‘Los colombianos no podemos ser indiferentes al genocidio en Gaza’: magistrada que pide incautar ingresos de carboneras que exportan a Israel

Colombia sentaría un precedente internacional frente a las empresas que abastecen a Israel con armas, maquinaria, tecnología, energía y otros insumos que le sirven para atacar los territorios palestinos si, como espera la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Caterina Heyck, la Fiscalía incauta los ingresos que la Drummond y Glencore obtuvieron por las exportaciones de carbón a Israel desde que comenzó la ofensiva en Gaza.

Heyck, quien presentó su denuncia a título personal, dirigió en la Fiscalía la articulación de fiscalías nacionales especializadas y dentro de las siete direcciones que tuvo a su cargo estaba la de extinción de dominio. Con esa experiencia, y como conocedora del derecho internacional, afirma que, si es posible extinguir el dominio de bienes obtenidos con delitos como el narcotráfico, es todavía más lógico incautar rentas derivadas de delitos de lesa humanidad, como “el genocidio que está ocurriendo en el territorio palestino”.

Aunque advierte que no puede especular sobre si las dos multinacionales del carbón -que operan en Colombia- son conscientes de “la gravedad” de que su actividad comercial haya contribuido al genocidio, recuerda que tanto la Drummond como Glencore hacen parte de las empresas mencionadas por la relatora de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, como parte de las compañías que se están lucrando de la tragedia que se vive en Gaza.

“En el caso concreto de estas mineras (Drummond y Glencore) el vínculo es evidente, en la medida en que se trata de un mineral colombiano y de unas empresas radicadas en territorio colombiano”, afirma la magistrada Heyck.

Y dice que actúa convencida de que el genocidio en Gaza “no nos puede resultar indiferente” a los colombianos. 

CAMBIO: ¿Qué la llevó a pedirle a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que actúe para incautar los ingresos y ganancias de Drummond y Glencore con la exportación de carbón a Israel desde que comenzaron los ataques a los territorios palestinos?

Caterina Heyck: Tras mucho tiempo de sentir impotencia y frustración ante la realidad que está viendo la humanidad entera sobre el genocidio palestino, vino a mi cabeza la idea de presentar la denuncia de extinción de dominio. Fue después de leer el informe que presentó la relatora para los Derechos Humanos de Palestina, Francesca Albanese. Ella dice cuáles son las empresas que a nivel mundial se han lucrado con el genocidio, y concluye que el genocidio continúa justamente porque es lucrativo para muchas empresas en el mundo. 

Dentro de ese listado hay dos que exportan carbón colombiano, y Colombia es parte de la Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio desde 1959. En mi condición de ciudadana invoqué una norma que obliga a todas las personas que conozcan de bienes objeto de extinción de dominio a denunciarlos ante la Fiscalía, sin que esto tenga relación con el ejercicio de mis funciones como magistrada. 

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CAMBIO: Usted no solo es explícita sino también enfática en que presentó la denuncia ante la Fiscalía como ciudadana, pero es difícil aislar este hecho de su condición de magistrada de la JEP… 

C. H.: Obviamente la gente me conoce por mi condición de magistrada, pero yo nunca me he callado frente a lo que creo. Y tengo como principio defenderlo de manera pacífica y legal, como en el caso de esta denuncia, que es ajena a la JEP. Pero estoy segura de que muchos de mis colegas, pues varios me lo han expresado, están de acuerdo con esto. Investigué, porque tenía una duda conceptual sobre el deber de denunciar que recae en los hombros de quienes somos funcionarios públicos, y en particular funcionarios judiciales. Cuando nos enteramos de alguna actuación que posiblemente es ilegal, tenemos la obligación de denunciarla ante la autoridad competente. Aunque la denuncia que hice no tiene relación con mis funciones, tampoco puedo desligar que soy una funcionaria judicial que aplica en su diario trabajo el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Si bien nuestro ámbito de competencia es Colombia, la existencia de un genocidio no nos puede resultar indiferente a los colombianos.

CAMBIO: Entiendo que la fiscal Camargo se comunicó personalmente con usted para decirle que la demanda era de todo el interés de la Fiscalía. ¿Eso le da la esperanza?

C.H.: Exactamente. Esta es una denuncia radicada de manera formal, y en esa lógica, debe tener un trámite en la dependencia correspondiente, que en este caso es la Dirección de Extinción de Dominio. La fiscal me dijo que la iban a estudiar con atención, y confío en que así será. Conocemos su trayectoria y su compromiso con los derechos humanos. Hay que aclarar que esta acción no es de carácter penal, no lleva a nadie a la cárcel. Es una acción de carácter patrimonial. La ley que regula la extinción de dominio tiene antecedentes contra delitos transnacionales, y si aplica para delitos internacionales como el narcotráfico, con mayor razón debe aplicar para crímenes declarados de lesa humanidad, como el genocidio que en este momento está ocurriendo en territorio palestino.

CAMBIO: El informe de la relatora Albanese menciona reconocidas empresas del mundo que están abasteciendo a Israel con distintos insumos, varias de ellas de Estados Unidos, pero también de Francia, Japón, Reino Unido, Italia, Corea del Sur… Si la Fiscalía llega a incautar ingresos y ganancias de la Drummond y de Glencore, ¿sería Colombia el primer país que habrá tomado una medida de ese tipo? 

C.H.: Sí, y fíjese que Colombia ha tenido un papel muy importante con el Grupo de La Haya -creado en enero pasado por nueve países para impulsar que en el caso palestino se cumplan las obligaciones que tienen los Estados con el Derecho Internacional-. Y esto es, ni más ni menos, que el cumplimiento de un tratado internacional y de la Convención contra el Genocidio. De manera análoga a lo que ha hecho el Gobierno, a la Fiscalía le corresponde hacer lo propio en materia de extinción de dominio. Ha extinguido el dominio de bienes por narcotráfico y corrupción, y tiene que proceder cuando se trata de ganancias o bienes relacionados con delitos de lesa humanidad y crímenes internacionales. 

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CAMBIO: ¿Con su denuncia ante la Fiscalía busca sentar un precedente sobre las empresas de otros países que están abasteciendo al gobierno israelí con las armas, la maquinaria, el software, la energía y otros insumos que le están sirviendo para sus ataques en Gaza?

C.H.: La idea al presentar esta denuncia fue justamente promover que otros países sigan el ejemplo de Colombia, porque en otros Estados hay legislación similar a la ley de extinción de dominio. Cualquier ciudadano que conozca el informe de la relatora de la ONU para los territorios palestinos puede denunciar a las empresas de sus países y usar las normas jurídicas para impedir la comisión de un crimen internacional. La Convención de Lucha contra el Genocidio obliga a los Estados que la suscribieron a tomar medidas que estén a su alcance para prevenir y sancionar este delito. Eso, por un lado. Por el otro, la relatora Francesca Albanese insta a los Estados que hacen parte de la Convención a que tomen acciones y se pida rendición de cuentas a las empresas y sus ejecutivos por su involucramiento y su participación directa o indirecta en el genocidio de los palestinos. Esta no puede ser letra muerta.

No soy yo, Caterina Heyck, la que dice que en Gaza hay un genocidio. Hay diferentes pronunciamientos a nivel internacional: la Organización Internacional de Expertos en Genocidio declaró que lo que acontece en Palestina es un genocidio; la Corte Internacional de Justicia, por solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hizo una consulta, concluyó que la actuación de Israel en el territorio palestino es violatoria del Derecho Internacional. Y tenemos órdenes de captura de la Corte Penal Internacional (CPI) contra al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y contra el exministro de Defensa Yoav Gallant. 

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CAMBIO: La impotencia frente a los ataques de Israel en Gaza es prácticamente generalizada y los gobiernos del mundo hasta ahora han sido tímidos. ¿Sirven esfuerzos como el de su denuncia?

C.H.: En mi caso, puse la denuncia en la medida que tengo conocimiento y experiencia en el derecho internacional y en la ley de extinción de dominio. Yo entré a la Fiscalía en el año 2014 y una de las direcciones que tuve a mi cargo fue la de Extinción de Dominio y recuerdo que, en su momento, y lo digo sin sonrojarme, no le veía la utilidad que le vi después, cuando me di cuenta de que a las personas vinculadas a las mafias y a la corrupción lo que más les preocupaba eran los bienes y rentas que podían ir a extinción de dominio. Incluso más que ir a la cárcel.

La aprobación del código de extinción de dominio fue justamente para contrarrestar delitos transnacionales, como el narcotráfico, y con mayor razón debe aplicar para crímenes internacionales. Si no hay duda de que es viable extinguir el dominio de las casas y rentas de un narcotraficante, no debe haberla si hay rentas relacionadas con crímenes internacionales, como lo es el genocidio. En el caso concreto de estas mineras el vínculo es evidente, en la medida en que se trata de un mineral colombiano y de unas empresas radicadas en territorio colombiano. La relatora de la ONU explica cómo debido a esta infraestructura energética es que puede haber incursiones militares en territorio palestino. 

CAMBIO: ¿Por qué cree que hasta ahora ningún país se ha movido para actuar sobre las empresas mencionadas en ese informe?

C.H.: Creo que la razón principal es económica, por lo que implica no recibir lo que generan en ganancias esas empresas. Para algunos, como lo dice la relatora Albanese, ha sido demasiado lucrativo el genocidio. 

CAMBIO. ¿Y qué efectos económicos podría tener para Colombia una extinción del dominio de las ganancias que han obtenido Glencore y Drummond con la venta de carbón a Israel desde que comenzaron los ataques en los territorios palestinos?

C.H.: Obviamente tendrá efectos, pero esa parte no la he estudiado. Pero si nadie duda de que a una persona involucrada en delitos como el narcotráfico deben afectarle el negocio, ¿por qué resulta tan controversial algo que, en mi criterio, ni siquiera debería serlo? Que una empresa que se está lucrando de un genocidio deje de obtener utilidades por el genocidio, es elemental. La libertad de empresa versus un genocidio es una comparación que no puede hacerse. 

CAMBIO: ¿Cómo ha sido recibida su denuncia en sectores distintos a la Fiscalía?

C.H.: He recibido comentarios positivos a nivel nacional e internacional. Lo importante es que muestra un camino que puede ser replicado en diferentes países que también tienen la figura de la extinción de dominio. Muchos ciudadanos piensan que su único mecanismo para oponerse al genocidio es ir a una marcha, pueden ir a la marcha, pero también pueden presentar una denuncia de extinción de dominio. El expresidente (Juan Manuel) Santos me dijo que le parecía importante y también Luis Moreno Ocampo, el exfiscal de la Corte Penal Internacional.

Ya le corresponderá a la Fiscalía la investigación para determinar cuáles bienes y ganancias de la Drummond y Glencore tienen relación directa o indirecta con la comisión de los crímenes internacionales.