Juliana Guerrero, excandidata del gobierno de Gustavo Petro para el viceministerio de las juventudes. Crédito: Colprensa.
La acción popular que cuestiona el poder de Juliana Guerrero y el presunto fraude que la rodea
El Tribunal de Cundinamarca admitió una acción popular contra la Presidencia que pone bajo la lupa los títulos académicos de la mujer más influyente de la Casa de Nariño. El recurso detalla presuntas irregularidades en su formación y cuestiona, además, su nombramiento en la junta directiva de la Universidad Popular del Cesar.
Por: Ana María Cuesta
Juliana Guerrero, la joven de 23 años que, repentinamente y pese a su inventario de escándalos, fue ungida por el presidente Gustavo Petro con un poder extraoficial para quitar y poner ministros, ahora es el centro de una demanda que admitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que cuestiona precisamente la presunta vulneración a la “moralidad administrativa” por el cargo que hoy la une al Gobierno, pese al presunto fraude que la ensombrece.
El magistrado Felipe Alirio Solarte notificó en las últimas horas la admisión de una acción popular que presentó la representante a la Cámara Jennifer Pedraza en la que se advierte que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Educación, Daniel Rojas, habrían vulnerado “derechos e intereses colectivos”, al mantener a Juliana Guerrero en el único puesto que actualmente la une formalmente con el Ejecutivo: el de representante del presidente Petro en el consejo superior de la Universidad Popular del Cesar.
La demanda no se enfoca en el breve paso de Guerrero como jefe de despacho del ministro Armando Benedetti, o en los múltiples intentos del Gobierno para ponerla como viceministra de juventudes, sino en el poder decisorio que aún conserva en la Universidad Popular del Cesar, a pesar de la controversia que protagonizó con los dos títulos educativos espurios que obtuvo de la Fundación San José (contaduría pública y tecnología en gestión contable y tributaria), los mismos le fueron anulados que el pasado noviembre por una decisión unánime del consejo directivo de la institución.
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“La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”, señaló la Fundación San José en noviembre del año pasado.
Los detalles de la demanda
La representante Pedraza, del Partido Dignidad y Compromiso, asegura en su acción popular que el presidente Petro y el ministro de Educación han vulnerado varios derechos e intereses colectivos, como la moralidad administrativa y la confianza ciudadana en la función pública, al mantener a Guerrero como delegada del presidente en la UPC, posición a la que llegó en abril de 2025.
“El daño cierto radica en la afectación real de la confianza ciudadana en las instituciones públicas, pues se ha permitido que la señora Guerrero que obtuvo de manera irregular sus títulos académicos y que presuntamente incurrió en delitos, participe en las decisiones del máximo órgano de gobierno de una universidad pública, que para el caso en concreto es la Universidad Popular Cesar. Ello deslegitima el ejercicio del poder público y mina la percepción de integridad institucional y vulnera la rigurosidad académica propia que debe tener quien ejerza un cargo público de dirección de una institución educativa de calidad”, señala Pedraza en su demanda.
La acción popular considera una “inmoralidad” el que se siga manteniendo a la joven, nacida en Valledupar, como la vocera presidencial en una universidad pública pese a que se comprobó, con certificaciones del Icfes y del mismo Ministerio de Educación, que nunca presentó las pruebas Saber (requisito legal para obtener un título). La Fundación San José también reveló que Guerrero nunca asistió a clases, pues no registró actividad académica alguna, y se encuentran en investigación los pagos por 8 millones de pesos que la joven le hizo a la San José después de la obtención de sus dos cartones.
“La señora Guerrero sigue ejerciendo actualmente las funciones de delegada presidencial ante el CSU de la UPC, participando en la toma de decisiones académicas y administrativas en el máximo órgano de gobierno de una institución de educación superior pública, pese a que sus títulos fueron anulados y se encuentran bajo investigación administrativa y judicial”, añade la demanda de Pedraza.
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Entre tanto, el magistrado Solarte, ponente del caso en el Tribunal, analiza si dicta o no una medida cautelar que suspenda los efectos del decreto 0390 de 2025 mediante el cual se designó a Guerrero en el consejo superior de la UPC.
Solarte explicó en el auto admisorio de la acción popular que se reunieron todos los requisitos legales para su estudio y que uno de esos requisitos precisamente fue el de haber tocado las puertas de las entidades demandadas; es decir, del presidente Petro y del Ministerio de Educación, para que adoptaran medidas necesarias para proteger los derechos colectivos.
“Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez”, explicó el Tribunal.
¿En qué van las investigaciones?
A raíz del caso de Guerrero, el pasado 10 de noviembre el Ministerio de Educación abrió una investigación contra la Fundación San José “tras hallar presuntas irregularidades en la entrega de títulos profesionales”.
El ministro Daniel Rojas, vinculado en la acción popular que estudia el Tribunal por la presencia de Guerrero en la UPC, anunció hace unos días que próximamente se dictará un pliego de cargos contra la institución educativa que ha quedado en entredicho por la presunta venta de los títulos a la joven cercana al presidente Petro que, tal y como lo reveló CAMBIO, en un momento se presentó como la que le “cargaba el Electrolit” al primer mandatario.
El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, también anunció hace unos días que las investigaciones por el escándalo de Guerrero van “avanzadas”, en contraste con el ritmo de la Fiscalía, que, aunque anunció una indagación contra Guerrero por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento y falsedad personal, aún no ha avanzado en el anuncio de una imputación.
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En la edición del pasado domingo, CAMBIO reveló que Guerrero está más fortalecida que nunca en el Gobierno y que se convirtió en la mujer más poderosa de Palacio, tras destronar a Angie Rodríguez del Dapre y poner en su reemplazo a una funcionaria de sus entrañas.
