La evolución del sistema político y democrático colombiano después del Frente Nacional

Antes de la Constitución de 1991, el poder lo ejercía la ‘gente bien’. En Bogotá y en las grandes capitales, los dirigentes políticos habían construido su poder mediante la escritura en la prensa y con base en su riqueza personal, su educación y su pertenencia a las familias elegantes. Estos políticos controlaban los dos partidos, y negociaban con los principales dirigentes empresariales para definir las estrategias de gestión del gobierno.
Lograban el apoyo electoral de la población, con base en dos elementos: por una parte, la apelación a una historia mutua y centenaria de agresiones, que hacía de la pertenencia a un partido un acto heroico y emocional, que siempre se reivindicaba.

Especial Imaginar la Democracia

Por otra parte, entre 1958 y 1991, los dos partidos prometieron a los electores la paz y el progreso: la promesa de paz se basaba en el acuerdo del Frente Nacional, un sistema por el cual los políticos de ambos partidos, con el apoyo de los empresarios, distribuían todos los cargos públicos importantes. El progreso prometido estaba conformado por una legislación que ayudaría a superar algunos de los males fundamentales del país, y por una gestión ordenada del Estado para promover el progreso económico. Con base en el apoyo técnico de asesores internacionales o de tecnócratas colombianos, los gobiernos del Frente Nacional y sus continuadores, entre 1958 y 1990, buscaron crear un ambiente favorable para la inversión privada, al mismo tiempo que daban a los sectores obreros y campesinos una legislación básica que garantizaba sus derechos laborales mínimos y les prometía vagamente el acceso a la educación, la vivienda y la salud.

Este arreglo social –la democracia existente en Colombia durante los años del Frente Nacional– fue muy criticado. Para la mayoría de los intelectuales críticos, el arreglo existente daba todo el poder a las empresas, cobraba impuestos sin esforzarse seriamente por buscar igualdad entre los colombianos, y no lograba hacer las reformas que el país necesitaba, como la reforma agraria. Los políticos de ambos partidos prometían orden y seguridad, el fin de la corrupción y la inversión pública en obras que servían a la población, como vías de comunicación o sistemas escolares. Pero en la práctica usaban su poder para impedir que las metas centrales de esto se lograran: los sistemas de impuestos estaban sesgados a favor de los ricos, y los recursos estatales se utilizaban ante todo para favorecer el proyecto económico empresarial: la creación de una economía de exportación basada sobre todo en el café, el banano y el petróleo.

Para la mayoría de los intelectuales críticos, el arreglo existente con el Frente Nacional daba todo el poder a las empresas, cobraba impuestos sin esforzarse seriamente por buscar igualdad entre los colombianos, y no lograba hacer las reformas que el país necesitaba

El sistema electoral, con su restricción legal al surgimiento de nuevos partidos y la paridad en todos los campos entre liberales y conservadores, garantizaba que ninguna otra propuesta tendría apoyo suficiente en el Congreso. Y los jefes políticos centrales, usando su bolígrafo, definían quiénes hacían parte de los políticos importantes regionales y permitían la elección al Congreso solo de aquellos que estaban de acuerdo con esos dirigentes, con Laureano Gómez, Mariano Ospina Pérez, Alberto Lleras, Carlos Lleras Restrepo y, después de 1970, Misael Pastrana, Julio César Turbay Ayala, Belisario Betancur, Virgilio Barco y otros jefes que aparecieron en esos años y fueron apadrinados por los grandes dirigentes de la primera mitad del siglo XX. La población general, con excepción de un amplio programa de vivienda para las clases medias urbanas apoyado en la tasa de interés constante (UPAC) promovido desde 1970 por los diferentes gobiernos, no lograba obtener beneficios visibles del Estado, a pesar de las grandes promesas de los diferentes gobiernos, y vivía amenazada por la inflación, el alza del costo de la vida y la falta de servicios adecuados de salud o educación.

También hacía 1970 se fueron conformando las redes de narcotraficantes. Estos grupos se armaron para atacar al Estado y para obligarlo a actuar de acuerdo con ellos: sobre todo, lucharon contra la extradición de los principales traficantes a los Estados Unidos, y para ello cometieron decenas de actos de violencia, atentados que mataron a ministros como Rodrigo Lara Bonilla, procuradores como Mauro Hoyos y dirigentes políticos como los candidatos presidenciales de la UP (Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo Ossa), del liberalismo reformista como Luis Carlos Galán o del M-19 (Carlos Pizarro). De 1984 a 1990, el país se enfrentó a una racha de atentados, promovidos sobre todo por los narcotraficantes contra los políticos y los civiles, contra funcionarios de gobierno y figuras públicas y representativas.

Hacía 1970 se fueron conformando las redes de narcotraficantes, grupos que se armaron para atacar al Estado y para obligarlo a actuar de acuerdo con ellos: sobre todo, lucharon contra la extradición de los principales traficantes a los Estados Unidos

Sin embargo, otros grupos, con algo de apoyo popular, defendían en esos años la lucha armada: los grupos guerrilleros, que se habían formado al lado de los campesinos liberales para enfrentar a los gobiernos conservadores y militares entre 1947 y 1958, habían crecido en el ambiente de insatisfacción del Frente Nacional. Estas guerrillas alegaban la gran injusticia del sistema social y político de Colombia para justificar su derecho a tratar de establecer una sociedad comunista, como la que se propuso desde 1961, cuando se estableció el castrismo en Cuba.

Orientadas ante todo por el Partido Comunista de Colombia, dominaron la discusión sobre la necesidad de la revolución entre 1954 y 1970. A partir de 1973, sin embargo, otros grupos urbanos, descontentos con los gobiernos del Frente Nacional pero que no estaban muy atraídos por los revolucionarios marxistas que seguían a Moscú y Pekín, aprovecharon el descontento por la elección de Misael Pastrana en 1970 para formar una nueva guerrilla, el M-19, que quería ofrecer a los pobres una propuesta diferente: no una promesa utópica, sino mejoras concretas en la vida diaria, con base en la presión al Estado. Estos grupos comenzaron a negociar con el Estado desde el gobierno de Turbay Ayala en 1979, y sobre todo desde el gobierno de Belisario Betancur entre 1982 y 1986: este presidente aceptó el argumento principal de los intelectuales rebeldes, de que si había guerrilla era porque el país tenía muchas injusticias que debían enfrentarse y corregirse por acción del Estado.

Belisario Betancur aceptó el argumento principal de los intelectuales rebeldes, de que si había guerrilla era porque el país tenía muchas injusticias

Eso fue lo que en gran parte intentó hacer la nueva Constitución de 1991. Promovida por estudiantes, en su elección participaron grupos que no votaban por los tradicionales movimientos conservadores y liberales: el M-19 y grupos marginales constituyeron una Asamblea Constituyente que no quedó controlada por los viejos dirigentes liberales y conservadores, sino por sectores disidentes y minoritarios. Estos grupos escribieron una Constitución que cambiaba las cosas: favorecía la elección de nuevos partidos y nuevos dirigentes políticos, definía la obligación del Estado de respetar los derechos humanos y de enfrentar a los grupos violentos con base en ese respeto, y establecía mecanismos, como la tutela, para que los ciudadanos sin recursos y los pobres de las ciudades y el campo exigieran atención médica, servicios educativos, obras de apoyo a los excluidos o ignorados. Además, la Constitución incluyó una serie de expresiones para sugerir que la democracia se basaría en adelante en la participación activa del pueblo, y dio derechos políticos amplios a las mujeres y a los grupos de población que habían sido tradicionalmente excluidos del disfrute de muchos beneficios y servicios legales, como los indígenas y las poblaciones afrocolombianas.

La Constitución de 1991 incluyó una serie de expresiones para sugerir que la democracia se basaría en adelante en la participación activa del pueblo

La nueva Constitución cambió la política en casi todo el país. La teoría era perfecta, pero la práctica resultó dañina: los grandes propietarios rurales, aliados con narcotraficantes en muchos casos, lograron conformar redes políticas muy poderosas, apoyadas también en los grupos estatales que luchaban contra las guerrillas campesinas: los paramilitares, basados en el auge de la droga y en sus recursos.
Poco a poco, el país fue estableciendo un equilibrio nuevo: en vez de un sistema político en el que se enfrentaban las ‘gentes de bien’ que luchaban por conseguir la simpatía de lo que a sus ojos era un pueblo ignorante, repartido en dos bloques políticos, surgieron decenas de nuevos movimientos políticos que prometían a los colombianos justicia, derechos humanos, progreso y avance hacia la igualdad.

La nueva Constitución del 91 cambió la política en casi todo el país. La teoría era perfecta, pero la práctica resultó dañina…

Las promesas principales fueron la participación política y la igualdad legal y educativa, el desarrollo de las ciudades y sus servicios públicos, la atención de salud (en 1994 se aprobó la ley que creó el sistema de salud social para toda la población). Los electores votaban por los partidos políticos, pero en general no lograban que la gestión del Estado fuera muy ordenada, aunque en algo esta gestión apoyó los grandes objetivos definidos. Pero en su mayoría, los recursos se perdían o se desperdiciaban por la amplia corrupción. Entre 1996 y 2022 fueron elegidos gobiernos que más o menos seguían la opinión pública, que buscaban luchar contra la guerrilla y contra la delincuencia, aunque no lograban organizarse bien para ello. Los electores votaban por los partidos existentes, muchos de ellos conformados por grupos derivados de los viejos liberales y conservadores, pero algunos surgidos de los partidos políticos creados por la izquierda guerrillera, que desde 1991 tuvieron una presencia amplia en la política: el Polo, el Frente Histórico, la Unión Patriótica y otros parecidos.

Los electores votaban por los partidos políticos, pero en general no lograban que la gestión del Estado fuera muy ordenada

En 2016, las Farc, la principal guerrilla sobreviviente después de la firma de la paz con el M-19, firmó un acuerdo de paz con el Gobierno, y la búsqueda de la paz se convirtió en el eje de la política nacional. Aunque este acuerdo logró que la mayoría de los militantes y combatientes aceptaran la paz y renunciaran a la lucha armada por el socialismo, se conformaron varios grupos disidentes y revivieron el enfrentamiento armado, sobre todo en las zonas donde los cultivos de coca y los laboratorios para su procesamiento daban bases para sostener con grandes recursos a grupos armados que los defendieran. Las Farc fue uno de los grupos que comenzaron, desde los ochenta, a recibir pagos de los exportadores de coca. También otra guerrilla, el ELN, se apoyó en su vieja experiencia de chantajes a los petroleros y otros grupos para promover una supervivencia de la lucha armada, basada en la extracción de recursos a los grupos de mineros, legales o ilegales, y a los coqueros ilegales.

Las Farc fue uno de los grupos que comenzaron, desde los ochenta, a recibir pagos de los exportadores de coca. También otra guerrilla, el ELN, se apoyó en su vieja experiencia de chantajes a los petroleros

De todos modos, la firma de la paz consolidó el camino del acceso al poder por parte de los grupos disidentes con base en las elecciones y, en 2022, un antiguo guerrillero, que había defendido la participación electoral durante muchos años y había sido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue elegido presidente. Y en su Presidencia las cosas, como era de esperarse, cambiaron: los jefes de los partidos políticos y de los grupos empresariales, los representantes de la ‘gente bien’, vieron la elección de un exguerrillero –al que se presentaba como cabeza del “primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia” y cuya retórica mantenía muchos elementos propios de la guerrilla– como un riesgo para el modelo económico de un país que podía dejar de basarse en el liberalismo y la libre empresa capitalista. El presidente, por su parte, aunque no ha promovido la conformación de una economía socialista, ha buscado reformar varios servicios sociales y varias empresas públicas para lograr que el Estado sea el gestor principal y, si es posible, único, de las políticas de salud pública, de educación, de servicios públicos, de inversiones mineras respetuosas del medio ambiente.

Esta elección mostró las dificultades del sistema: en el Congreso, los representantes y senadores habían sido elegidos sin tener en cuenta las opciones planteadas por el nuevo régimen. El Gobierno trató de lograr el apoyo del Congreso para diversas reformas, como la de la salud o la del régimen pensional o laboral, que buscaban afirmar principios de bienestar social que habían sido defendidos tradicionalmente por el partido liberal y habían sido aceptadas en la práctica, desde mediados del siglo XIX, por los principales dirigentes políticos y empresariales del conservatismo. Una tensión equívoca se estableció, en la que el Gobierno pensaba que los empresarios y los dirigentes políticos querían derribarlo, darle un golpe de Estado más o menos fuerte, y los políticos tradicionales pensaban que el Gobierno estaba preparando todo para prorrogar su mandato en 2026, cuando corresponde hacer las nuevas elecciones. En la práctica, la política desordenada del presidente, su gestión de los nombramientos públicos y sus formas de seducción o presión al Congreso, sugerían que Petro estaba buscando consolidar sus apoyos sociales para que su movimiento ganara la elección de 2026 o evitara tener que confrontar a los partidos opuestos.

Una tensión equívoca se estableció, en la que el Gobierno pensaba que los empresarios y los dirigentes políticos querían derribarlo, darle un golpe de Estado más o menos fuerte, y los políticos tradicionales pensaban que el Gobierno estaba preparando todo para prorrogar su mandato en 2026

El Gobierno dejó entonces de defender el avance hacia el socialismo y retomó en general la retórica reformista de los liberales, que en los años treinta intentaron hacer la ‘revolución liberal’ para dar más poder a los sectores populares y hacer algunos cambios en la sociedad, como la reforma agraria, la definición de la función social que debe tener la propiedad de los recursos productivos, o una reforma laboral que garantizara a la mayoría de la población ingresos apropiados, contratos claros y sistemas de protección social bien elaborados (definición de la jornada laboral, recargos por trabajo en días de descanso religioso y político, etc.). De este modo, el Gobierno trata de cumplir con los objetivos que se ha propuesto como defensor de cierto reformismo social, por fuera del cambio radical de sistema que se le atribuye, objetivos que son más bien una continuación del viejo reformismo liberal que hace parte de las ilusiones normales de la población urbana o de los activistas rurales en todo el país.

El Gobierno dejó entonces de defender el avance hacia el socialismo y retomó en general la retórica reformista de los liberales, que en los años treinta intentaron hacer la revolución liberal

De todos modos, el hecho es que el sistema electoral no responde a la orientación de la población. En el Frente Nacional no lo hacía porque no se podía elegir a grupos diferentes a conservadores y liberales. Después de 1991, porque los gobiernos han tenido suficiente control del Congreso para actuar sin preocuparse por la opinión de los electores, llevados a votar ante todo para respaldar servicios menores e incluso mediante pagos directos, que conformaron el sistema clientelista que se estableció como sistema central del ejercicio democrático y que ha incluido siempre una utilización muy grande de recursos públicos para obtener el apoyo del Congreso a los programas del Ejecutivo.

Después de 2022, en especial, porque el Gobierno parece creer que lo único que puede lograr es el apoyo masivo de la población para respaldar en forma vaga, pero entusiasta, una estrategia de radicalismo, de defensa del ‘pueblo’, de defensa del ‘medio ambiente’, de ‘paz total’ y de búsqueda de la igualdad y justicia sociales mediante reformas que distribuyan favores y mediante una retórica que llame al pueblo y a sus sectores de identidad incierta, a los indígenas y a los afrocolombianos, a los habitantes de la calle o de las zonas rurales, del ‘territorio’, a movilizarse, a salir a la calle a defender sus intereses y a enfrentarse a los poderes establecidos, empresariales, locales o internacionales. Y, sobre todo, ha llevado a la Presidencia a definir una estrategia basada en las ventajas eventuales de una Asamblea Constituyente, y de consultas populares que solo confirmarían lo que ya está establecido.

El Gobierno, después de unas fases de radicalismo, ha pasado a repetir en buena medida la experiencia de la “revolución en marcha”, que fue bastante exitosa en los años de 1930, para buscar la movilización del ‘pueblo’ pero sin que el pueblo se organice, sino apenas invocando mágicamente su presencia. E incluso la movilización popular parece inferior ahora, pues en ambos períodos se redujo a discursos y manifestaciones, pero en los primeros años del Gobierno liberal estuvo acompañada de un esfuerzo real de organización del sindicalismo, mientras que en este Gobierno el sindicalismo ha ido perdiendo más y más peso en la vida pública.

El Gobierno, después de unas fases de radicalismo, ha pasado a repetir en buena medida la experiencia de la Revolución en Marcha

Esta defensa del proyecto revolucionario, sin embargo, puede estar muy lejos de ser efectiva, en la medida en que desde 1991 el sistema político se organiza con la votación más o menos rutinaria organizada por aquellos jefes políticos (clientelistas, usualmente) que manejan las redes de poder locales. En estos años no se han conformado partidos políticos con programas claros, cuyo cumplimiento pueda ser exigido por los votantes o electores. Los programas son puramente retóricos, repiten lo mismo tanto en las elecciones nacionales como en la de alcaldes o miembros del legislativo –“la lucha contra la corrupción”, la “defensa del régimen democrático”, la “búsqueda de seguridad” en las ciudades y en las zonas de economías ilegales, la “superación de la economía informal laboral”.

Y dejan por lo tanto en libertad a los electores para decidir si sus elegidos han actuado bien, si merecen la reelección. Esos serán los elementos de confrontación centrales, pero a falta de programas que definan objetivos precisos, esto se discutirá en términos retóricos o verbales, con frases más o menos generales ("disminuyó la inseguridad", “hay más accidentes viales en el último año”, “aumenta el déficit y se frena la economía”, "presos varios delincuentes", hay que apoyar las medidas que refuerzan la participación popular”, hay que "firmar un pacto" para la defensa del medio ambiente o de la justicia laboral, para la búsqueda de un lenguaje "incluyente" y poco polarizador en la política, la aceptación de los desacuerdos y el derecho a defenderlos, etc.)

Se ha creado así una confrontación en buena parte verbal, que enfrenta al Gobierno y a los grupos tradicionales de ambos partidos, en la que los gremios y sectores empresariales se han aliado con los sectores políticos que dirigen a los partidos tradicionales o a sus nuevas expresiones. Las redes digitales transmiten mensajes más o menos huecos y repetitivos, que se espera atraigan a buena parte de la población para las elecciones de 2026 y que se basan ante todo en reiterar la idea de que el otro es corrupto e irresponsable y en promover las imágenes positivas de uno que otro político con algo de visibilidad en los medios o las redes digitales.

Las redes digitales transmiten mensajes más o menos huecos y repetitivos, que se espera atraigan a buena parte de la población para las elecciones de 2026 y que se basan ante todo en reiterar la idea de que el otro es corrupto

Ya la idea de que el ‘Gobierno del cambio’ haría un esfuerzo para lograr su continuidad sin enfrentar un voto real en ese año se ha ido debilitando, por la obvia dificultad que tendría este Gobierno para lograr el apoyo militar que se requeriría para ello. Y es también evidente que el presidente, con su búsqueda de apoyos electorales y de otro orden, con su repartición de favores, empleos y recursos, no tendrá que enfrentar un ‘golpe blando’, y que los dirigentes tradicionales no van a poder impedir una elección llena de confrontaciones y desacuerdos el año próximo, en la que se elegirán otra vez –con base en las distribuciones de apoyo existentes, en las preferencias de la población por proyectos sociales o más bien de orden y seguridad, en el poder real de las clientelas que logren configurarse, en el peso de las redes digitales y los medios de comunicación–, los políticos que durante otros cuatro años manejarán la indecisa democracia colombiana: la democracia “incompleta, limitada, parcial, engañosa y sesgada” que nos ha tocado vivir.