Empresas y democracia: una tensión no resuelta

Durante mucho tiempo considerada el baluarte de los estándares sociales y ambientales, la Unión Europea enfrenta hoy grandes presiones para relajar la legislación que obliga a las empresas a cumplir con estándares de sostenibilidad social y ambiental (ver el así llamado paquete ‘Omnibus para la Sostenibilidad’). De igual forma, en Estados Unidos tenemos evidencia creciente de que las empresas están abandonando prácticas en otra época consideradas favorables para el ambiente y la convivencia entre las personas. Esta tendencia tiene implicaciones preocupantes para la centralidad de la democracia y de los derechos humanos en un ambiente económico sano y productivo.

La Unión Europea enfrenta hoy grandes presiones para relajar la legislación que obliga a las empresas a cumplir con estándares de sostenibilidad social y ambiental

Especial Imaginar la Democracia  

Las razones para este giro son diversas. En primer lugar, algunos estándares pueden no haber sido realistas y pueden ser simplificados. En segundo lugar, es conocida la dificultad de que pocos actores asuman el costo de bienes que serán públicos, como un mejor ambiente. En una simplificación del clásico dilema de la acción colectiva, es mejor esperar que otro lleve a cabo alguna acción, ya que, si otro lo hace, me beneficia a pesar de que yo no haya contribuido a la solución. Para las empresas que han invertido grandes sumas de dinero en mejorar el medio ambiente o la convivencia (más allá de aquello a lo que les obliga la ley), el retorno directo es reducido y difícil de medir. Parece que el número de consumidores dispuestos a pagar más por productos sostenibles es limitado. En tercer lugar, para algunas empresas operando en entornos frágiles —por ejemplo, en el sector extractivo— la adhesión a estándares globales se convirtió en desventaja competitiva que aprovecharon otras compañías, menos concernidas con su propio impacto social y ambiental. 

Para las empresas que han invertido grandes sumas de dinero en mejorar el medio ambiente o la convivencia (más allá de aquello a lo que les obliga la ley), el retorno directo es reducido y difícil de medir

Por último, es evidente que el proceso de conservatización política, ocasionado por las guerras y la violencia global, las crisis migratorias y el deficiente desempeño económico de muchos países, brinda un ambiente propicio para retomar el llamado de Milton Friedman (1912-2006, en el sentido de que la principal responsabilidad de las empresas es generarle ganancias a sus accionistas y propietarios. Que no se anden con rodeos tratando de ser ciudadanos corporativos y esas cosas. Este debate sobre el rol del sector privado en las comunidades —y sobre si debe o no asumir responsabilidades más allá de sus funciones productivas— muestra las tensiones resultantes de la convivencia entre democracia y capitalismo en las sociedades contemporáneas.   

Este debate sobre el rol del sector privado en las comunidades —y sobre si debe o no asumir responsabilidades más allá de sus funciones productivas— muestra las tensiones resultantes de la convivencia entre democracia y capitalismo en las sociedades contemporáneas. 

Colombia ofrece lecciones importantes para este debate. Por un lado, una legislación creciente ha desarrollado un entorno normativo que acompaña a las compañías en incorporar principios de sostenibilidad ambiental y social en sus operaciones. Por otro lado, más importantes que la legislación han sido las acciones de muchas empresas colombianas que han obrado por su propia iniciativa, constituyéndose en promotoras del debate democrático y de la educación de calidad, financiadoras de la construcción de paz y pioneras en la reparación de daños ambientales. Tenemos evidencia de estas acciones por lo menos desde los años ochenta. Esa participación del sector privado colombiano en la búsqueda de soluciones a difíciles problemas sociales constituye un patrimonio nacional, que distingue al país de muchos otros contextos frágiles a nivel global.

En Colombia, una legislación creciente ha desarrollado un entorno normativo que acompaña a las compañías en incorporar principios de sostenibilidad ambiental y social en sus operaciones

No se trata de ocultar la responsabilidad de muchas compañías nacionales en la corrupción, en la profundización de la desigualdad y en la promoción de actores violentos. Tampoco hay que negar que las empresas son estratégicas y leen el contexto político, lo cual las puede llevar a ser más o menos enfáticas en la comunicación de sus programas de impacto social, o incluso en los volúmenes de financiación. Es obvio, por ejemplo, que el riesgo de perder el acceso a contrataciones u oportunidades de negocios ha llevado a muchas de ellas a cambiar los énfasis o los rótulos de sus programas en los últimos años y gobiernos, adoptando términos neutros. 

Finalmente, es claro que el contexto global es difícil y la presión grande. Pero en un entorno marcado por la desigualdad y falta de oportunidades como el colombiano, muchas empresas que operan en Colombia han resistido el giro conservador global en el seguimiento de estándares ambientales y sociales y no han renunciado a su rol de actores sociales complejos con una capacidad inigualable de ejercer presión, priorizar temas de política pública y apalancar tareas ineludibles para una sociedad que las necesita prósperas, pero también y siempre responsables.

En un entorno marcado por la desigualdad y falta de oportunidades como el colombiano, muchas empresas que operan en Colombia han resistido el giro conservador global en el seguimiento de estándares ambientales.