Uno de los momentos de la reunión entre los gobernadores y el Gobierno nacional. Foto Cortesía FND.
La ‘resaca’ por el impuesto a los licores: los gobernadores y el Gobierno miden fuerzas
Tras una reunión tensa en el Ministerio de Hacienda, las regiones anunciaron que continuarán en la búsqueda de acciones jurídicas para proteger las finanzas territoriales, mientras el Ejecutivo defendió las medidas y abrió la puerta a nuevas mesas técnicas de trabajo. El desacuerdo sigue intacto.
Por: Rainiero Patiño M.
La ‘fiesta’ no está para bailes alegres. Los gobernadores están muy molestos con las nuevas disposiciones sobre los impuestos al licor, determinados por el decreto de emergencia económica. Y el Gobierno nacional se paró firme para defender las medidas. El ‘baile’ de las últimas horas fue tenso, pero las partes anunciaron un nuevo encuentro.
“No hay acuerdo”, casi que gritaron los 16 gobernadores que se reunieron con el ministro del interior, Armando Benedetti, y con Germán Ávila, el ministro de Hacienda, en la mañana de este 19 de enero.
Los mandatarios departamentales fueron más allá y anunciaron que continuarán en la búsqueda de acciones jurídicas para proteger las finanzas territoriales para la atención en salud, educación y deporte en todas las regiones del país. Al encuentro asistieron 16 mandatarios regionales; el gobernador de Antioquia se hizo presente en la parte final.
Tras la reunión realizada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la que también participaron el director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, y el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera, los mandatarios departamentales reconocieron la disposición de diálogo expresada por el Gobierno nacional, pero mantuvieron su posición firme y señalaron que solicitarán a la Corte Constitucional una medida de protección de suspensión provisional de la implementación del decreto 1474 de 2025, en lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA para licores y cigarrillos.
Los mandatarios insistieron en la defensa de la autonomía de las entidades territoriales y que Colombia es una república unitaria y descentralizada. “Esto es lo que estamos defendiendo desde las regiones; cualquier medida que vaya en contravía del mandato constitucional debe ser objetada”, señalaron los gobernadores, por medio de una declaración conjunta.
A pesar del anuncio de medidas legales, los mandatarios dijeron estar abiertos a mantener el diálogo y participar en los espacios que el Ministerio de Hacienda convoque.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, planteó avanzar en una evaluación del efecto del recaudo por medio de mesas técnicas de trabajo, por lo que propuso programar una nueva reunión en fecha inmediata.
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“Se propone control al contrabando, salvaguarda de la ley que reconoce que la erosión de la demanda recae en la nación y la instrucción de la Corte Constitucional de igualar la Unidad de Pago por capitación (UPC) al régimen subsidiado”, explicó la cartera de Hacienda.
El ministro Benedetti también dejó claro que las diferencias son grandes y no fueron superadas en la reunión. En un tono más relajado, dijo que hasta ahora hay acuerdo solo en los problemas que hay. Lo primero que habría que determinar, según el ministro, es si es verdad que estos impuestos afectan la recaudación para el presupuesto de ellos (los departamentos).
“Quedó claro que si esto llegaba a pasar, la nación asume lo que haga falta para compensarlos. El otro tema constitucional es que ellos dicen que pierden autonomía, pero eso no es así porque hay una sentencia de la Corte Constitucional (414 de 2012), que dice que esos impuestos se pueden tocar en casos de problemas macroeconómicos. El tercero es que el Gobierno nacional tiene que actuar frente al contrabando”, detalló Benedetti.
Algunas cifras claves, según la FND
La Federación Nacional de Departamentos reportó que el impuesto al consumo representa en promedio el 43 por ciento de los ingresos tributarios de los departamentos.
La FDN señaló que en la vigencia 2025, el recaudo por este impuesto al consumo de productos extranjeros ascendió a 3.314 billones de pesos, discriminados de la siguiente manera: cerveza (9.324 millones) 0,28 por ciento, cigarrillos (1,906 billones) 57,51 por ciento y licores (1,399 billones) 42,21 por ciento.
Según las cifras oficiales, el contrabando de cigarrillos en 2024 fue del 36 por ciento. “Como resultado de este ilícito, para el año 2024 se dejaron de recaudar 1.030 billones de pesos”, señaló.
En lo correspondiente al impuesto al consumo de productos extranjeros, reportó la FND, se realizó el giro a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) por valor de 545.041 millones en la vigencia 2025.
¿Cuáles son los cambios por el decreto?
La discusión no está fácil porque el Decreto 1474 de 2025, expedido el 29 de diciembre pasado por el Gobierno, elevó la tarifa del IVA sobre bebidas alcohólicas sujetas al impuesto al consumo, como aguardiente, ron, vino, whisky, aperitivos y similares, del 5 por ciento al 19 por ciento durante el año gravable 2026. Esto quiere decir que el precio final se encarece para el consumidor final. La cerveza, debido a su alto consumo social, quedó excluida de este aumento.
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Adicional al incremento del IVA, la medida del Gobierno determinó que, en el impuesto al consumo específico, la tarifa por grado de alcohol se aumentó de manera significativa. En algunos casos pasó de 342 pesos a 750 pesos por grado de alcohol en botellas de 750 centímetros cúbicos.
El decreto también modificó el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco, haciéndolo más alto y extendiendo su nivel de aplicación a productos como vapeadores. Las reformas fueron dictadas bajo la declaración del estado de emergencia económica y social y, según el Gobierno, se busca cubrir un déficit fiscal de más de 11 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026.
El debate está en que los gobernadores han dicho que, al subir las cargas a estas bebidas con una tarifa general más alta de IVA, se desvía parte del recaudo hacia el presupuesto nacional y se disminuirían los recursos locales destinados a salud, educación, deporte y gasto administrativo.
La ruptura con el Gobierno nacional es tan radical que algunos gobernadores ya anunciaron que no aplicarán el aumento hasta que no exista un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Además, señalaron que esto abriría una puerta más grande al consumo de licores de contrabando.
En respuesta, el Ministerio de Hacienda ha insistido en que las medidas no afectarán el recaudo de los departamentos ni sus finanzas, y que los recursos adicionales responden a la emergencia fiscal sin desfinanciar las regiones.
El choque es evidente y la discusión tomó tintes legales y constitucionales. La próxima reunión, con fecha por definir, puede ser clave. Por ahora, los gobernadores parecen estar sumidos en una ‘resaca’ por la posible pérdida de los recursos; y el Gobierno nacional parece estar dispuesto a defender sus reglas para imponer el ‘ritmo’ del próximo baile.
