Exclusivo: El expediente por lavado y enriquecimiento ilícito contra Jorge Moreno, papá de Laura Moreno

En 2019, las autoridades destaparon lo que en ese entonces fue presentado como el caso de evasión fiscal más grande en la historia reciente de Colombia. Las autoridades descubrieron una red dedicada a la expedición de facturas falsas, creada para ayudar a empresas a evadir impuestos y ‘blanquear’ dinero a través de operaciones que, en el papel, parecían legales. Era un escándalo de proporciones mayúsculas: el esquema prestó sus servicios a cientos de empresas y, así, desfalcó a la DIAN por cerca de dos billones de pesos. Entre los nombres que emergieron de esos expedientes aparece uno que, hasta la fecha, había permanecido en el anonimato. Se trata de Jorge Moreno, conocido públicamente por ser el padre de Laura Moreno, investigada y absuelta en segunda instancia por la muerte de Luis Andrés Colmenares. CAMBIO revela su historia. 

El expediente de Jorge Moreno

Cuando estalló el escándalo, apareció Olga Lucía Díaz Guzmán, conocida como ‘La Patrona’. La Fiscalía la señaló como la presunta líder de la red y la capturó en una operación de alto impacto. Años después, su nombre volvió a escena por otra razón: fue beneficiaria de un principio de oportunidad. A cambio de ese beneficio, empezó a detallar cómo funcionaba el sistema y, sobre todo, quiénes lo usaron. Ese giro transformó el caso: dejó de ser la historia de una gran defraudadora para convertirse en un mapa contra los empresarios que se beneficiaron del esquema. Ahí es donde aparece el nombre de Moreno.

CAMBIO conoció en exclusiva el expediente con el que la Fiscalía se dispone a imputar cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito a Jorge Moreno, padre de Laura Moreno. El documento —que hace parte de las actuaciones derivadas del caso de La Patrona— detalla por qué, según el ente acusador, la empresa de Moreno, Montajes JM, fue una de las que contrataron los servicios de la red de facturación falsa que defraudó a la DIAN por billonarias sumas.

Moreno fundó su empresa en Yopal en 1997 y creció prestando servicios de ingeniería para el sector petrolero. Según una publicación de Las Dos Orillas, la empresa fue tan próspera que compró el equipo de fútbol profesional Fortaleza Fútbol Club, pero años después lo vendió. “En la primera década del 2000 tenía entre sus clientes a Ecopetrol, Pacific Rubiales, Occidental de Colombia, Petrobras Colombia Limited y prestaba servicios sobre todo en Casanare, una de las regiones del país con más explotación petrolera”.

De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, la empresa utilizó de manera sistemática los servicios ofrecidos por la organización liderada por Olga Lucía Díaz Guzmán. Los hechos investigados se concentran entre 2006 y 2009, periodo en el que, según los informes judiciales, la compañía habría recibido facturas por servicios inexistentes emitidas por nueve empresas vinculadas a la red criminal. El valor total de esa facturación ficticia asciende a 121.076 millones de pesos.

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El modus operandi, explicado en términos simples, era un servicio clandestino de contabilidad fraudulenta. La red ofrecía a las compañías facturas por supuestos trabajos —montajes, obras, asesorías o suministros— que nunca se ejecutaban. Para eso utilizaban ‘empresas fachada’, creadas exclusivamente para emitir documentos contables y simular capacidad operativa. En los papeles, las operaciones parecían reales; en la práctica, no existían.

Las firmas que contrataban ese servicio pagaban las facturas y las registraban como gastos legítimos. Con esa maniobra lograban inflar costos, reducir la base gravable y, en consecuencia, pagar menos impuestos (por la cantidad de gastos). Pero el beneficio no terminaba ahí. Según la Fiscalía, el dinero salía de las compañías, circulaba por distintas cuentas y sociedades, y regresaba luego al sistema financiero con apariencia de legalidad, lo que permitía ocultar su verdadero origen.

En el caso de Moreno, la Fiscalía considera que este esquema no fue ocasional ni producto de un error administrativo. Los informes describen patrones repetidos: coincidencias en las fechas de facturación, recurrencia de las mismas empresas emisoras, montos similares y una continuidad en el tiempo que descartaría una actuación aislada. A partir de ese análisis, el ente acusador concluye que la compañía se benefició económicamente del mecanismo.

¿Por qué estos hechos se investigan como lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y no solo como una irregularidad tributaria? El expediente es claro en el planteamiento de la Fiscalía. El uso consciente de facturas falsas para ocultar o dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito encaja, según esa tesis, en el delito de lavado de activos. Y cuando ese esquema permite incrementar el patrimonio sin una causa lícita comprobable, se configura —si se prueban todos los elementos— el enriquecimiento ilícito.

Ese será el eje de la imputación que la Fiscalía se prepara para formular: demostrar que la empresa sabía que estaba pagando por facturación falsa y que obtuvo un beneficio económico de ese esquema. La defensa, en contraste, sostiene que no hubo intención criminal y que se trata de un caso inflado por el perfil público del empresario.

Esa tensión quedó en una audiencia que se llevó a cabo de manera discreta el pasado lunes 19 de enero a la que CAMBIO tuvo acceso.

La fallida audiencia de imputación de cargos

El lunes pasado, en efecto9, estaba prevista una audiencia de imputación de cargos contra Jorge Moreno. La Fiscalía había citado a las partes para avanzar formalmente en el proceso, pero la audiencia no se realizó. Moreno presentó una excusa médica y, ante la imposibilidad de imputarle cargos, la diligencia quedó reducida a una conversación privada entre las partes, registrada en audio, en la que quedaron expuestas las tensiones, estrategias y pujas que hoy atraviesan el caso.

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En ese intercambio, la Fiscalía reconoció que no ha podido imputar cargos durante un tiempo prolongado precisamente por las incapacidades médicas del empresario. Mientras tanto, el abogado de Moreno, Héctor Escobar –que hace parte del bufete de abogados de Jesús Albeiro Yepes, que defendió a Laura Moreno en el pasado–, dijo que su defendido seguía incapacitado, pero que ese tiempo podría servir para plantear un acuerdo distinto al ente acusador que permitiera cesar el proceso.  

El abogado sostuvo que llevar el caso al terreno penal podría resultar perjudicial incluso para la propia DIAN, reconocida como víctima. Con un argumento particularmente llamativo, advirtió que un titular en medios que dijera algo en la línea de: ‘Fue imputado Jorge Moreno, el papá de Laura Moreno’, podría activar de inmediato a la banca, provocar la parálisis del sistema financiero a la empresa y llevarla a la quiebra. Con ello, advirtió, se impediría que la DIAN recupere los recursos que hoy están siendo pagados por la empresa en acuerdos vigentes.

“Al final, la DIAN se va a quedar sin el pan y sin el queso”, afirmó, mientras propuso mesas de trabajo y la elaboración de un borrador de acuerdo que permita cerrar el proceso por otra vía.

Según la defensa, la empresa de Moreno mantiene acuerdos de pago con la DIAN por obligaciones tributarias actuales y acuerdos con el sistema financiero por deudas bancarias. Una imputación penal, insistió, rompería ese equilibrio. Por eso propuso que el caso se resuelva como una cuestión administrativa, saldable con multas y acuerdos, y no como un proceso penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En su argumentación, sugirió incluso que los hechos investigados corresponden a obligaciones antiguas o discusiones jurídicas que no deberían escalar al ámbito penal.

La Fiscalía marcó una línea distinta. En la grabación, el fiscal fue enfático en que las reuniones previas y los documentos aportados por la defensa no permiten una salida diferente a la imputación y dejó claro que el despacho no está dispuesto a prescindir del paso penal como condición para cualquier discusión posterior.

“Desafortunadamente, los documentos que usted nos ha presentado para soportar eventualmente un lavado de activos, unas maniobras de enriquecimiento ilícito de particulares, pues no le dan a la Fiscalía optar por una salida distinta de la imputación. Para mí sí es importante que usted sepa desde ahora, doctor Héctor, que la imputación que vamos a realizar, sí, para mí es un requisito sine qua non efectuar la imputación”, sentenció el jefe de la investigación.

CAMBIO buscó a Jesús Albeiro Yepes para que diera su versión sobre por qué considera que no es un tema penal el caso de Moreno, y señaló que era un tema reservado que no debía salir en medios de comunicación.

“Esta es información reservada con la que se está especulando con un supuesto comportamiento penal solo para destruir a una empresa y a una persona. De eso serán responsables la Fiscalía y el medio por publicar información protegida y reservada. Por su naturaleza, por su contenido, esto está protegido y en la ley está sancionado como delito”, dijo. 

Según el Código de Procedimiento Penal, cuando la Fiscalía cuenta con elementos que indican que pudo haberse cometido un delito, tiene la obligación de investigar y avanzar en el proceso penal. La imputación de cargos no es una condena: es el paso que permite decirle formalmente a una persona de qué se le acusa y abrir el debate judicial. Las salidas anticipadas, los acuerdos o los principios de oportunidad existen, pero solo en casos muy específicos, bajo reglas claras y con control de un juez. No están pensados para evitar procesos penales cuando se trata de delitos graves como el lavado de activos o el enriquecimiento ilícito, que el propio legislador decidió perseguir penalmente.

Por eso, el argumento de que la Fiscalía debería abstenerse de imputar para no quebrar una empresa, no afectar empleos o no interrumpir acuerdos de pago con la DIAN resulta, por decir lo menos, difícil de sostener en derecho. Si ese razonamiento se aceptara, casos como este quedarían reducidos a negociaciones administrativas, en las que la posibilidad de un proceso penal dependería del impacto económico o mediático que tenga el investigado, y no de si cometió o no un delito. 

El Código no autoriza a la Fiscalía a dejar de actuar por razones de conveniencia financiera. La pregunta que deja este caso es sencilla y profunda a la vez: si la justicia penal debe adaptarse a la situación económica del investigado o si, como ordena la ley, debe determinar primero si hubo un delito y quién debe responder por él. Esa es la disyuntiva que hoy atraviesa el proceso de Jorge Moreno. La pelota está en manos de la Fiscalía.