La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya Requene y el presidente de InterNexa, Saúl Kattan.
Las advertencias que hubo detrás del millonario contrato que se ganó InterNexa
El proyecto científico más ambicioso anunciado por el Gobierno se adjudicó en tiempo récord, con criterios más restrictivos que cualquier otra convocatoria comparable y pese a advertencias sobre la supuesta vulneración de los principios de transparencia, igualdad, y debido proceso. Este es el 'detrás de camaras'.
Por: Sylvia Charry
La historia de esta convocatoria empezó hace casi un año, el 5 de febrero de 2025, cuando desde las cuentas oficiales de la Presidencia de la República, el Gobierno anunció un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos para instalar tres centros de datos estratégicos en el país, como parte del proyecto BioNube. El mensaje hablaba de soberanía de datos, de infraestructura de Inteligencia Artificial y de una inversión millonaria. Y desde ese primer anuncio se señaló que la conectividad del proyecto estaría a cargo de Internexa, filial del grupo ISA. Horas después, el presidente Gustavo Petro reposteó el mensaje y lo presentó como “un proyecto de vanguardia para Colombia”. Lo que no se sabía, hasta ese momento, es que la empresa lideraría todo el proyecto que fue contratado mediante una convocatoria pública. O, por lo menos, por ahora, es el único habilitado y posible adjudicatario.
A finales de octubre de 2025, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación lanzó la Convocatoria Pública 046 del Sistema General de Regalías, destinada a financiar con cerca de 630.000 millones de pesos el desarrollo de infraestructura nacional para inteligencia artificial, descrita por el propio Ejecutivo como el proyecto científico más ambicioso de la historia reciente del país.
El objetivo del proyecto, dice la convocatoria, es el de “impulsar la infraestructura, el desarrollo científico y tecnológico en inteligencia artificial, mediante la creación y consolidación de capacidades nacionales avanzadas que habiliten la investigación, el desarrollo y la innovación, con el propósito de fortalecer la soberanía tecnológica y posicionar al país como referente regional en inteligencia artificial, promoviendo la productividad, la competitividad y la sostenibilidad nacional, a través, de la conformación de un banco de proyectos elegibles y financiables”.
El cronograma llamó la atención desde el primer momento. Para una iniciativa de esa magnitud, el Ministerio otorgó apenas 30 días calendario —22 días hábiles— para estructurar y presentar propuestas. Un plazo inusualmente corto si se compara con otras convocatorias del sector, que han tenido periodos de hasta seis meses para su formulación y plazos adicionales para presentar los documentos necesarios. Aun así, varios consorcios académicos, científicos y regionales lograron presentar proyectos complejos que buscaban articular universidades, territorios, comunidades y capacidades nacionales.
El contraste entre esta convocatoria y los procesos previos del propio Ministerio de Ciencia deja en evidencia un tratamiento excepcional difícil de justificar. En convocatorias de menor cuantía, como la 037 por 500.000 millones de pesos o la 045 por 200.000 millones, otorgaron entre 51 y 180 días para estructurar propuestas, y permitieron periodos de subsanación de cinco días hábiles y hubo varios ganadores.
Mientras tanto, esta convocatoria de Colombia Inteligente, la más costosa de todas, concentró 630.000 millones de pesos en un solo ganador, redujo el plazo a apenas 30 días calendario y limitó la subsanación a solo dos días hábiles. Más aún, fue la única en la que el Ministerio exigió desde el inicio cartas de compromiso territoriales de alcaldías y gobernaciones. Además, en la fase de subsanación negó la posibilidad de corregir documentos que no modificaran la oferta.
El resultado es un diseño que, lejos de ampliar la competencia para el proyecto científico más ambicioso del país, impuso reglas más restrictivas, plazos más cortos y márgenes de corrección mínimos, en abierta contradicción con los criterios aplicados en convocatorias anteriores. Todo lo que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha cuestionado de los modelos de contratación estatal.
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El desenlace llegó como regalo de Navidad, el 29 de diciembre de 2025. Ese día, Internexa resultó seleccionada como la única habilitada para ser la ejecutora del proyecto. La empresa ganó el proceso con un puntaje de 78,33 puntos sobre 100, una calificación aceptable, por decir lo menos, para un proyecto de semejante envergadura. Expertos del sector dijeron a CAMBIO que ese puntaje es bajo para ser un proyecto financiado por el Sistema General de Regalías y que, en otras convocatorias la competencia científica es intensa y los proyectos ganadores han estado por encima de 90 puntos. Eso lo que significa es que, por ahora, la empresa es la única habilitada para ser adjudicataria del magno proyecto. Lo que falta es que el ministerio informe que se lo otorgará.
Internexa está hoy gerenciada por Saúl Kattan Cohen, un economista con una trayectoria estrechamente ligada al entorno político del presidente Gustavo Petro. Kattan fue gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) durante la alcaldía de Petro y, ya en el actual gobierno, integró la junta directiva de Ecopetrol, cargo al que renunció hace más de un año. Posteriormente, el propio presidente lo designó como gerente general encargado de Internexa.
A ello se suma un punto aún sin explicación oficial y es que, según algunos proponentes, Internexa no figura en el listado de actores reconocidos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), lo cual era un requisito exigido en los términos de la convocatoria. Ese vacío, junto con los tiempos, las decisiones y las advertencias posteriores, es el telón de fondo de una convocatoria que hoy está bajo el foco de la opinión pública.
Denuncia: ‘Graves irregularidades’
Sobre ese escenario comenzaron a acumularse las inconformidades formales. El abogado Juan Pablo Estrada, que representa los intereses de la Fundación Tecnalia Colombia, uno de los proponentes de la Alianza Red Colombia Inteligente, envió varias cartas al Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación en las que criticó el proceso de selección y aseguró que la Convocatoria 46 de MinCiencias, ‘Colombia Inteligente’, tiene graves irregularidades que vulneran los principios de transparencia, igualdad, moralidad administrativa y debido proceso, al aplicar de manera contradictoria y selectiva las reglas de subsanación.
Es necesario resaltar que el proponente Fundación Tecnalia Colombia es un competidor fuerte, pues la alianza está integrada por la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), el Instituto Caro y Cuervo, Cuantico Corporation y Tecnalia Colombia, entre otros.
Según Estrada, MinCiencias cambió de argumento para justificar la no habilitación del proyecto que representa. Primero, dice Estrada, la cartera sostuvo que las subsanaciones presentadas por ese proponente no eran válidas por supuesta “falta de contenido” y, luego, acudió a otra causal distinta, alegando que se trataba de documentos nuevos que “mejoraban la propuesta”, pese a que —según el apoderado— ninguno alteraba el objeto, alcance, presupuesto, localización ni actores del proyecto, sino que únicamente complementaba información ya presentada
Estrada también dice que habría una aplicación discriminatoria de los términos de referencia de la convocatoria, al señalar que el MinCiencias permite subsanar requisitos similares en las convocatorias 44 y 50, pero adopta una postura rígida y restrictiva únicamente en la convocatoria 46 que es la de ‘Colombia Inteligente’. A su juicio, esta diferencia de trato no tiene justificación técnica ni jurídica y apunta a eliminar la pluralidad de oferentes en beneficio de un único proyecto.
Finalmente, Estrada sostuvo que MinCiencias incurrió en errores sustanciales al exigir documentos que, conforme al Acuerdo 012 de 2024 del Sistema General de Regalías, solo deben presentarse en la etapa de viabilización y no en la fase inicial de la convocatoria como las ‘cartas de compromiso’ que exigieron desde el principio. Estrada reprochó que el comité evaluador haya desconocido la naturaleza subsanable de defectos meramente formales —como firmas faltantes de las cartas o interpretaciones territoriales— y haya tratado esos casos como omisiones insubsanables. Por estas razones, el abogado solicitó terminar anticipadamente la convocatoria sin asignación de recursos o, en su defecto, sanearla mediante una nueva evaluación con un comité distinto, además de pedir la intervención de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía ante lo que calificó como un proceso arbitrario y contrario a la legalidad. El ministerio no escuchó las criticas y, por el contrario, entregó el contrato en pleno 29 de diciembre.
Procuraduría advirtió de riesgos jurídicos, técnicos y administrativos
Las críticas al diseño de la convocatoria no se quedaron en reclamos aislados de proponentes inconformes. En un documento oficial de la Procuraduría, conocido por CAMBIO, quedó consignado que el Ministerio Público identificó múltiples riesgos e irregularidades en la Convocatoria 046 del Sistema General de Regalías, razón por la cual decidió activar su función preventiva y poner en conocimiento del Ministerio de Ciencia una serie de alertas formales que, dijo, de no corregirse, podrían comprometer recursos públicos y viciar todo el proceso.
Esa comunicación está fechada el 18 de diciembre de 2025, y en ella el procurador delegado Marcio Melgosa Torrado advirtió al Ministerio de Ciencia sobre graves riesgos jurídicos, técnicos y administrativos en la Convocatoria 046 del SGR, destinada a financiar infraestructura nacional para el desarrollo de inteligencia artificial.
Tras una revisión integral de los términos de referencia, la Procuraduría concluyó que el proceso podría afectar el patrimonio público y vulnerar principios esenciales de la función administrativa como la transparencia, la igualdad, la libre concurrencia y la selección objetiva.
Uno de los principales reparos tiene que ver con el uso reiterado de conceptos técnicos amplios e indeterminados —como “máxima compatibilidad”, “alta capacidad de integración” o “plataformas tecnológicas de gran escala”— sin definiciones objetivas ni estándares verificables, lo que, según el ente de control, introduce un alto grado de subjetividad en la evaluación y abre la puerta a decisiones discrecionales. A ello se suma un requisito de experiencia que exige a los proponentes haber ejecutado proyectos de altísimo valor económico y complejidad, lo cual, en la práctica, restringe la competencia a un grupo reducido de actores y excluye universidades, centros de investigación y entidades territoriales que sí cuentan con capacidades técnicas, pero no con ese historial financiero.
Finalmente, el documento advierte que el plazo de apenas 30 días para presentar proyectos de esta magnitud resulta desproporcionado frente a su complejidad, favoreciendo a actores con estructuras previamente consolidadas. Ante este panorama, la Procuraduría exhortó al Ministerio a suspender el trámite de la convocatoria y evaluar su eventual terminación anticipada, como medida preventiva para evitar un daño mayor al orden jurídico y al erario.
A pesar de las advertencias de los proponentes y de la Procuraduría el proceso ya se surtió e InterNexa salió ganador. Sin embargo, los proponentes que fueron descalificados estudian las acciones administrativas, penales y disciplinarias por el desenlace de la convocatoria.
Saúl Kattan, gerente de Internexa, le dijo a CAMBIO que resultaron los únicos habilitados en el proceso gracias a que llevan 25 años en el mercado y a su amplia experiencia en datos, data centers e inteligencia artificial. Sobre la pregunta de cómo se presentaron si no aparecen como un actor reconocido en el sistema nacional de ciencia, dijo que cumplieron todas las condiciones. “Si no cumplimos con las condiciones no podríamos participar. Es un tema de ley o una decisión subjetiva”.
“Es un proceso público de acuerdo a la ley de regalías. Nosotros nos presentamos gracias a nuestra experiencia en datos, data centers e IA. Desconozco quiénes fueron los otros oferentes y si cumplían o no. En caso de incumplir ciertas cosas se pueden subsanar pero otras no son subsanables. Nosotros hicimos una oferta muy robusta y estamos esperando el resultado del proceso. Decir que es un proceso a dedo cuando llevamos 25 años en el mercado en este tipo de actividades me parece que muestran intereses diferentes por parte de aquellas personas haciendo señalamientos”, concluyó.
Quedan dudas sobre la forma en la que se adjudicó el proyecto de inteligencia artificial más ambicioso en la historia reciente del país. La nube soberana que se prometió como símbolo de autonomía e innovación nació, paradójicamente, bajo la sombra de un proceso al que hoy le reclaman claridad. Lo que está en juego es la promesa del presidente Petro de que Colombia pueda ser un referente en materia de Inteligencia Artificial.