Gobierno declara emergencia en ocho departamentos por el impacto devastador de las inundaciones

El Gobierno declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena por 30 días tras considerar que la temporada invernal supera la capacidad de respuesta ordinaria del Estado y, por ende, requieren adoptar medidas extraordinarias para atender la crisis provocada por la temporada invernal en el norte del país. 

Desde el pasado lunes, el presidente Gustavo Petro y sus ministros se trasladaron en pleno a Montería para tomar diversas decisiones sobre cómo afrontar la tragedia que, según el decreto, ha dejado 61 municipios afectados, más de 252.233 personas afectadas y 10 muertos.

Las lluvias en enero y los primeros días de febrero superaron los promedios históricos y en algunas áreas incluso alcanzaron entre el 130 y el 180 por ciento, lo que dejó afectaciones también sistemas estratégicos y productos.

Varios embalses hidroeléctricos alcanzaron o superaron sus umbrales técnicos como consecuencia del incremento de los caudales, lo que obligó a activar operaciones de emergencia. Además, en el sector agropecuario, más de 110.000 hectáreas de cultivos fueron afectadas por las inundaciones, impactando principalmente a los pequeños productores y a quienes se dedican a la producción bovina en Antioquia, Magdalena, Córdoba y Cesar.

Lo que busca ahora el Gobierno son acciones enfocadas en definir estrategias y medidas inmediatas para la atención humanitaria y la recuperación de los territorios impactados. Cabe señalar que el Ejecutivo ya adelanta el envío de ayudas alimentarias y la compra de productos en la región para apoyar tanto a las comunidades damnificadas como a los productores locales.

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El ministro del Interior, Armando Benedetti, ya había explicado que la magnitud de las pérdidas ocasionadas por las lluvias había desbordado cualquier previsión presupuestal y afecta a más de una decena de departamentos.

“Nadie hubiera podido calcular en un presupuesto las cuantiosas pérdidas por las inundaciones en Sucre, Córdoba, Bolívar y 19 departamentos más. Son billonarias que no están en los ministerios de Salud y Educación, INVÍAS y UNGRD. Ante esta grave calamidad pública, esta vez la Corte no tiene ‘escapatoria política’ para ayudar a los necesitados como lo ha hecho antes”, dijo en su momento Benedetti.

Y hace algunos días, el propio presidente Gustavo Petro también había planteado que la situación no puede explicarse únicamente por factores climáticos. En sus declaraciones, señaló la necesidad de revisar el papel de las empresas generadoras de energía y el manejo de los embalses.

“¿Dejaron las represas llenas para hacer contratos de venta de energía a precios de costos de gas para los próximos meses? Será que las superintendencias no actuarán y será que magistrados volverán a salir en defensa, no de los campesinos y ciudadanos hoy damnificados, sino en mantener las exageradas utilidades de las generadoras hidroeléctricas del país“, dijo.

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Con la declaratoria de emergencia, el Gobierno busca acelerar la respuesta institucional, garantizar atención a los damnificados y avanzar en medidas que permitan mitigar los efectos de la temporada de lluvias, que sigue generando alertas en amplias zonas del país.

Además, el Ejecutivo queda facultado para expedir decretos directamente vinculados con la emergencia, dentro de los límites constitucionales y bajo control automático de la Corte Constitucional, que deberá revisar la validez tanto del decreto como de las medidas que lo desarrollen.