación depende de la capacidad y voluntad de pago de la propia empresa familiar.

Pero la clave del caso es que Diego asegura que, para tomar esas decisiones sobre el capital de las empresas, los movimientos financieros del fideicomiso y la administración del dinero con las fiduciarias a cargo, sus hermanos falsificaron su firma y la de los representantes de la fiduciaria que vela por el buen uso de los recursos. Así, lo deja ver una carta en la que Alianza fiduciaria acepta al falsificación de la firma de sus representantes. 

“Alianza Fiduciaria S.A., una vez tuvo conocimiento que hubo alteraciones respecto de la firma sus representantes legales en las instrucciones remitidas a Fiduciaria Bancolombia S.A., procedió a citar reunión del comité fiduciario del Fideicomiso Unión Global con la finalidad de exponer esta situación. En consecuencia, todos los documentos que contienen la firma sobrepuesta del representante legal del Alianza Fiduciaria S.A. carecen de la manifestación de la voluntad por parte del Fideicomiso Unión Global y, por ende, no pueden ser tomados como soporte para para la suscripción de documentos o tener efectos jurídicos”, dice la carta conocida por CAMBIO que hoy hace parte del arsenal probatorio de al defensa de Diego.

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Ese ese conjunto de irregularidades —la obstrucción informativa documentada, las falsedades y los hallazgos contractuales consignados en comunicaciones fiduciarias—  llevó a Diego a buscar intervención no solo de la Fiscalía sino de la Superintendencia de Sociedades. A la primera le pidió investigar las falsedades y un presunto fraude procesal; a la segunda, verificar las operaciones del grupo empresarial para garantizar la transparencia corporativa y proteger los intereses patrimoniales injustamente afectados. 

La dimensión pública del caso figura en una carta que le envió Diego Solarte a la fiscal general en la que le advierte que las empresas involucradas continúan participando en contratos estatales de infraestructura y que las prácticas denunciadas podrían repercutir en la transparencia y ejecución de recursos públicos.

Es en ese punto donde el expediente deja de ser un pleito entre herederos. Porque la discusión ya no gira solo sobre el control de una herencia, sino sobre la gestión de estructuras financieras y societarias que respaldan empresas responsables de ejecutar infraestructura pública estratégica.

“Si Sonacol no contara con esa participación en Autopistas del Nordeste (que es su mayor activo gracias al préstamo del fideicomiso), sus estados financieros no cumplirían los requisitos para licitar proyectos como Aerocafé. Es decir, sin Nordeste, Sonacol no tendría capacidad financiera demostrable para participar en ese tipo de procesos”, dijo Ismael Arciniegas, uno de los abogados de Diego Solarte.

Por su parte,  Daniel Largacha Torres, otro abogado de Diego Solarte, que está a cargo del proceso penal, dijo que decidieron pedir intervención de las autoridades dados los antecedentes penales de Luis Fernando Solarte, la cabeza visible del grupo empresarial.

“Frente a esta situación y teniendo en cuenta el contexto judicial del señor Luis Fernando Solarte, quien actualmente cuenta con un principio de oportunidad en etapa de prueba por los delitos de Peculado por Apropiación y Contrato sin Requisitos Legales relacionados con la Troncal de la Paz y quien, además, maneja los contratos multimillonarios que se encuentran a cargo de la empresa familiar y el poco avance de los procesos iniciados tanto por él como por la fiduciaria, consideramos necesaria y urgente la intervención directa de la Fiscal General de la Nación”, dijo.

¿Qué responden los otros hermanos Solarte?

CAMBIO se comunicó con el abogado Juan Felipe Criollo, quien defiende los intereses de Luis Fernando y Gabriel Solarte, y aseguró que esos hechos denunciados por Diego son falsos y que tienen las pruebas necesarias para mostrar el manejo adecuado el patrimonio familiar y empresarial.

“Esos hechos que se manifiestan en la denuncia son absolutamente falsos. No corresponden a la realidad económica y financiera del grupo empresarial y no es el comportamiento acostumbrado de las empresas, pero, sobre todo, existen suficiente suficientes alimentos materiales probatorios para evidenciar que todos los dineros tienen una destinación específica y que fueron dados en un buen uso para mantenimiento tanto del patrimonio personal, pero sobre todo del patrimonio empresarial que tiene a cargo cientos de empleos, cientos de proyectos y personas a su cargo”, dijo. 

Más allá del pleito familiar, el conflicto plantea consecuencias que desbordan el ámbito privado. Ante la justicia, uno de los herederos sostiene que ese esquema de administración del patrimonio habría servido para mantener a flote una empresa sin utilidades, cuyo valor económico descansa casi por completo en un solo activo: su participación en Autopistas del Nordeste. Si la obligación crediticia que hoy está en disputa llegara a ejecutarse, la empresa tendría que responder con sus activos y podría perder ese respaldo.

Y ahí aparece el punto de interés público. Sin esa participación, el patrimonio de la compañía —es decir, lo que realmente vale después de descontar sus deudas— cambiaría sustancialmente. En términos prácticos, la capacidad financiera que hoy exhibe para participar en procesos licitatorios de gran escala podría debilitarse, incluyendo proyectos de infraestructura estratégica en los que interviene o ha intervenido.

Por eso, el caso ya no se limita a una disputa entre hermanos. Lo que se está ventilando ante las autoridades es si las decisiones internas de un grupo empresarial que participa en grandes obras públicas pudieron incidir en la forma en que se presenta su capacidad financiera ante el Estado. Esa es una pregunta que no pertenece al ámbito doméstico sino al interés colectivo.

Quizás esa misma arquitectura explique cómo el grupo ha logrado mantenerse en proyectos de la magnitud de la avenida 68 en Bogotá, el aeropuerto de Tolú o Aerocafé; obras ambiciosas que, sin embargo, han acumulado retrasos, cuestionamientos y expectativas incumplidas. Mientras tanto, los plazos se extienden, los costos aumentan y los ciudadanos siguen esperando la infraestructura prometida.