Colombia Compra Eficiente eligió en diciembre al ‘Catálogo de Servicios Digitales y Electrónicos de Confianza del Estado’. Fotoilustración: Kim Vega - CAMBIO.
El pleito legal por la concentración de los contratos para los servicios digitales y electrónicos de confianza del Estado
Por presunto prevaricato, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de autoridad, una reconocida empresa de servicios digitales emprendió un proceso contra Colombia Compra Eficiente advirtiendo posibles delitos por haber habilitado exclusivamente a las mipymes en un catálogo de proveedores de contratos hasta por la mínima cuantía. Los detalles.
Por: Ana María Cuesta
A finales del año pasado, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente definió la conformación del ‘Catálogo de Servicios Digitales y Electrónicos de Confianza del Estado’, un proceso en el que seleccionaron a cuatro empresas que funcionarán como proveedoras de todas las entidades estatales que requieran contratar ese tipo de servicios con un tope hasta por la mínima cuantía.
De seis empresas que se presentaron al proceso solo cuatro cumplieron con los requisitos planteados por Colombia Compra Eficiente: Camerfirma Colombia SAS, PKI Services SAS, Lleida SAS y Andes Servicios de Certificación Digital SA.
Esas cuatro compañías funcionarán como proveedoras de las entidades estatales que contraten servicios electrónicos avalados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Onac), que incluyen funciones como la gestión de firmas digitales, la ‘Application Programming Interface -API’ que permite la integración de distintas plataformas estatales, así como la implementación de los ‘Secure Sockets Layer -SSL’, o los certificados de sitios seguros, que autentican las conexiones cifradas y protegen, por ejemplo, las transacciones en línea y los datos sensibles.
Pero el proceso no está exento de polémicas, pues la entidad restringió el catálogo exclusivamente para las pequeñas y medianas empresas, dejando por fuera del mismo a las empresas de mayor tamaño. Esto con el fin de “democratizar las compras públicas” y fomentar la participación de las MiPymes en dichos procesos, siguiendo los lineamientos que fueron trazados en decretos firmados tanto por el presidente Gustavo Petro (Decreto 142 de 2023) como por su antecesor Iván Duque (Decreto 1082 de 2015).
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Colombia Compra Eficiente, dirigida por Cristóbal Padilla, reconoció que para cumplir con una de las misiones del catálogo se necesitaba que las empresas contaran con una acreditación de la Onac. Actualmente solo hay nueve entidades en Colombia certificadas por la Onac y seis de ellas son mipymes, agregó la entidad.
Por la restricción de las grandes empresas del ‘Catálogo de Servicios Digitales y Electrónicos de Confianza del Estado’ para los contratos hasta por la mínima cuantía, una de las empresas acreditadas por la Onac, que no fue seleccionada por no ser una mipyme, presentó una tutela y varios requerimientos ante la Fiscalía y la Procuraduría, advirtiendo que en la conformación del catálogo en el que quedaron por fuera se habrían cometido delitos.
El reclamo de una de las empresas que no calificó al catálogo
La empresa Gestión de Seguridad Electrónica (GSE), presentó una tutela a finales del año pasado alegando la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, a la igualdad, a la libertad de empresas y a la libre competencia económica, por cuanto no fue seleccionada en el nuevo catálogo de pequeñas y medianas empresas que organizó Colombia Compra Eficiente el pasado 28 de diciembre.
Desde noviembre de 2022 y hasta el 27 de diciembre de 2025 estuvo vigente en Colombia un Acuerdo Marco en el que solo cuatro empresas estuvieron habilitadas para la contratación que realizaban las entidades del Estado sobre los productos y servicios electrónicos y digitales de confianza. GSE era una de esas empresas con aval.
En los últimos tres años GSE concentró la contratación estatal sobre los servicios de autenticación digital junto con las otras tres empresas habilitadas para dicho propósito: Camerfirma Colombia, Certicámara S.A. y Olimpia IT SAS.
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La tutela que presentó hace unos días la empresa GSE, con la que pretende que se revoque el nuevo catálogo de proveedores conformado, advierte que la decisión de restringir el proceso exclusivamente a las mipymes “reduce aún más de manera artificial e injustificada la pluralidad de participantes, profundizando la concentración del mercado, afectando la libre competencia económica y comprometiendo la eficiencia y racionalidad del abastecimiento estatal”.
GSE añade que varios de los reclamos que entabló ante Colombia Compra Eficiente fueron desatendidos y afirma que la conformación del nuevo catálogo está plagada de “irregularidades”.
“El limitar de manera absoluta la participación a empresas mipymes pese a tratarse de un mercado altamente regulado y especializado, plantea escenarios que ameritan el examen penal correspondiente por parte de la Fiscalía General de la Nación”, indicó la firma en su acción judicial.
La empresa GSE advierte que en la exclusión de las empresas grandes del mencionado proceso se pudo haber configurado la comisión de los delitos de prevaricato, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
También sugirieron que la decisión de Colombia Compra Eficiente de conformar el catálogo solo con mipymes termina beneficiando a la única empresa que clasificó tanto en los proveedores del Acuerdo Marco que venció el año pasado como en los proveedores del nuevo catálogo que se autorizó en diciembre: la firma Camerfirma que, de acuerdo con información oficial, se llevó la mayoría de los contratos que se otorgaron con el acuerdo.
“La observación de que más del 80 por ciento de los procesos de mínima cuantía están siendo adjudicados a un único proveedor indica una concentración significativa de adjudicaciones en un solo proveedor. Esto puede dar lugar a un monopolio o a un oligopolio, donde la competencia se ve severamente limitada”, señaló GSE.
“Se ha evidenciado que más del 80 por ciento de los procesos de mínima cuantía adelantados en la vigencia 2025 han sido adjudicados a la empresa Camerfirma, por valores que aproximadamente superan los seiscientos cincuenta millones de pesos colombianos ($ 650.000.000). En este mismo conjunto de actuaciones contractuales, las entidades estatales han requerido a dicho proveedor la sustentación prevista para los casos en que pueda configurarse un precio artificialmente bajo”, añadió la empresa.
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Las explicaciones de Colombia Compra Eficiente
CAMBIO consultó a Colombia Compra Eficiente sobre los cuestionamientos elevados por la empresa GSE. La entidad explicó que la mencionada firma radicó una solicitud de revocatoria contra el acto de apertura del proceso de habilitación para las empresas que conformarían el catálogo de los servicios digitales de confianza, lanzado en noviembre del año pasado.
“A la fecha la Agencia está analizando la mencionada solicitud, la cual se responderá mediante el acto administrativo correspondiente dentro de los términos legales”, señaló Colombia Compra Eficiente.
Alterno a ello explicaron que las empresas grandes que no quedaron incluidas en el catálogo para los servicios digitales podrán participar de los procesos contractuales o en compras estatales que superen la mínima cuantía.
“Si es superior a la mínima cuantía puede abrir su proceso de contratación normal por licitación o el que se le ajuste”, añadió la entidad.
El proceso en el que contadas empresas se disputan la concentración de la contratación para los servicios de acreditación digital del Estado apenas inicia y tendrá un nuevo round una vez se resuelva la tutela presentada por GSE.
