El computador de Raúl Reyes: la evidencia que Colombia descartó y Estados Unidos usó contra Maduro

La historia judicial que hoy acorrala al régimen venezolano en los tribunales de Estados Unidos no comenzó en Nueva York ni en una sala federal del Distrito Sur. Comenzó en la selva. En pistas clandestinas, computadores incautados, correos electrónicos y memorias externas recuperadas en operaciones militares que durante años atravesaron la guerra contra las FARC en Colombia. Mientras la justicia colombiana fue cerrando algunas de esas rutas probatorias, Washington optó por seguirlas hasta el final. CAMBIO reconstruye una historia documentada a lo largo de más de dos décadas, que sugiere que la acusación —el _indictment_— contra Nicolás Maduro dice tanto de Colombia como del propio poder en Venezuela.

El primer eslabón fue la Operación Gato Negro, ejecutada en febrero de 2001 en el Vichada, durante el Gobierno de Andrés Pastrana. Allí, el Ejército golpeó al Frente 16 de las FARC, comandado por Tomás Medina Caracas, alias Negro Acacio, considerado el gran articulador del narcotráfico internacional de la guerrilla. Los hallazgos, más que de armas y cocaína, revelaron rutas hacia Venezuela, pistas protegidas y una frontera que ya funcionaba como retaguardia estratégica. Era el primer indicio documentado de una alianza transnacional que, dos décadas después, terminaría con la captura del líder del régimen venezolano: Nicolás Maduro.

Siete años después, el 1 de marzo de 2008, la Operación Fénix cambió el tablero.  Ese día, Raúl Reyes, el principal ideólogo internacional de las FARC, fue abatido en Angostura, Ecuador. Tras el bombardeo se recuperaron tres computadores, dos discos duros y varias memorias USB. El contenido era revelador: correos que detallaban sus contactos con gobiernos, flujos de dinero, estrategias políticas y vínculos con Venezuela. La revista Semana reveló en ese entonces que los archivos hablaban de una relación sostenida con Caracas. Como lo confirmaba uno de los correos que, textualmente, decía que había “una disposición del Gobierno venezolano para facilitar recursos y protección”.

Estos mensajes dejaban claro que las autoridades de Venezuela, a través de sus más altos funcionarios, incluido el propio Chávez, ayudaba a las FARC a conseguir armas en el mercado internacional y a financiar la lucha insurgente en Colombia. En ese momento, Maduro era el canciller de Chávez, cargo que ocupó desde 2006 a 2012. Durante ese lapso, dice la acusación en su contra, el funcionario vendió pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y, valiéndose de su inmunidad diplomática, facilitó el movimento de aviones privados que transportaban ganancias de negocios de droga.

La operación Fénix no solo reveló pruebas de la connivencia del Gobierno de Venezuela con las FARC, sino que también dejó al descubierto su relación con algunos políticos colombianos.

Piedad Cordoba (q.e.p.d.), uno de los símbolos más importantes de la izquierda colombiana, apareció en los correos –en algunos firmando como ‘Teodora’– y, desde entonces, su rol de “facilitadora” del intercambio humanitario de secuestrados quedó en entredicho. Aunque la Corte la investigó, la muerte de Córdoba llegó primero. La senadora se defendió hasta el final bajo la bandera de la persecución política. Para ella, la llamada 'farcpolítica' no era sino un montaje de inteligencia diseñado para criminalizar su rol como mediadora de paz.

Lo cierto es que en Colombia esa historia no llegó lejos y quedó enterrada. En 2011, la Corte Suprema declaró ilegal la incautación del material y hundió el caso que empezaba a conocerse como ‘farcpolítica’. El auto fue categórico: las pruebas no podían usarse en ningún proceso judicial colombiano porque la incautación había sido ilegal. Así, el expediente se cerró.

Sin embargo, el entonces director de la Policía, general Óscar Naranjo, quien presentó al mundo las pruebas halladas en el computador de Reyes, hizo una jugada maestra con la que la evidencia en jurisdicciones internacionales quedó salvaguardada. Para garantizar la legitimidad de las pruebas ante la comunidad internacional, Naranjo logró que la Interpol certificara que los archivos no habían sido manipulados durante su cadena de custodia. En diálogo con CAMBIO, Naranjo celebró el indictment contra Maduro, pero reconoció que el documento muestra la deuda de la justicia con esa parte de la verdad.

“La información contenida en el computador de Raúl Reyes y recuperada en la Operación Fénix es uno de los pilares fundamentales de la acusación contra Nicolás Maduro ―dijo Naranjo―. Valoro que la justicia norteamericana incorpore la evidencia que, en su momento, fue calificada por nuestros servicios de inteligencia como el hallazgo más importante y estratégico para avanzar en el desmantelamiento de las FARC. Y valoro que a pesar de que los años han pasado la justicia norteamericana no pierda su memoria. Sin embargo, tengo un sentimiento agridulce con los avances que se conocieron en la justicia colombiana frente a los contenidos del computador de Reyes porque, a pesar de que la secretaría general de Interpol y su grupo especializado de ciencias informáticas forenses determinó que el computador no había sido alterado durante su cadena de custodia, la Corte Suprema de Justicia los descalificó y no utilizó ese material que hubiese sido fundamental para judicializar colombianos, incluyendo algunos políticos, vinculados a las FARC”.

Para Estados Unidos, las pruebas halladas en el computador potenciaron la investigación. En paralelo a la decisión de la Corte, agencias federales empezaron a sistematizar, cruzar y verificar la información obtenida no solo en Fénix, sino también en operaciones posteriores. En septiembre de 2010, la Operación Sodoma —que dio de baja al Mono Jojoy— aportó nuevos dispositivos electrónicos, como correos, listados, comunicaciones internas. El rompecabezas crecía.

Las otras piezas del indictment

Años después, en 2012, esa dimensión financiera quedaría aún más clara con la captura de Daniel ‘el Loco’ Barrera, uno de los grandes capos del narcotráfico colombiano. Barrera confesó que lavaba dinero de las FARC y que parte de esa estructura criminal operaba con protección y facilidades en territorio venezolano. La Fiscalía colombiana logró condenar a varios de sus operadores financieros, pero el vínculo entre la guerrilla y el narcotráfico nunca se tradujo en una investigación estructural sobre sus alianzas políticas. Sin embargo, los estadounidenses siguieron tejiendo esa historia con sigilo.

Ese mismo año se conoció una imagen que indignó incluso a los miembros de las FARC. En ella, aparecía Iván Márquez paseando en una motocicleta Harley-Davidson en Venezuela, protegido, sonriente y a la vista de todos. No era solo una foto pintoresca sino la confirmación visual de la connivencia abierta entre la guerrilla y el Gobierno venezolano.

El tiempo pasó y la justicia estadounidense logró decenas de testigos que le cerraran el cerco a Maduro en el juicio que se aproxima.
El régimen de Maduro comenzó a agrietarse desde adentro con la caída de dos hombres que conocían los secretos más oscuros: el general Clíver Alcalá Cordones y el exjefe de inteligencia Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. El primero, tras verse cercado por la justicia, se entregó a la DEA en Colombia en marzo de 2020 y fue extraditado de inmediato a Nueva York, donde reconoció su papel en el suministro de armas a las FARC. Carvajal, por su parte, después de ser detenido en España en 2021 y protagonizar una larga batalla legal, al llegar a Estados Unidos, en julio de 2023, puso a disposición de los fiscales el archivo viviente de la inteligencia militar venezolana. Ambos generales han pasado de ser los guardianes del sistema a ser los testigos estelares del narcoterrorismo con los fiscales del Distrito Sur (los mismos que llevan el caso de Maduro). Esos señalamientos, sin embargo, nunca se tradujeron en imputaciones formales ni en procesos judiciales concluidos.

En ese contexto, el nombre del presidente Gustavo Petro también apareció mencionado en 2021, cuando ‘el Pollo’ Carvajal, mientras estaba detenido en España luchando contra su extradición, entregó un escrito en el que afirmaba que el Gobierno de Hugo Chávez había financiado ilegalmente a movimientos de izquierda de varios países durante al menos 15 años. En esa lista de beneficiarios incluyó el nombre de Petro, junto a otros líderes como Néstor Kirchner (Argentina), Evo Morales (Bolivia), Lula da Silva (Brasil) y el partido Podemos (España). Petro negó los señalamientos y pidió a la justicia que lo investigara. La magistrada Cristina Lombana tuvo a cargo esa indagación, y aunque trató de entrevistar a ‘el Pollo’ Carvajal, no lo logró. Cuando Petro se convirtió en presidente, el caso quedó en manos de la Comisión de Acusaciones. Casi cuatro años después, el caso sigue en investigación.

No fue el único expediente en el que la política colombiana apareció tangencialmente en las investigaciones que rodean al chavismo. Sin duda, uno de los capítulos más cercanos a la política colombiana es el de Alex Saab, capturado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Miami en 2021, bajo cargos de ser el principal testaferro del régimen. Saab se convirtió en la 'joya de la corona' para la Casa Blanca. Sin embargo, en diciembre de 2023, su expediente dio un giro inesperado: no hubo delación, sino canje. En una decisión política que Washington calificó de 'extremadamente difícil', Saab fue indultado por Biden y devuelto a Maduro a cambio de la libertad de diez estadounidenses y la entrega del fugitivo 'Fat Leonard'. Con su retorno a Caracas, Saab pasó de ser un reo federal a un símbolo político, dejando atrás transacciones financieras y alianzas políticas que pudieron exponer, aún más, los vínculos de ese narcoterrorismo en Colombia.

Sobre el tema, Naranjo dijo a CAMBIO que, con el acuerdo de paz con las FARC, es un hecho que las investigaciones de Estados Unidos no recaerán sobre ellos, pero que puede que se den resultados contra otros que no están cobijados por la JEP.

“En el caso particular de las FARC, como resultado de un acuerdo de negociación política que supuso la dejación de las armas, el sometimiento a la JEP, calculo que no hay caminos para que se reabran casos contra ellos. Eso no quiere decir que colombianos que no estén cobijados por la JEP puedan ser sujetos de investigaciones, bien se reabran, o que la justicia colombiana, en función de la asistencia judicial, coopere con Estados Unidos”, dijo.

Hoy, cuando el régimen venezolano enfrenta el proceso penal más grave de su historia, la paradoja es evidente: la columna vertebral del caso se construyó con pruebas que Colombia decidió no mirar. Durante veinticinco años, el Distrito Sur de Nueva York ha tejido un cerco invisible alrededor del Palacio de Miraflores. Mientras tanto, la justicia colombiana se ha quedado corta sobre ese macrocaso del narcoterrorismo.