Denuncian a miembros del Consejo Superior y al rector encargado de la Universidad Nacional por presunto desacato y usurpación

La crisis institucional que atraviesa la Universidad Nacional de Colombia volvió a terreno penal y disciplinario tras la presentación de varias denuncias formales por parte de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia contra miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) y contra Andrés Felipe Mora Cortés, quien asumió como rector encargado a finales de noviembre de 2025. Los documentos, conocidos por CAMBIO y radicados ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, sostienen que las decisiones adoptadas por el máximo órgano de gobierno universitario desconocieron fallos judiciales en firme y se habrían apoyado en una supuesta vacancia que jurídicamente no existía.

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¿Qué ha pasado con la elección del rector de la Nacional?

El origen del conflicto se remonta al proceso de elección rectoral iniciado en diciembre de 2023. El 21 de marzo de 2024, el Consejo Superior Universitario eligió al profesor José Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional para el periodo 2024–2027, decisión que quedó consignada en el Acta 05 de esa fecha. Aunque el proceso fue objeto de demandas, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la nulidad de esa elección mediante sentencia del 4 de septiembre de 2025, ratificando que el acto administrativo “permanecía plenamente válido y eficaz”, es decir, que Peña fue elegido legalmente como rector.

Pese a esa decisión judicial, el CSU había designado meses antes, el 6 de junio de 2024, al profesor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector encargado, acto que también fue demandado. El 20 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado declaró la nulidad de esa designación con efectos retroactivos, al concluir que el Consejo Superior “actuó sin competencia” y que el proceso rectoral había quedado cerrado desde marzo de 2024.

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La nueva elección que llevó a una nueva denuncia

Cuatro días después de ese fallo, el 24 de noviembre de 2025, el CSU sesionó de manera extraordinaria. Allí se puso a consideración la renuncia presentada por Leopoldo Múnera, a pesar de que su nombramiento había sido anulado, es decir, como si nunca hubiera existido. Según las denuncias, varios consejeros fueron advertidos durante la sesión de que esa renuncia carecía de efectos jurídicos, pero aun así votaron afirmativamente para aceptarla y declarar la vacancia del cargo de rector.

Los denunciantes sostienen que esa decisión fue el paso clave para justificar una nueva designación. En la misma sesión, el CSU propuso como único candidato a Andrés Felipe Mora Cortés, entonces vicerrector general, y lo designó rector encargado mediante la Resolución 132 de 2025. El escrito de denuncia afirma que esa vacancia fue “artificial” y que se construyó “a partir de la aceptación de una renuncia jurídicamente inexistente”.

Los cargos y delitos que podrían enfrentar los involucrados

En el caso del rector encargado, la denuncia penal presentada ante la Fiscalía señala que Mora aceptó y ejerció el cargo “sin que existiera causa legal válida ni competencia por parte del Consejo Superior Universitario (CSU) para efectuar dicha designación”. Según el documento, su conducta podría encajar en los delitos de usurpación de funciones públicas y fraude a resolución judicial, al asumir funciones rectorales pese a que el cargo seguía siendo ocupado legítimamente por José Ismael Peña.

La queja disciplinaria elevada ante la Procuraduría va en el mismo sentido. Allí se afirma que el profesor Mora incurrió en “presunta extralimitación de funciones, desacato de decisiones judiciales y ejercicio ilegítimo del cargo de rector encargado de la Universidad Nacional de Colombia”. El documento subraya que, por su condición de alto directivo universitario, tenía el deber de conocer y acatar las sentencias del Consejo de Estado.

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Las denuncias también apuntan directamente contra varios integrantes del Consejo Superior Universitario que participaron en la sesión del 24 de noviembre. En el escrito radicado ante la Fiscalía se sostiene que los consejeros actuaron “con pleno conocimiento de causa y en abierta contradicción con decisiones judiciales ejecutoriadas” al aceptar la renuncia de Múnera y proceder a una nueva designación rectoral. Por estos hechos, se solicita investigar posibles conductas de fraude a resolución judicial, usurpación de funciones públicas y prevaricato por acción.

A este frente judicial se suma un derecho de petición dirigido al rector encargado, en el que se solicita información detallada sobre la contratación de la Universidad Nacional desde junio de 2024. El documento recuerda que “todo contrato estatal y sus documentos asociados son públicos” y advierte que la omisión en la publicación de esa información puede generar responsabilidad disciplinaria. Aún se desconoce cuál es el objetivo de buscar esta información.

Será ahora la Fiscalía y la Procuraduría las encargadas de determinar si esas actuaciones configuran responsabilidades penales o disciplinarias.