Carlos Carrillo vs. Angie Rodríguez y el fracaso en La Mojana: Contraloría encontró irregularidades
Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Fotoilustración: Yamith Mariño -CAMBIO.
Los alfiles de Petro, enemistados por señalamientos de presunta corrupción en los proyectos para La Mojana, llegarán a la recta final del gobierno trabajando juntos por la región que los dividió. CAMBIO accedió a una auditoría de la Contraloría que raja la gestión de las entidades que ambos dirigen, precisamente sobre las obras para contener las emergencias en ese complejo delta.
Por: Ana María Cuesta
El presidente Gustavo Petro observa en silencio el duelo entre Carlos Carrillo y Angie Rodríguez mientras arde el tablero en su gabinete.
Los jóvenes funcionarios presidenciales, encarnizados en una disputa política que se encendió por La Mojana, la vulnerable región del norte del país en la que confluyen los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge y que desde el 2021 vive una emergencia por la ruptura del dique Caregato, cerrarán su ciclo en el Gobierno del Cambio liderando instituciones homólogas que deberán trabajar por las poblaciones afectadas por el cambio climático.
Rodríguez fue designada esta semana como gerente del Fondo de Adaptación, entidad que nació en 2010 por la emergencia provocada con el fenómeno de La Niña de dicho año y que, misionalmente, se encarga de las obras de gran envergadura para la gestión de los riesgos asociados a los fenómenos climáticos. Rodríguez liderará un fondo que también ha sido considerado un fortín burocrático por los millonarios recursos que administra y por su flexibilidad para contratar.
Su salida del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -Dapre- se produjo un mes después de que cuestionara públicamente a Carrillo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- y exgerente (e) del Fondo de Adaptación entre julio de 2024 y septiembre de 2025, por la minúscula ejecución presupuestal del Fondo para la atención de La Mojana, tasada en un 3 por ciento.
El hecho de que el Fondo sólo hubiera ejecutado unos 30.000 millones de pesos en La Mojana, de un presupuesto asignado en 2023 por 1,1 billones de pesos, provocará que el presidente Petro culmine su mandato sin cumplir sus promesas de cambio sobre esa región con más de 400.000 habitantes y que en 2024 vivió una intensa crisis por el desbordamiento del río Cauca.
El agua al cuello se agudizó ese año por un nuevo rompimiento en el dique Caregato, una obra que contenía la fuerza del río Cauca tras su paso por el municipio de San Jacinto del Cauca en Bolívar, y que en 2021 ya se había quebrado, generando una de las peores emergencias registradas en la zona. Las obras que se han realizado para enmendar ese boquete poco han funcionado para garantizar la dignidad de las miles de familias que a cada tanto lo pierden todo por la furia del río.
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CAMBIO conoció una auditoría que la Contraloría General de la República practicó sobre los recursos públicos que se destinaron desde el Fondo Adaptación y la UNGRD para La Mojana entre 2022 y el primer semestre de 2025. La Contraloría raja la actuación de ambas entidades sobre las obras que han desplegado en la región que abarca 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.
La Contraloría encontró 13 hallazgos o irregularidades de una muestra de contratos y convenios que revisó, y calificó la gestión interna de ambas entidades como “ineficiente” y con un “incumplimiento material adverso”, lo que resulta un campanazo de alerta para Carrillo y Rodríguez, las cabezas de las instituciones que deberían ocuparse este año en avanzar conjuntamente por Caregato y La Mojana, evitando sus rencillas personales.
Los hallazgos de la Contraloría y la denuncia de Rodríguez
Aunque la Contraloría auditó la gestión de Carlos Carrillo en La Mojana, con corte hasta el 30 de junio de 2025, tiempo en el que él estuvo en frente tanto de la UNGRD como en el que estuvo de encargado en el Fondo de Adaptación, la auditoría divulgada sólo se concentró en revisar uno de los cinco proyectos que cuestionó Angie Rodríguez por su baja ejecución y que se suscribieron en la administración de Carrillo en el Fondo de Adaptación.
El ente de control no revisó qué ocurrió con los proyectos de la Ruta del arroz, la investigación hidrodinámica, los Senderos para la paz o la rehabilitación ecológica, denunciados por Rodríguez por registrar un 0 por ciento de ejecución, pero sí examinó una obra para la construcción de uno de los “bienes públicos populares” que la administración Carrillo contrató en octubre de 2024.
Rodríguez cuestionó, el pasado 11 de diciembre, que el proyecto de los bienes públicos populares “estructurado y contratado durante la gerencia de Carrillo” y que incorporaba un componente en Magangué (Bolívar) y otro en San Marcos (Sucre), actualmente presenta retrasos del 38% y 36%, respectivamente.
La Contraloría detectó una irregularidad en el proyecto de San Marcos indicando que hubo “deficiencias en la planeación y ejecución” del convenio, pactado con una duración inicial de 18 meses, que inició costando 3.732 millones de pesos y al que posteriormente se le adicionaron 845 millones.
El ente de control señaló que, con corte al 31 de agosto de 2025, el proyecto en San Marcos “no registra avance de obra ni ejecución presupuestal, pasados ya 10 meses de ejecución y el 61% de plazo transcurrido (…) por lo tanto los beneficios esperados con éste no se han conseguido”.
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También cuestionó que la interventoría de este proyecto se haya contratado “más de siete meses después de la firma” y que dicha tardanza haya obligado a la suscripción del otrosí No.1 con el que se adicionaron recursos y “se modificaron las obligaciones iniciales del Fondo en relación con la interventoría, trasladando su contratación al Departamento de Sucre”.
CAMBIO consultó a la UNGRD y la entidad señaló que, contrario a lo que señaló Angie Rodríguez, “Carrillo llega a finales de julio y encuentra este y otros procesos estructurados”.
La UNGRD asegura que las dificultades presentadas en ese convenio del Fondo Adaptación no obedecen a la gestión de Carrillo sino a la Gobernación de Sucre. “El retraso obedece a dificultades administrativas por parte de la Gobernación de Sucre para abrir el encargo fiduciario. Dificultades ajenas al Fondo Adaptación (…) este convenio se paga contra avance de obra y la obra fue contratada por la Gobernación el 30 de diciembre de 2025”, señaló la UNGRD a CAMBIO.
Sin embargo, las explicaciones de la entidad no fueron acogidas por la Contraloría que reiteró que el episodio podría tener repercusiones disciplinarias en tanto que “las actuaciones del Fondo se limitaron a la gestión administrativa y no generaron resultados efectivos que aseguraran la ejecución del convenio”.
Los cuestionamientos a la ampliación del Canal de la Esperanza
Otro de los aspectos que analizó la Contraloría, ya no de la gestión del Fondo de Adaptación sino de la UNGRD, estuvo en las presuntas deficiencias en una obra impulsada por Carrillo para la recuperación del cauce natural del río Cauca y la disminución de las aguas que atraviesan por el boquete de Caregato.
Para entender la magnitud de la emergencia por la ruptura del dique Caregato, un reporte de la Universidad Javeriana aseguró que las aguas que pasan por ese rompimiento arrastran más de 1.500 toneladas de agua y sedimentos por segundo, señalando, por ejemplo, que Bogotá necesita diariamente 17 toneladas de agua por segundo para abastecer a toda la ciudad.
La obra de emergencia que impulsó Carrillo para disminuir las aguas que pasan por Caregato fue la ampliación del canal de La Esperanza en San Jacinto del Cauca, un contrato que se firmó por 16.097 millones de pesos con la empresa Máquinas Amarillas SAS y que, según el papel, debía iniciar en marzo de 2025 y culminar el 4 de julio del mismo año.
La Contraloría aseguró que hubo una “inadecuada planeación en la fase precontractual del proyecto, reflejada en que las volquetas con las que se pensaba trabajar quedaron inoperantes y enterradas”.
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Afirma la auditoría que el material que se excavó para la ampliación del canal no pudo evacuarse en un momento porque la “presencia dominante de limos arcillosos en el terreno” impidió el ingreso de “las volquetas contempladas en el presupuesto inicial para la ejecución de esta actividad”.
Según la Contraloría, esa situación provocó que se prorrogara el contrato, que naturalmente no culminó en julio sino a finales del año pasado. El organismo le llamó la atención a la entidad de Carrillo porque, según ellos, las condiciones del terreno “eran plenamente conocidas por parte de la UNGRD, habida cuenta que estas obras están derivadas de actividades del contrato liquidado unilateralmente con el que se pretendía realizar el cierre del boquete de Caregato del año 2023”.
Pero la UNGRD asegura que, contrario a lo afirmado por la Contraloría, ellos no contaban con la información previa suficiente sobre las condiciones específicas del terreno en el Canal La Esperanza, y le aseguraron a CAMBIO que el asunto con las volquetas y los cambios en la maquinaria utilizada duró 15 días y no implicó un retraso significativo en las obras.
“Ese ajuste se hizo en cuestión de días y permitió continuar la obra. No implicó un retraso en el cronograma. No fue un error de planeación, sino una adaptación técnica necesaria en un terreno que, por su naturaleza, no permite prever todas las condiciones con exactitud en una intervención de emergencia”, afirmó la UNGRD a CAMBIO.
No obstante, la Contraloría ratificó su cuestionamiento. “La imposibilidad de ingreso de volquetas para la disposición del material excavado constituye una condición previsible en este sector, dado que la presencia dominante de suelos limo-arcillosos, saturados e inestables, es un comportamiento geotécnico reiterado y conocido en la zona. Es por esto, que el balanceo de horas máquinas, el cual implicó recurrir al repaleo y a un mayor uso de maquinaria amarilla, no corresponde a un evento imprevisible, sino a un aspecto que pudo ser identificado”, sentenció la Contraloría.
La UNGRD además le explicó a CAMBIO que la ampliación del canal de La Esperanza, la principal obra de mitigación que realizaron el año pasado para La Mojana, tuvo una adición de recursos en su contrato de interventoría y un aplazamiento en el cronograma por razones de orden público. La interventoría, que inició costando 1.000 millones de pesos, fue adicionada en 538 millones de pesos más sin que se incurriera en sobrecostos, añadió la entidad.
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La oficina de Carlos Carrillo además afirmó que el cambio de las volquetas no fue lo que retrasó la culminación de la ampliación del canal de La Esperanza en Caregato pues atribuyeron los retrasos a tres protestas. La primera de ellas se presentó el 14 de mayo de 2025 porque los presuntos propietarios de los terrenos en los que se pretendía excavar “exigieron formalmente la suspensión inmediata de actividades, lo que obligó a detener toda la maquinaria para evitar alteraciones del orden público” , dijo la UNGRD.
“Y la última, del 27 de junio, tardó casi 3 meses. Tras un PMU con presencia de todas las autoridades y la comunidad, la UNGRD logró reactivar las obras de manera definitiva el 3 de septiembre”, señaló la entidad.
Aunque la Contraloría concluye que la información de la UNGRD fue “incompleta” y ratifica las “deficiencias” en el proceso, anotando que “la región continúa altamente vulnerable” con el “riesgo de que las inversiones efectuadas tengan baja sostenibilidad mientras no se ejecuten soluciones definitivas”.
Lo que se espera de Rodríguez y Carrillo por La Mojana
La auditoría de la Contraloría también se ocupa de otros contratos que llevan años estancados en el Fondo Adaptación y que han cambiado constantemente por las deficiencias en su planeación, como es el caso de un millonario proceso que ronda desde 2020 para construir estructuras de protección contra las inundaciones en San Marcos, Sucre.
Pero definitivamente la auditoría no aborda ninguna obra estructural para proteger a las comunidades de La Mojana, pues la conclusión es que no existe ninguna: la UNGRD solo tapa emergencias y hasta ahora en el Fondo de Adaptación no se ha contratado ningún proyecto de gran envergadura para cerrar el problema que inició en 2021, la ruptura de Caregato.
A parte de todas las intrigas que ha señalado Carrillo sobre el supuesto control del ministro del interior Armando Benedetti con alfiles en el Fondo de Adaptación, su oficina también explica que durante la administración de Carrillo no se logró adjudicar, antes de su salida, un proceso por 820.000 millones de pesos con el que se pensaban contratar las obras que supuestamente salvarían a La Mojana y que cerrarían el boquete de Caregato.
El 19 de noviembre del año pasado el Fondo adjudicó un contrato por 13.597 millones de pesos para la realización de los diseños de ingeniería básica para las medidas de recuperación de la dinámica hídrica del río Cauca en la región de La Mojana. Y el 28 de noviembre contrataron la interventoría de dicho proceso por 2.792 millones.
CAMBIO contactó a Rodríguez para conocer sus impresiones sobre lo que viene para la región, pero no recibió una respuesta.
En la postrimería del gobierno, ¿trabajarán Rodríguez y Carrillo juntos por sacar adelante los proyectos que necesitan los pobladores de La Mojana o seguirán, en la álgida coyuntura electoral, tratando de lograr un jaque mate?
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Nota del editor: La versión inicial de la nota decía que el **año pasado se frustró un proceso por 820.000 millones de pesos con el que se pensaban contratar las obras estructurales para La Mojana. Se precisa que el contrato no se logró adjudicar durante el tiempo en que Carrillo estuvo en la gerencia del fondo.**
