Exclusivo: Los archivos secretos del Gobierno sobre el brazo narcotraficante del ELN

Dos días antes de que terminara el 2025, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que dejó claro que hay una ruptura con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que fue elegida gracias a una terna propuesta por él. El mensaje fue hostil: “otra vez una Fiscalía política”. El malestar del presidente se dio por dos casos: el de Diego Marín, alias Papá Pitufo, y la demora por la extradición de Gerly Sanchez Villamizar, alias Mono Gerly, un hombre que no era relevante en la opinión pública hasta ese momento, pero que es considerado uno de los ‘traquetos’ del ELN. CAMBIO conoció documentos secretos de inteligencia militar que muestran que, desde el 2022, las autoridades tenían identificado el brazo narcotraficante de ese grupo insurgente liderado, supuestamente, por Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, miembro del COCE. 

El exministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró a este medio que nunca fue informado por inteligencia militar sobre los archivos que hoy revela CAMBIO y que tampoco recibió la información sobre cómo operaba el brazo narcotraficante del ELN.

Los informes secretos fueron elaborados por el Batallón de Inteligencia Militar 8, ubicado en Yopal, Casanare, y fueron trasladados a la Fiscalía entre febrero y marzo de 2022. Ahí se narra la manera en la que el ELN se convirtió en estructura transnacional de narcotráfico que abarcaba la frontera de Colombia y Venezuela, con un poder que llegaba hasta Surinam y las zonas fronterizas con Brasil y México. En esos países, dice el expediente, estaban intentando montar sus propios laboratorios de cocaína.

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Ese mismo fenómeno —la mutación del ELN a una estructura narcotraficante, con rutas internacionales y alianzas en Venezuela— es el que aparece descrito en el indictment presentado en Estados Unidos contra Nicolás Maduro y la cúpula del régimen venezolano, donde se habla de la convergencia entre guerrillas colombianas, carteles de droga y estructuras estatales corruptas.

Los expedientes secretos del ‘traqueteo’ del ELN

La inteligencia militar, en ese momento en cabeza del Gobierno de Iván Duque, tenía claro que quienes conformaban el brazo narcotraficante del ELN —uno de ellos el mono Gerly— respondían a las órdenes de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, comandante y negociador de ese grupo armado.

El exministro de Defensa, Diego Molano -en el gobierno de Iván Duque-, le dijo a CAMBIO que siempre estuvo informado por inteligencia militar sobre las actividades narcotraficantes del ELN y que, por eso, siempre fue uno de los principales objetivos militares.

Los informes secretos señalan que el jefe guerrillero estaba construyendo unos laboratorios de cocaína en una isla ubicada en territorio brasileño, donde se realizaría el procesamiento de pasta base de coca y de clorhidrato de cocaína. Esa expansión no se limitaría a Brasil. El documento ubica actividades paralelas en territorio venezolano, específicamente, en el estado Anzoátegui y en el estado Bolívar, identificado en el documento bajo el nombre de “Cobalto”. 

En esos territorios, según la información recopilada, ‘Pablito’ contaba con el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que era un elemento clave para la expansión de laboratorios y para el tránsito de cargamentos de droga y armas.

Dice el expediente que ‘Pablito’ instruía a ‘Mono Gerly’ para almacenar grandes cantidades de droga en pistas clandestinas ubicadas en el sector de Puerto Páez (Cobalto). Desde allí, los cargamentos seguían su ruta internacional. 

Las rutas del narcotráfico aparecen descritas con precisión. La cocaína, según el informe, sale del departamento del Cauca y Arauca y, luego, es transportada en vehículos de alta gama hacia territorio venezolano. Posteriormente, con ayuda del denominado Cartel de los Soles, es trasladada hacia Puerto Páez, también en Venezuela. Allí, desde pistas clandestinas, los cargamentos serían enviados a una isla denominada Surinam, zona fronteriza con Brasil y también a México, en alianza con el Cartel de Sinaloa.

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El organigrama ‘traqueto’

El organigrama que muestra el expediente es simple. ‘Pablito’ era el líder de esa ala. El segundo al mando era Arturo Archila Rincón, alias Raúl o Nacho, cabecilla político del Frente de Guerra Oriental y quien, presuntamente, era el que organizaba, direccionaba y ejecutaba el procesamiento de los estupefacientes (clorhidrato de cocaína y pasta a base de cocaína) en el departamento de Arauca y también en Venezuela. 

El tercero al mando, según el informe, era el ‘Mono Gerly’, mano derecha de ‘Raúl’ o ‘Nacho’ y enlace con ‘Pablito’. ‘Gerly’ era el dueño de los laboratorios de cocaína que tenían en Arauca y el encargado de almacenar grandes cantidades de estupefacientes en unas pistas clandestinas que se encuentran ubicadas en el sector conocido como Puerto Páez (Cobalto), Venezuela. Su poder era de tal magnitud, que fue delegado para reunirse en México con integrantes del Cártel de Sinaloa para coordinar rutas y negocios relacionados con el narcotráfico.

En ese brazo narcotraficante también era clave la participación de ​un hombre del que CAMBIO se abstiene de revelar su identidad porque no ha sido expuesto públicamente, pero que tiene el alias de El Piloto y que sería familiar del ‘Mono Gerly’. Los informes de inteligencia militar muestran que él era el encargado de transportar y contabilizar los cargamentos de estupefacientes que se envían hacia Centroamérica. Además, era el responsable de entrar el dinero obtenido producto del narcotráfico a territorio colombiano por intermedio de unas casas de cambio en Bogotá y en Cúcuta, Norte de Santander. Esa operación financiera, precisa el documento, se realizaría con el apoyo de un contador público identificado como sobrino de ‘Mono Gerly’ y de ‘El Piloto’.

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Todo el entramado descrito —laboratorios, pistas, rutas, alianzas con carteles internacionales, lavado de activos y control armado del territorio— muestra que el brazo narcotraficante del ELN operaba con la misma lógica en Colombia y en Venezuela, apoyado por estructuras estatales del vecino país y articulado con organizaciones criminales transnacionales. Un esquema que, de acuerdo con los documentos, no era desconocido por las autoridades, por lo menos desde la existencia de estos informes revelados por CAMBIO que tienen fecha de febrero y marzo de 2022.

El Gobierno nunca tuvo esa información de inteligencia contra el ELN: Iván Velásquez

El mismo mes en que el presidente Gustavo Petro llegó al poder ordenó la suspensión de las órdenes de captura contra los cabecillas del ELN y reactivó los diálogos de paz. Meses después, los delegados informaron como un triunfo que habían avanzado en “la caracterización jurídico legal del ELN como organización política armada rebelde”. Es decir, a partir de ese momento, el grupo pasó de ser un simple Grupo Armado Organizado a ser reconocido como un grupo rebelde.

El abogado Francisco Bernate señala que ese cambio en la caracterización permite que la justicia sea más blanda con ellos.

“En el caso de la rebelión, el sistema no es tan restrictivo. Pero el fondo es más profundo y es que estamos hablando de un delito político que permite la amnistía, los indultos y demás beneficios. Entonces, ya no son considerados un simple grupo al margen de la ley sino que se consideran un grupo político con el que el gobierno nacional puede adelantar negociaciones y suspender órdenes de captura, entre otros beneficios”, explica.

Incluso, según la normativa del Ministerio de Defensa (directivas 015 y 016 del 2016), si a un grupo se le quita la clasificación de GAO se pierde seguridad jurídica para la tropa que los combate, pues mantenerlos en esa clasificación habilita el uso de medios y métodos de guerra particulares de las fuerzas. En otras palabras, no se les podía bombardear. 

Vera Grabe, negociadora del Gobierno con el ELN, defendió esa caracterización.

“Independientemente de sus formas de financiación, el ELN es la última guerrilla clásica con ideas políticas y carácter rebelde, por lo que no debe ser calificada simplemente como un grupo narcotraficante ni equiparada con organizaciones como el Clan del Golfo. Etiquetarlos así puede ser popular, pero no resuelve un conflicto que requiere diferenciar las motivaciones para obtener resultados reales en los diálogos. Nuestra labor en la delegación es recuperar la negociación para abordar temas humanitarios urgentes y evitar que el proceso quede en el limbo”, asegura.

CAMBIO consultó al entonces ministro de Defensa y hoy embajador ante la Santa Sede, Iván Velásquez, para preguntarle por qué el Gobierno fue benévolo con un grupo armado del que, desde el principio, supieron que tenía un brazo narcotraficante. Velásquez aseguró que nunca conoció el contenido de esos informes y que sus agencias de inteligencia nunca le informaron nada similar. A su juicio, el comandante del batallón de inteligencia militar que hizo los informes y los trasladó a la Fiscalía, debió informar al jefe de inteligencia de las Fuerzas Militares o a los comandantes de Ejército y Fuerzas Militares y estos, a su vez, debían haberle trasladado esas pesquisas como jefe del sector defensa. Según el exministro, no sabe en qué eslabón de la cadena se hundió semejante información.

En todo caso, ese desconocimiento y, sobre todo, que la inteligencia obviara esa información que es presentada ante el Consejo de Seguridad Nacional, que preside Gustavo Petro, llevó a que se caracterizara al ELN como grupo político y a que se avanzara en los frustrados diálogos de paz. Pero no solo eso. Gracias a lo anterior, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura contra los cabecillas de la estructura y fue solo hasta el año 2025 que las reactivó. En algunos casos fue tarde. Alias Raúl o Nacho y el ‘Mono Gerly’ salieron del país.

Hoy, el reclamo del presidente Petro a la Fiscalía por la demora en las capturas de figuras como 'Mono Gerly' resulta contradictorio, pues fue su propio Gobierno el que mantuvo el paraguas de protección jurídica sobre una estructura que la inteligencia ya había desnudado por completo hace años. Esto no significa que la falta de acción judicial contra el grupo esté completamente justificada. 

El caso del ‘Mono Gerly’ y el de los archivos olvidados del Batallón 8 dejan al descubierto un Estado que, entre la negligencia y la conveniencia política, permitió el fortalecimiento del ELN. Mientras el Gobierno Petro blindaba al grupo con un estatus político basado en una “buena voluntad” que nunca llegó, la Fiscalía General fue incapaz de convertir la inteligencia militar en resultados tangibles, permitiendo que el andamiaje financiero y las casas de cambio de la guerrilla operaran sin obstáculos. Así, la organización lavó dinero y traficó toneladas de cocaína bajo la sombra protectora de una paz que solo existió en el papel.