Asociaciones de expolicías denuncian persecución contra altos mandos de la institución
Las 52 asociaciones que agrupan a exintegrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía expresaron su preocupación por lo que consideran ataques contra la institución.
Por: Javier Patiño C
Los integrantes de la Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura, que reúne a asociaciones de oficiales y suboficiales retirados, manifestaron a través de un comunicado su inquietud por la situación actual de la Policía Nacional.
“Expresamos nuestra preocupación por el progresivo deterioro estratégico que viene afrontando la Policía Nacional, producto de la pérdida sostenida de su recurso humano en los niveles de direccionamiento estratégico, particularmente en el grado de generales, cuya experiencia, liderazgo y conocimiento acumulado son fundamentales para la estabilidad doctrinal y operativa de la institución”, señaló el documento.
Las organizaciones consideran preocupante la forma en que, desde el Ejecutivo, se han tramitado y comunicado públicamente supuestos señalamientos contra altos mandos, mediante decisiones y exposiciones mediáticas que, a su juicio, afectan el buen nombre institucional antes de que medie el debido proceso. Según indican, esta situación debilita la confianza interna, la cohesión del mando y la capacidad estratégica de la Policía en un contexto de alta complejidad en materia de seguridad.
“La seguridad del señor Presidente de la República es un asunto de máxima responsabilidad del Estado y no puede ser objeto de improvisación. Existen protocolos estrictos, procedimientos técnicos y cadenas de mando claramente definidas que garantizan la protección del jefe de Estado bajo estándares rigurosos de seguridad, planeación y contrainteligencia. Cualquier insinuación que sugiera vulneraciones deliberadas a estos esquemas debe sustentarse en pruebas verificables y no en conjeturas o hipótesis preliminares”, agregaron.
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Los exuniformados afirmaron que, si existen evidencias reales sobre conductas irregulares, estas deben ponerse de inmediato en conocimiento de las autoridades judiciales competentes, garantizando el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre. “Actuaciones precipitadas, basadas en informes sin verificación exhaustiva, afectan no solo a un oficial en particular, sino la confianza en la institucionalidad”, advirtieron.
En el comunicado también dijeron que es preocupante el caso del general Edwin Urrego, a quien describen como un oficial con trayectoria profesional reconocida y hoja de vida al servicio del país: “La defensa del debido proceso no es un privilegio individual: es una garantía constitucional que protege tanto a las personas como a las instituciones. El buen nombre del oficial y de la Policía Nacional debe preservarse mientras no exista decisión judicial en firme que indique lo contrario”.
Los integrantes de la Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura dijeron que los hechos en los que aparece mencionado el general Urrego tendrían origen en un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad sobre la cual —según el comunicado— se han expresado preocupaciones recientes relacionadas con su conducción institucional y eventuales procesos de politización.
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“La inteligencia del Estado exige rigor técnico, imparcialidad y responsabilidad extrema, pues un documento preliminar o no verificado puede generar consecuencias irreparables al afectar la honra de oficiales y la credibilidad de la institución policial”, puntualizaron.
En el documento también advirtieron que este episodio se suma a la salida de cientos de policías en los últimos años, y subrayan que resulta particularmente preocupante la desvinculación de oficiales del nivel estratégico, especialmente generales, cuya experiencia acumulada consideran fundamental para la conducción operativa y el liderazgo institucional.
“La disminución de esta capacidad estratégica impacta directamente la planeación, la continuidad doctrinal y la estabilidad del mando, elementos esenciales en un contexto de violencia persistente y amenazas complejas contra la seguridad nacional”, dijeron.
Finalmente, las organizaciones que integran Fuerza Púrpura reiteraron su respaldo a la Policía Nacional y su compromiso con la Constitución, la legalidad y la protección de todos los colombianos, incluido el Presidente de la República. No obstante, insistieron en que la defensa de la institucionalidad implica exigir rigor, pruebas y respeto por el debido proceso, pues —afirman— solo así se preservan la confianza ciudadana y la fortaleza estratégica del Estado.
