La JEP abrió investigación contra el general (r) Mario Montoya por los ‘falsos positivos’ en Antioquia

El 30 de noviembre del 2003, una de las unidades militares adscritas a la IV Brigada del Ejército Nacional, que para entonces lideraba el general Mario Montoya, montó una operacion de registro y control en el barrio Olaya de Medellín y terminó asesinando a sangre fría a Franklin de Jesús Gómez en el mismo barrio donde residía. El hombre, que padecía discapacidad intelectual, fue presentado como baja en combate y señalado de hacer parte de las milicias de las Farc. Para montar una escena creíble, los militares le sembraron material de guerra. Esa es una de las 141 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Oriente antioqueño por las que, según la JEP, debe responder el general (r) Mario Montoya Uribe. CAMBIO revela en exclusiva el auto que le da un comienzo decisivo al proceso en los estrados judiciales.

En octubre del 2024, el general Montoya se negó a reconocer su responsabilidad por los ‘falsos positivos’ cometidos en Antioquia por los cuales la JEP lo imputó. Por eso, en diciembre del mismo año, la jurisdicción envió su caso a su Unidad de Investigación y Acusación (UIA), una especie de Fiscalía, para que indagara los hechos y determinara si había mérito o no para abrir una investigación formal en su contra. Finalmente, el 23 de diciembre del 2025, tras más de un año de indagaciones, la UIA tomó su decisión: abrió una investigación formal en contra del general Montoya por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate, ocurridas cuando comandó la IV Brigada del Ejército, entre 2002 y 2003. 

El auto, con fecha del 23 de diciembre de 2025, marca el tránsito definitivo del caso al escenario adversarial. Esto, en términos prácticos, significa que Montoya dejó de ser un compareciente con opción de recibir beneficios y pasó a enfrentar un proceso penal, con la posibilidad de que, en los próximos meses, lo acusen formalmente y afronte un juicio que, de salir en su contra, podría enfrentarlo a una condena de hasta 20 años de prisión, la pena máxima prevista por la JEP para quienes, teniendo la oportunidad de aportar verdad y reconocer responsabilidad, deciden no hacerlo.

Las órdenes del general Montoya, según la JEP

La Fiscalía de la JEP sostiene que existen pruebas que permiten inferir que es responsable penalmente de la ocurrencia de 59 hechos criminales, asociados a 141 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Oriente antioqueño. Según el auto, esos crímenes no fueron hechos aislados ni excesos individuales, sino que respondieron a un patrón de macrocriminalidad que se consolidó bajo la línea de mando de la IV Brigada. Específicamente, dice el documento, el general Montoya es el responsable de crear y liderar una “lógica operacional” que priorizaba los muertos en combate. 

El auto es explícito. Dice que, para el 1° de enero de 2002 hasta el 14 de diciembre de 2003, el general Montoya se desempeñó como comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional, “y bajo su mando, control y dirección habría emitido órdenes e implementado medidas a través de la instrumentalización de los procedimientos institucionales para que sus Unidades Tácticas y personal de oficiales, suboficiales y soldados concibiera una lógica operacional de presentación de bajas que priorizaba resultados cuantitativos de muertos en combate a cualquier precio, medidos con expresiones como “litros, ríos o barriles de sangre”, que tomó como insumo “víctimas” a integrantes de la población civil y a personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, acción criminal que fue compartida y materializada en el campo de operaciones, con el propósito de que al reportar un gran número de bajas, recibirían el reconocimiento como las unidades militares más exitosas en la denominada lucha contra los grupos armados organizados que operaban y hacían presencia en esa jurisdicción, además del otorgamiento de incentivos y premios que recibían por cada baja que se realizaba”. 

De acuerdo con la investigación, durante el periodo en el que Montoya ejerció como comandante se implementó una lógica operacional centrada en la obtención de resultados medidos en número de muertos, lo cual derivó en una presión sistemática sobre las unidades subordinadas. Esa presión, señala la JEP, incentivó la comisión de asesinatos de civiles, posteriormente encubiertos mediante informes operacionales falsos, manipulación de escenas y presentación de las víctimas como guerrilleros dados de baja en combate.

El auto describe tres modalidades recurrentes. La primera, la detención y posterior asesinato de personas previamente señaladas como integrantes de grupos armados, sin que existiera combate alguno. La segunda, el engaño a civiles en condición de vulnerabilidad, a quienes se les ofrecían trabajos o traslados y luego eran ejecutados. La tercera, la muerte de personas protegidas —capturadas, rendidas o fuera de combate— que fueron reportadas como bajas legítimas.

La jurisdicción enfatiza que las víctimas estaban desarmadas, no participaron en hostilidades y se encontraban en estado de indefensión. Estos factores configuran violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario. En varios casos, añade el documento, los cuerpos presentaban signos de haber sido movidos y acomodados para simular enfrentamientos inexistentes.

En cuanto a la responsabilidad del general (r) Montoya, la investigación no lo califica como autor material, sino como máximo comandante que tenía control efectivo sobre las tropas, capacidad de impartir órdenes, de modificar prácticas operacionales y de sancionar irregularidades. Según la JEP, lejos de corregir el patrón criminal, éste se consolidó durante su mando.

El auto también resalta que las unidades con mayor número de muertes reportadas recibieron reconocimientos institucionales, lo que reforzó el incentivo perverso de producir resultados letales. Esa dinámica, concluye la JEP, explica la magnitud del fenómeno en Antioquia durante esos años.

Al haber rechazado los cargos formulados por la Sala de Reconocimiento, Montoya quedó excluido de las sanciones propias —que contemplan penas restaurativas y restricciones efectivas de la libertad— y se expone ahora a una pena ordinaria de hasta 20 años, si en juicio se prueba su responsabilidad penal. La decisión no es simbólica, todo lo contrario, abre la puerta a un eventual juicio y condena por uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado.

Un caso que llevaba un año en pausa

En diálogo con CAMBIO, Sergio Arboleda, representante de víctimas, reconoció que la decisión es un paso importante, pero expresó reparos.

“Mediante el auto 062 de 2023, la JEP seleccionó nueve máximos responsables relacionados con estos crímenes perpetrado entre los años 2002 y 2003 dentro de los cuales se encuentra Mario Montoya Uribe, quien fungía como comandante de la cuarta brigada. En este mismo sentido, mediante el auto 005 de 2025, la sala de reconocimiento de la JEP seleccionó otros máximos responsables llamados a reconocer su participación en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre los años 2004 y 2007. Llama la atención de esta segunda decisión la ausencia de Mario Montoya Uribe, quien se desempeñaba como comandante de la primera división del Ejército Nacional y cuyo aporte fue determinante para el aumento exponencial (cuantitativo y territorial) de estos graves crímenes”, dijo a CAMBIO Sergio Arboleda Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad y representante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

La investigación contra Montoya entra ahora en una fase decisiva. No sólo pone a prueba la capacidad de la JEP para juzgar a los más altos mandos militares, sino que enfrenta al país con una duda incómoda: si, más de veinte años después, la justicia está finalmente dispuesta a llegar hasta el fondo en el caso de uno de los generales más poderosos de la historia reciente del Ejército colombiano y quien fue catalogado por el expresidente Álvaro Uribe –que lo nombró como comandante del Ejército en el 2006– como un “héroe de la patria”.