Minciencias declara elegible a cuestionada empresa Funcesi en nuevo contrato por 41.666 millones
El Ministerio de Ciencia entregó un nuevo contrato a al empresa Funcesi. Composición Kim Vega.
La firma, de la que la Contraloría alertó recientemente por graves irregularidades en un jugoso contrato, será la encargada de gestionar otros millonarios recursos provenientes del Sistema General de Regalías y destinados para megaproyectos de innovación para el medio ambiente.
Por: Rainiero Patiño M.
¿La corrupción es premiada? Esa es la sensación que podrían producir, muchas veces, las actuaciones de algunas instituciones del Estado colombiano. Porque, a pesar de las múltiples alertas y de los informes de organismos de control, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) declaró elegible a la empresa Fundación Centro de Excelencia en Sistema de Innovación - Fucesi S.A.S., un nuevo contrato por 41.666 millones de pesos.
Funcesi es la misma firma que hace apenas unas semanas, como lo reveló CAMBIO, fue señalada por la Contraloría General de la República (CGR) de entregar subsidios agroindustriales por valor de 14.385 millones de pesos a empresas que no pertenecían al sector ni cumplían los requisitos mínimos para ser beneficiadas.
Ese contrato tenía como objeto desarrollar un programa para fomentar pequeñas y medianas empresas agroindustriales en el departamento del Atlántico. Sin embargo, 79 de las 82 empresas que resultaron beneficiarias no pertenecían a esta área, según su Registro Único Tributario, incumpliendo los requisitos que el mismo programa había fijado.
Sin importar esto, el pasado 17 de diciembre, Minciencias seleccionó a Funcesi como una de las dos empresas ganadoras en el Caribe colombiano de la convocatoria que tiene como objetivo conformar un listado de macroproyectos nacionales elegibles que atiendan las necesidades de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación sobre la gestión del riesgo climático, los recursos hídricos, la restauración y conservación de ecosistemas para una sana y sostenible interacción con el medio ambiente.
Los recursos para este nuevo contrato también provienen del Sistema General de Regalías y tienen como fin que los proyectos seleccionados contribuyan a los retos estratégicos de ciencias, tecnología e innovación delimitados del Plan Bienal de Convocatorias 2023-2024 del Sistema General de Regalías y al componente ambiental incluido en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”.
El contrato para Funcesi quedó establecido dentro de los términos de la Convocatoria 31 del ministerio, que tiene un presupuesto global de 500.000 millones de pesos, los cuales serán distribuidos en valores iguales para las seis regiones del Sistema General de Regalías. Es decir que para cada una serán 83.333 millones de pesos.
“De esa forma se espera financiar dos proyectos por región cuyo valor debe encontrarse en el siguiente rango: Valor del proyecto hasta $41.666.666.666”, se puede leer en el documento oficial de la convocatoria. Funcesi fue declarada elegible en uno de estos.
Una de las condiciones de la convocatoria es que los proyectos deben impactar al menos dos regiones diferentes del SGR, aunque para presentarlo a la evaluación preliminar de la asignación presupuestal, cada proponente deberá priorizar una única región, la cual corresponderá a la que tenga la mayor población beneficiaria. El término de la ejecución de los proyectos será de hasta 36 meses.
CAMBIO tuvo acceso a lista inicial de elegibles para este nuevo contrato en el que se declaró elegible a Funcesi, al que se presentaron un total de 170 proyectos de distintas organizaciones. La mayoría son universidades y centros de investigación. Del total, 114 fueron calificados como elegibles y 56 como no elegibles.
De manera inicial se puede decir que la mayoría de los postulados parecen cumplir con el perfil y hacer parte del sector para el que están destinados los recursos, pero no deja de resultar llamativo que Funcesi sea la empresa destinada para la administración de los recursos, a pesar de sus problemas recientes.
El lío con los recursos de la agroindustria
Funcesi es una empresa constituida como fundación, creada en 2016 y que se ha especializado en captar recursos del Sistema General de Regalías para operar como intermediaria en su ejecución, sobre todo en proyectos de ciencias e innovación.
La representante legal de la empresa es Mildreth Tatiana Rodríguez Farelo, quien, hasta ahora, no ha respondido de manera pública a los cuestionamientos hechos por los entes de control.
El problema puntual de Funcesi es que en informe de la Contraloría General de la República reveló que más de 14.000 millones de pesos de recursos del SGR, destinados a fomentar la innovación tecnológica en pequeñas y medianas empresas agroindustriales del Atlántico, fueron entregados a empresas de otros sectores al campo o la agroindustria entre 2020 y 2023.
El cuestionado proyecto fue aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencia y Tecnología del departamento del Atlántico con el objetivo de fortalecer la innovación en empresas del sector mediante bonos de hasta 40 millones de pesos para adquirir servicios tecnológicos y capacitación.
La Gobernación del Atlántico, en ese momento bajo la administración de Elsa Noguera, reportó que Funcesi gestionó el millonario presupuesto entre diciembre de 2020 y febrero de 2023.
La Contraloría determinó que 79 de las 82 empresas beneficiadas no tenían actividad agroindustrial registrada en el Registro Único Tributario (RUT), lo que iba en contra de los requisitos mínimos establecidos para ser beneficiario del programa y puso en duda la transparencia en la selección de beneficiarios.
Más grave aún, la Contraloría estableció que 29 empresas seleccionadas para el programa no habían renovado su matrícula mercantil para 2025, lo que cuestiona su solvencia jurídica. Además, que varias de estas no tenían como domicilio principal el departamento del Atlántico. Y tres más estaban en proceso de liquidación o bajo medidas cautelares, pese a que eso debería haberlas inhabilitado como beneficiarias.
Entre las compañías que recibieron subsidios sin cumplir los criterios técnicos del programa, la Contraloría identificó algunos casos llamativos como los de Carhaz Óptical S.A.S. – IPS de salud visual en Barranquilla sin vínculo con agroindustria; el Centro Neurológico del Norte, una clínica de enfermedades neurológicas; Medical & Nutrition S.A.S., una comercializadora de productos medicinales y cosméticos; Hypersoft.Co S.A.S., empresa de software clínico y empresarial; Proteger Seguridad S.A.S., una reconocida compañía de servicios de vigilancia; Martinique S.A.S., una productora de pasta artesanal; La Casa 81 y Branding Co, dos empresas del sector digital y de publicidad; y Genética Superior del Caribe S.A.S., empresa de cría de ganado, pero sin actividad agroindustrial registrada en el RUT.
Para llegar a sus conclusiones, la Contraloría estudió los 12 requisitos exigidos para acceder al programa, entre ellos, acreditar el domicilio principal o sucursal en el Atlántico, tener objeto social o actividad económica relacionada con el sector agroindustrial y contar con solvencia jurídica, es decir, no estar en quiebra o proceso de liquidación, por lo que estableció que la mayoría no los cumplían.
Es decir, solo dos del total de las empresas beneficiadas cumplían con los criterios de agroindustria. Con base en todo lo anterior, la CGR estableció los hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por más de 14.000 millones de pesos.
La auditoría, en resumen, determinó que hubo selección irregular de beneficiarios del proyecto agroindustrial, deficiencias graves en la planeación y focalización de los proyectos y fallas en la supervisión, control y seguimiento contractual.
Lo más grave es que la Contraloría especificó que no se trató de simples errores administrativos, sino que hubo fallas estructurales en la selección de los beneficiarios, en la planeación de los proyectos y el control de los recursos, lo que compromete la efectividad del gasto público en ciencia, tecnología e innovación en el departamento del Atlántico. Alerta que, parece, no fue escuchada.
