¿Existió el cartel de los pilotos? La justicia lo pone en duda

Durante más de una década, la Fiscalía sostuvo que en la Aeronáutica Civil operó un cartel de pilotos que pagaba sobornos para obtener licencias de vuelo. La tesis se formalizó en 2022, cuando más de un centenar de aviadores fueron imputados por cohecho y fraude procesal, pese a que el origen del escándalo estaba documentado desde 2013 como un entramado de corrupción interna de funcionarios públicos. Ahora, dos sentencias absolutorias —proferidas en 2024 y enero de 2025— dejan ver una realidad distinta: según los jueces, las acciones que configuraron el supuesto cartel de pilotos no lograron probarse en esos casos y la investigación terminó criminalizando a quienes acudieron al Estado para hacer un trámite legal de convalidar sus licencias de pilotos obtenidas en el exterior. No son las únicas decisiones que ponen en tela de juicio esa investigación.

La justicia terminó por desmontar la tesis central de la Fiscalía en dos de los procesos judiciales más prolongados y controversiales del sector aeronáutico. En estos fallos, dos juzgados penales del circuito de Bogotá absolvieron a los pilotos Rafael Esteban Cifuentes Plata y Shawn Sam Mazlack, procesados por fraude procesal, falsedad y cohecho dentro del caso. Las sentencias son contundentes: no se probó que los aviadores hubieran inducido a funcionarios de la Aeronáutica Civil a cometer delitos ni que hubieran actuado con dolo para obtener licencias de vuelo de manera irregular. Lo que sí quedó acreditado fue la existencia de un esquema de corrupción interna en la Aerocivil que operó entre 2010 y 2013, mucho antes de que la Fiscalía decidiera extender la imputación penal a quienes buscaban convalidar sus licencias.

Las absoluciones llegan después de un largo recorrido judicial que comenzó con los hechos investigados entre 2011 y 2012, cuando decenas de pilotos acudieron a la Aeronáutica Civil para convalidar licencias obtenidas en el exterior, y que tuvo su primer gran hito en septiembre de 2013, con la captura y posterior condena de varios funcionarios del Grupo de Licencias Técnicas de la entidad. 

Cómo empezó el caso y el giro de la Fiscalía

Después de que la Aeronáutica Civil detectó irregularidades en decenas de trámites de convalidación de licencias de pilotos formados en el exterior, la investigación interna derivó en actuaciones penales que tuvieron su primer desenlace judicial en 2013. El 26 de septiembre de ese año fue capturado Alfonso José Cervera Mendoza, entonces jefe del Grupo de Licencias Técnicas y Exámenes de la Aerocivil, señalado de liderar un esquema de corrupción que incluía falsedad en documentos, fraude procesal, cohecho propio y prevaricato. En febrero de 2014, Cervera aceptó cargos ante un juzgado penal del circuito de Bogotá. En los meses siguientes también fueron procesados y condenados otros funcionarios, entre ellos Jorge Luna Mejía y Alirio Chacón, inspectores de operaciones y evaluadores de vuelo.

En esa primera etapa, el foco estuvo claramente puesto en los servidores públicos. Las sentencias establecieron que, desde sus cargos, los funcionarios manipulaban expedientes, elaboraban documentos falsos y cobraban dinero a cambio de “agilizar” trámites que, en realidad, debían adelantarse conforme al Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC). Los hechos se concentraron en un periodo específico —entre 2010 y 2013— y describieron un esquema que operaba al interior de la Aerocivil, aprovechando la escasa información pública disponible y la dependencia de los usuarios frente a la autoridad aeronáutica.

Durante varios años, el proceso pareció cerrado en ese nivel. Sin embargo, casi una década después, la Fiscalía decidió ampliar de manera radical el alcance de la investigación. El 25 de mayo de 2022, el ente acusador imputó cargos a Shawn Sam Mazlack, un piloto estadounidense que había solicitado la convalidación de sus licencias en marzo de 2012. Entonces, la Fiscalía empezó a replicar la misma tesis frente a decenas de aviadores: que no solo existió un entramado de funcionarios corruptos, sino también un supuesto cartel de pilotos que habría pagado sobornos y presentado documentos falsos para obtener licencias de manera irregular.

Entre 2020 y 2023, durante la administración de Francisco Barbosa –que se caracterizó por unas cifras de resultados que algunos expertos denominaron infladas– más de un centenar de pilotos fueron vinculados formalmente a investigaciones penales por delitos como cohecho, falsedad ideológica, falsedad material y fraude procesal. La hipótesis de la Fiscalía era uniforme: los pilotos “debían conocer” los requisitos del RAC y, al beneficiarse del trámite, habrían actuado dolosamente. Esa construcción empezó a derrumbarse en los estrados judiciales.

CAMBIO conoció dos decisiones judiciales que marcan el cierre de facto del caso y desnudan las falencias estructurales de la investigación de la Fiscalía. Se trata de las sentencias absolutorias proferidas a favor de Shawn Sam Mazlack, el 22 de enero de 2025, por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá, y de Rafael Esteban Cifuentes Plata, el 5 de agosto de 2024, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la misma ciudad. En ambos fallos, los jueces coinciden en una conclusión central: la Fiscalía no logró probar que los pilotos hubieran determinado, inducido o concertado con funcionarios de la Aeronáutica Civil la comisión de delitos para obtener sus licencias de vuelo.

El caso Shawn Sam Mazlack

En el proceso contra Shawn Sam Mazlack, los hechos investigados se remontan a marzo de 2012, cuando el piloto estadounidense solicitó ante la Aeronáutica Civil la convalidación de su licencia comercial e instructor de vuelo. Diez años después, el 25 de mayo de 2022, la Fiscalía le imputó delitos de falsedad ideológica, falsedad material y fraude procesal, bajo el argumento de que habría determinado a funcionarios públicos para incorporar documentos falsos al trámite administrativo.

El juicio oral se extendió durante 2024, con audiencias entre marzo y diciembre. Finalmente, el 22 de enero de 2025, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá anunció y profirió sentencia absolutoria.

El fallo subraya que la prueba pericial grafológica fue concluyente al establecer que la firma del piloto no aparece en los formatos de solicitud ni en los documentos internos usados para expedir la licencia. En palabras del juzgado, “no se demostró siquiera sumariamente que Shawn Sam Mazlack fuera quien radicara la solicitud ni presentó los documentos espurios que acompañaban la misma”, lo que genera “una duda razonable e insalvable frente a su responsabilidad penal”

El juzgado recuerda que para atribuir ese rol de determinador era indispensable probar que el acusado generó en los funcionarios “la resolución indefectible de cometer el delito”. Sin embargo, tras analizar los testimonios de inspectores, directivos de la Aerocivil y del propio Alfonso José Cervera Mendoza —funcionario condenado por corrupción—, el despacho concluyó que ninguno de los testigos ubicó a Mazlack como instigador o concertador. Por el contrario, quedó acreditado que el esquema ilegal ya operaba dentro de la entidad y que los pilotos eran orientados por los propios funcionarios.

En uno de los apartes más duros contra la Fiscalía, el juzgado fue explícito al afirmar que “quedó probado el entramado delictivo que estaba ocurriendo dentro de la Aeronáutica Civil frente a la expedición irregular de licencias de pilotos”, pero que no se acreditó que el procesado conociera o aprobara la forma incorrecta en que se hizo el trámite, ni que hubiera tenido acceso a los documentos internos utilizados para expedir la licencia.

La decisión concluye que el pago de derechos administrativos y el interés legítimo por obtener una licencia no pueden equipararse a dolo penal, menos aún cuando los documentos falsos eran de manejo exclusivo de funcionarios y no pasaban por las manos del solicitante. Con ese razonamiento, el juzgado absolvió a Mazlack de todos los cargos y dejó en evidencia las grietas de una acusación sostenida durante más de dos años sin respaldo probatorio suficiente.

El caso Rafael Esteban Cifuentes Plata

Los hechos por los que fue investigado se remontan a 2011, cuando adelantó ante la Aeronáutica Civil el trámite de convalidación de su licencia de vuelo. En 2020, la Fiscalía lo acusó bajo los mismos cargos formulados contra decenas de aviadores: cohecho, falsedad y fraude procesal, con el argumento de que habría participado activamente en un esquema para obtener su licencia de manera irregular.

El caso llegó a juicio y concluyó con sentencia absolutoria. En su decisión, el despacho fue explícito al señalar que la Fiscalía no acreditó la existencia de dolo ni de un acuerdo criminal entre el piloto y los funcionarios de la Aerocivil que ya habían sido condenados años atrás. La sentencia recuerda que las irregularidades administrativas detectadas en los expedientes no son suficientes, por sí solas, para estructurar responsabilidad penal, si no se demuestra la intervención consciente y voluntaria del procesado.

“No basta con acreditar irregularidades en el trámite para imputar fraude procesal, si no se demuestra la intervención consciente y voluntaria del procesado en la maniobra ilícita”, dice la sentencia del 5 de agosto de 2024.

El juzgado enfatizó que, para configurar delitos como el fraude procesal o la falsedad, era indispensable probar que Cifuentes conocía las maniobras ilegales y participó en ellas, algo que nunca ocurrió en el juicio. Por el contrario, las pruebas demostraron que los documentos cuestionados hacían parte de procedimientos internos de la Aeronáutica Civil, elaborados y gestionados por funcionarios que ya habían aceptado o recibido condenas por esos hechos. En ese contexto, el despacho advirtió que la Fiscalía pretendió trasladar automáticamente la responsabilidad de los servidores públicos a los usuarios del sistema, sin demostrar un nexo penal concreto.

En diálogo con CAMBIO, el abogado Mauricio Pava, que defendió a los dos pilotos absueltos, criticó que la Fiscalía tome decisiones colectivas que solo “sirven para llenar el ego del fiscal de turno”. 

“Solo funcionará la justicia penal cuando volvamos a lo básico: responsabilidad individual, culpabilidad y última media. Mientras se haga política pública con imputaciones sonoras, sin verificar si el caso cabe en derecho penal, seguiremos produciendo falsos positivos judiciales: titulares, resultados y, como en este asunto, jóvenes convertidos en victimarios”, dijo.

En ambos fallos, los juzgados coinciden en que la Fiscalía confundió irregularidades administrativas con conductas penalmente relevantes y construyó acusaciones apoyadas en presunciones generales, no en pruebas individualizadas.

Las absoluciones llegan tarde, después de licencias suspendidas, carreras truncadas y una estigmatización que ningún fallo repara del todo.

Hoy, con más de una decena de decisiones absolutorias y otras en curso, la justicia empieza a cerrar un capítulo que deja una pregunta incómoda: cómo una investigación que nació para sancionar la corrupción pública terminó señalando penalmente a quienes confiaron en la autoridad. En los estrados, al menos, la respuesta se está escribiendo: el llamado cartel de pilotos está en duda.