¿Coimas en las UTL?: los congresistas que han sido denunciados por exigir parte del sueldo a sus asesores

El escritor y abogado Sergio Mesa, quien trabajó como asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora Berenice Bedoya, denunció que habría sido obligado a entregar una suma fija mensual de su salario a la hija de la congresista y a su entonces yerno. Según su testimonio, los desembolsos se convirtieron en una condición para mantenerse en el cargo y la negativa a cumplir con ese compromiso irregular terminó marcando su salida del despacho.

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El caso que hoy rodea a la presidenta del Partido Alianza Social Independiente (ASI) no es una historia que se escucha por primera vez en los pasillos del Capitolio. En los últimos años, congresistas de diferentes colectividades han enfrentado procesos formales ante la Corte Suprema de Justicia en casos en los que han sido señalados por convertir sus UTL en cajas paralelas.

En su denuncia pública, Mesa acusó a Bedoya de exigirle entregar parte de su salario por casi dos años: 4 millones de pesos mensuales para su entonces yerno, Sebastián Arboleda, y luego 2,5 millones para su hija, Valeria Bedoya. Según el abogado, su decisión de rechazar los cobros irregulares deterioró su relación con la congresista y precipitaron su salida del equipo.

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Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías, denunció a la senadora del Partido ASI ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concusión y falsedad en documento público. En diálogo con CAMBIO, el jurista explicó que también deberá investigarse si en la UTL se habrían realizado nombramientos de personas que no cumplían funciones verificables, lo que implicaría una posible destinación irregular de recursos públicos.

En respuesta a las denuncias en su contra, la congresista Bedoya acusó a su exasesor de solicitar gestiones a su nombre sin autorización y sostuvo que los recientes señalamientos buscarían frustrar su permanencia en el Congreso para el periodo 2026-2030. La senadora, vinculada por Olmedo López al escándalo de corrupción de la UNGRD, reiteró que se defenderá ante la Corte Suprema y que en esa instancia espera esclarecer los hechos.

Los congresistas investigados por presuntos cobros ilegales a sus asesores

Carlos Carreño

En agosto de 2024, la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso en contra del representante a la Cámara tras una serie de denuncias de colaboradores de su UTL. Los miembros del equipo legislativo acusaron a Carreño de exigir presuntos cobros de hasta 3,6 millones de pesos que, según el congresista, serían destinados como aportes a su partido.

Los colaboradores denunciaron que los montos presuntamente exigidos de forma irregular por el congresista se establecían en proporción al salario de cada integrante de su UTL. Según sus testimonios, en algunos casos los pagos solicitados representaban entre el 10 y el 15 por ciento del ingreso mensual de los asesores que habrían entregado los recursos para mantener sus cargos.

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El representante Carreño ha reiterado que durante su trayectoria legislativa no ha realizado ningún requerimiento económico a personas que han integrado su equipo de trabajo. “No he tenido ningún contacto con esas personas desde hace varios años, cuando terminó su relación laboral con la UTL. Cualquier insinuación es falsa y carece de sustento”, explicó el congresista en respuesta a las acusaciones.

El proceso, sin embargo, aún no tiene una decisión de fondo. La Corte Suprema de Justicia continúa en etapa de indagación y deberá determinar si las denuncias contra Carreño configuran un delito. El trámite de una serie de recusaciones presentadas por el congresista ha retrasado el proceso que continúa sin un pronunciamiento definitivo del alto tribunal.

David Racero

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra el representante del Pacto Histórico tras la publicación de chats revelados por el Reporte Coronell, en los que se muestran conversaciones con una integrante de su Unidad de Trabajo Legislativa sobre la presunta entrega de parte de su salario mensual.

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En uno de los chats, el congresista le habría pedido a su asesora Estefanía Montoya que consigne a su tarjeta de crédito una suma de 2.375.000 pesos. Esa conversación originó la investigación en la que el alto tribunal busca establecer si la colaboradora destinó recursos de su bolsillo para cubrir obligaciones financieras personales de su representante.

La Corte Suprema de Justicia también investiga al congresista por una serie de denuncias relacionadas con el presunto uso de integrantes de su UTL en actividades ajenas a sus funciones, entre ellas labores vinculadas a un negocio de frutas y verduras durante la pandemia. Según los chats conocidos, uno de los funcionarios le reportaba ventas, cierres de caja y pedidos al representante a la Cámara.

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El congresista Racero ha rechazado las acusaciones y sostiene que las conversaciones han sido sacadas de contexto. Según ha dicho, no exigió dinero a sus colaboradores ni utilizó recursos públicos para fines personales. Además, ha pedido que los organismos de control revisen el caso a fondo para esclarecer los hechos y determinar si incurrió en alguna irregularidad.

Carlos Ferro

En octubre pasado, la Corte Suprema dejó en firme el llamado a juicio contra el exsenador del Partido de la U por el delito de concusión, tras rechazar una solicitud de nulidad presentada por su defensa. La Sala de Instrucción consideró que existen elementos suficientes para que el caso pase a la Sala de Primera Instancia, donde se adelantará el juicio para determinar si exigió parte del salario a un integrante de su UTL.

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Según la acusación, Ferro habría ordenado a su colaborador Roque Julio Díaz consignar una parte de su salario en cuentas de terceros para realizar los pagos correspondientes a cotizaciones de salud y pensión. Ante las pruebas presentadas en el proceso, la Corte Suprema investiga si esos movimientos financieros hicieron parte de un esquema ilegal que se mantuvo durante varios años.

El alto tribunal no accedió a las peticiones de la defensa del excongresista para decretar la prescripción de la acción penal y detalló que en los testimonios se plantea que las consignaciones estaban destinadas a personas cercanas a Ferro. El exsenador ha rechazado las acusaciones, sostiene que no cometió ningún delito y asegura que demostrará su inocencia en el juicio ante la Sala de Primera Instancia.

Argenis Velásquez

La Corte Suprema condenó a la exrepresentante por Putumayo, Argenis Velásquez Ramírez, a diez años de prisión por exigir a una de las integrantes de su UTL que le entregara la mitad de su salario a su entonces esposo, Edwin Chávez Jojoa. La condena también incluye una inhabilitación de ocho años para ejercer funciones públicas y el pago de una indemnización de más de 57 millones de pesos a la víctima, Nohora Rojas Benavides.

Durante el proceso, Rojas Benavides declaró que las exigencias se realizaban mediante su esposo, quien le entregaba documentos para formalizar los pagos, y que debía consignar el dinero en sobres sellados en distintos puntos de la ciudad. Según la acusación, pagó un total de 25.600.000 pesos durante los meses en que trabajó en la Cámara, entre marzo de 2016 y febrero de 2017, ofreciendo asesoría en proyectos legislativos. 

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“Edwin Harvey Chávez, esposo de la aforada, en apego a las instrucciones de esta, en el mes de febrero de 2016 le solicitó entregar mensualmente parte de su salario, una vez estuviera vinculada laboralmente a dicha UTL, lo que en efecto ocurrió desde marzo de ese mismo año cuando Chávez le exigió la suma de 3.200.000”, explicó el alto tribunal. 

¿Qué tan comunes son los cobros irregulares en las UTL?

Iván Unigarro, director del Instituto Anticorrupción, explicó a CAMBIO que este tipo de prácticas no son excepcionales y han sido reportadas de manera recurrente en varias legislaturas. Para el jurista, aunque existen mecanismos de control y supervisión de las UTL, la discrecionalidad en la gestión de los recursos y la dependencia económica de los asesores frente a los congresistas favorecen escenarios en los que se presenten estos cobros irregulares.

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“Estos cobros irregulares reflejan un patrón persistente en varias legislaturas. No se trata de hechos aislados. Muchos congresistas han condicionado la permanencia de sus asesores a aportes económicos, y en ocasiones estos recursos terminan beneficiando intereses personales. Quienes denuncian estas prácticas suelen enfrentar represalias, desde la pérdida del empleo hasta presiones indirectas”, explicó el director del Instituto Anticorrupción.

Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías, coincidió en que estas prácticas reflejan un problema sistémico en el Congreso y en otras instituciones públicas. “Los salarios reales de los asesores son mucho menores que los que reciben en papel, y buena parte de esos recursos termina siendo desviada para intereses personales. También de asignaciones de personal a funciones distintas de las que fueron contratados, o incluso a labores de campañas políticas, lo que está expresamente prohibido”, explicó.

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En diálogo con CAMBIO, el trabajador que denunció recientemente a la senadora Bedoya por concusión y calumnia señaló que este tipo de situaciones se repiten en otras UTL, donde algunos asesores también han enfrentado presiones para entregar parte de su salario o asumir tareas fuera de sus funciones. Según él, la mayoría de colaboradores se abstienen de denunciar por temor a perder su única fuente de ingresos.

“Algunos congresistas tienen en sus nóminas nombres de personas que nunca han trabajado para ellos. Esos recursos terminan siendo desviados, en muchos casos para beneficio propio o de familiares. Por eso decidí denunciar, para que otros se animen a romper el silencio y las autoridades actúen frente a estas prácticas”, concluyó Mesa.