Exclusivo | Así se está estructurando el negocio energético con Venezuela que podría costarle a Colombia sanciones de la OFAC

Esta semana pasará a la historia como la de mayor tensión en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Aunque por cuenta de la enemistad entre Gustavo Petro y Donald Trump el tono ya venía escalando desde hace meses, la cosa pasó a otro terreno el domingo cuando éste último le puso a su homólogo colombiano el rótulo de “líder del narcotráfico”. 

Una acusación de ese nivel obligaba a Gustavo Petro a responder. El presidente decidió hacerlo en una extensa entrevista con Daniel Coronell para la cadena Univisión, el medio en español más importante en Estados Unidos. En lugar de aprovechar esa tribuna para calmar los ánimos, el presidente la usó para echarse un monólogo en el que, además de evadir con diatribas históricas todas las preguntas de fondo, se dedicó a profundizar las diferencias y se atrevió a invitar a la sociedad gringa a “sacar a Trump”. La respuesta no se hizo esperar. 

El martes, el senador Bernie Moreno anunció que el presidente colombiano y algunos de sus más cercanos familiares y colaboradores serían objeto de sanciones. El miércoles, desde la Casa Blanca, el presidente Trump no escatimó en insultos para referirse a su nuevo enemigo y el viernes, finalmente, se confirmó la noticia: Gustavo Petro, Armando Benedetti, Verónica Alcocer y Nicolás Petro fueron incluidos en la Lista Clinton. 

Lo hasta ahora desconocido es que ese episodio, sin duda el punto más bajo al que han llegado las relaciones entre ambos países, podría ser apenas el inicio de una andanada de sanciones que, más que al presidente y a su familia, afectarían a todos los colombianos. CAMBIO revela la historia de un negocio que, de concretarse, llevaría la situación con los gringos de crítica a insostenible. Se trata de una sofisticada maniobra para venderle energía al régimen de Nicolás Maduro, usando como vehículo una maraña de empresas en las que figuran personas cercanas al gobierno Petro. La OFAC ya está mirando el tema de cerca y no se descartan sanciones adicionales, ya no dirigidas a Gustavo Petro, sino al país que gobierna. 

Para entender la trama hace falta recordar la esencia de la política energética que se desarrolla en Colombia desde el 7 de agosto del 2022. A su llegada al poder, y en contravía de las opiniones de la mayoría de los técnicos, el presidente Petro dio la orden de cesar la exploración de hidrocarburos en el país. Además, le abrió la puerta al comercio energético con la dictadura de Nicolás Maduro. Inicialmente se habló de la posibilidad de importar gas desde Venezuela, un asunto que sigue en estructuración. Sin embargo, en sus recientes declaraciones el ministro de Minas, Edwin Palma, ha dicho que Colombia está buscando traer desde Venezuela la primera molécula de gas, antes de que termine el año y que, de manera paralela, el Gobierno avanza en la restauración de la interconexión eléctrica San Mateo – Corozo, infraestructura que permitirá volver a conectar a Colombia con Venezuela y que está abandonada desde hace años.

Esta historia se centra en cómo Antonio Blasco Muñoz, un misterioso empresario español recordado por el caso Castellnou, un proceso penal por desvío de fondos en el Club CD Castellón, ha contado con el favor del gobierno Petro para estructurar el negocio de la venta de energía de Colombia a Venezuela. 

A finales de noviembre de 2024, representantes de varias comercializadoras de energía del país empezaron a recibir una solicitud muy poco usual proveniente de una empresa desconocida y recién constituida. Se trataba de Activa Process Management Green Projects Colombia S.A.S., representada inicialmente por Blasco Muñoz. Según fuentes del sector, la compañía estaba buscando un operador que pudiera encargarse de la logística de la venta de energía a Venezuela, alegando que ya contaba con las palancas en el gobierno para viabilizar el negocio. 

A los comercializadores les resultó extraño que un español, con una empresa recién creada, de mínimo de capital y sin experiencia en el sector, dijera que tenía amarrado semejante negocio. Pero la falta de solvencia y trayectoria de la empresa era lo de menos. Para sacar adelante esa transacción, se requerían decretos y resoluciones del gobierno y, además, que Colombia estuviera dispuesta a arriesgarse a una sanción de la OFAC por venderle energía a Venezuela en medio de la crisis con los Estados Unidos. Por esa razón, en principio, los comercializadores no le dieron mayor importancia a la propuesta que parecía apenas una posibilidad lejana.

Sin embargo, llamaba la atención que, a pesar de su juventud, con apenas un mes de creada Activa ya estaba negociando contratos con ISA y con Cens (filial del grupo EPM) para usar las líneas de conexión entre Colombia y Venezuela, según borradores de contratos y una cotización que ISA envió a Activa en febrero de 2025, y que fueron reveladas por Blu Radio. 

El nombre de este nuevo jugador de la industria empezó a sonar aún con más fuerza cuando ocurrió lo impensable: las fichas del gobierno se movieron a toda velocidad y, en cuestión de poco tiempo, los anunciados permisos de la Unidad de Planificación Minero - Energética (UPME) y del Ministerio de Minas empezaron a darse. La primera luz verde llegó el 28 de enero de 2025 cuando el entonces ministro Andrés Camacho expidió la Resolución 40024 de 2025, que abre la puerta para la reactivación temporal de redes en desuso que conectan a Colombia con Venezuela, flexibilizando al límite requisitos técnicos y permitiendo el manejo de conexiones existentes sin exigencias completas de certificación tradicional.

Coincidencialmente, ese mismo mes la asamblea de accionistas de Activa, una empresa con un capital suscrito de apenas 25 millones de pesos, autorizó a su representante legal Antonio Blasco Muñoz para endeudarse por 30.500 millones. 

Con esa movida, ya quedaba formulado el marco general para que algún privado con suerte y conexiones empezara a estructurar el negocio. Como la venta de energía a Venezuela paró hace más de 10 años, solo queda vigente –aunque abandonada– una línea que permitiría la interconexión eléctrica binacional y es conocida como la línea de transmisión San Mateo - Corozo. Es decir, solo una empresa podría operar la línea en caso de que se rehabilite. 

La decisión sobre quién puede usar esa línea pasa por la UPME, que depende del Ministerio de Minas y Energía, y es la entidad que habilita la capacidad técnica y la conexión que puede hacer la empresa interesada, paso previo e indispensable para que cualquier compañía pueda quedarse con el negocio. Con esto último, la suerte también le sonrió a Activa. 

El 4 de junio de 2025 esa cartera, ahora bajo la administración de Edwin Palma, emitió una resolución en la que aprobó el plan de transmisión energética y dio vía libre a la convocatoria pública. 

Días después, el 28 junio, la UPME emitió una resolución en la que aprobó el proyecto que presentó Activa con el que buscaba quedarse con el negocio de  “la interconexión internacional de electricidad a través de la línea de transmisión San Mateo - Corozo”. Lo más llamativo es que esa resolución fue emitida sólo un mes después de que Activa les hiciera la solicitud de aprobación del proyecto. 

Con ese documento solo bastaba que ISA, dueña de la bahía de conexión, y Cens, que administra la línea de conexión, sellaran el pacto con la compañía. Eso aún no ha pasado porque, aunque el gobierno le ha marchado rápido a las solicitudes, ISA y CENS saben las sanciones a las que se expondrían por hacer negocios con Venezuela sin estar autorizados por la OFAC. Además, hasta la fecha, Activa no puede operar en el mercado eléctrico colombiano pues, a pesar de que sus representantes ya vienen negociando con agentes del sector, aún no ha logrado registrarse en el RUPS de la Superservicios ni, mucho menos, en XM S.A. E.S.P., que es la empresa operadora del mercado energético. Sin estar registrada en el mercado no podría hacer ningún tipo de negocio en Colombia relacionado con el sector energético.  

Pero esa jugada con Activa parece calculada. El español Antonio Blasco tenía un segundo plan que puso en marcha desde noviembre del 2024 cuando, el mismo día que constituyó Activa, creó una empresa gemela: HT Industries Colombia S.A.S. E.S.P.. Dicha compañía fue matriculada también el 13 de noviembre de 2024, con idéntico objeto social y el mismo capital inicial. Sin embargo, con esa empresa, si expuso sus relaciones de poder.

Silenciosamente, en menos de un año, Blasco logró registrar a HT Industries Colombia S.A.S. E.S.P. en el sector energético e inyectarle un capital de un poco más de 2.000 millones de pesos. Pero, lo más importante, logró el apoyo de un poderoso abogado que tiene asiento en la junta directiva de ISA y las mejores relaciones con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. CAMBIO investigó y encontró los nexos que los unen.

HT Industries tiene como representante legal suplente a Luis Alejandro Roa Caballero quien es líder de litigios de Moreno Servicios Legales, el bufete de abogados de Luis Ferney Moreno Castillo, actual miembro de la Junta Directiva de ISA (nombrado en febrero de 2024) y amigo personal del presidente de ECOPETROL, Ricardo Roa, quien meses después de posicionarse lo nombró en el cargo. 

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Hay otro dato que refuerza la conexión entre la compañía energética y el despacho jurídico. Las empresas operan en el mismo edificio y aunque ocupan oficinas distintas —la firma Moreno en la Oficina 402 y HT en la Oficina 204—, ambas, son de propiedad de Luis Ferney Moreno Castillo. Pero hay más. El número telefónico corporativo de HT Industries, 31835029xx, es el mismo número que Moreno Servicios Legales S.A.S. presenta como contacto de la firma, según verificaciones en bases públicas. 

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CAMBIO consultó a Luis Ferney Moreno quien aseguró que todo tiene una explicación. En primer lugar, aceptó que, desde el 2024, Blasco lo buscó para unas asesorías jurídicas con las que pretendía entender el mercado energético en Colombia, constituir sus dos empresas (Activa y HT), y para saber qué recursos podría interponer ante el gobierno para lograr poner el marcha el proyecto. 

Moreno fue benévolo con Blasco y confió en él a pesar de sus antecedentes en España. El abogado lo asesoró en la constitución de las empresas y se involucró, sobre todo, en HT. Según le dijo a CAMBIO, accedió a ponerle representante legal a su empresa y prestarle una de sus oficinas para que operara. Sin embargo, según explicó el abogado, eso no lo hace socio de la compañía y hace parte de los servicios de su bufete. También, dijo, le ha brindado varias asesorías a HT con las que ha logrado mover los recursos necesarios en el gobierno para operar la interconexión. Por ejemplo, ante la negativa de Cens de que Activa hiciera el proyecto con Venezuela, le dijo que podía buscar a la Creg y apelar al derecho de la servidumbre  con el que, después de un proceso administrativo, esa entidad podría darle el acceso a la red. 

Los vasos comunicantes

Moreno es un reputado abogado del sector energético graduado de la Universidad Externado de Colombia. Es experto en derecho minero energético,  fundador de la firma Moreno Servicios Legales, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Regulación (ASIER) y de junta directiva de ISA.

Su amplia experiencia en el sector lo ha llevado a sellar contratos con clientes enormes. Por ejemplo, sus conceptos han sido claves para el emporio de Alfonso Hilsaca, conocido como el turco Hilsaca o el zar del alumbrado público del país.

En el segundo semestre de 2021, según informes de La Silla Vacía, la firma de Moreno logró que las empresas de Hilsaca ganaran dos millonarios negocios en Neiva. Sus asesorías fueron determinantes para la creación de la Sociedad de Economía Mixta ESIP, que se quedó con el negocio del Alumbrado Público en Neiva y con otro contrato relacionado con actualizaciones catastrales.  

En diálogo con CAMBIO, el abogado Moreno dijo que su relación comercial no ha sido directa con los Hilsaca y que no va más allá de los conceptos jurídicos que brindó a la sociedad mixta, de la que hacía parte la empresa de alumbrado. 

Sin embargo, la cercanía de Moreno con los Hilsaca es tanta que, hasta el 2023, el Director de Litigios de Moreno Servicios Legales fue Salomon Eljadue Rizcala, sobrino de Hilsaca y quien, según fuentes, es el principal asesor jurídico en temas de contratación pública del emporio. Especialmente, de Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso, quien está encargado de los negocios del alumbrado público. Mismo que, según mostró la justicia gracias al testimonio de Day Vásquez, le dio 400 millones de pesos a Nicolás Petro para la campaña del entonces candidato Gustavo Petro. 

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La máquina ya está andando: las sociedades ya han sido creadas y el gobierno está haciendo lo suyo. 

La semana pasada Estados Unidos le mostró los dientes al presidente. Y aunque la mayoría de los observadores de la geopolítica consideran arbitraria la inclusión del presidente Gustavo Petro y su familia en la lista Clinton, dado que no existe ninguna prueba que los vincule con el narcotráfico, con ese gesto el gobierno de Trump demostró que está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. Se trata de una lucha desigual pues, por más arengas de dignidad y plazas públicas que logre llenar el presidente de Colombia, su poder de negociación siempre será inferior frente a una potencia económica y militar como Estados Unidos. Hasta ahora, con su retórica y con sus gestos, el gobierno de Trump ha querido marcar cierta diferencia: “mi problema no es con Colombia sino con su presidente”. Sin embargo, si los negocios energéticos que se cocinan con el régimen de Maduro siguen adelante, el fantasma de las sanciones de la OFAC podría tocarle la puerta, ya no a los Petro Alcocer, sino a la economía nacional.