Armas, coca y paz con las Farc: la acusación en Estados Unidos contra Maduro que involucró a Iván Márquez

Las bombas despertaron a Caracas el 3 de enero de 2026. Mientras la ciudad intentaba entender los estruendos, tropas estadounidenses irrumpían en la residencia presidencial y sacaban de su cama a Nicolás Maduro Moros y a su esposa, Cilia Flores. De esa forma terminó, súbita y violentamente, un poder opresor que se había prolongado durante trece años. La acción arbitraria de Trump cerraba una etapa de gobierno autoritario, al tiempo que abría otra dolorosa cuenta: al menos cien venezolanos murieron esa noche. 

“Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, artero, donde hasta ahora hay 100 fallecidos”, informó esta semana el ministro del interior venezolano, Diosdado Cabello, en una de las intervenciones en las que rechazó el “secuestro” de Maduro, aquel conductor de bus y sindicalista que debutó en la política en 1998 como diputado y asumió como presidente de Venezuela en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez Frías, a quien respaldó civilmente en su intento de golpe de Estado en el año 1992. 

El operativo contra Maduro, que vaticina un giro en el manejo de las mayores reservas petroleras del mundo, demostró la incapacidad de los organismos multilaterales para limitar los excesos de los gobernantes. Trump lo defendió, amparado en un proceso penal que cursa  en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Maduro, Cabello y otros de sus aliados, por cargos asociados al narcoterrorismo.

El proceso no es nuevo, data de 2011 y castiga al Cartel de los Soles, una organización que el gobierno de Estados Unidos declaró terrorista a mediados del año pasado, responsabilizándola de infestar las calles gringas con toneladas de cocaína que producen otras organizaciones, supuestamente aliadas, como el ELN, las Farc, el Tren de Aragua y los carteles mexicanos de Sinaloa y los Zetas.  

El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha puesto en duda la existencia del Cartel de los Soles, presuntamente integrado por algunos oficiales y civiles que acompañaron la revolución del fallecido Hugo Chávez. Pero la organización también ha sido reconocida por los gobiernos de Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, que incluyeron al Cartel en sus ordenamientos internos, como un grupo terrorista, acatando la postura del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado de Estados Unidos.

CAMBIO accedió a las cinco acusaciones -cuatro de ellas sustitutivas- que figuran en el macroproceso judicial del Cartel de los Soles, titulado inicialmente **‘United States of America v. Carvajal - Barrios, et al',** ahora llamada ‘United States of America v. Nicolás Maduro Moros, et al’. El expediente se inició en 2011 con Hugo ’El Pollo' Carvajal, entonces jefe de inteligencia bolivariano. Su sentencia está prevista para febrero. 

En 2020, el caso vinculó formalmente a Nicolás Maduro. Además, se incluyeron a los militares chavistas Clíver Alcalá y Diosdado Cabello, y a los disidentes de las Farc Luciano Marín alias Iván Márquez y Seuxis Pausias Hernández alias Jesús Santrich. A Maduro, concretamente, se le acusó de ejercer un supuesto rol  en operaciones de tráfico de drogas y armas, en asocio con la guerrilla que firmó el acuerdo de paz en 2016 con el gobierno Santos. 

Según los registros de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el proceso contra Iván Márquez continúa vigente, mientras que el de Santrich quedó concluido en 2022, tras confirmarse su muerte un año antes en Venezuela. El expediente contra el general Clíver Alcalá, condenado a 21 años de prisión en abril de 2024, fue dado por terminado como consecuencia de la sentencia.

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En la última acusación sustitutiva, revelada por la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, Maduro aparece en el banquillo de los acusados junto a su esposa, su hijo Nicolás Maduro Guerra ‘Nicolasito’, su ministro del interior Diosdado Cabello, el exministro chavista Ramón Rodríguez Chacín y el líder del Tren de Aragua Héctor Rusthenford alias Niño Guerrero. Así, se abre un interrogante: ¿por qué se desvinculó a Iván Márquez?

Las acusaciones sustitutivas y el proceso contra Márquez

CAMBIO consultó al abogado cubanoamericano Joaquín Pérez, quien defendió a Salvatore Mancuso y a otros integrantes de la mafia en procesos penales en los Estados Unidos, para entender qué implica el que se hayan dictado cinco acusaciones en el proceso y se haya eliminado el nombre de Márquez de la última, divulgada el 3 de enero. 

Pérez aseguró que cada superseding indictment “complementa y amplía el contenido de las acusaciones anteriores” y le “añade una dimensión más a los cargos que hay en contra de Maduro”. Ello explicaría, según él, el hecho de que aún no haya sido cerrado el caso contra Márquez.

Juan David Bazzani, quien estudió una maestría en derecho penal en la Universidad del Estado de Nueva York en Búfalo, dice que aunque la última acusación sustitutiva es la que queda con vigencia en el proceso, “recoge todas las otras y los cargos anteriores”.

“En Estados Unidos —señaló Bazzani— los cargos se pueden postular de manera alternativa o sustitutiva. En el caso de Maduro cada cargo se ha postulado así. Comenzó con el tema de la conspiración para enviar droga a los Estados Unidos, pero le fueron adicionando otros cargos independientes como el hecho concreto de llevar drogas y la conspiración para el porte de armas de fuego” .

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Sobre la exclusión de Márquez de la nueva acusación, Bazzani explica que su proceso podría continuar en un expediente separado. Por ahora, sin embargo, no está claro cómo decidirá proceder el juez del caso, Alvin K. Hellerstein. “El gran libro se llama Cartel de los Soles y tiene el capítulo: Colombia, Venezuela y México. Y con base en eso van organizando las acusaciones”, señaló Bazzani.

El bufete nortamericano Burnham & Gorokhov explica en su sitio web que “técnicamente hablando, una acusación formal no puede ser “enmendada” una vez fue emitida por el gran jurado”, como es el caso de la acusación que involucra a Márquez, “ya que ello violaría el derecho del acusado, amparado por la Quinta Enmienda, a ser acusado por un gran jurado”. 

“También es cierto que los fiscales con frecuencia alteran los delitos imputados, o incluso añaden nuevos cargos. Los fiscales logran esto mediante la presentación de lo que se denomina una acusación formal sustitutiva (…) una vez que el gran jurado emite una acusación sustitutiva, esta reemplaza la acusación formal”, señala el bufete, explicando que en los superseding indictments se pueden añadir nuevos acusados. 

El presidente del Colegio de Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, también advierte que el proceso contra Márquez puede continuar abierto debido a que, con base en la acusación dictada en su contra en 2020, la justicia norteamericana ya sentenció a 21 años de cárcel a Clíver Alcalá y próximamente dará a conocer la condena de Hugo Carvajal.

El proceso que partió con una acusación al ‘Pollo’ Carvajal

Los registros del sistema judicial norteamericano sobre la causa contra el Cartel de los Soles advierten que el punto de partida de este proceso —que hoy tiene a Maduro preso en el MDC de Brooklyn— fue un indictment de 2011 contra Hugo Carvajal.

La primera acusación contra Carvajal, dictada en agosto de 2011, lo requería por el delito de conspiración para importar cocaína, por un supuesto envío de 5.6 toneladas de coca que cruzaron Venezuela y México en abril de 2006, sin mencionar explícitamente la existencia del Cartel de los Soles.

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En diciembre de 2019, el fiscal del distrito sur de Nueva York Preet Bharara presentó ante un gran jurado la primera acusación sustitutiva del caso contra Carvajal, mencionando por primera vez al Cartel de los Soles como una organización narcotraficante venezolana, compuesta por oficiales de ese país, de la que El Pollo hizo parte entre los años 1999 y 2019. 

“Los objetivos del Cártel de Los Soles incluían no solo enriquecer a sus miembros, sino también usar la cocaína como arma contra Estados Unidos debido a los efectos adversos de la droga en los consumidores”, señaló la acusación sustitutiva de 2019 contra El Pollo Carvajal.

Dicho cambio en la acusación incluyó los cargos de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para la posesión de dichas armas, los mismos que el juez Hellerstein le leyó hace una semana a Nicolás Maduro. 

La primera mención a las Farc y a Maduro por los soles

En el indictment de 2019, el fiscal local Geofrey S. Berman y el gran jurado mencionaron al Cartel de los Soles como una organización que colaboró hasta el año 2014 con la cúpula de las Farc para “coordinar actividades de narcotráfico a gran escala en Venezuela y Colombia, en ocasiones a cambio de armas de uso militar”.

El documento califica a la extinta guerrilla como una organización que ejecutó hostilidades para impedir que Estados Unidos siguiera apoyando las fumigaciones aéreas contra los narcocultivos, indicando que el objetivo del cartel era el de “inundar Estados Unidos de cocaína”.

“La cúpula de las Farc ordenó a sus miembros secuestrar y asesinar a ciudadanos estadounidenses y atacar los intereses estadounidenses para disuadir a Estados Unidos de continuar sus esfuerzos de fumigación”, señaló el documento, que también habla de un atentado con una bomba en 2003 a un restaurante en Bogotá frecuentado por norteamericanos.

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En marzo de 2020, el fiscal Berman presentó la segunda acusación sustitutiva del caso, vinculando por primera vez a Maduro como el líder del Cartel de los Soles y acusándolo junto a Santrich, Márquez, Cabello, Carvajal y el militar Clíver Alcalá por una conspiración narcoterrorista entre el Cartel y las Farc, que se extendió hasta el 2020, posterior a la firma del acuerdo de paz entre los hombres de ‘Timochenko’ y el gobierno de Santos. 

En este indictment se sigue hablando del Cartel como una organización del narco que corrompió a “las instituciones legítimas de Venezuela”, incluyendo facciones del Ejército, la inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial. 

“Maduro Moros, el acusado, negoció cargamentos de varias toneladas de cocaína producida por las Farc; ordenó al Cartel de Los Soles que proporcionara armas de uso militar a las Farc (…) y solicitó asistencia a los líderes de las Farcpara entrenar a un grupo miliciano no autorizado que, en esencia, funcionaba como una unidad de las fuerzas armadas del Cartel de Los Soles”, indica la acusación de 2020.

La acusación contra Márquez y el ‘entrampamiento’ a Santrich

La acusación de 2020, que sirvió de base para la sentencia que el juez Hellerstein dictará el próximo 23 de febrero contra Carvajal y para la condena que se impuso contra Alcalá, menciona que contra Iván Márquez, el exjefe negociador del acuerdo con el gobierno Santos, hay otra imputación del año 2006 por narcotráfico, encontrándose prófugo de la justicia. 

Mientras que contra Santrich, quien murió en 2021 tras una emboscada del Ejército colombiano en la frontera con Venezuela, sólo apareció un requerimiento relacionado con el denunciado episodio del ‘entrampamiento’ con agentes de la DEA en 2017.

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El documento de 2020 indicó que Maduro, Cabello, Alcalá y Carvajal entregaron ametralladoras, municiones, lanzacohetes y explosivos a las Farc, que a cambio les concedieron toneladas de cocaína. El Cartel de los Soles, supuestamente, le pagó 300.000 dólares a Santrich en el año 2003 para que instalara laboratorios de coca cerca al estado de Apure, en Venezuela.

Se explica que en 2006, cuando Maduro asumió como canciller de Chávez, las Farc supuestamente le entregaron a él 5 millones de dólares para una operación de lavado de activos que habría partido con la compra de equipos de Malasia para la extracción de aceite de palma en Apure.

También se advierte que en 2008 Chávez pactó con Iván Márquez la financiación a las Farc con recursos de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela (PDVSA), y que ese mismo año Maduro, Carvajal y el actual ministro del interior venezolano, Diosdado Cabello, acordaron que las Farc produjeran más coca, asegurándose para ello en la apertura de las fronteras entre ambos países.

Ya en 2009, de acuerdo con el indictment, Maduro se reunió con un delegado de las Farc para gestionar un cargamento de 4 toneladas de cocaína que pasaría por Nicaragua con la ayuda de un jet. Allí, supuestamente, hablaron sobre cómo protegerían la droga por el golpe de estado que había acontecido recientemente en Honduras.

La acusación añade que Maduro se reunió con Márquez en 2014 en una base militar de Caracas, un encuentro en el que le habría pedido entrenar a una milicia en Venezuela, entrenamientos que supuestamente se dieron en el estado de Zulia. 

“Maduro Moros también le comunicó a Marín Arango, en esencia y en parte, que la milicia no se asociaría con el gobierno venezolano, lo que permitiría a los funcionarios gubernamentales negar de forma plausible la violencia prevista por la milicia. Marín Arango aceptó ayudar a Maduro”, señala el documento de 2020.

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En 2015, en plena negociación entre los equipos de Santos y ‘Timochenko’, Diosdado Cabello le habría entregado armamento a las Farc. Y en 2017, tras la firma del acuerdo de paz, las Farc habrían ayudado a recibir un cargamento en una pista clandestina en la ciudad de Barinas, según la acusación.

El indictment también se refiere a un episodio sobre Jesús Santrich que, en su momento, algunas autoridades catalogaron como un entrampamiento que provocó su deserción del proceso de paz.

“A principios de 2017, aproximadamente, tras supuestamente negociar acuerdos de paz con el gobierno colombiano en nombre de las FARC en 2016, Hernández Solarte acordó proporcionar varias toneladas de cocaína a fuentes confidenciales de la DEA para que la droga pudiera ser importada a Estados Unidos”, señala el documento. 

“Las fuentes afirmaron trabajar para Rafael Caro Quintero, un narcotraficante mexicano que participó en la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985. Durante una reunión grabada, Hernández Solarte se refirió al asesinato de Camarena al caracterizar a Caro Quintero como quien había matado al 'hijo de puta de la DEA'”, añade la acusación.

También se refiere la captura y posterior liberación de Santrich, entre 2018 y 2019, a petición de la Fiscalía de Nueva York, con base en un cargo de conspiración para la importación de cocaína relacionado con la negociación en la que agentes encubiertos lo grabaron hablando de diez toneladas de cocaína tasadas en 15 millones de dólares.

Un episodio en el que tuvo un rol predominante Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez que fue grabado junto a Santrich, y quien se convirtió en informante de la DEA. Este episodio provocó la renuncia del entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y desató críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz, autoridad que dejó libre a Santrich.

El indictment recuerda el mensaje que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, envió en julio de 2019 a Santrich y a Márquez, invitándolos a su país, dentro de la clausura del XXV Foro de Sao Paulo. “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo, cuando quieran venir, porque son líderes de paz”, dijo Maduro en esa ocasión.

Y el documento del gran jurado también menciona el video con el que los exnegociadores de la paz anunciaron su regreso a las armas, junto a alias El Paisa y Romaña, consolidando a la Segunda Marquetalia.

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La nueva acusación donde no sólo las Farc son protagonistas

El documento que divulgó la fiscal Pamela Bondi a través de ‘X’, y horas después de que el mundo presenciara la extracción del matrimonio Maduro-Flores hacia el buque USS Iwo Jima, es el cuarto indictment que figura en el proceso por el Cartel de los Soles. Fue redactado por el fiscal del distrito sur de Nueva York Jay Clayton.

En él se advierte que, al menos durante 25 años, autoridades venezolanas permitieron el tráfico de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos en una conspiración narcoterrorista, liderada por Maduro, en la que permitió que la “corrupción impulsada por la cocaína” beneficiara a su familia y a los miembros de su régimen.  

Maduro, además, aparece moviendo toneladas de coca, entregando pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y otorgar protección a aviones inmersos en operaciones de lavado de activos. Se habla de una ruta del narcotráfico en el Caribe que propició la expansión de múltiples grupos, ruta protegida por políticos corruptos.

En esa simbiosis entre actores políticos y la droga, la acusación menciona a la exprimera dama Cilia Flores porque en 2007 habría participado en una reunión con un narcotraficante junto al entonces director antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol Torres, en la que habrían aceptado sobornos. 

El documento sostiene además que Flores y Maduro habrían recurrido a los llamados colectivos —organizaciones paramilitares afines al chavismo— para brindar protección a su cadena narcotraficante.

A diferencia del indictment de 2020, la nueva acusación abandona el relato de una alianza exclusiva entre el Cartel de los Soles y las Farc, para hablar de una corrupción desde Venezuela que propició que se propagara la actividad delictiva de otros grupos, que ejercieron alianzas directas con las Farc o con el régimen, y que se beneficiaron del alto precio de la cocaína en EEstados Unidos.

“Entre estas organizaciones se encuentran las Farc y el ELN, que controlan la producción de cocaína en las regiones montañosas de Colombia; el Cártel de Sinaloa y los Zetas, que controlan las rutas en Centroamérica y los métodos para cruzar la cocaína desde México hacia Estados Unidos; y el Tren de Aragua, que controla una red criminal capaz de facilitar el transporte de cocaína dentro y en la costa venezolana”, añade el documento.

La nueva acusación no menciona al Cartel de los Soles como una organización narcotraficante, a diferencia de la acusación de 2020, sino como un “sistema clientelar y de corrupción”, una denominación que, de acuerdo con el abogado Joaquín Pérez, endurece los cargos que afronta Maduro.

“La acusación no fue modificada, la acusación es la misma. Yo creo que es parte de la conspiración, ellos están alegando que la conspiración no era solo narcotráfico sino extorsión y también corrupción interna, que la organización utilizaba para ganar dinero y enriquecerse. O sea que esa diferencia lo único que le añade una dimensión más a los cargos que hay en contra de Maduro”, expresó Pérez.

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¿Qué cambia sobre las Farc y qué se dice del ELN?

El nuevo indictment menciona básicamente a varios grupos declarados como terroristas por los Estados Unidos como organizaciones que se beneficiaron de la corrupción impulsada por los altos mandos venezolanos. El documento incluye al ELN como uno de esos grupos favorecidos por la corrupción venezolana, que controlaba pistas que habrían sido visitadas con frecuencia por Diosdado Cabello, y que ha financiado sus acciones terroristas a través de la cocaína.

La nueva acusación recuerda que en 2021 las extintas Farc-EP fueron excluidas del listado de organizaciones terroristas de los Estados Unidos, incluyendo en su reemplazo a la Segunda Marquetalia. E incorpora hechos que no se expusieron en el indictment de 2020; por ejemplo, el que existiera un campamento de entrenamiento de las Farc en la ciudad de Barinas que, en 2008, fue protegido por Ramón Rodríguez Chacín.

La acusación también menciona a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa, advirtiendo que él financió laboratorios de coca en Colombia custodiados por las Farc, y que logró sacar los cargamentos a través de Venezuela. 

Asegura que los sobrinos de Maduro, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores, procesados en EEstados Unidos por narcotráfico y liberados tras un canje de presos por el gobierno de Biden, hablaron en reuniones con agentes encubiertos de la DEA en 2015 sobre su conexión con un comandante de las Farc de alto rango.

El nuevo documento también habla de los supuestos encuentros que propició el exministro del interior Rodríguez Chacín entre las Farc y Maduro entre 2018 y 2019, pues habría sido designado para proteger en Venezuela tanto al ELN como a las Farc. “Rodríguez Chacín también llevó a líderes de las Farc a reunirse con Maduro Moros en Miraflores, el palacio presidencial en Caracas, así como en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Caracas”, añade el indictment.

Los cargos recuerdan el mensaje de bienvenida de Maduro a Márquez y Santrich y también relatan un supuesto encuentro en Medellín de ‘Nicolasito’ Maduro, conocido como ‘El Príncipe’, con dos integrantes de las Farc en 2020.

 “Durante la reunión, Maduro Guerra discutió los acuerdos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos durante los próximos seis años, hasta aproximadamente 2026”, señala la nueva acusación.

El documento remata advirtiendo que en 2025 Diosdado Cabello se habría reunido con narcotraficantes para concretar la continuidad de su operación a través de las rutas propiciadas por Venezuela, que aparentemente cada año mueve más de 250 toneladas de cocaína.

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La condena que se aproxima contra ‘El Pollo’ Carvajal

Alterno a la vinculación formal del matrimonio Maduro-Flores y de las audiencias que tendrán lugar en marzo ante el juez Hellerstein, que ya condenó a Clíver Alcalá por suministrar armas a las Farc, el próximo 23 de febrero el mismo juez anunciará la condena contra el exdirector de espionaje del chavismo Hugo Carvajal, por el mismo caso de narcoterrorismo por el que fue acusado Maduro.

Posiblemente ambos oficiales actúen como testigos contra el depuesto líder del régimen, pues Alcalá, que se entregó en 2020 en Colombia cuando ofrecían 10 millones de dólares por su captura, terminó cooperando en el caso.

‘El Pollo’ Carvajal, extraditado en 2023 a Estados Unidos, también divulgó una carta el pasado diciembre en la que manifestó su voluntad de cooperar para desmantelar al Cartel de los Soles y revelar el papel de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros en la aludida estructura cuyo propósito liga al de inundar de coca a los Estados Unidos.

“Este plan fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados de la década de 2000 y se ha ejecutado con éxito con ayuda de las Farc, el ELN, operadores cubanos y Hizbulá”, aseguró Carvajal en una explosiva carta.

El periplo de los disidentes

La noche de las explosiones que puso fin a la era de Nicolás Maduro abrió en Venezuela un período de incertidumbre política. La designación de Delcy Rodríguez, aliada histórica del chavismo, como presidenta interina, y la decisión de Donald Trump de desconocer tanto a Edmundo González como a María Corina Machado, dejaron al país sin un horizonte claro de transición. González había ganado las elecciones de 2024, desconocidas por el régimen, mientras que Machado —galardonada con el Nobel de Paz— había sido apartada de la contienda tras su inhabilitación.

En paralelo, informes de inteligencia militar en Colombia advierten sobre el desplazamiento de Iván Márquez y otros disidentes armados que, durante años, encontraron refugio en territorio venezolano. El movimiento resulta paradójico: quienes durante décadas provocaron desplazamientos forzados ahora parecen emprender su propia huida.

El nuevo escenario regional los enfrenta a un adversario distinto, una administración estadounidense que promete reordenar el equilibrio de poder en Venezuela con el control de su petróleo como telón de fondo. En Colombia, mientras tanto, el gobierno de Gustavo Petro —que semanas atrás había confrontado abiertamente a Trump— observa con cautela. Una llamada reciente entre ambos mandatarios ha reducido, al menos por ahora, la tensión y los temores de una escalada mayor.

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