Corte Constitucional separa al magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la discusión de la reforma pensional

Este 18 de febrero, la Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó el impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar para abstenerse de participar en la discusión y decisión sobre la reforma pensional, también conocida como la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común, y se dictan otras disposiciones”.

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El pasado 3 de febrero, Ibáñez presentó su manifestación de impedimento ante la Sala Plena de la Corte Constitucional por la causal consistente en “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”. 

El magistrado mencionó que, cuando era presidente de la Corte Constitucional, concedió una entrevista al diario El Tiempo. Allí habló sobre el estado de la revisión de la reforma pensional y comentó que la Corte determinó que hubo un vicio de trámite susceptible de subsanarse, y así lo ordenó el 17 de junio de 2025. La nota periodística fue publicada el pasado 18 de enero. 

“Estimo pertinente advertir que la transcripción publicada fue editada, pero debo reconocer que no dispongo del audio original, razón por la cual existe duda sobre el tenor literal de mi manifestación acerca de si se subsanó o no el trámite”, escribió en su impedimento.

A lo que agregó: “Lo que sí es cierto es que afirmé que el 17 de junio de 2025 la Corte advirtió un vicio de trámite subsanable, sin que para esa fecha se pueda señalar que no se subsanó, porque ello fue precisamente lo que se ordenó en esa fecha, esto es, que frente a su existencia se procediera a subsanarlo en los términos que se señaló en el auto 841”.

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Así mismo, aclaró que cuando la periodista le preguntó si dicho vicio se subsanó, respondió indicando que se han recibido pruebas y que la Sala Plena resolverá muy pronto el asunto.

Sobre esta entrevista, insistió en que no reveló información nueva ni fue más allá de lo que ya era de conocimiento público, pues se limitó a dar cuenta del estado procesal del expediente, sin emitir juicios valorativos. Sin embargo, reconoció la sensibilidad que implica este asunto, lo cual fue razón suficiente para presentar el impedimento. 

“Si este no fuera un caso tan sensible, que ha generado tantos malestares para la Corte y para mí, en términos personales, seguramente me abstendría de presentar impedimento alguno, pues estoy convencido de que el concepto que sobre el asunto he formulado ante la Sala Plena y que conoce el público en general no es otro que el elaborado en ejercicio de mis funciones como ponente…”, dice el documento enviado a la Sala Plena.

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También mencionó que en octubre, antes de esta entrevista, se filtró la ponencia con la que pide tumbar la reforma pensional. Según contó, lo mismo ocurrió con las deliberaciones de la Sala Plena.

El 24 de noviembre de 2025, la Sala debatió y votó la ponencia, sin que se alcanzara la mayoría requerida para adoptar una decisión. En consecuencia, se procedió al sorteo de un conjuez, resultando designado Carlos Pablo Márquez. Estos hechos procesales, aunque ocurrieron en una sesión de la Sala Plena, también fueron ampliamente difundidos en medios de comunicación sin autorización.

¿Quién tomará la discusión ahora?

Según informó la Corte, por orden alfabético y de conformidad con el reglamento interno, el expediente pasará a manos de la magistrada Paola Meneses, actual presidenta del alto tribunal.

Meneses llegó a la Corte en 2020, ternada por Iván Duque y fue vicepresidenta en 2025. Es graduada de la Universidad Javeriana, con especialización en Derecho Constitucional en Madrid. Es cercana al expresidente Duque y tiene experiencia en el sector empresarial.

Fue directora jurídica de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, secretaria general de la empresa Redassist; secretaria general de la Federación Nacional de Departamentos; así como superintendente de Subsidio Familiar y delegada contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General de la Nación.

Su esposo es Luis Fernando Lizcano Zea, quien se desempeña como jefe jurídico administrativo y de servicios de Ecopetrol. Por esta razón, se ha declarado impedida en múltiples procesos, sin embargo, la mayoría de los impedimentos han sido negados. El último fue para el estudio de uno de los decretos derivados de la emergencia económica.