Jorge Enrique Ibáñez: la delgada línea entre el escándalo y la defensa de la Corte Constitucional
Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional. Fotoilustración: Yamith Mariño.
De “operador político” a “protector” de la autonomía de la Corte Constitucional, el rol de Jorge Enrique Ibáñez como presidente del tribunal más importante del país fue objeto de múltiples calificativos. Su estilo de confrontación y exposición pública implica no solo apoyos y críticas, sino también una reflexión sobre el papel que debe tener un presidente de alta corte. Análisis.
Las últimas semanas de Jorge Enrique Ibáñez como presidente de la Corte Constitucional fueron bastante agitadas: habló públicamente de reevaluar las vacaciones colectivas de la Rama Judicial para poder entrar a revisar con más rapidez el decreto de emergencia económica del presidente Gustavo Petro; luego pidió suspenderla a pesar de no ser el ponente del caso y después dio una desafortunada entrevista sobre el tema. Todo fue un caldo de cultivo que generó amplia molestia en los ‘pasillos’ del alto tribunal.
La respuesta fue salomónica y contundente: la Sala Plena aprovechó el ‘papayazo’ y por unanimidad le aceptó un impedimento que dejó por fuera al jurista conservador de uno de los asuntos más importantes que la Corte ha tenido que revisar en su historia. Sin él, quien plantó los primeros pinitos de estas competencias hace tres años, la Sala determinó que sí podía suspender ese tipo de decretos. Se trató, al mismo tiempo, de un ‘vainazo’ a Ibáñez por su afán de protagonismo y una forma de evitar que la decisión de la Corte se viera ante la ciudadanía como un episodio más de la ardua disputa que Petro e Ibáñez han protagonizado desde hace meses.
No obstante, estas últimas semanas no son un reflejo exacto de lo que fue la presidencia de Ibáñez, sino más bien un final apagado a la fuerza. Su rol en la vocería del alto tribunal tiene muchos calificativos. Unos le llaman “opositor” u “operador político”. Otros consideran que su presidencia fue una férrea defensa de la autonomía y la independencia de la Corte Constitucional, como “guardián” o “contrapeso” necesario a un gobierno que pasó de no compartir decisiones judiciales, a hacer ataques personalizados a los magistrados, a hablar de bloqueo institucional y de “golpe blando”, hasta a promover una Constituyente.
Hacer un balance del rol de Ibáñez en la Corte no es fácil en una sociedad fragmentada políticamente que evalúa al juez con su propio sesgo. De entrada, se puede decir que fue una presidencia que se diferenció de la de sus antecesores por tener un tono de confrontación con el gobierno, un asunto que nadie, ni sus conocidos de marras, niegan. A esto se suma una amplia presencia en medios, polémicas en expedientes judiciales y apoyos en los gremios y en la oposición que parecen de tribuna de fútbol y que no necesariamente son beneficiosos para el tribunal más importante del país.
CAMBIO hizo una labor de reportería por fuera y dentro de los ‘pasillos’ de la Corte (la corporación opera principalmente desde la virtualidad) para hacer este balance y encontró diferencias marcadas en la percepción del rol de Ibáñez como presidente.
Por un lado, están quienes agradecen esa labor de defensa de la Corte y quienes enfatizan en que a Ibáñez le tocó un contexto político complejo, por la actitud que el presidente Petro ha tenido para con la Rama Judicial en general. De otro lado, están quienes afirman que especialmente en un contexto difícil, el presidente de la Corte debe evitar la confrontación y ser, en cambio, la voz que hace los llamados a la calma y que garantiza y proyecta una estabilidad institucional.
“Ibáñez pasó la línea roja de la Corte al tomar partido. La Corte es contra mayoritaria, siempre lo ha sido y ha sido diplomática en sus formas. En un país fragmentado, si se toma partido como hizo Ibáñez, se le da razón a la contraparte. Si se alinea contra el presidente, quienes están a favor se van a sentir afectados. Eso no refleja el balance que la Corte debe proyectar”, le dijo a CAMBIO una fuente.
El contexto y las formas
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El país presenció cómo el presidente Petro catalogó de bloqueo institucional decisiones negativas a sus intereses, como la que tumbó la prohibición de deducir las regalías petroleras de la reforma tributaria, una decisión de 2023 que aún el presidente usa para echarle la culpa a la Corte de parte del problema fiscal actual. Empezó a hablar de golpe blando con cada decisión judicial que no le gustó, incluyendo las del Consejo de Estado que le pedían rectificar afirmaciones, o la que les puso tatequieto a las transmisiones de los consejos de ministros. Además, se saltó la negativa del Congreso a la reforma laboral e impulsó una consulta popular que también frenaron los jueces (y sobre la cual la Corte se va a pronunciar pronto) y habló, en reiteradas ocasiones, de llamar a una Constituyente como fórmula para resolver lo que considera un freno desmedido e irregular a sus iniciativas de gobierno.
Las tensiones con las Cortes se han dado en todo el mandato y no solo en 2025. Ese desafío le tocó como presidentas de la Corte Constitucional a Cristina Pardo y Diana Fajardo, así como a los magistrados José Fernando Reyes y Jorge Ibáñez. Si con Reyes se vio una respuesta más álgida a los excesos verbales de Petro, con Ibáñez esto se exacerbó. Varias personas consultadas por CAMBIO consideran que Ibáñez hizo bien en un contexto nuevo, por así decirlo, en el que se presentó una deslegitimación del poder judicial.
¿Qué hizo Ibáñez? Primero, muchos foros en todo el país con el objetivo de hablar de historia constitucional. Fueron eventos académicos en los que se resaltaron decisiones que cambiaron la vida de los colombianos en un esfuerzo por buscar apoyo a la Corte de parte de sectores económicos y políticos. Segundo, aceptó múltiples invitaciones a foros académicos y de gremios.
En uno de esos foros, Ibáñez enfatizó: “Los discursos de odio contra jueces, la sospecha permanente contra la institucionalidad, y la normalización de la violencia política —sea quien sea el blanco— son síntomas que no podemos trivializar. La destrucción del estado de Derecho nunca es instantánea. Ocurre cuando se vuelve aceptable erosionar a quienes están llamados a decidir conforme a la Constitución, aun cuando esa decisión sea impopular”. También los aprovechó para lanzar ‘pullas’ a la controversia del momento, en dichos que terminaron trayéndole aplausos por doquier. Aplausos que celebraron la protección de la función del juez, del hecho de que las decisiones de la Corte son la última palabra y se respeta, aplausos que pedían al poder político respetar a la justicia.
Pero esos aplausos no gustaron en una parte del nicho de los jueces y los magistrados y exmagistrados, así como de la opinión pública. “Un presidente de Corte no debe salir aplaudido de un congreso gremial”, fue una de las críticas repetidas. Una persona que ha tenido que vivir esas mismas dinámicas le dijo a CAMBIO: “Salir aplaudido no depende de él, pero sí decidir qué invitación aceptar y de qué hablar”.
¿Fue entonces Ibáñez un operador político en oposición al presidente Petro? Esa pregunta no tiene una respuesta unánime:
-“No es justo que se diga que una Corte hace oposición cuando tumba decisiones. A todos los Gobiernos se les han tumbado leyes”, dijo un exmagistrado.
-“No creo que el asunto sea político sino de carga ideológica. No nos digamos mentiras, Ibáñez es conservador y es un magistrado con una carga ideológica más fuerte que la de otros. Para unos es politización, para otros es compromiso”, dijo una fuente a CAMBIO que recordó como Carlos Gaviria, uno de los magistrados más brillantes que tuvo el país, saltó a la política e intentó alcanzar la Presidencia de la República. Otros como Carlos Bernal y Humberto Sierra Porto llegaron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, impulsados por el gobierno de turno. Y también está el caso de Luis Ernesto Vargas, quien es el actual embajador de Colombia ante la OEA.
-“Todos los sesgos son peligrosos en la administración de justicia”, dijo otra fuente consultada. “En un país que no entiende la posición del juez la dinámica política termina obligando al magistrado a defenderse”, agregó.
-“Ibáñez no actuó como presidente de un órgano judicial, sino una excelente presidencia política de un organismo judicial”, indicó una persona consultada.
-Otra persona más, que conoce a fondo la Corte, dijo: “No solo Petro ha irrespetado al poder judicial, la mayoría de los presidentes han intentado cooptarlo de distintas vías. Ibáñez no fue el único presidente que le tocó a Petro, pero Ibáñez sí se fue de frente, hizo oposición política”.
La crisis con la reforma pensional
Todas las fuentes que CAMBIO consultó pidieron el anonimato. Entre analistas, juristas, exmagistrados, exfuncionarios de la Corte, jueces y políticos, hay algunas conclusiones similares. Por un lado, hasta quienes defienden a Ibáñez a capa y espada estiman que al magistrado se le fue la mano y que hubiera podido moderarse. Otros estiman que en cierta medida Ibáñez, por su propia personalidad y componente ideológico y por cierto afán de protagonista, quedó casi solo en la defensa de la Rama Judicial ante las críticas de Petro.
Un elemento clave ha sido el trámite de la reforma pensional. Esa iniciativa se ha convertido en la esperanza de cientos de personas que están lejos de llegar a una pensión, de recibir una mesada por los beneficios que incluye otorgar 50 semanas por hijo a mujeres que, a lo mejor, estaban lejos de cumplir el requisito. El debate en la Corte se ha dado por la forma atropellada y con vicios en que fue aprobada esa reforma. A mediados de 2025 la Sala la devolvió al Congreso, que al parecer ya corrigió el error, y a la fecha no hay decisión final sobre si esa nueva votación se hizo bien o no.
Allí el ponente es Ibáñez y el magistrado hizo la tarea de pedir múltiples pruebas necesarias, como las actas de las votaciones, pero también algunas otras que personas que conocen de los procesos en la Corte califican de innecesarias. Petro se dedicó a cuestionar a Ibáñez para decir que este actuó por “odio ideológico”. “Ibáñez no quiere la ley pensional y espera aplazarla por miedo a su efecto electoral”, agregó Petro, mientras que el ministro Armando Benedetti dijo que el jurista estaba “acosando a tres millones de viejitos”.
El rifirrafe innecesario generó una respuesta de la Corte en pleno en defensa de la actuación de Ibáñez y del Consejo de Estado. También de expertos que indicaron la relevancia de las pruebas en el trámite, entre otros. Este expediente está en la Corte desde julio de 2024. Hoy está a la espera de que un conjuez estudie el caso y ya el gobierno se jugó la carta de la recusación para tratar de sacar a Ibáñez del caso. Lo cierto es que mientras Ibáñez hacía de ponente, también hacía de vocero de la Corte y esa convergencia implicó un escenario de disputa adicional, en el que se generó la idea ante el público que la Corte no falla en derecho, sino por política, y esa es una imagen que el tribunal no se puede permitir.
La personalización del ataque en Ibáñez tiene ese efecto y su respuesta también. Ese lunar deja a la Corte mal parqueada, sujeta al escrutinio político y ciudadano: sea quien fuere el responsable, si es primero el huevo que la gallina, los colombianos deben tener la seguridad de que las decisiones de la Corte Constitucional no tienen una intención de fondo diferente a la de salvaguardar la Constitución y esta disputa en temas sociales de tanta relevancia puede pasarle factura.
“La realidad objetiva es que buena parte de la sociedad señala hoy a Ibáñez como un actor político. Eso existe, refleja una percepción, más allá de si sea justa o no, si la provocó él o si la provocó Petro. Puede haber cuestión de estilo, un poco de sobreactuación en las manifestaciones de Ibáñez, pero también es cierto que ha sufrido una descalificación constante del gobierno y eso resiente a la persona, no somos inmunes los señalamientos”, dijo otra fuente a CAMBIO.
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Los líos internos en la Corte
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Otra voz diferente también consultada por este medio señaló que aún en un escenario político tan complejo como el que se describe, la persona que ejerza el cargo de presidente de la Corte Constitucional no puede dejarse llevar por las provocaciones, sino ser aún más cuidadoso de la independencia judicial. “Ahí es cuando hay que ser más independientes y no hablar de más”, dijo.
“Nunca nos había pasado que un presidente de Corte tomara tanto partido a un grupo político y eso le hizo daño a la Corte. El legado de un presidente son los procesos que impulsó y la forma cómo lo hizo y con Ibáñez no se movilizaron los grandes casos el año pasado”, indicó otra fuente.
Personas que conocen en detalle el funcionamiento interno de la Corte Constitucional advirtieron a CAMBIO que, por ejemplo, las grandes discusiones sobre derechos fundamentales han mermado, que han caído el número de casos fallados, que la agenda también varió al centrarse más en estos asuntos que interesan al gobierno de turno que en los temas trascendentales en materia de derechos o en discusiones inéditas, salvo el tema de la crisis en salud que es uno por el que más tutelas llegan al alto tribunal.
Además, las fuentes también alertaron a CAMBIO de la existencia de una división profunda en la Corte, pues esa actuación de Ibáñez -sea política o en defensa de la institucionalidad- ha implicado una radicalización interna. Los manejos internos también han llevado a fuertes discusiones sobre las filtraciones de la información reservada en la Corte, como proyectos de decisión, y un cierto temor entre los funcionarios que apoyan a los diferentes despachos del alto tribunal.
Las tensiones en el alto tribunal no se acaban con la salida de Ibáñez de la presidencia, pero las cosas podrían cambiar con la llegada a ese rol de vocería de Paola Meneses, también conservadora y cercana al expresidente Iván Duque, de quien se espera papel mucho más moderado e incluso alejado de los medios de comunicación. La Corte entra en la recta final del debate de la reforma pensional, deberá emitir de fondo el fallo sobre la emergencia económica y otras decisiones relevantes, en un año electoral en el que no puede dejarse llevar del vaivén de los políticos en campaña. Lo cierto es que la presidencia de Ibáñez despertó un debate académico y social sobre cómo debería adelantarse la vocería del tribunal más importante del país.
