¿Una constitución democrática global?: Justa y necesaria, pero improbable

¿Será posible lograr una forma de democracia global o de constitución democrática universal, que garantice derechos humanos iguales a todo el mundo y que posibilite que todos participemos en igualdad de condiciones en la decisión de los asuntos mundiales, sin importar donde hayamos nacido?

La respuesta es paradójica. Este ideal de cosmopolitismo democrático, que con enunciados diversos ha sido defendido por filósofos clásicos como Kant o por pensadores contemporáneos como Luigi Ferrajoli y Jurgen Habermas, nunca había sido tan justo y necesario como lo es hoy. Pero hoy también esa opción parece poco probable.

La idea de una constitución democrática cosmopolita surge naturalmente del propio ideal democrático, que se funda en dos principios en tensión: la soberanía popular, por un lado, y la inviolabilidad de los derechos humanos, por el otro. Esos dos principios implican normativamente un cierto cosmopolitismo democrático.

Primero, si realmente creemos en la universalidad de los derechos humanos, entonces esos derechos deben ser garantizados a todas las personas pues derivan de la dignidad igual e intrínseca de todos los seres humanos. Su goce efectivo no debería depender de la nacionalidad. Pero eso no es así ya que, como existen los Estados nacionales con agudas disparidades de desarrollo económico y político entre ellos, la realización de los derechos humanos varía significativamente de un país a otro. Por sólo citar un ejemplo: un niño que nace hoy en Noruega tiene una esperanza de vida de 83 años, pero si lo hace en República Centroafricana, esta será de 53, es decir, treinta años menos. Para evitar ese escándalo ético, tendríamos que avanzar hacia alguna forma de cosmopolitismo.

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'Como existen los Estados nacionales con agudas disparidades de desarrollo económico y político entre ellos, la realización de los derechos humanos varía significativamente de un país a otro.'

Segundo, si creemos realmente en la soberanía popular, deberíamos defender nuestro derecho a participar igualitariamente en las decisiones que nos afectan, aunque estas no se tomen en nuestro país. Lamentablemente, las cosas no son así.

Un ejemplo obvio: el próximo noviembre elegirán presidente en los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, cuyas decisiones y omisiones nos afectan a todos, tanto en temas económicos como ambientales y de paz mundial, pero no podemos incidir en su elección.

Si en el año 2000 Al Gore hubiera sido electo presidente, en vez de George Bush, probablemente el cambio climático no sería hoy tan dramático. La razón: Bush no aceptaba la gravedad del calentamiento global y tenía compromisos con intereses petroleros.

Por el contrario, Gore comprendía y quería combatir el cambio climático, por lo que hubiera puesto toda su voluntad y todo el poder de los Estados Unidos para lograr acuerdos globales en ese tema. Sin embargo, nosotros no tuvimos ninguna influencia sobre esa elección y hoy el cambio climático nos está avasallando. Y tampoco podremos participar en la elección del próximo noviembre en que podría resultar electo un criminal convicto como Donald Trump, con catastróficas consecuencias para la democracia en ese país y en el mundo.

Este tipo de decisiones nacionales que tienen efectos globales muestran que la democracia y el constitucionalismo no deberían estar atrapados en el marco del Estado nacional y tendrían que existir derechos políticos cosmopolitas.

Si las anteriores consideraciones normativas de filosofía política parecen ingenuas y no convencen, existe también una obvia razón pragmática de conveniencia a favor de alguna forma de constitución universal, y es la siguiente: los desafíos existenciales que amenazan hoy a la humanidad sólo podrán ser enfrentados eficazmente por una acción global, puesto que ningún Estado, por poderoso que sea, podrá unilateralmente encarar el cambio climático, las posibilidades de una guerra nuclear, los riesgos de nuevas pandemias, la regulación de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, las migraciones masivas o los impactos de una globalización económica desregulada.

'Los desafíos existenciales que amenazan hoy a la humanidad sólo podrán ser enfrentados eficazmente por una acción global'

Esa acción global para enfrentar los desafíos existenciales de la humanidad podría ser impuesta por líderes autoritarios, pero esa opción no sólo es indeseable sino que parece improbable, pues la experiencia ha mostrado que esos líderes suelen anteponer sus visiones nacionalistas y personales por encima de la defensa de los intereses universales.

Los riesgos de dejar la suerte del mundo a eventuales acuerdos entre dirigentes autoritarios muestran la profundidad de la tesis de Kant, quien vinculó la posibilidad de conquistar la paz mundial con la existencia de democracia interna en los Estados. En su opúsculo La paz perpetua, Kant planteó que una de las condiciones esenciales para el logro y el sostenimiento de la paz mundial era que el régimen interno de los Estados fuese republicano, que hoy llamaríamos democrático, a fin de que las decisiones sobre la paz o la guerra no dependiesen de los caprichos del gobernante sino de la voluntad de los ciudadanos libres e iguales.

Esa visión kantiana, que puede parecer infantilmente cándida, ha sido en cierta forma verificada empíricamente con la teoría de la paz democrática, que dice que las guerras suelen ocurrir entre dos, o más dictaduras, o entre democracias y dictaduras. Pero casi nunca entre democracias.

Kant se refería esencialmente al tema de la paz, sí, pero sus consideraciones pueden extenderse, con los ajustes necesarios (mutatis mutandi, dirían los antiguos), a los otros desafíos existenciales de la humanidad, como el cambio climático, las migraciones masivas o las pandemias: su regulación eficaz requiere no sólo una concertación global, sino una concertación global que se funde en valores comunes como los derechos humanos, y en cierto grado de rendición de cuentas de los gobernantes, por lo cual debe ser una forma de cosmopolitismo con contenidos democráticos y no un simple acuerdo entre líderes autoritarios.

Existen entonces fuertes argumentos normativos y pragmáticos a favor de una democracia cosmopolita, pero ésta es muy difícil de lograr.

La democracia nació como una experiencia local, floreciendo en pequeñas unidades políticas, como la vieja Atenas de Pericles, o en algunas ciudades medievales italianas. Siglos más tarde, y contra las previsiones de algunos de sus promotores como Rousseau –que creían que sólo podían existir democracias genuinas en pequeñas comunidades–, la democracia logró instalarse en grandes Estados nacionales como Inglaterra o los Estados Unidos, con las revoluciones burguesas y liberales. Pero las experiencias democráticas no han sido puramente occidentales. Amartya Sen, en su libro India argumentativa, ha mostrado formas de Estado de derecho y de diálogo democrático durante ciertas dinastías orientales como la del emperador Mogol Akbar I, quien gobernó esa nación en la segunda mitad del siglo XVI. Akbar, consciente de la diversidad de la inmensa India y de los riesgos larvados de conflictos religiosos, promovió el entendimiento y la coexistencia entre las distintas creencias, para lo cual realizaba, en su corte en Agra, discusiones periódicas respetuosas entre los líderes de las distintas religiones (la musulmana, la hindú, la cristina, la budista, la judía, etc.), incluyendo a los escasos ateos. Recientemente, los antropólogos David Graeber y David Wengron, en su desafiante texto ‘El amanecer de todo: una nueva historia de la humanidad’, han recuperado también experiencias democráticas en otras civilizaciones antiguas, como la de ciertos pueblos indígenas americanos. Estos autores analizan, por ejemplo, el caso Tlaxcala, que no estaba gobernada por reyes ni emperadores sino por un consejo de representantes electos que tomaban las decisiones colectivamente, luego de amplias deliberaciones. Este régimen político, que el invasor Hernán Cortés comparó a las ciudades de Venecia, Génova o Pisa, por sus instituciones republicanas, explica en parte la guerra permanente entre la democrática Tlaxcala y el cruel imperio Azteca.

A pesar de su diversidad, todas esas experiencias democráticas eran limitadas (los derechos eran restringidos a ciertos grupos sociales) y no aspiraban a una regulación más global y universal. Sin embargo, después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, hubo un movimiento tendiente a alguna forma de cosmopolitismo democrático: en 1945 fueron creadas las Naciones Unidas y en 1948 fue adoptada la Declaración de los Derechos Humanos, que precisamente los señala como un “ideal común” de toda la humanidad que debía permitir, como lo dice su preámbulo, alcanzar “la libertad, la justicia y la paz en el mundo”, las cuales “tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

Teníamos entonces desde 1948 unos valores comunes democráticos (los derechos humanos) y una institucionalidad universal (la ONU), que era una forma de avanzar hacia un cierto cosmopolitismo democrático. A pesar de las limitaciones intrínsecas a la Guerra Fría, hubo nuevos avances en las décadas siguientes, con la consolidación de instancias supranacionales como la Unión Europea, la creación de instituciones multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el fortalecimiento del sistema internacional de protección de derechos humanos.

Estos desarrollos se intensificaron con el fin de la Guerra Fría, que llevó a un cierto florecimiento del multilateralismo y de los derechos humanos, infortunadamente en un contexto de desregulación y globalización neoliberal que a la larga minó el potencial democrático de esos avances.

Sin embargo, en los últimos 15 años, esos avances hacia un cierto cosmopolitismo democrático, aún insuficientes pero significativos, no sólo se han estancado, sino que ha habido serios retrocesos. El ascenso de liderazgos chauvinistas y populistas autoritarios, incluso en grandes y viejas democracias, como el caso de Trump en los Estados Unidos o Marine Le Pen y su partido Agrupación Nacional, en Francia, han erosionado el apoyo a los derechos humanos y al multilateralismo. Recordemos el lema de Trump: ‘Estados Unidos primero’ (America first), y recordemos también que ese presidente retiró, en plena pandemia, a los Estados Unidos de la OMS y en pleno ascenso del desafío climático del Acuerdo de Paris. A su vez, y no sólo por ese incremento de los nacionalismos sino también por sus propias imperfecciones burocráticas, las grandes instituciones supranacionales están en crisis. La OEA es prácticamente irrelevante (salvo su sistema de protección de derechos humanos, infortunadamente también debilitado) y la ONU, debido a sus propias divisiones internas y a los vetos en el Consejo de Seguridad, ha sido impotente frente a las atrocidades cometidas en las guerras en Ucrania y en Gaza. Por su parte, la Unión Europea, un gran éxito en esfuerzos de integración supranacional, se ve amenazada por los ascensos de extremas derechas nacionalistas, como lo mostró la reciente elección al parlamento europeo. Para no hablar de América Latina, totalmente fracturada por sus divisiones ideológicas y las arrogancias de sus gobernantes mesiánicos.

En un contexto tan negativo, pensar en un constitucionalismo democrático global o cosmopolita puede parecernos una idea no sólo utópica sino incluso extraña, por cuanto estamos acostumbrados a vivir en un mundo westfaliano de Estados nacionales soberanos. Y, por ello, un lector desalentado hoy por estas enormes dificultades para avanzar hacia una democracia global, podría concluir que es un tema que no amerita siquiera ser reflexionado o debatido. Pero no lo creo: es un ideal que tiene todo el sentido del mundo, literalmente, puesto que el mundo y la civilización humana dependen de que logremos materializarlo, aunque sea parcialmente.

‘Pensar en un constitucionalismo democrático global o cosmopolita puede parecernos una idea no sólo utópica sino incluso extraña’

Además, como lo muestran las propuestas específicas de quienes han buscado aterrizar este planteamiento, como por ejemplo Luigi Ferrajoli en su libro Constitucionalismo más allá del Estado, es un ideal que no tiene por qué realizarse de un día para otro, sino que puede concretarse a través de reformas incrementales.

En todo caso, incluso si ese ideal de una democracia global resulta finalmente irrealizable, no es por ello un concepto inútil, pues debería guiarnos al discutir muchos problemas contemporáneos. Por ejemplo, si uno acepta ese ideal cosmopolita no dudaría de que, a pesar de sus imperfecciones, es necesario fortalecer las instituciones internacionales multilaterales y globales que van en esa dirección, como la OMS, así como los sistemas de protección de derechos humanos o las propias Naciones Unidas. O, en el plano regional, persistir en los esfuerzos por avanzar hacia una mayor integración latinoamericana.

Por eso, frente a la actual situación desalentadora, tal vez sea necesario volver a Kant y, como homenaje en el tricentenario de su nacimiento que celebramos este año, retomar su tesis de que incluso (y sobre todo) en momentos tristes como los que estamos viviendo no podemos perder la ilusión de que el progreso moral de la humanidad sigue siendo posible. En esas coyunturas tristes, dicha esperanza se torna casi en un imperativo ético. Tenemos que ejercer nuestro deber de esperanza y seguir esforzándonos para avanzar a alguna forma de democracia global.

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