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Salud mental y economía: el eslabón que Colombia no puede seguir ignorando
El siquiatra José A. Posada Villa director del Observatorio de Salud Mental Positiva, ICSN Clínica Montserrate, analiza para Cambio la necesidad de que existan políticas públicas para mejorar la salud mental de los ciudadanos como una estrategia económica fundamental de los países. “Los trastornos mentales cuestan más que muchas de las enfermedades crónicas que ocupan la agenda pública”, dice Posada.
Por: Jose A Posada Villa
Colombia habla de crecimiento, competitividad y desarrollo, pero evita mirar de frente uno de los factores que más silenciosamente erosiona su economía: la salud mental. No es un tema solo de salud, ni un asunto de especialistas. Es un problema económico de primer orden. Y la OCDE lo ha dicho sin rodeos: los trastornos mentales cuestan más que muchas de las enfermedades crónicas que ocupan la agenda pública. Cuestan productividad, cuestan empleo, cuestan cohesión social.
Los datos son contundentes. En los países de la OCDE, los problemas de salud mental representan pérdidas cercanas al 4% del PIB. Si Colombia enfrentara una carga similar, estaríamos hablando de más de 14.000 millones de dólares al año. Esa cifra supera el presupuesto de sectores enteros que consideramos estratégicos. Y, sin embargo, seguimos tratando la salud mental como un asunto periférico, cuando en realidad es una de las variables macroeconómicas más determinantes del siglo XXI.
La evidencia es clara: los países que no integran la salud mental en sus estrategias económicas terminan pagando más y obteniendo peores resultados. No es solo un tema de sensibilidad social. También es un tema de racionalidad económica.
En el mundo laboral, el impacto es aún más evidente. Cerca de la mitad de las incapacidades prolongadas en los países de la OCDE están asociadas a problemas de salud mental. Pero el verdadero golpe no está en el ausentismo, sino en el presentismo: personas que asisten a trabajar, pero con un rendimiento profundamente deteriorado. Ese fenómeno, silencioso y normalizado, cuesta más que todas las incapacidades juntas.
En Colombia, donde la informalidad supera el 50% y la productividad sigue estancada, la mala salud mental es un lastre que no podemos permitirnos. Reduce la innovación, deteriora la calidad del trabajo, incrementa la rotación laboral y limita las oportunidades de empleo. Y golpea especialmente a quienes más necesitan oportunidades: jóvenes y adultos mayores.
Lo más frustrante es que sabemos qué funciona. Los programas de salud mental en el entorno laboral generan retornos entre dos y cuatro veces lo invertido. No existe un solo indicador económico que ofrezca una relación costo-beneficio tan favorable. Aun así, la mayoría de las empresas siguen viendo la salud mental como un “beneficio” y no como un activo estratégico.
Pero el impacto no se limita al mundo del trabajo. La OCDE ha demostrado que la salud mental en la niñez y la adolescencia es uno de los predictores más sólidos del rendimiento escolar, la empleabilidad y la estabilidad económica en la adultez. Cuando no se detectan ni se tratan los problemas a tiempo, las consecuencias son profundas: mayor deserción, menor acumulación de habilidades, ingresos más bajos y mayor dependencia de subsidios. En un país con brechas educativas tan marcadas como Colombia, ignorar la salud mental de las nuevas generaciones es, literalmente, hipotecar el futuro.
Cada dólar invertido en salud mental temprana puede generar entre 7 y 12 dólares en productividad futura. ¿Qué otra política pública ofrece semejante retorno?
La relación entre salud mental y desigualdad es otro punto crítico. Los problemas de salud mental se concentran en las poblaciones con menos ingresos, menor escolaridad y menor acceso a servicios. Pero también perpetúan la pobreza al limitar la capacidad de estudiar, trabajar y generar ingresos. Es un círculo vicioso que Colombia conoce demasiado bien: la desigualdad deteriora la salud mental, y la mala salud mental profundiza la desigualdad.
Si de verdad queremos cerrar brechas, la salud mental debe dejar de ser vista como un componente de atención del sistema de salud y convertirse en una herramienta de equidad, movilidad social y cohesión territorial.
La OCDE ha sido clara en sus recomendaciones. Colombia necesita una estrategia intersectorial, basada en evidencia y orientada a resultados. Eso implica integrar la salud mental en las políticas de educación, trabajo, justicia, vivienda y desarrollo económico; priorizar la prevención y la intervención temprana en escuelas, universidades, comunidades y entornos laborales; y fortalecer los sistemas de información, porque sin datos confiables no hay política pública efectiva.
También implica garantizar servicios accesibles y costo-efectivos mediante atención primaria en salud mental, telepsiquiatría y modelos comunitarios. Y, en el ámbito laboral, implementar programas de bienestar emocional y protocolos de riesgo psicosocial que permitan a las empresas gestionar adecuadamente los factores que afectan la salud mental de sus trabajadores.
El Estado no puede hacerlo solo. Las empresas tienen un rol decisivo. Las organizaciones que adoptan estrategias de bienestar emocional reducen incapacidades, retienen talento, mejoran la productividad y estimulan la innovación. En un país que busca atraer inversión y elevar su competitividad, la salud mental corporativa debe ser entendida como un componente esencial de la gestión empresarial moderna.
Colombia ha avanzado en normas y lineamientos, pero la distancia entre la norma y la realidad sigue siendo amplia. Persisten brechas en financiamiento, talento humano, acceso territorial y articulación intersectorial. Y mientras esa brecha persista, seguiremos pagando un costo económico y social que no podemos permitirnos.
La salud mental debe asumirse como una inversión con retornos económicos y sociales, no como un gasto. La evidencia internacional es consistente: los países que integran la salud mental en sus estrategias de desarrollo crecen más, gastan menos y reducen desigualdades.
Colombia tiene la oportunidad - y la necesidad - de avanzar en esa dirección. La pregunta no es si contamos con la capacidad técnica para hacerlo. La pregunta es si estamos dispuestos a reconocer la salud mental como un pilar del proyecto de país que queremos construir.
José Posada es director del Observatorio de Salud Mental Positiva, ICSN Clínica Montserrat – Hospital Universitario.
Fuentes:
OECD – Mental Health Promotion and Prevention: The emergence of mental ill-health and its societal and economic impacts
OECD – Health at a Glance 2023: Care for people with mental health disorders
OECD – Health at a Glance 2025: Mental Health.