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Lunes 4 de mayo de 2026
De izquierda a derecha: la fiscal María Cristina Patiño, Carlos Ramón González y el fiscal Gabriel Sandoval.

De izquierda a derecha: la fiscal María Cristina Patiño, Carlos Ramón González y el fiscal Gabriel Sandoval.

Los fiscales líderes del caso de la UNGRD serán investigados por fuga de Carlos Ramón González

Los fiscales delegados ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval Vargas, líderes de la investigación por la corrupción en la UNGRD, serán investigados por la fuga del exdirector del Dapre Carlos Ramón González. Estas fueron las demoras.

Por: Sylvia Charry

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, entidad encargada de investigar a los funcionarios judiciales, abrió una investigación formal contra los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval Vargas, líderes de la investigación en el caso de corrupción en la UNGRD. La Comisión vio mérito en una queja que interpuso el abogado Pablo Bustos, representante de las víctimas, por las demoras que tuvieron los funcionarios de la Fiscalía en el caso, las cuales favorecieron que Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y supuesto cerebro del escándalo, se fugara. 

En el oficio, publicado en la cuenta de X de la Red de Veedurías, la Comisión explica que la investigación se abrió por “presuntamente incurrir en mora injustificada y deliberada, en el proceso que adelantó contra el señor Carlos Ramón González Merchán, al haber retardado la formulación de imputación, la solicitud de medidas de aseguramiento y la gestión de la circular roja de Interpol, en el caso de corrupción de la UNGRD, aunque, según consideró, existían elementos de juicio desde 2024 que permitían adelantar el proceso penal”.

Desde el 25 de julio de 2024, fecha en la que se realizó la audiencia de imputación de cargos contra el director y subdirector de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, el país conoció que la Fiscalía tenía elementos suficientes para decir que las coimas que se pagaron a los congresistas Iván Name y Andrés Calle habían sido ordenadas por el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González

Cuando el ente acusador dice eso públicamente es porque tiene lista una decisión contra el denominado cerebro de las coimas. De lo contrario, el proceder histórico de la entidad es mantener esa información bajo reserva para no perjudicar el curso de las investigaciones. Incluso, para evitar, justamente, que los investigados que no han sido llamados a comparecer a la justicia se fuguen.

En esa audiencia de julio, el fiscal Patiño aseguró que las coimas que Sneyder Pinilla pagó en octubre de 2023 se repartieron de la siguiente forma: 

  • 3.000 millones de pesos para el expresidente del Senado Iván Name a través de la consejera presidencial, Sandra Ortiz
  • 1.000 millones de pesos para el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle
  • 724 millones de pesos para Olmedo López
  • 342 millones de pesos para Sneyder Pinilla.

Según la delegada del ente acusador, esas coimas se pagaron por instrucción del entonces director del Dapre y en ese momento, julio de 2025, director nacional de Inteligencia del Gobierno de Gustavo Petro.

“Se pagaron conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González, quien era el director del Dapre”, manifestó la fiscal Patiño.

A pesar de esa información, que cualquier investigado podría usar a su favor para adelantar su defensa o decidir fugarse para no enfrentar la justicia, fue hasta mayo de 2025 que la Fiscalía citó al exdirector de Dapre a imputación de cargos. En ese momento, González ya había salido del país.

Sin embargo, esa no fue la única demora. Pese a que el Tribunal Superior de Bogotá había impuesto una medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González y había ordenado su captura a principios de julio de 2025, fue hasta septiembre que la Interpol emitió una circular roja, requerido por la justicia colombiana por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD. 

En todo caso, los tiempos que manejaron los fiscales Patiño y Sandoval en su investigación serán escrutados por la Comisión de Disciplina Judicial. Específicamente, por el magistrado Juan Carlos Granados, el mismo que, siendo contralor de Bogotá, sancionó al entonces alcalde, Gustavo Petro, en octubre de 2017, con una multa de 22.170 millones de pesos por el modelo de basuras que trató de imponer en la ciudad.

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