Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Claudia López y Humberto de la Calle | Crédito: Fotoilustración Yamith Mariño - CAMBIO
¿Ser candidato presidencial es un buen negocio? Mitos y verdades sobre la reposición de votos
Cada cuatro años se revive la sospecha de que la reposición de votos es un negocio rentable para quienes repiten candidatura o impulsan consultas interpartidistas. CAMBIO revisó las reglas vigentes y las cuentas reales de campañas pasadas para poner los números sobre la mesa y revisar el alcance de las dudas sobre ese mecanismo.
Por: Jonathan Beltrán
La reposición de votos vuelve al centro del debate durante cada elección presidencial con una pregunta que, en algunos casos, se convierte en acusación: ¿aparecer en el tarjetón no solo es una apuesta política sino una forma de lucrarse con financiación estatal? El aumento en el valor fijado por cada voto válido y la creciente desconfianza ciudadana han reavivado los cuestionamientos sobre el reintegro de recursos a las campañas.
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Ante la avalancha de desinformación sobre la reposición de votos, CAMBIO consultó a expertos y revisó los reportes oficiales de gastos e ingresos de campañas anteriores. El objetivo: mostrar los números reales y establecer si los candidatos lanzan sus campañas para lucrarse en un negocio rentable o si, por el contrario, pueden terminar endeudados incluso después del cuatrienio en el que aspiraban gobernar desde la Casa de Nariño.
Gastos, deudas y reposición de votos: así les ha ido a los candidatos presidenciales en las últimas tres elecciones
Las cifras concretas de campañas pasadas permiten entender cómo funciona realmente este mecanismo. Un repaso a los informes oficiales de ingresos, gastos y recursos reconocidos por el Estado muestra que la reposición dista mucho de ser un negocio automático y revela escenarios muy distintos entre candidatos ganadores, derrotados y quienes no alcanzaron el umbral exigido.
El balance de la campaña de 2014
Las elecciones presidenciales de 2014 permiten entender cómo opera en la práctica la reposición de votos. Los informes disponibles permiten ver que, incluso en campañas que llegaron hasta la segunda vuelta, el reconocimiento estatal estuvo condicionado a las deudas y gastos efectivamente comprobados.
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En la plataforma Cuentas Claras, la herramienta en la que candidatos y partidos políticos reportan sus ingresos y gastos de campaña, solo están los informes de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Marta Lucía Ramírez, Clara López y Enrique Peñalosa, quienes se quedaron en primera vuelta, no reportaron información en ese sistema.
Santos reportó ingresos en primera y segunda vuelta por 16.167 millones de pesos y gastos por 22.978 millones. Si la reposición de votos se aplicara como una simple operación aritmética, la campaña del presidente electo para el periodo 2014-2018 habría tenido un excedente de 8.142 millones. Pero ese dinero nunca se reconoció: el CNE solo autorizó el desembolso de los recursos necesarios para cubrir obligaciones pendientes, lo que redujo el monto proyectado inicialmente un 34 por ciento.
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La campaña de Zuluaga, por su parte, reportó obligaciones financieras pendientes tras el cierre del proceso electoral por 25.290 millones de pesos. Con la votación obtenida en primera y segunda vuelta, el exministro habría recibido hasta 50.378 millones por concepto de reposición de votos. Sin embargo, la ley impidió que su candidatura accediera a un monto superior a las cuentas por pagar.
Los comicios de 2018 en cifras
En las elecciones de 2018, el candidato Germán Vargas Lleras recibió 1,4 millones de votos en primera vuelta y obtuvo 7.944 millones de pesos por reposición. Sin embargo, las cuentas del exvicepresidente quedaron en rojo, puesto que las obligaciones pendientes por pagar superaban por más de 8.207 millones la cifra con la que el Estado financió parte de su campaña.
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El predicador pentecostal Jorge Antonio Trujillo, quien también apareció en el tarjetón de primera vuelta de esa contienda, reportó que sus gastos correspondían exactamente al mismo dinero que ingresó a su campaña: 121 millones de pesos. Esos recursos fueron financiados por el propio exsenador, quien se quedó sin posibilidad de solicitar reposición porque apenas recibió 75.000 votos.
En contraste con las cuentas de Trujillo, Gustavo Petro recibió los votos necesarios en primera y segunda vuelta para reclamar 72.516 millones de pesos de financiación estatal. El CNE revisó las cuentas reportadas por su campaña y determinó que solo se le entregaría la cifra reportada como gastos de su candidatura: 35.039 millones.
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Por otro lado, Iván Duque tenía derecho a recibir menos recursos que Petro a través del mecanismo de reposición de votos. El candidato, que finalmente ganó las elecciones, solicitó un anticipo de 6.598 millones de pesos ante el CNE. Esa decisión tuvo un efecto directo en el valor reconocido por cada voto en la segunda vuelta: mientras a Duque se le reconocieron 1.378 pesos por cada sufragio, los de Petro fueron pagados a 5.625 pesos, al no haber solicitado anticipo.
Así se movieron los recursos en las elecciones de 2022
Las cuentas de las campañas que llegaron a segunda vuelta en 2022, de quienes se quedaron en el camino y de aspirantes con votaciones marginales muestran que ni el volumen de votos ni la victoria en las urnas se traducen necesariamente en beneficios económicos, y que el reconocimiento estatal sigue atado a los gastos efectivamente reportados y verificados.
Rodolfo Hernández reportó ingresos por 7.189 millones para los comicios de 2022 y, entre primera y segunda vuelta, gastó menos recursos que las campañas de Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, que se quedaron en la primera ronda. Su caso muestra que, incluso con campañas de bajo costo y altos niveles de votación, la reposición de votos no garantiza excedentes ni beneficios económicos automáticos.
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Con la votación registrada en primera y segunda vuelta, el exalcalde de Bucaramanga podría recibir –en el papel– 56.590 millones de pesos. Sin embargo, en la práctica, el CNE solo aprobó recursos para financiar los 7.726 millones que gastó en una campaña que lo dejó a las puertas de la Casa de Nariño.
Federico Gutiérrez, en cambio, invirtió 27.990 millones de pesos solo en primera vuelta. Pese a que el resultado en las urnas quedó muy por debajo de las expectativas de su campaña, el exalcalde no registró pérdidas debido a que los 5 millones de votos que recibió le permitieron financiar por completo sus gastos.
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En un caso opuesto al de Gutiérrez, el exgobernador Luis Pérez sí tuvo que sacar dinero de su bolsillo para cubrir los 133 millones de pesos que gastó en una campaña recordada por su propuesta de enviar a los corruptos a la isla Gorgona. En la contienda apenas recibió 11.507 votos, muy por debajo del umbral exigido para acceder a la reposición de votos, por lo que no pudo financiar su campaña con recursos estatales.
Gustavo Petro venció en las urnas, pero tampoco se quedó con ganancias en sus bolsillos por reposición de votos. La campaña del entonces candidato solicitó reposición de votos por 74.768 millones de pesos, pero el CNE solo le reconoció como aportes de financiación estatal 28.384 millones correspondientes a los altos gastos de su candidatura.
A partir de estos datos, es posible desmentir algunos de los mitos más repetidos sobre la reposición de votos y entender mejor qué tan rentable o no es realmente lanzarse a la Presidencia.
Mito #1: la reposición de votos garantiza altas sumas de dinero para los candidatos presidenciales
Uno de los mitos más repetidos en época electoral corresponde a que los precandidatos y candidatos a la Presidencia tienen ganancias aseguradas mediante el mecanismo de reposición de votos. Sin embargo, la normativa vigente establece una serie de requisitos que, de no cumplirse, dejan a los aspirantes sin posibilidad de recibir un solo peso.
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Para acceder a la reposición de votos, es obligatorio que los aspirantes estén inscritos por un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos. Los candidatos que se mantienen en la carrera presidencial cumplen ese requisito, pero una gran parte se queda en este segundo filtro: deben recibir al menos el 4 por ciento del total de votos válidos para poder acceder a cualquier reembolso.
Juan Nicolás Garzón, docente de la Facultad de Estudios Políticos de la Universidad de La Sabana, explica que la reposición de votos busca promover la equidad en la contienda y reducir la dependencia de donantes privados. Sin embargo, advierte que no es un cheque en blanco: cada gasto debe estar respaldado y auditado, y cualquier irregularidad podría impedir reembolsos o derivar en millonarias multas.
“Es falso que todos los candidatos reciban dinero por cada voto a favor. De hecho, solo unos pocos cumplen con todos los requisitos. La medida está pensada como un reconocimiento posterior a la elección, pero las campañas también tienen la posibilidad de solicitar anticipos. No obstante, en caso de incumplir los criterios, deben devolver la totalidad de los recursos recibidos”, detalla Garzón.
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La MOE explica que solo son reconocibles para efectos de reposición los gastos que correspondan a un esfuerzo económico real de la campaña, como créditos adquiridos con entidades financieras y préstamos con personas naturales debidamente formalizadas. Las donaciones de empresas o aliados no aplican, puesto que no representan una obligación financiera que deba ser cubierta posteriormente por el candidato o el partido.
Mito #2: un candidato se puede lucrar con recursos de reposición de votos
En redes sociales circulan con rapidez publicaciones que sugieren que muchos candidatos continúan en la contienda, incluso conscientes de que no lograrán la victoria en las urnas, con la mira puesta en obtener beneficios económicos por reposición de votos. Sin embargo, los recursos reconocidos por cada voto no corresponden a un ingreso automático para las campañas.
Felipe Jiménez, magíster en Políticas Públicas de Columbia University, explica que la ley establece que ningún candidato puede recibir una suma superior al monto gastado y debidamente justificado en los reportes presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, las campañas solo tendrán acceso a esos recursos estatales si cumplen con los topes establecidos para consultas, primera y segunda vuelta presidencial.
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La campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022 demuestra que la reposición de votos no genera millonarias utilidades para los candidatos. En la primera vuelta, el entonces aspirante reportó gastos por 28.384 millones de pesos y registró ingresos por 19.477 millones, de los cuales el 66 por ciento correspondió a créditos bancarios.
El valor fijado por el CNE por cada voto válido en las pasadas elecciones presidenciales quedó en 6.623 pesos. Petro recibió en primera vuelta 8,5 millones de votos y, si la reposición fuera solo una operación aritmética, habría recibido cerca de 56.479 millones de pesos. Sin embargo, el dinero reembolsado por el Estado solo correspondió a los gastos de campaña realmente reportados y verificados. “Los candidatos no se quedan con el cambio, es dinero que nunca sale de las arcas estatales”, explica Jiménez.
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En caso de recibir los recursos establecidos como reconocimiento por cada voto, en primera vuelta los partidos y movimientos que respaldaron la candidatura de Petro habrían registrado ingresos por 28.220 millones de pesos. No obstante, el Estado solo desembolsó los recursos de obligaciones pendientes por pagar por la campaña y, tras evidenciar irregularidades en los reportes, impuso millonarias multas a las colectividades.
Mito #3: los candidatos repiten candidatura presidencial por fines exclusivamente económicos
Los cuestionamientos erróneos sobre la reposición de votos como un negocio vuelven a girar cada cuatro años alrededor de nombres conocidos. En esta ocasión, candidatos como Sergio Fajardo concentran las críticas: tras dos intentos fallidos, en redes sociales se cuestiona si su regreso a la contienda obedece a la esperanza de que la tercera sea la vencida o a una supuesta motivación económica. Una revisión a sus cuentas en campañas pasadas permite aclarar las dudas al respecto.
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En las elecciones presidenciales de 2018, Fajardo quedó a 260.000 votos de la cifra que le permitió a Gustavo Petro disputar la segunda vuelta con Iván Duque. En esa contienda, el exgobernador de Antioquia reportó ingresos por 8.934 millones de pesos y gastó 10.685 millones en actos públicos, propaganda electoral, arrendamiento de oficinas y capacitaciones a miembros de su equipo.
Fajardo recibió en 2018 más de 4,6 millones de votos en una contienda en la que cada sufragio a favor tenía un valor de 5.625 pesos. Con esas cifras sobre la mesa, el candidato debía recibir 25.794 millones por concepto de reposición de votos –lo que representaría 15.206 millones más que sus gastos reportados–. Pero, el CNE solo aprobó un desembolso por 9.260 millones, que en sus reportes está estipulado como “obligaciones pendientes de pago”.
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En 2022, los fantasmas sobre la supuesta participación de Fajardo con fines económicos volvieron a aparecer. Sin embargo, las cuentas del candidato terminaron aún más ajustadas: su campaña gastó 1.540 millones de pesos más de los ingresos que reportó y su votación en las urnas registró una caída con respecto a 2018 que le cerró una vez más las puertas de la Casa de Nariño y casi lo deja sin derecho a reposición de votos.
El exalcalde de Medellín recibió 888.585 votos en primera vuelta, solo 41.500 más del umbral del 4 por ciento exigido para acceder a financiación estatal. El ganador de la consulta de la Coalición Centro Esperanza gastó 10.749 millones de pesos y por reposición de votos obtuvo 5.885, lo que le dejó un saldo negativo de 4.864 millones.
Mito #4: la reposición asegura ganancias económicas, así se pierda en las urnas
El caso de Humberto de la Calle ilustra claramente este mito. En su campaña presidencial de 2018, el exministro reportó ingresos por apenas 1.586 millones de pesos. Sin embargo, con la esperanza de imponerse en las urnas gracias al reconocimiento adquirido como jefe negociador en el proceso de paz con las Farc-EP, decidió invertir 10.616 millones de pesos en la contienda.
La diferencia de 8.575 millones de pesos entre gastos e ingresos llevó al excongresista a solicitar al CNE un anticipo de 9.021 millones de pesos para financiar actos públicos, servicios de transporte aéreo y terrestre, y material de campaña. El resultado de De la Calle en las urnas no fue el esperado y le dejó millonarias pérdidas al no alcanzar el umbral del 4 ciento de los votos válidos en primera vuelta.
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En la contienda, el exministro recibió solo 399.000 votos correspondientes al 2,06 por ciento del total de sufragios depositados en esa jornada electoral. De la Calle tuvo que asumir el total de gastos de su campaña, financiar un crédito de 1.500 millones y hasta promovió una Vaki para recaudar fondos adicionales y devolver el dinero recibido previamente como anticipo.
“Campañas anteriores muestran que solicitar anticipos o contar con reposición de votos no asegura ganancias. Solo los candidatos más votados y con reportes válidos reciben recursos que, en cualquier caso, no pueden superar los gastos en los que incurrieron”, explicó a CAMBIO Laura Wills, vicedecana de investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y directora de Congreso Visible.
Mito #5: las consultas premian económicamente a todos los participantes
En redes sociales también circula la idea de que participar en consultas es una forma de obtener dinero fácil. Por eso, plantean quienes difunden información inexacta, algunos sectores estaban empecinados en promover y participar en mecanismos interpartidistas incluso si solo cuentan con dos integrantes, como la Consulta de las Soluciones de Claudia López y Leonardo Huerta.
Andrés Dávila, doctor en Ciencia Política de la Universidad Javeriana, explica que la decisión de participar en consultas responde principalmente a estrategias electorales y no a planes para obtener beneficios económicos directos. En ese sentido, sostiene que la mayoría de los aspirantes deben invertir recursos para acceder a primera vuelta e incluso logrando su objetivo es posible que no alcancen el umbral exigido para recuperar los gastos mediante la reposición de votos.
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“Algunos piensan que las consultas son una vía fácil para conseguir recursos, pero en la práctica, los candidatos con menor reconocimiento corren el riesgo de invertir muchos recursos y no superar el umbral para recibir reposición. Por su parte, los candidatos con mayor visibilidad tienen más posibilidades de alcanzar ese umbral, pero incluso ellos deben justificar cada gasto y no siempre logran cubrir la totalidad de lo invertido”, explicó Dávila.
El CNE estableció que los candidatos que participen en las consultas interpartidistas del 8 de marzo podrán recibir 8.287 pesos por cada voto válido, solo si superan el umbral del 4 por ciento de votos y cumplen con los criterios establecidos para reportar sus gastos. Según el órgano electoral, el aumento del 25 por ciento frente al valor por cada sufragio establecido para 2022 correspondió al incremento en el IPC de los últimos tres años.
Cada uno de los 16 candidatos que participarán en las consultas podrá gastar como máximo 18.555 millones de pesos, equivalentes al 50 por ciento del tope fijado para la primera vuelta presidencial. En esta fase del proceso electoral, los aspirantes podrán solicitar anticipos de reposición de votos, que serán desembolsados mediante pólizas o garantías a favor del Estado.
En definitiva, tanto los expertos consultados como la revisión de las cuentas reales de campañas presidenciales muestran que la reposición de votos no está diseñada para generar utilidades personales. La única forma de obtener ganancias indebidas a través de este sistema sería mediante prácticas ilegales, como inflar gastos, presentar facturas falsas o reportar créditos inexistentes, conductas que no solo impiden el desembolso de recursos, sino que podrían derivar en sanciones administrativas y penales.
“En la práctica existe un debate sobre si este sistema puede funcionar como un respaldo financiero indirecto para campañas grandes y bien votadas. Por ejemplo, tomando un préstamo que se cubre luego con la reposición. Ese uso estratégico no está prohibido, siempre que se cumplan los requisitos legales y contables”, concluye Laura Wills, directora de la plataforma Congreso Visible.