El espejismo de la inclusión: las dificultades de las minorías para acceder a representación política en el Congreso

A un mes de las consultas interpartidistas, Miguel Uribe Londoño volvió al atril para anunciar su regreso a la carrera por la Presidencia. El discurso tuvo dardos al Centro Democrático y guiños a Abelardo de la Espriella, pero el foco no estuvo allí. La pregunta que quedó en el aire fue otra: ¿por qué el salvavidas jurídico de su candidatura terminó en manos de un partido afrocolombiano, con sede en San Basilio de Palenque?

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Desde el inicio de las disputas internas con otros precandidatos del Centro Democrático, el Partido Demócrata Colombiano ofreció su respaldo al padre del asesinado Miguel Uribe Turbay. Después de semanas de análisis electoral, lo que en principio se consideró como una alternativa ante el cierre de puertas de su colectividad terminó convirtiéndose en la única y última oportunidad del exsenador para aparecer en el tarjetón.

Pedro Adán Torres, presidente de la organización afrocolombiana, explica que las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 serán clave para que su partido consolide liderazgos con don de servicio y conocimiento de las necesidades de los territorios. Sin embargo, la postura del líder cristiano contrasta su respaldo a candidaturas construidas muy lejos de las realidades de comunidades históricamente relegadas.

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Los 842 kilómetros que separan a San Basilio del Palenque de Bogotá no fueron impedimento para que un partido fundado para representar a comunidades afro terminara siendo el sostén jurídico de la candidatura de Uribe Londoño. La distancia geográfica y, sobre todo, política, tampoco frenó la decisión de esa colectividad de apoyar la candidatura a la Gobernación de Antioquia de Julián Bedoya, sancionado en 2024 por la Procuraduría por presuntas irregularidades en su título como abogado.

Desde el Movimiento Cimarrón, una organización que trabaja por la participación plena del pueblo afrocolombiano, advierte que casos como los de Uribe y Bedoya no son hechos aislados, sino parte de una tendencia en la que personerías jurídicas terminan subordinadas a cálculos electorales ajenos a las agendas de las comunidades locales.

“Aquí no estamos discutiendo el color de piel de un candidato, sino la coherencia entre la razón de ser de un partido étnico y las decisiones que toma. (...) Cuando los avales se convierten en moneda de cambio para sobrevivir en el sistema político, la representación deja de ser un derecho colectivo de nuestras comunidades”, explicó a CAMBIO Juan de Dios Mosquera, director de Cimarrones.   

Radiografía de la representación de las minorías en el Congreso

La primera barrera para la participación de minorías no está en el Capitolio, sino mucho antes, en el acceso a las urnas. En resguardos indígenas y consejos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha advertido sobre dificultades logísticas que reducen la participación directa en los territorios.

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Danilo Sepúlveda, coordinador de Inclusión y Diversidad de la MOE, explicó a CAMBIO que la exclusión de las minorías comienza, muchas veces, antes de marcar el tarjetón. Incluso cuando logran llegar a las urnas, el panorama no es necesariamente alentador, debido a que los votantes de comunidades étnico-raciales se encuentran con tarjetones donde la oferta no siempre refleja sus agendas ni sus liderazgos territoriales.

La Registraduría confirmó un aumento en el número de candidaturas inscritas para las elecciones legislativas, que en 2026 llegó a 3.144. Sin embargo, según cifras de la MOE, solo 234 aspirantes declararon pertenencia etnocultural. De ellas, 131 se identificaron como afrocolombianas, 70 como indígenas y 42 como integrantes de comunidades negras.

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“El problema es que ni siquiera sabemos con claridad cuántas personas de comunidades étnicas están llegando realmente al Congreso. Hay una falla en la forma en que se recoge y sistematiza esa información desde etapas previas realizadas por partidos y entidades, y eso termina produciendo una invisibilidad que es muy grave en términos de representación”, explica Sepúlveda.

A esa invisibilidad estadística se suma otro obstáculo estructural: el peso de las maquinarias y los costos de campaña. Sin acceso a financiación robusta ni a redes políticas consolidadas, muchos liderazgos étnicos dependen exclusivamente de las circunscripciones especiales para competir. Fuera de esos espacios, su presencia en listas ordinarias suele quedar relegada a posiciones sin opción real.

Circunscripciones étnicas: el techo de la representación

Las circunscripciones especiales fueron concebidas para garantizar la presencia de comunidades históricamente excluidas en la Cámara de Representantes. Hoy existen dos curules para comunidades afrocolombianas, una para comunidades indígenas y otra para colombianos en el exterior. A ellas se suman las 16 curules transitorias de paz creadas tras el Acuerdo con las Farc, que solo estarán vigentes hasta el cuatrienio 2026-2030.

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Desde el Proceso de Comunidades Negras (PCN) explican que los requisitos de inscripción, las disputas internas por avales y la fragmentación del voto han generado cuestionamientos sobre si estas circunscripciones están fortaleciendo liderazgos territoriales o, por el contrario, creando un “techo” que concentra la representación étnica en unos pocos escaños sin incidencia proporcional en la agenda legislativa.

Óscar Benavides, candidato a la Cámara de Representantes por la curul afro, solicitó al CNE revocar la inscripción de Miguel Polo Polo por considerar que el congresista no cumple con requisitos legales ni compromisos éticos para ocupar ese escaño. Según Benavides, es necesario establecer nuevos parámetros para que los aspirantes presenten un vínculo estrecho con los procesos comunitarios de las minorías.

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“Las curules de comunidades negras no son un atajo electoral ni un comodín para quien no tiene espacio en las listas ordinarias. Son un derecho colectivo que debe estar respaldado por una trayectoria y un reconocimiento real dentro de nuestros propios procesos organizativos”, explicó a CAMBIO el candidato a la Cámara.

Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) advierten que, aunque la Circunscripción Especial Indígena representa un reconocimiento constitucional, su alcance real es limitado dentro de las dinámicas del Congreso. Además, cuestionan la laxitud de las reglas para otorgar avales de quienes, con agendas propias, dicen representar a las comunidades.

Un ejemplo de los cuestionamientos de colectivos indígenas a estos procesos es el aval otorgado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) a Daniel Quintero. Luego de una serie de líos jurídicos que amenazaron con dejarlo fuera de la carrera presidencial, el exalcalde de Medellín recibió un salvavidas de esa colectividad con la que participará en el Frente por la Vida. Lo mismo pasó con su esposa, Diana Osorio, quien amagó con lanzarse en reemplazo de su esposo recibiendo el aval del Partido Ecologista.

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“Cualquier autoridad puede avalar un candidato, pese a que muchos de ellos no mantienen ese vínculo organizativo. Hay que revisar que en su labor legislativa defiendan los principios, los derechos de los pueblos indígenas y visibilicen las realidades de nuestra gente”, explicó a CAMBIO Guilliana Arrieta, consejera de la Secretaría General de la Onic.

Para el movimiento indígena, además, los avances en derechos de representación colectiva no han sido producto de los escaños disponibles en el Congreso, sino de escenarios de interlocución directa, movilizaciones territoriales y mingas nacionales. “Los pueblos indígenas somos más que dos espacios en el Senado y uno en Cámara. Hay realidades territoriales que no logran conocerse desde los escritorios u oficinas en las capitales”, reitera Arrieta.

La deuda histórica de representación política con la población LGBTIQ+

En el cuatrienio 2022-2026, seis personas abiertamente LGBTI ocuparon curules en el Congreso: una en el Senado y cinco en la Cámara. Sin embargo, desde Caribe Afirmativo, organización que documenta violencias y hace seguimiento a la participación política de esta población, advierten que la presencia numérica no necesariamente se traduce en una agenda legislativa robusta ni en garantías efectivas para el ejercicio político libre de discriminación.

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Wilson Castañeda Castro, director de Caribe Afirmativo, destaca avances para la agenda LGBTIQ+ en las recientes legislaturas, como los proyectos para eliminar las llamadas terapias de conversión y los intentos por impulsar un Proyecto Integral Trans. No obstante, el politólogo plantea que la mayoría de partidos políticos impiden que estos liderazgos compitan en condiciones de igualdad dentro de sus propias estructuras.

Caribe Afirmativo ha encontrado que los recursos distribuidos por los partidos entre sus candidatos no siempre se asignan de manera equitativa, y que las personas LGBTIQ+ suelen recibir menos respaldo financiero y logístico frente a otras candidaturas consideradas “más competitivas”. Además, los aspirantes también enfrentan un acceso limitado a medios de comunicación y a escenarios de debate.

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“Las preguntas realizadas a los candidatos LGBTIQ+ siempre están relacionadas con su orientación sexual y no sobre sus programas de campaña. En las últimas contiendas electorales, se ha evidenciado una falta de interés de las colectividades por impulsar sus propuestas más allá de la agenda de diversidad o por garantizarles espacios reales de vocería dentro de los partidos”, advierte el director de Caribe Afirmativo.

Organizaciones indígenas, comunidades afrocolombianas y colectivos LGBTIQ+ coinciden en una preocupación común: cada vez es más frecuente que candidatos se nombren y se anuncien como integrantes de estas poblaciones sin que eso se traduzca en una representación efectiva de sus agendas colectivas ni en la priorización de sus demandas históricas dentro del Congreso.