La crisis es grave, pero la democracia probablemente se va a consolidar

En 2022 fue elegido en Colombia por primera vez, de manera explícita, un gobierno de izquierda: el del Pacto Histórico, encabezado por Gustavo Petro. Esta elección cambió la situación radicalmente. Antes, las ideas de izquierda habían estado dispersas dentro de los programas reformistas del liberalismo, que buscaba ampliar su base social y darle contenido popular a su militancia. Así ocurrió sobre todo en 1934, cuando se eligió el Gobierno de Alfonso López Pumarejo, que impulsó la ‘revolución en marcha’, y así habría pasado en 1950, cuando Jorge Eliécer Gaitán se enfrentaría a Laureano Gómez. Esto no ocurrió: a partir de 1948, con el asesinato de Gaitán, las cosas cambiaron y Gómez fue elegido sin oposición real, en medio de la violencia y la suspensión del ejercicio democrático.

Especial Imaginar la Democracia

Durante décadas, el voto popular de izquierda estuvo diluido dentro del liberalismo, y había constantes tensiones sobre qué tanto representaba este partido a los sectores populares. El Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) se enfrentó al liberalismo oficial entre 1959 y 1968, en nombre de una movilización que incluía campesinos, sectores urbanos y sindicales, con dirigentes rurales como Juan de la Cruz Varela, orientador de las luchas agrarias en Sumapaz. Desaparecido el MRL, y tras un breve auge del movimiento rojista con Anapo, los sectores de izquierda se dispersaron: algunos se refugiaron en el Partido Comunista y en nuevos grupos como la UNO (1974), el Frente Social (2002) y el Polo Democrático (2004), y muchos se organizaron en movimientos regionales.

Durante décadas, el voto popular de izquierda estuvo diluido dentro del liberalismo, y había constantes tensiones sobre qué tanto representaba este partido a los sectores populares

El proyecto del Pacto Histórico, originalmente Colombia Humana, surgió enmarcado en el largo proceso de negociaciones de paz con las guerrillas que se desarrollaba desde 1981. El acuerdo de 2016 con las Farc había consolidado el abandono, por parte de la izquierda reformista, de sus antiguas propuestas revolucionarias para establecer el socialismo y reemplazar el capitalismo oligárquico colombiano. Por eso, en 2022 la propuesta del Pacto Histórico se concentraba en la crítica a la corrupción y en proyectos de atención social para los sectores populares, más que en transformaciones profundas del sistema. Como declaró Petro en 2021: “Colombia no necesita socialismo, sino democracia y paz”. El programa no incluía siquiera una reforma agraria de fondo.

A pesar de esta moderación programática, la elección del Pacto Histórico fue recibida con alarma por el establecimiento económico y político. Los dirigentes empresariales, respaldados por los partidos tradicionales y organizados en sus gremios, temían que detrás del lenguaje moderado se escondiera un proyecto revolucionario para implantar el comunismo, siguiendo el modelo de Cuba y Venezuela. Desde el triunfo electoral, los medios y las élites empresariales presentaron al nuevo gobierno como un movimiento autoritario que buscaría perpetuarse en el poder y desconocer futuros resultados electorales. El propio Gobierno alimentó estos temores con una gestión improvisada que deterioró algunos indicadores económicos, aunque la economía mantuvo los fundamentos sólidos heredados de administraciones anteriores y el contexto internacional favorable.

Petro, por su parte, interpretó la resistencia empresarial como una conspiración para sabotear su agenda, que efectivamente enfrentó obstáculos sistemáticos en el Congreso y las limitaciones de un aparato estatal poco preparado para reformas profundas. Entre 2022 y 2025, el Gobierno ha intentado transformar los sistemas de protección social: salud, normas laborales, pensiones y educación. El propósito ha sido claramente reformista: fortalecer estos sistemas y hacerlos más amplios, mejor financiados y más eficientes. Paralelamente, ha promovido de manera desorganizada diversas iniciativas que privilegian, sin mayor coherencia, un modelo de desarrollo basado en criterios ambientales, energías limpias y conservación de áreas protegidas.

Esta falta de coherencia ha provocado que muchas reformas generen más caos que mejoras, deteriorando precisamente los sistemas que pretendían fortalecer. En este contexto, el lenguaje político se ha radicalizado: los partidos tradicionales y los gremios empresariales acusan al Gobierno de conspirar para concentrar el poder y liquidar la economía de mercado en favor de un control estatal total, mientras Petro denuncia que sus opositores buscan derrocarlo mediante un “golpe blando”. Aunque hoy todos los sectores hacen llamados a la paz y el diálogo, en la práctica cada bando atiza el fuego e interpreta las acciones del contrario como amenazas a la democracia.

Esta falta de coherencia del Gobierno ha provocado que muchas reformas generen más caos que mejoras, deteriorando precisamente los sistemas que pretendían fortalecer

En realidad, el Gobierno impulsa reformas que alteran el equilibrio institucional tradicional y extienden la cobertura social hasta límites de difícil financiación —como quedó demostrado con el fracaso del referéndum sobre las pensiones—. El ‘pueblo’ se ha convertido en la invocación permanente del Gobierno, evocando la retórica de la ‘revolución en marcha’ de López Pumarejo, pero ahora referido específicamente a los sectores que estuvieron marginados de la política hasta la Constitución de 1991: comunidades indígenas, mujeres, afrocolombianos, campesinos sin tierra y trabajadores informales.

El Gobierno impulsa reformas que alteran el equilibrio institucional tradicional y extienden la cobertura social hasta límites de difícil financiación

Aunque es evidente que el Gobierno busca asegurar la continuidad de su proyecto eligiendo un sucesor afín, y que la oposición de derecha y centro intenta impedirlo, se ha extendido la percepción de que la democracia está en peligro y que la polarización puede intensificarse hasta hacer inviable la elección de 2026. La estrategia de movilización del Gobierno recurre constantemente a los sectores de ‘la calle’ y ‘el territorio’, evocando las protestas de 2019 contra Duque, cuando la ‘Primera Línea’ y otros movimientos sociales combinaron manifestaciones pacíficas con episodios de violencia, quemas urbanas, bloqueos de vías y paros de transporte. De hecho, el triunfo de Petro se debió en gran medida al rechazo que generó la represión brutal de esas protestas por parte de la Policía y el Ejército.

El asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha reforzado la percepción de que la democracia colombiana atraviesa una crisis terminal. Sin embargo, sin minimizar la gravedad de este crimen, la situación actual es muy diferente a la de los años ochenta: entonces el país presenció el asesinato de cinco candidatos presidenciales, incluyendo las dos figuras principales —Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, este último candidato del M-19 recién desmovilizado— además de Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, que representaban la apuesta del Partido Comunista por la vía legal. También fueron asesinados directores de periódicos, el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, así como centenares de militantes de la UP, y se produjeron decenas de atentados terroristas en Bogotá y Medellín, incluyendo la voladura de un avión de Avianca.

Colombia enfrentaba a finales de los ochenta, además de los desafíos económicos de la apertura neoliberal mundial, una guerrilla poderosa y un narcotráfico que generaba enormes ganancias. Los carteles de la droga habían financiado una vasta red de dirigentes y empresarios que llegaron a creer que podían imponer al Estado sus condiciones políticas, especialmente el bloqueo de la extradición a Estados Unidos, su mayor temor. Esta crisis múltiple hizo parecer inviable la democracia, pero en 1990 el Gobierno de Virgilio Barco convocó una Asamblea Nacional Constituyente que produjo la Constitución de 1991. La nueva carta amplió la participación democrática mediante sistemas electorales más favorables a las minorías. Esto demostró que Colombia, pese al caos aparente, conservaba un sistema político legalista capaz de reformarse sin perder su carácter democrático. La Constitución también fortaleció el sistema judicial para proteger los derechos humanos y creó nuevas instituciones que se sumaron a las existentes —Consejo de Estado, Corte Suprema, Corte Constitucional, Dane, Banco de la República, DNP— para garantizar que, aun en medio del desorden, prevaleciera la voluntad electoral y el estado de derecho.

La nueva carta amplió la participación democrática mediante sistemas electorales más favorables a las minorías. Esto demostró que Colombia, pese al caos aparente, conservaba un sistema político legalista capaz de reformarse sin perder su carácter democrático

Esta Constitución creó posteriormente las condiciones políticas para los acuerdos de paz con los paramilitares en 2004 y con las Farc en 2016. Así, la democracia demostró su capacidad de adaptación pese a mantener un carácter predominantemente formal y convivir con profundas desigualdades sociales y económicas. Más de tres décadas después, el país ha experimentado transformaciones significativas. La amenaza guerrillera y narcotraficante se ha reducido a grupos disidentes minoritarios que mantienen la retórica de la guerra armada, pero carecen de apoyo real. Estos grupos sobreviven gracias a las rentas ilegales del narcotráfico y la minería criminal, y aunque expresan disposición a negociar bajo la política de Paz Total del Gobierno actual, este ha mostrado más interés en los diálogos que en el control efectivo de la violencia.

La amenaza guerrillera y narcotraficante se ha reducido a grupos disidentes minoritarios que mantienen la retórica de la guerra armada, pero carecen de apoyo real

El asesinato de Miguel Uribe ocurre en un país muy distinto al de los ochenta y noventa. El narcotráfico actual opera de manera diferente: ya no busca representación política ni necesita colocar senadores propios, pues le basta con que el Estado no lo persiga sistemáticamente, como ha sucedido en los últimos gobiernos. Tampoco existen guerrillas con capacidad real de disputar el poder: el ELN se ha convertido más en un problema crónico que en una amenaza existencial, mientras las disidencias de las Farc son principalmente grupos criminales que se disputan el control de la producción cocalera y las rutas del narcotráfico. El contexto social también ha mejorado: la pobreza ha disminuido, la desigualdad se ha reducido moderadamente, la educación se ha expandido hasta lograr que la mayoría complete la secundaria, y el analfabetismo prácticamente ha desaparecido. Persisten, sin embargo, los asesinatos de líderes sociales y periodistas, aunque en cifras considerablemente menores que en las décadas anteriores.

En estas circunstancias, lo más probable es que se mantenga la estabilidad del marco democrático: habrá elecciones en 2026 pese a la crisis fiscal y las dificultades económicas que heredará el próximo gobierno, y el país exigirá que el ganador asuma el poder, aun cuando reciba una situación compleja. Esta dinámica de continuidad institucional probablemente se sostendrá durante las próximas dos o tres elecciones.

Lo más probable es que se mantenga la estabilidad del marco democrático: habrá elecciones en 2026 pese a la crisis fiscal y las dificultades económicas que heredará el próximo gobierno

El riesgo actual es regresar a una lógica de Frente Nacional donde la izquierda gobierne exclusivamente ‘para el pueblo’ y la derecha ‘para la gente de bien’. Sería un error caer en esa trampa. Aunque el Gobierno de Petro no ha estado a la altura de lo que el país necesitaba de un gobierno de izquierda, no se puede olvidar que su elección respondió a demandas reales de sectores sociales históricamente excluidos que requieren atención. Es un falso dilema contraponer una ‘gente de bien’ trabajadora y que entiende la política frente a los sectores populares supuestamente improductivos e ignorantes. La democracia no consiste en la mera alternancia del poder, sino en gobernar para toda la sociedad, incluso para quienes no votaron por uno.

El riesgo actual es regresar a una lógica de Frente Nacional donde la izquierda gobierne exclusivamente ‘para el pueblo’ y la derecha ‘para la gente de bien’

Así como el país se hizo el de la vista gorda cuando se promovieron los grupos paramilitares, ahora se muestra ciego ante la corrupción. Esta sirvió para elegir y sostener a Petro mediante la adhesión obscena de políticos de la peor calaña, pero esos mismos operadores corruptos —que han sabido explotar los mecanismos que creó la Constitución de 1991— están igualmente dispuestos a respaldar un candidato que represente exactamente lo contrario; mientras el gobierno sigue dando empleos y contratos a los operadores políticos.

Se ha extendido también el temor de que las redes sociales, con su facilidad para fabricar noticias falsas y caricaturizar adversarios, terminen imponiendo una visión distorsionada del país. Sin embargo, es cuestionable que estas plataformas tengan realmente más poder de manipulación que los medios tradicionales, que durante casi dos siglos ejercieron un control casi absoluto sobre la opinión pública.

Así como el país se hizo el de la vista gorda cuando se promovieron los grupos paramilitares, ahora se muestra ciego ante la corrupción

Mientras tanto, es razonable esperar que las condiciones sociales continúen mejorando, como ha ocurrido desde 1991, y que una población mejor subsidiada y una economía más próspera generen mayor estabilidad. Incluso sin progresos significativos, la tradición política colombiana demuestra una sociedad decidida a aceptar los resultados electorales y a rechazar los triunfos obtenidos por la fuerza. Queda por ver si las mejoras socioeconómicas de las próximas décadas fortalecerán la participación democrática y otorgarán mayor influencia política a los sectores profesionales y las nuevas clases medias, contribuyendo así a consolidar el sistema democrático.

La democracia colombiana atraviesa una crisis seria, pero no terminal.