El fantasma de la violencia estremece la campaña electoral 2026: panorama

El país está dando peligrosamente un paso atrás. La campaña electoral en Colombia está bajo el acoso de los violentos. Tras las elecciones de 2018 y 2022, en las que se respiró un ambiente de relativa tranquilidad, debido en buena parte al impacto de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc en 2016, el fantasma de la violencia ha irrumpido de nuevo.

El reciente ataque al esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, del Partido Alianza Social Independiente (ASI), ocurrido este jueves, confirma esa tendencia. En el atentado murieron dos de sus escoltas y el hecho impresiona, además, por la sevicia con la que actuó el Ejército de Liberación Nacional (ELN), señalado por fuentes oficiales como responsable. Una de las camionetas recibió más de 100 disparos de fusil durante varios minutos, como se observa en los videos grabados durante el ataque.

El hecho es muy similar al ocurrido en noviembre pasado contra la avanzada del gobernador de Arauca, Renson Martínez, quien también fue víctima de un ataque armado en la misma vía Fortul-Tame. Ese se produjo a la entrada del sector de Tamacay, donde hombres armados abrieron fuego contra la camioneta oficial en la que el mandatario se desplazaba junto a su equipo de asesores, prensa y seguridad. Aunque los vehículos quedaron destruidos, lograron huir, entre los disparos. Como en una escena de una película de una persecución implacable. 

Estas acciones se registran en un departamento donde tradicionalmente el ELN mantiene un alto grado de control territorial. Aunque podría pensarse que se trata de hechos aislados en zonas periféricas, no es la norma. El 7 de junio pasado, el senador opositor del Partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue atacado a tiros por un joven de 15 años en el barrio Modelia de Bogotá.

Aunque el atentado no le causó la muerte de manera inmediata, el joven aspirante presidencial falleció dos meses después, el 11 de agosto, durante su hospitalización, debido a la gravedad de las heridas y con un país en vilo que sintió retroceder a sus páginas más oscuras.

Petro: ‘Es una derrota para todos’

“Estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la vida”, dijo, en su momento, el presidente Gustavo Petro.

De allá para acá, el fenómeno de la violencia se ha acentuado y todos los indicadores invitan al pesimismo. En Colombia asesinan a un líder social cada dos días, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que lleva un estremecedor registro.

%%imagen%%1

Solo en 2025, al menos 187 personas que ejercían liderazgos sociales, especialmente en zonas rurales y alejadas de los focos mediáticos, perdieron la vida, en su mayoría por ataques de sicarios.

De acuerdo con Indepaz, los liderazgos más silenciados son los comunales, comunitarios, indígenas, políticos y campesinos, así como líderes sindicales, LGBTIQ+, afrodescendientes, de juventudes y reclamantes de tierras, entre otros. En un país donde las estructuras de los partidos políticos son frágiles y poco cohesionadas, esta situación dificulta el surgimiento de movimientos ideológicos capaces de trascender. Los ciudadanos quedan en la orfandad sin quién los represente.

El ejercicio de la democracia no se limita a la posibilidad de ir a las urnas y elegir o ser elegido; exige también la garantía del derecho más básico de cualquier sociedad: el derecho a la vida. Hoy, ese derecho no está plenamente asegurado.

Por el contrario, los nubarrones se acumulan en el horizonte electoral. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, emitió una alerta tras identificar que grupos armados ilegales muestran interés político y electoral en el 40 por ciento de los municipios donde hacen presencia.

Una guerra de todos contra todos

Según la revisión de la Registraduría, en 312 municipios –casi la mitad de estos territorios– se presentan dinámicas que podrían poner en duda la libertad y la transparencia del proceso electoral de 2026. 

La advertencia, hecha durante una reciente sesión de la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales, se explica por la atomización de los grupos ilegales en el territorio nacional, lo que ha generado nuevos focos de influencia y amenaza en distintas regiones.

%%imagen%%2

En paralelo, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó un diagnóstico inquietante. De cara a las elecciones nacionales de 2026, de los 1.100 municipios del país, 170 presentan algún nivel de riesgo electoral, al coincidir factores indicativos de fraude y de violencia.

Según la MOE, al presentar su tradicional libro Mapas y Factores de Riesgo Electoral 2026, elaborado por 37 investigadores y profesores de 17 instituciones, entre universidades, centros de pensamiento, observatorios y organizaciones no gubernamentales, de esos 170 municipios, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio.

Se trata de un incremento significativo frente a las elecciones de 2022, cuando se registraron 131 municipios en riesgo. En particular, los de riesgo extremo pasaron de 49 hace cuatro años a 81 en este ciclo electoral.

Los focos más críticos se concentran en las subregiones de Arauca; el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar; el andén Pacífico; el norte del Cauca; el suroriente colombiano –en algunos municipios de Meta, Caquetá y Guaviare–, y el medio y bajo Putumayo.

De acuerdo con Alejandra Barrios, directora nacional de la MOE, “este estudio identificó una concentración y un aumento en los niveles de riesgo en los municipios donde coinciden factores de fraude y violencia, lo que exige una atención prioritaria en seis subregiones del país”. 

“Estos no son simples datos estadísticos: son un clamor que interpela a toda la nación. La ciudadanía y las instituciones están llamadas a proteger el derecho a elecciones libres”, le dice a CAMBIO Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal de Colombia.

“La violencia se proyecta con fuerza como una amenaza sobre la democracia en numerosas regiones. Cuando las intimidaciones, las coacciones y el miedo reemplazan la palabra, el voto libre y la participación ciudadana, se hiere gravemente el corazón del Estado de derecho”, reflexiona el clérigo. “No hay nada que justifique este tipo de presión sobre el ejercicio soberano mediante el cual la nación define su futuro”, sentencia.  

El sur también existe

El grupo técnico que elaboró el documento alertó especialmente sobre la situación del Cauca, departamento que concentra 19 de los 81 municipios en riesgo extremo. De ellos, 14 pasaron de no registrar riesgo en 2022 a ubicarse en el nivel más alto para 2026.

Excluyendo a Bogotá, por sus dinámicas urbanas específicas, los 170 municipios en riesgo agrupan a 4.564.177 personas habilitadas para votar, lo que equivale al 11 por ciento del censo electoral. “Estos datos permiten dimensionar el reto territorial y operativo que enfrenta el Estado para mitigar los riesgos y garantizar el ejercicio del derecho al voto”, aseguró Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE.

%%imagen%%3

Según la organización, el mapa consolidado es el resultado de la convergencia entre los municipios identificados en riesgo por fraude electoral y aquellos afectados por factores de violencia. El estudio también incluye un análisis independiente de ambos mapas.

En el caso de los factores indicativos de fraude electoral, el análisis se basa en atipicidades estadísticas observadas en las elecciones de 2014, 2018 y 2022, relacionadas con niveles de participación, tarjetones no marcados, votos nulos y dominio electoral.

Para la elección de Cámara de Representantes, el equipo técnico encontró que 383 municipios y corregimientos departamentales (34,1 por ciento) presentan algún nivel de riesgo: 64 en riesgo extremo, 100 en riesgo alto y 219 en riesgo medio. En cuanto al Senado, 334 municipios (29,8 por ciento) registran riesgo: 46 extremo, 91 alto y 197 medio.

“La MOE pide especial atención a los 27 municipios que presentan riesgo extremo tanto para Cámara como para Senado, de los cuales una tercera parte se ubica en Córdoba y seis en Antioquia”, señaló Barrios.

En relación con los factores de violencia, el estudio identificó que 339 municipios (30,2 por ciento) presentan riesgos asociados a amenazas al proceso electoral derivadas de la injerencia de grupos armados ilegales, la violencia contra liderazgos sociales, las afectaciones a la movilidad humana y las violaciones a la libertad de prensa. De ellos, 126 están en riesgo extremo, 74 en riesgo alto y 139 en riesgo medio.

La paz que no fue

Rubiano explicó que desde 2018 se observa un aumento leve pero sostenido de este tipo de riesgos, lo que evidencia las limitaciones en la implementación integral del Acuerdo de Paz y la persistencia de vacíos de seguridad en los territorios. “Las violencias son cada vez más locales y fragmentadas, y están asociadas al control de economías ilegales que pueden interferir en la competencia electoral y en el ejercicio libre del voto”, afirmó.

El bálsamo que le trajo al país el Acuerdo de Paz se ha diluido. ¿En esta línea debería haber alguna autocritica del Gobierno del presidente Petro por su política de paz?  Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW) lo ha dicho: “Desafortunadamente, la política de paz total y la política de seguridad humana de Petro fracasaron”. 

Según sus cuentas, entre 2022 y 2025 crecieron los homicidios, los secuestros, el desplazamiento, el confinamiento y el reclutamiento de menores. “El ELN, las disidencias y el Clan del Golfo ampliaron su control territorial y usaron las distintas negociaciones para afianzar su control sobre la población civil”.

%%imagen%%4

El informe de la MOE alertó sobre la situación de Guaviare, en donde las disidencias de Néstor Gregorio Vera Fernández, Iván Mordisco y Alexander Díaz Mendoza, Calarcá Córdoba, imponen las condiciones con mano de hierro. Allí todos los municipios se encuentran en riesgo extremo por factores de violencia. Además, 75 de los 126 municipios en alerta máxima hacen parte de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

Según Barrios, el propósito de estos mapas es “brindar información a las autoridades para que adopten medidas de mitigación y protección diferenciadas en los municipios más afectados, y contribuir a un debate público informado sobre el contexto de las elecciones que se avecinan”.

La MOE hizo un llamado al Gobierno nacional, a la fuerza pública y a las autoridades electorales para que concentren sus esfuerzos en los territorios con riesgo extremo y garanticen que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera libre y segura.

Son varias las alertas lanzadas por distintos organismos. Sin embargo, la violencia cabalga desbocada.