La cancelación de la tragedia

Varios de los grandes desafíos de muchas sociedades contemporáneas, tanto desarrolladas como en desarrollo, no tienen una solución expedita. Las soluciones suelen ser parciales y tener una dimensión trágica. Muchas veces, los asediados reformadores —los demócratas que no han sucumbido al cinismo o a la desesperanza— consiguen, en el mejor de los casos, avances limitados: aplazan las crisis, cambian un problema por otro o evitan el colapso y las fallas sistémicas. Rara vez alcanzan una solución definitiva.

En los sistemas de pensiones, por ejemplo, los cambios demográficos conducen inexorablemente a la insostenibilidad de los arreglos sociales: el número de cotizantes disminuye mientras que el de beneficiarios aumenta. Pero los ajustes paramétricos son extremadamente impopulares, una especie de herejía política. Algunos los intentan, usualmente en circunstancias extremas, y asumen un costo político inmenso; esto es, adoptan una posición trágica.

Imaginar la Democracia

En salud, la situación es aún más complicada. No solo los factores demográficos (el envejecimiento de la población, para ser más precisos) contribuyen a la insostenibilidad. El cambio tecnológico genera desafíos adicionales. Algunos nuevos medicamentos tienen beneficios marginales y cuestan tres, cuatro o diez veces más que los ya incorporados en los planes de beneficios. No todos pueden ser incluidos, pero excluirlos genera grandes debates éticos. La priorización explícita en salud es antipática; implica discusiones filosóficas insalvables, una tensión trágica entre quienes se benefician de los nuevos tratamientos y quienes pierden acceso a otros servicios por restricciones presupuestales.

En Colombia, además, el Estado delegó la coordinación de la prestación de los servicios de salud y la gestión del riesgo en empresas privadas o mixtas, las llamadas EPS. Estas empresas han desarrollado unas capacidades innegables, pero, por varias razones —entre ellas, los escándalos de corrupción de algunas EPS— han perdido buena parte de su legitimidad. Se han convertido en un blanco fácil de la indignación pública y del oportunismo político. Aunque el Estado goza de mayor legitimidad, no posee las capacidades técnicas y operativas desarrolladas por las EPS. En fin, quien tiene las capacidades no tiene la legitimidad, y viceversa. El problema tiene, de nuevo, una dimensión trágica.

Quiero citar en extenso, así sea solo como desahogo, al poeta y ensayista alemán Hans Magnus Enzensberger, quien señaló alguna vez —advirtiendo la complejidad de su tarea— que deberíamos dejar de insultar a los políticos. Sobre los problemas insolubles, Enzensberger escribió lo siguiente:
El gasto en salud, que aumenta a un ritmo vigoroso, revienta todo presupuesto imaginable, y cabe vislumbrar que tarde o temprano los hechos demográficos acabarán desbordando el sistema entero. Al ministro solo le queda la vía de la improvisación, el intento de ganar tiempo, la fórmula media que refuerza el sistema sin resolver sus contradicciones. El ministro de Salud está en buena compañía: el ministro de Educación que busca igualar las oportunidades y poner fin al desorden de su sector y el de Hacienda que busca despejar la absurda jungla del sistema fiscal […] acabarán también enfrentados a adversarios invencibles.

Los ministros de Hacienda deben, para hacer bien su trabajo, atarse las manos, disminuir sus grados de libertad con el fin de evitar lo que los economistas llaman los ciclos electorales; esto es, la expansión artificial de la economía en tiempos de elecciones. Los bancos centrales autónomos y las reglas fiscales funcionales son las formas institucionalizadas de esa paradoja trágica: los mejores ministros de Hacienda son los que limitan la discrecionalidad de los presidentes. Su tarea es la de servir de aguafiestas.

Los ministros de Hacienda deben, para hacer bien su trabajo, atarse las manos, disminuir sus grados de libertad con el fin de evitar lo que los economistas llaman los ciclos electorales

El fin de la tragedia

En nuestra época de exaltación, la visión trágica de algunos de los problemas más urgentes de la sociedad no es bien recibida. Suena incluso antidemocrática, cuando, en realidad, es una forma de respetar la complejidad de lo público y salvaguardar la confianza ciudadana. El fin de la tragedia —sobre todo, el fin de la tragedia en la vida colectiva, en la política— representa un gran retroceso, una sobresimplificación de la realidad, una forma de demagogia complaciente.

En nuestra época de exaltación, la visión trágica de algunos de los problemas más urgentes de la sociedad no es bien recibida

Cito ahora, otra vez en extenso, a Milan Kundera:
Liberar los grandes conflictos humanos de la ingenua interpretación de la lucha entre el bien y el mal, entenderlos bajo la luz de la tragedia, fue una inmensa hazaña del espíritu; puso en evidencia la fatal relatividad de las verdades humanas; hizo sentir la necesidad de hacer justicia al enemigo. Pero el maniqueísmo moral es invencible […] Las guerras, las guerras civiles, las revoluciones, las contrarrevoluciones, las luchas nacionales, las rebeliones y su represión fueron barridas del territorio de lo trágico y expedidas a la autoridad de jueces ávidos de castigo.

El fin de la tragedia implica, entre otras cosas, un rechazo de la razón; un reduccionismo facilista que, en lugar de aceptar la complejidad, busca culpables. Los problemas de sostenibilidad de la salud —presentes en todos los sistemas— se reducen entonces a la corrupción de unos pocos. Un diagnóstico eficaz políticamente (pues evita los incómodos dilemas bioéticos), pero equivocado y, en última instancia, perjudicial. Nada resuelve de fondo. Enerva los corazones y nubla la razón.

El fin de la tragedia implica, entre otras cosas, un rechazo de la razón; un reduccionismo facilista que, en lugar de aceptar la complejidad, busca culpables

Del mismo modo, los problemas fiscales del Estado suelen también reducirse a la corrupción o la codicia de unos pocos. Los líderes populistas, en general, niegan la tragedia y abusan de las fábulas moralizantes. Todo es explicado por una especie de dicotomía moralista: unas élites corruptas enfrentadas a un pueblo virtuoso y explotado.

Los líderes populistas, en general, niegan la tragedia y abusan de las fábulas moralizantes. Todo es explicado por una especie de dicotomía moralista: unas élites corruptas enfrentadas a un pueblo virtuoso y explotado

Pero no solo los políticos niegan la tragedia. Muchos periodistas y opinadores recurren a la misma negación. A finales de 2018 hubo una inundación en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Los expertos explicaron que se trataba de una falla de mantenimiento que fue resuelta de inmediato. Algunos internautas acuciosos señalaron que problemas similares se habían presentado en varios aeropuertos de Estados Unidos y Europa. Pero en un mundo donde pocos piensan y todos juzgan, no hay lugar para el azar ni los errores. Muchos opinadores encontraron rápidamente una explicación enlatada para un problema ingenieril: la corrupción.

Con frecuencia, la corrupción no es una causa sino una consecuencia de problemas más complejos del Estado y la sociedad: la falta de capacidades estatales, la ausencia de una cultura republicana de respeto por los bienes públicos y las complejidades de la contratación pública o de la seguridad social. Infortunadamente, pocos parecen interesados en este tipo de explicaciones. La politización de la moral es una consecuencia obvia del fin de la tragedia y de la negación de la complejidad.

Con frecuencia, la corrupción no es una causa sino una consecuencia de problemas más complejos del Estado y la sociedad

¿Qué hacer?

No pretendo tener la solución para la reticencia democrática a aceptar la existencia de problemas insolubles. Este breve ensayo intenta simplemente resaltar un problema usualmente ignorado, así como algunas de sus implicaciones, entre ellas, la propensión a creer que la corrupción es la causa predominante de muchos problemas sociales. Vale la pena, en todo caso, terminar con tres ideas prescriptivas.

Primero, las comparaciones internacionales que muestran, por ejemplo, la ubicuidad y dificultad de ciertos problemas sociales —entre ellos, los problemas financieros de los sistemas de seguridad social— constituyen una forma adecuada de combatir el reduccionismo moral y las explicaciones facilistas que soslayan o ignoran la complejidad. Bastaría una simple comparación internacional para desmentir las cifras más escandalosas sobre corrupción en el sistema público de salud de Colombia.

Segundo, un sano escepticismo sobre los datos de corrupción es importante, sobre todo entre periodistas y políticos. Dos cifras —una mencionada hace una década que estimaba la corrupción anual en 50 billones de pesos; la otra, mencionada más recientemente, que estima la corrupción histórica del sistema de salud en 100 billones— son claramente falsas: extrapolaciones sin sentido.

Finalmente, una pedagogía pública rigurosa sobre la seguridad social es urgente. Las emociones morales que dominan en la política, exacerbadas por las redes sociales, necesitan contrarrestarse con esfuerzos educativos persistentes. Tal vez el rechazo de la tragedia sea también un problema insoluble. Pero deberíamos, al menos, tratar de llevarlo a sus justas proporciones.

Las emociones morales que dominan en la política, exacerbadas por las redes sociales, necesitan contrarrestarse con esfuerzos educativos persistentes.