“Balde de agua helada”: reacciones del Gobierno, gremios y candidatos presidenciales tras suspensión del decreto de salario vital 2026

La suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 desató una reacción inmediata del Gobierno. Desde la Casa de Nariño, ministros y altos funcionarios cuestionaron la decisión del Consejo de Estado que dejó en pausa el incremento del 23 por ciento y ordenó expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días. Los gremios y opositores también se pronunciaron.

El alto tribunal adoptó una medida cautelar contra el Decreto 1469 de 2025, con el que el Ejecutivo había establecido el salario mínimo en 1.750.905 pesos, más un auxilio de transporte que completaba los dos millones de pesos mensuales. La decisión no es definitiva, pero suspende los efectos jurídicos del aumento mientras se estudia de fondo su legalidad y exige que el nuevo acto administrativo cumpla estrictamente los criterios técnicos previstos en la ley.

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Reacciones del Gobierno contra la decisión del Consejo de Estado

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la decisión del Consejo de Estado. En su cuenta de X afirmó que “el decreto de salario vital es ordenado por la Constitución” y que el acto administrativo expedido “tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él”. Señaló que el decreto transitorio que exige el magistrado “seguirá las órdenes de la Constitución” y que, aunque respetará la decisión judicial, actuará conforme a la carta política.

El mandatario informó que el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, convocará de inmediato una reunión de concertación y que solicitará un encuentro con la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud frente a la decisión y el nuevo decreto que deberá expedirse. Agregó que esa concertación se hará a la luz de las últimas mediciones económicas que, según sostuvo, muestran una incidencia marginal del salario vital en los precios de algunos alimentos, y que también se evaluará el impacto de las tasas de interés en el empleo, el déficit y los precios.

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Petro sostuvo además que “los derechos privados que debe defender el Consejo de Estado cobijan el derecho del pueblo trabajador” y advirtió que disminuir la demanda por alimentos vitales podría frenar la economía y aumentar el hambre y la desnutrición infantil, lo que atentaría contra la vida y sería “anticonstitucional”. También llamó a construir un “pacto social de la vida y de la paz” y señaló que suspender el decreto pone en riesgo la garantía constitucional de no deteriorar el poder adquisitivo del salario. Finalmente, invitó al pueblo trabajador a expresarse y afirmó que el Gobierno se debe al voto que lo eligió y a la Constitución.

El ministro Sanguino aseguró que no han sido notificados formalmente y calificó la determinación como “precipitada” y “nefasta”. En entrevista con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sostuvo que la medida “no es contra el Gobierno, sino contra los trabajadores”, al advertir que el ajuste beneficiaba a millones de personas en Colombia.

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Sanguino defendió el concepto de “salario vital” con el que el Ejecutivo justificó el incremento. Según explicó, los datos recientes de inflación se ubicaron en 1,8 por ciento en enero, frente al mismo mes del año anterior, lo que demostraría que el aumento no tuvo el efecto inflacionario que algunos sectores anticipaban. También cuestionó que el tribunal haya adoptado la suspensión antes de que venciera el plazo que tenía el Gobierno para presentar sus argumentos dentro del proceso.

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En la misma línea se pronunció el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que la noticia le cayó como “un balde de agua helada”. Aunque reconoció que el Ejecutivo preveía una decisión judicial, defendió que el incremento se sustentó en la necesidad de garantizar un ingreso acorde con el costo de la canasta familiar y en el mandato constitucional de avanzar hacia un salario vital.

Benedetti advirtió además sobre los efectos prácticos de la suspensión. Señaló que muchas empresas ya pagaron el salario de enero con el nuevo monto y planteó dudas sobre la posibilidad de revertir esos pagos, al considerarlos derechos adquiridos. También alertó sobre el impacto en escalas salariales y contratos que toman el salario mínimo como referencia.

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También se pronunció el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, quien rechazó la medida y aseguró que “esta clase de decisiones propician la reproducción de la desigualdad social” y que se trataría de un “nuevo atentado contra las políticas sociales del Gobierno nacional y del presidente”.

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En la misma línea, Gustavo Bolívar afirmó que esta decisión es una “arbitrariedad” y que potencia la desigualdad y la pobreza en la sociedad colombiana.

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Por su parte, Roy Barreras publicó un mensaje en el que convocó a la ciudadanía a movilizarse en las plazas del país tras conocerse la suspensión. Además, el Pacto Histórico difundió el mensaje “#ElSalarioVitalSeDefiende”, rechazó “con absoluta firmeza” la decisión del Consejo de Estado y convocó a una movilización para defender lo que consideran una conquista social.

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Gremios y sindicatos también se pronunciaron tras la suspensión del decreto. El Consejo Gremial Nacional compartió un comunicado en el que dice que respeta y acata las decisiones del Consejo de Estado, resaltando que la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025 tiene carácter cautelar y no constituye una decisión definitiva. El gremio destacó la importancia de adoptar decisiones equilibradas, basadas en criterios técnicos que protejan los derechos de los trabajadores y reconozcan la realidad económica del país, incluyendo crecimiento, productividad, informalidad laboral e inflación. Reiteraron su disposición al diálogo institucional y técnico para fortalecer la confianza, la estabilidad económica y el bienestar de todos los colombianos.

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Por su parte, el sindicato Frente Obrero, a través de su cuenta de X, rechazó la medida cautelar y aseguró que genera incertidumbre jurídica y afecta la garantía del salario mínimo vital y móvil de millones de trabajadores. Señalaron que, si bien el control judicial es legítimo, no puede desconocer el principio de progresividad ni debilitar derechos laborales ya reconocidos. Además, afirmaron que es inaceptable que en una sociedad desigual se impida a quienes producen riqueza vivir con dignidad y recordaron que el presidente podría emitir un nuevo decreto con el mismo o mayor ajuste del suspendido.

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Fenalco respaldó la decisión del Consejo de Estado y sostuvo que la suspensión protege la Constitución y la sostenibilidad del empleo formal. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, señaló que un incremento del 23,7 por ciento no responde a la realidad económica del país y podría poner en riesgo alrededor de 772.340 empleos y ocasionar cierres de pequeñas y medianas empresas. Destacaron que las políticas salariales deben construirse con responsabilidad técnica, diálogo social y respeto estricto a la Constitución, y esperan que el nuevo decreto atienda estos parámetros para favorecer la estabilidad económica y la preservación del empleo formal.

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También se presentaron reacciones de la oposición frente al decreto suspendido. La candidata a la Presidencia y periodista Vicky Dávila criticó al Gobierno por la suspensión del aumento del salario mínimo y advirtió que la medida afecta tanto a los trabajadores como a las empresas. Según ella, el Ejecutivo debería garantizar el cumplimiento del salario y proteger la estabilidad económica del país.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez también se pronunció, destacando que no se oponen al aumento del salario, sino a los efectos del Gobierno sobre la economía.

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Gobierno deberá expedir nuevo decreto mientras crece la tensión política

Mientras tanto, el Gobierno deberá expedir un decreto transitorio que fije un porcentaje provisional de aumento para 2026, aplicando de manera expresa variables como inflación y productividad, en el marco de la Ley 278 de 1996. Esa cifra regirá hasta que el tribunal emita una sentencia definitiva sobre la legalidad del incremento.

Por ahora, el pulso entre el Gobierno y el Consejo de Estado se traslada al terreno técnico y jurídico. En los próximos ocho días, el Ejecutivo deberá demostrar que el nuevo decreto puede sostener el aumento bajo los parámetros legales exigidos, mientras el país observa cómo se redefine una de las decisiones económicas más sensibles del año.