Exclusivo: disputa en la JEP por el revés de un llamado a versión al general Óscar Naranjo

El general (r) Óscar Naranjo Trujillo, reconocido en 2010 por la Asociación Internacional de Jefes de Policía -IACP- como el “mejor policía del mundo”, título que en Colombia sólo se le ha conferido a él y al general (r) Rosso José Serrano, acabó enfrascado en el centro de una controversia interna en la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-.

El oficial, que ejerció como negociador plenipotenciario en los diálogos que propiciaron el histórico Acuerdo de Paz entre el gobierno de Santos y la extinta guerrilla de las Farc, fue llamado el año pasado a versión voluntaria por la JEP, una de las instituciones que nació en 2017 producto de lo que se acordó en La Habana, Cuba.

El llamado a Naranjo, hasta ahora desconocido, fue anulado tres meses después por decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas -SRVR-.   

La Sala consideró que hubo “irregularidades” en el llamamiento —como técnicamente se le conoce— que se hizo del oficial, quien hace unos días aclaró que no se postularía como candidato a la Presidencia de la República tras fuertes rumores.

El auto que llamó a Naranjo —y que se anuló— fue dictado dentro del subcaso Montes de María del octavo macrocaso de la JEP, que investiga los “crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares”.

El llamamiento supondría la vinculación y comparecencia forzosa (calificada de esa manera porque Naranjo perteneció a la fuerza pública) en la JEP de un destacado oficial, que contribuyó al proceso de paz y fue director de inteligencia de la Policía Nacional (1996-2000), director de la DIJIN (2003-2007), director general de la Policía (2007-2012) y vicepresidente de la República (2017-2018).

Pero la historia aún no concluye. La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, considerada la máxima instancia decisoria en dicha institución, está revisando la anulación del llamado a Naranjo, que lo vincularía a la JEP como presunto responsable. Ruta que, de materializarse, determinaría si se vincula al exvicepresidente como responsable de alguna conducta o si, por el contrario, se le remite a la ruta no sancionatoria. 

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La historia del revés

Según documentos a los que CAMBIO accedió, el 19 de marzo de 2025, la Subsala L de la Sala de Reconocimiento, conformada por los magistrados Catalina Díaz, María del Pilar Valencia, Nadiezhda Henríquez y Oscar Parra, dictó el Auto de Subsala L 051, con el que llamó a comparecer a Naranjo. Valencia, relatora del subcaso Montes de María, fue quien redactó el llamado.

Dicho auto, que nunca se le notificó al general (r) y que por tanto nunca quedó ejecutoriado, se profirió con los nombres de los cuatro magistrados. Pero días después, el 31 de marzo, la magistrada Díaz, quien ejercía como presidenta de la Subsala L, convocó a una reunión de dicha instancia para presentar un proyecto de auto advirtiendo un “error” que había que corregir.

La magistrada Díaz se refería a que el documento se dictó sin incluir su salvamento de voto, es decir, su oposición a la vinculación del general (r), y una consideración para que, en su reemplazo, se llamara a Naranjo en calidad de testigo. En el proyecto de auto también se advirtió que debía incluirse una aclaración de voto del magistrado Oscar Parra.

El expediente, además, indica que, tras dictarse el llamado de Naranjo, los magistrados que aparecían suscribiendo dicho documento le pidieron a la magistrada Valencia que precisara cuáles eran “los señalamientos que pudieran comprometer” al exvicepresidente de la República con el subcaso Montes de María. CAMBIO accedió a un oficio que indica que, si ella no daba la información, Parra cambiaría su voto de positivo a negativo. 

Para el 28 de abril, Valencia les entregó a los magistrados el proyecto de auto complementario que recogió sus inquietudes y en el que se habló de una carpeta reservada con 17 informes de inteligencia y otra declaración reservada. Esas eran las pruebas que, para ella, justificaban el llamado a Naranjo. En respuesta, la magistrada Díaz pidió el acceso pleno al expediente. Le fue concedido el 8 de mayo. 

“La magistrada Catalina Díaz indicó que posiblemente el señor Naranjo había ocupado el cargo de presidente de la República, por lo cual tendría fuero ante la JEP, según el artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, lo que haría anulable el llamamiento a versión voluntaria. Como despacho relator practiqué las pruebas respectivas y se determinó que no había ejercido ese cargo”, señaló la magistrada Valencia en un documento conocido por CAMBIO.

El 15 de mayo, la magistrada Díaz, quien para ese momento ejercía como vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento, le pidió a su sala, compuesta por seis magistrados, que adoptara un “precedente” sobre el error que ella advirtió el 31 de marzo, y sobre el llamado a “una persona que no ejercía funciones relacionadas con el control del orden público en el territorio en cuestión, donde habían ocurrido los crímenes, ni tenía condición de superior ni mando sobre los miembros de la fuerza pública que se concertaron o que omitieron actuar ante las incursiones paramilitares”.

Fue así como el 10 de junio, el pleno de la Sala de Reconocimiento decidió revisar el caso e invitó a la deliberación a tres magistrados que pertenecen a otras secciones de la JEP y que trabajan para el macrocaso 08 en calidad provisional. Ellos son Gustavo Salazar, Reiniere Jaramillo y María del Pilar Valencia  —aunque Salazar no votó porque se encontraba de permiso—.

En dicha sesión de junio, y por mayoría, cinco magistrados votaron por anular el llamado a Naranjo: Catalina Díaz, Oscar Parra, Nadiezhda Henríquez, Julieta Lemaitre y Lily Rueda.  Y tres magistradas votaron por mantener el llamado: Belkis Izquierdo, Reiniere Jaramillo y María del Pilar Valencia.

¿Por qué se anuló el llamado a Naranjo? Los cinco magistrados advirtieron que hubo vicios por la “ausencia de una motivación clara y coherente”; es decir, de las razones probatorias y jurídicas para efectuar el llamado. Además, advirtieron que no hubo “certeza sobre el cumplimiento del quórum decisorio”, pues los magistrados consideraron confuso el voto de Parra, que en un principio había suscrito la decisión de llamar a Naranjo, pero en criterio de sus compañeros su postura debía interpretarse más como un salvamento de voto.

“Para la SRVR, el llamado a versión voluntaria del señor Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, que se hizo por medio del auto 051 de 2025, y que se iba a corregir y complementar a través de otro auto y un proyecto de adición, presenta una motivación ambivalente. La SRVR constata que dentro de las posturas de los cuatro magistrados que conformaron la Subsala L, existen dos argumentaciones que se debieron desarrollar como salvamentos de voto. Esto impide que se pueda establecer con claridad el cumplimiento del quorum decisorio que se exige para la toma de esa clase de decisiones”, señaló el Auto SRVR No. 001-A del 10 de junio de 2025, que tumbó el llamado a Naranjo.

En dicha decisión hubo otro componente particular: se dijo que contra ella no procedían recursos, es decir, ni siquiera las víctimas podían apelarla.

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¿Por qué se quiso llamar al general (r)?

El llamado a Naranjo, que nunca se notificó, contó con la ponencia de la magistrada Valencia, relatora del subcaso en el que se investigan las masacres en los Montes de María, cometidas por grupos paramilitares, y el rol de la fuerza pública.

“En ejercicio de la competencia prevalente y del mandato de priorización y selección, la Sala de Reconocimiento encuentra mérito para llamar a rendir versión voluntaria a integrantes de la Fuerza Pública que, como el señor Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, detentaron o pudieron detentar una posición de garantes como servidores públicos o tuvieron posibilidad de conocer los hechos de que trata el numeral 5 de esta providencia y pueden ampliar su esclarecimiento”, señala uno de los apartes del Auto de Subsala L 051 que llamó a Naranjo.

Fuentes le advirtieron a CAMBIO que el auto del 19 de marzo que llamó a Naranjo no consignó explícitamente las razones de su vinculación al caso y que, tras la polémica con sus compañeros, Valencia les aportó la información que consideró relevante para llamarlo de manera forzosa.

Valencia dejó por escrito que el llamado a Naranjo se basó en una declaración reservada que se practicó en la JEP. También en declaraciones que dieron en su contra el general Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, y Salvatore Mancuso, excomandante de las Auc.

Mancuso se refirió al supuesto rol de Naranjo en la presunta liberación suya y de Rodrigo Tovar alias Jorge 40 cuando fueron detenidos en una cárcel de La Guajira. “Como JEP tenemos obligación de esclarecer si el apoyo a esa fuga se dio o no. En ese marco la versión voluntaria es necesaria”, expresó Valencia en un documento. Sobre ese señalamiento del exjefe paramilitar, Naranjo ha explicado en otros escenarios que por esos hechos que menciona Mancuso se procesó y condenó a un fiscal de La Guajira. Así, en repetidas ocasiones, el exalto oficial ha desmentido lo dicho por Mancuso. 

Y Santoyo le dijo a la JEP que en 1998 Naranjo supuestamente puso en el Gaula de Antioquia al teniente de la Policía Edward García, quien, según él, perteneció a los paramilitares. Ese documento de Valencia también indica que desde Medellín se hicieron reuniones clave para concretar la expansión de los paramilitares a Sucre y Bolívar: 

“Hubiese sido conveniente preguntar sobre los aspectos fácticos de la mención que hizo el señor Santoyo, en un doble sentido. Primero, si conocía de las posibles relaciones del teniente Edwar García u otros agentes de la DIPOL con grupos paramilitares, y específicamente con grupos que tuvieron injerencia en Montes de María y municipios cercanos”, 

Según la declaración de la fuente reservada que la magistrada Valencia citó, hubo un supuesto vínculo entre la Policía y las estructuras “La Terraza” y “Los Pepes”, que se habría mantenido hasta la muerte de los hermanos Castaño Gil. En la misma, se hace un supuesto señalamiento directo al entonces coronel Naranjo y a los oficiales de la Policía Rosso José Serrano y Danilo González, junto a otros oficiales del Bloque de Búsqueda.

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El llamamiento a Naranjo también citó documentos de inteligencia elaborados cuando él ejerció como director de inteligencia de la Policía, entre 1996 y 2000. En uno de esos informes reservados se habla de una masacre cometida por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, en 1999, en la que la inteligencia de la Policía señaló lo siguiente:

“Donde se presentaron los hechos victimizantes -una masacre de varios días con más de una decena de muertos- eran de alta influencia de las FARC y que era conocido que una gran mayoría de los campesinos que vivían en estos corregimientos colaboraban o pertenecían a dicha organización guerrillera”.

Valencia pretendía llamar a Naranjo para que hablara sobre el riesgo de estigmatización que pudo sufrir la población masacrada. “En el marco de una versión voluntaria, varias preguntas surgen para quien fue director de la DIPOL en el tiempo que tal documento presumiblemente se produjo por su oficina”, señaló la magistrada Valencia.

La magistrada, además, destacó que la versión voluntaria pudo haber sido el escenario para que Naranjo ampliara lo que habló con la Comisión de la Verdad. Allí pidió perdón por la estigmatización en que incurrió la DIPOL contra algunas universidades.

¿Naranjo debe ser llamado como testigo?

CAMBIO estableció que el magistrado Oscar Parra, quien inicialmente había firmado el llamado a Naranjo y después cambió su postura —conforme fue conociendo el expediente—, fue una figura determinante en la deliberación de la sala ampliada que anuló el llamado a Naranjo.

Si la aclaración de voto del magistrado Parra —quien para ese momento ejercía como presidente de la SRVR— no hubiese sido interpretada por su sala como un salvamento de voto, tal vez el llamamiento al general (r) no habría sido anulado. 

En un documento que conoció CAMBIO, del 14 de julio, el magistrado Parra contó por qué cambió su postura, pese a que en un primer momento había respaldado el llamado a versión voluntaria.

“El debate respecto al caso específico del señor Naranjo ameritó varias rondas de discusión en las que se analizó la información disponible hasta el momento en el Subcaso Montes de María. Siempre tuve duda respecto al alcance de algunas menciones sobre el señor Naranjo y la pertinencia de analizar en forma integral, como testigo, la información que le conste en tanto Director Nacional de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (en adelante, DIJIN) de la Policía Nacional”, señaló Parra.

“Por ello resalto las dudas que he tenido respecto a que en el caso del General Naranjo corresponda aplicar, en un primer momento, la figura de la versión. Tuvimos deliberaciones. En algún momento pensé que una mención detallada a algunos señalamientos que se han hecho podría abrir la ruta a la versión. Pero a medida que ha surgido más información, es mi opinión que el General Naranjo tiene un gran potencial como testigo para los diversos subcasos del caso 08”, añadió Parra.

El magistrado Parra considera, en este momento, que Naranjo puede aportar información clave para la JEP, en calidad de testigo, sobre situaciones que pudo haber conocido como director de la DIJIN, cargo que tuvo durante la Presidencia de Álvaro Uribe, entre 2003 y 2007.

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La apelación y la mediación de la Procuraduría

Los apoderados de las víctimas del macrocaso 08 se enteraron de la nulidad del llamamiento a Naranjo y apelaron la determinación, pese a que explícitamente se dijo que los recursos contra el Auto SRVR No. 001 – A – Sala ampliada del 10 de junio de 2025 no procedían.

En sus apelaciones, las víctimas advirtieron, a grosso modo, que la decisión que tumbó la versión de Naranjo y en la que se expresó que no procedían recursos, “constituye un precedente nefasto para el acceso a la verdad de las víctimas”, señaló una de ellas.

“A nosotros nos sorprendió la decisión por la forma en que se dio y por el señalamiento de que no procedían recursos”, señaló otra víctima. “El llamado es justamente para recoger información. La idea de la versión a Naranjo es saber qué ocurrió, si recibió información detallada o si conocía de las masacres”, expresó una más.

La Procuraduría intervino ante la JEP pidiendo que se admitiera la apelación de las víctimas y se garantizaran sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción.

La Sala de Reconocimiento, en una decisión del 16 de octubre, accedió a la apelación de las víctimas, revocando la segunda orden del auto de junio —en el que tumbaron el llamado a Naranjo— y que advertía que contra esa determinación no procedían recursos.

El caso pasó ahora a  la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, considerado el órgano de mayor poder y con la última palabra en los asuntos sometidos a debate en la JEP.

Sandra Rocío Gamboa será la magistrada que sustanciará la ponencia sobre si debe o no anularse el auto que tumbó el llamado a Naranjo. Y, si nada extraordinario ocurre, los magistrados que deberán votar por el futuro del general en la JEP son Danilo Rojas, Eduardo Cifuentes, Patricia Linares y Rodolfo Arango.

CAMBIO conoció por fuentes en la JEP que hay una “delicada y compleja” tensión interna por algunas diferencias entre sus magistrados, y por el rumbo que tomó el frustrado llamado al oficial, que fue la mano derecha del presidente que logró desarmar a las Farc.

¿Qué responde el general?

En diálogo con CAMBIO el exvicepresidente se refirió a la controversía que se generó en la Jurisdicción Especial para la Paz alrededor de su fallido llamamiento a comparecer. Naranjo confirmó que nunca fue informado ni notificado de la decisión. El general retirado afirmó también que no termina de entender el motivo de la controversia.

 “Si es que existe, cualquier diferencia entre los magistrados sobre mi nombre es innecesaria. No solamente fui negociador del acuerdo que le dio vida al sistema de justicia transicional, sino que soy un hombre de Estado. En esa medida, jamás faltaría a mi deber moral y legal de acudir ante cualquier autoridad que me requiera. Siempre estaré listo para contribuir a la justicia”, le dijo a CAMBIO el general Óscar Naranjo.   

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