Publio Hernán Mejía. Crédito: Jurisdicción Especial para la Paz
Falsos positivos: en medio de polémica, Procuraduría anunció que apelará condena de la JEP contra Publio Mejía
CAMBIO conoció que la Procuraduría ya le hizo saber a la JEP que apelará la condena de 20 años de prisión impuesta al excomandante del Batallón La Popa, aunque en el juicio la entidad no presentó alegatos de conclusión.
La Procuraduría General de la Nación le anunció a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que presentará recurso de apelación contra la sentencia de 20 años de prisión impuesta al coronel en retiro del Ejército Nacional Publio Hernán Mejía Gutiérrez por su responsabilidad en 72 ‘falsos positivos’ perpetrados por tropas bajo su mando del Batallón La Popa de Valledupar entre 2002 y 2004.
Así lo hizo saber el procurador delegado ante la JEP Fernando Antonio Burgos en escrito conocido por CAMBIO, que indica que los argumentos se expondrán en un plazo máximo de diez días.
“Frente a dicha decisión, la Procuraduría General de la Nación, en calidad de agente del Ministerio Público e interviniente especial ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de conformidad con el artículo 277 de la Constitución Política, acude a su Despacho con el fin de interponer recurso de apelación contra la Sentencia TP-SAR-Nº 001 del 17 de diciembre de 2025, el cual sustentará por escrito dentro del término legal previsto para este fin”, dice el documento.
Parece una solicitud normal realizada ante la Sección Primera de Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz. Sin embargo, en realidad es una petición al menos polémica por lo que ha pasado en este caso.
El juicio transicional contra Mejía Gutiérrez fue el primero que se realizó en contra de uniformados que, aunque se acogieron a la JEP, optaron por no aceptar responsabilidad. El procurador delegado en el juicio fue Jairo Ignacio Acosta y quedó por fuera justo antes de tener que presentar sus alegatos ante la magistratura. La periodista Cecilia Orozco reveló que Acosta tenía lista la petición para que Mejía fuera condenado y que el servidor fue relevado del cargo antes de la diligencia.
Al caso llegó entonces como delegado Fernando Antonio Burgos. El 5 de agosto de 2025 se escucharon los alegatos: primero del fiscal de la Unidad de Investigación y Análisis de la JEP, luego de los representantes de víctimas. A continuación le tocó su turno. Burgos explicó que hubo “circunstancias administrativas internas” que les impidieron “plantear o postular alegatos de conclusión” y, luego, hizo una exposición breve señalando que para al Procuraduría el juicio tuvo las garantías procesales de ley.
Ahora, el funcionario deberá explicar si la apelación implica que para al Procuraduría el coronel Mejía debe ser absuelto, o si su petición señala que hubo alguna especie de irregularidad que debe ser subsanada por la segunda instancia en el Tribunal para la Paz. No obstante, el solo anuncio ya generó suspicacia, según fuentes consultadas por CAMBIO que estiman que la Procuraduría de Gregorio Eljach se está jugando una carta clave en este proceso en materia de protección a las víctimas.
Mejía Gutiérrez fue hallado responsable, a título de dolo, como autor y coautor mediato, de los crímenes de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y desaparición forzado.
La JEP concluyó que al interior del Batallón La Popa se puso en marcha un Ilegal “Aparato Organizado de Poder”, en el contexto del conflicto armado, atravesado por la doctrina del ‘enemigo interno’ y por incentivos ligados a resultados operacionales que privilegiaron las muertes como indicador del éxito militar, que permitieron los ‘falsos positivos’.
Según la JEP, hubo tres modalidades. La primera consistió en la alianza entre ese entramado ilegal del Batallón ‘La Popa’, liderado por el acusado, con el frente ‘Mártires del Cesar’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), encabezado por David Hernández Rojas, conocido como ‘39’. La segunda modalidad consistió en el señalamiento, la retención ilegal y el homicidio de civiles, realizados directamente por miembros de la fuerza pública a través del Ilegal Aparato Organizado de Poder que operó en el Batallón ‘La Popa’, bajo el mando del coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez.
Finalmente, la tercera modalidad se relacionó con infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ya que se comprobó que combatientes heridos fueron ejecutados y que también se simularon enfrentamientos para asesinar a personas que ya habían depuesto las armas. Mejía Gutiérrez, que tenía dos condenas en la justicia ordinaria por estos casos, dice ser inocente y apeló la condena.
