Con el pretexto del salario mínimo, ¿Gustavo Petro se mete de frente en la campaña?

El pulso político está abierto. Por un lado, quienes defienden las movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro frente a los palacios de Justicia como un ejercicio de madurez democrática, donde todos tienen derecho a expresarse; por otro, quienes consideran que se trata de una clara intervención política.

Aunque esta norma debería haber caducado –lo natural sería que cada mandatario pudiera expresar libremente su apoyo a candidatos de su mismo proyecto político como en una democracia madura–, aún sigue vigente. Por tanto, no es legal.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, lo ha reiterado: “Se hacen exhortos y advertencias a todo servidor público de cualquier orden territorial y a los particulares que ejercen por excepción funciones del Estado, para que no incurran en violaciones a las prohibiciones y limitaciones impuestas por la Constitución y las leyes vigentes”.

“Las marchas convocadas por Petro en Bogotá, auspiciadas con recursos públicos, utilizando plataformas digitales para movilizar a la ciudadanía con un interés político-electoral, están fuera de lugar”, sentencia el docente de la Universidad Externado Carlos Arias.

Con el pretexto del salario mínimo, Petro llamó a movilizaciones este 19 de febrero “para respaldar el salario mínimo vital”. Según su publicación en su cuenta de X, el punto de encuentro será frente a los palacios de Justicia, en apoyo al decreto del salario mínimo y tras la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado.

Izquierda unida…

Todos los aspirantes que defienden el ideario de izquierda han expresado su apoyo al mandatario y han anunciado que serán protagonistas de las movilizaciones, desde el candidato oficial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, hasta el aspirante Roy Barreras, quien participa en la consulta del Frente por la Vida.

“Nosotros llamamos a la movilización pacífica, pero resuelta y enérgica, para evitar que se consuma esta arbitrariedad”, dijo Cepeda. “No podemos seguir con la lógica de que los sectores que viven en condiciones de desigualdad no tengan derechos. Eso es inadmisible”, agregó.

“Saldremos a marchar en defensa de esa vida digna que vamos a honrar y a proteger, haciendo crecer la economía para cumplir con ese propósito”, argumentó Barreras.

%%imagen%%1

Desde la otra orilla, hay molestia. “Infames. Petro y Cepeda quieren incendiar el país. Sí al aumento del salario mínimo, no a las marchas politiqueras”, dijo la precandidata presidencial Vicky Dávila, de la Gran Consulta.

De hecho, en la controversia entraron otros actores políticos, como los mandatarios seccionales. “El país no necesita más odio, polarización ni llamados a tomar las calles que puedan escalar en hechos de violencia, terrorismo y parálisis económica y social, con un nuevo estallido social”, dijo la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

El bolsillo de la gente

Se trata de un tema de gran interés porque afecta el bolsillo de la gente y, a solo 17 días de las elecciones, cobra aún más relevancia.

Las marchas tienen un evidente cariz político, ya que la discusión del aumento del 23,7 por ciento hoy está fuera de toda duda. El propio presidente anunció que expedirá un nuevo decreto transitorio para mantener vigente el salario mínimo fijado mientras se realizan nuevos estudios y se resuelve el proceso de fondo.

En la Comisión de Concertación, conformada por representantes sindicales y empresariales, que se reunió el lunes pasado, incluso hubo un acuerdo tácito para no reversar el aumento por los complejos problemas que traería una decisión de este calado. Y, claro, porque quienes antes se oponían a un aumento de esta dimensión no quieren darle semejante argumento al Gobierno de izquierda ni a sus afines en vísperas de que los colombianos vayan a las urnas.

Aunque se le ha reprochado al Gobierno que fijó el aumento por fuera de la mesa de concertación que trabajó en diciembre y de acuerdo con los parámetros que hasta ese momento eran los utilizados, el mandatario ha puesto nuevas tesis sobre la mesa.

Petro cuestionó la decisión del magistrado Juan Camilo Morales, del Consejo de Estado, con el argumento de que la sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional establece que el salario mínimo debe considerar “con carácter prevalente” la protección constitucional del trabajo y la necesidad de una remuneración mínima vital.

“Con carácter prevalente significa por encima de otras consideraciones, no de manera ponderada al mismo nivel. La Corte ordena que la protección del trabajo se refleje en el aumento salarial”, dijo el jefe del Estado.

Ejecutivo frente a la rama judicial

Las marchas están convocadas para las cuatro de la tarde de este jueves en las plazas de todo el país y frente a los palacios de Justicia. Esto ha sido interpretado como un desafío del Ejecutivo a la rama judicial.

En el Gobierno alegan que su causa es de otro nivel. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, exclama: “Plazas de todo el país, a defender el salario vital”.

Petro advirtió que esta movilización “se volverá mucho más permanente” y afirmó que la defensa del salario vital requiere no solo argumentos jurídicos o económicos, sino también “la fuerza del pueblo trabajador” para proteger lo que calificó como “una enorme conquista histórica”.

Sin embargo, aclaró: “Estoy cumpliendo con exactitud el fallo de la justicia, pero los fallos no pueden ir contra los derechos fundamentales de la gente porque incentivan la movilización social”.

En esta dinámica, el presidente ha dicho que cumple las normas: “Respuesta al magistrado Morales del Consejo de Estado, llena todos los requerimientos que nos ha pedido y se los entregamos con mucho gusto”. Pero, claro, no pudo resistir la tentación de movilizar a los ciudadanos con la ilusión de que su mensaje tenga eco suficiente hasta el 8 de marzo, cuando se elige un nuevo Congreso.

Desde la perspectiva del analista Arias, el Consejo de Estado no busca tumbar el decreto del salario mínimo; lo que señala es que el decreto fue mal expedido y requiere subsanaciones técnicas. 

Eso explica que todos los empresarios y candidatos, incluso de oposición, coincidan en mantener el salario mínimo y brindar alivios a pequeñas y medianas empresas. “Sin embargo, desde su llegada al poder, Petro se ha convertido en un agitador político más que en un gobernante”, dice.

Un presidente en traje de campaña

En esta línea, el analista Gabriel Cifuentes añade: “La convocatoria a las marchas es un acto eminentemente político en un proceso electoral”. 

Este experto en comunicación política dice que, aunque se justifique de otra manera, “con este acto el presidente se mete de lleno en la campaña”.

Esto, considera, es ética y jurídicamente cuestionable. Para él, las movilizaciones en sí no son malas, pero convocadas desde Palacio a dos semanas de elecciones, usando el tema del salario mínimo como insumo de campaña, constituyen una indebida participación política.

La analista María Jimena Escandón sostiene que “el presidente utiliza el incremento del salario mínimo como herramienta política de cara a la campaña presidencial”.

Ella considera que, así como en el pasado reciente el procurador Eljach se hizo sentir, en esta ocasión debería rechazar lo que va a ocurrir en esta jornada. “El procurador no puede permanecer en silencio”.

%%imagen%%2

La cuestión es: ¿cómo saldrán las marchas? Desde el inicio, estas cuentan con un sólido grupo de apoyo: las centrales obreras y cientos de trabajadores oficiales, a quienes se les informó que la jornada laboral de este jueves será hasta el mediodía, para que luego puedan “salir en libertad a expresar su rechazo al intento de arrebatar el salario mínimo”, como se les ha solicitado.

Pedro Viveros, analista político, cree que “la ‘democracia callejera’, eficazmente usada por el petrismo en la oposición, no tiene el mismo impacto ahora que gobierna”.

Por eso, prevé que las marchas de hoy ofrecerán un espectáculo débil, con asistentes principalmente empleados oficiales y activistas alineados con los partidos que apoyan a Petro. “La convocatoria no tiene enemigo real, ya que el aumento fue aceptado por cortes, oficialismo, gremios y oposición. Es como una calistenia de boxeo, donde el púgil pelea contra su propia sombra”, dice.

Petro, que representa la unidad de la nación por razones de su cargo, ha tomado la vocería del movimiento social, lo que, a juicio del economista Aurelio Suárez, es uno de los hechos más censurables de su cuatrienio.

“Es grave que el movimiento social haya cedido el derecho fundamental a la protesta al Gobierno, perdiendo independencia y sentando un precedente negativo a futuro”, señala Suárez.

Desde la Presidencia, por su parte, consideran que la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto de aumento del salario mínimo vital se suma a los obstáculos que enfrentan otras reformas sociales y que, por eso, no pueden quedarse inmóviles viendo cómo se busca frenar las políticas públicas prometidas en campaña.

Un listado de obstáculos

Así las cosas, enumeran que la reforma pensional sigue en pausa, la emergencia económica fue suspendida y señalan que desde el Legislativo se ha saboteado la reforma a la salud y otros proyectos cruciales.

Petro señaló: “No se puede perder esta enorme conquista histórica de los trabajadores de Colombia”. Por razones electorales, la oposición no está de acuerdo con desmontarla.

En ese escenario, el presidente convocó a un ‘Pacto por la Vida’, solicitando al movimiento sindical y al empresariado aprovechar la reunión de concertación para abrir un diálogo sobre tasas de interés del Banco de la República y reformas como la de la salud.

Está claro que no habrá marcha atrás en el salario mínimo vital. Con la convicción del Gobierno y del progresismo, y aunque la derecha actúe por oportunismo electoral, todo indica que se mantendrá, según la comunicación del oficialismo. El salario mínimo es móvil, adaptándose a circunstancias como la tragedia natural en Córdoba y otros departamentos.

En entrevista con CAMBIO, el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plata, dijo que la suspensión provisional del decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, que fijó el aumento del salario mínimo en 23 por ciento, fue hecha estrictamente en derecho.

“Esta decisión tiene impactos políticos, económicos y sociales, pero el Consejo de Estado se basa únicamente en derecho. Es transitoria, no definitiva. No hay pronunciamiento sobre el aumento, que sigue vigente. Las demandas señalan desproporcionalidad, pero la providencia aclara que aún no se puede determinarlo”, dijo.

Es decir, mientras que hay casi certeza de que el aumento del salario con el porcentaje del 23,7 por ciento continuará, el presidente intenta sacar provecho de esta coyuntura para volver a uno de los escenarios donde mejor se siente: la plaza pública. “Definitivamente, el Consejo de Estado es el principal jefe de debate del presidente Gustavo Petro y del progresismo”, concluye el aspirante Roy Barreras.