La inquietante serie de amenazas en la campaña política

En la mañana de este miércoles, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del Centro Democrático (CD), denunció que miembros de su partido están siendo intimidados por las disidencias de las Farc. “El terrorismo amenaza a nuestros candidatos en el Cauca”, dijo y aportó la imagen de un panfleto que en la práctica dice que allí la ley la imponen los fusiles.

“A diferencia de otras épocas, la evidencia es que los riesgos son menores”, le dice a CAMBIO Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico, al referirse a la violencia en esta campaña. “No significa, sin embargo, que en algunas regiones no exista preocupación por lo que está ocurriendo, por ejemplo en el Cauca”.

Becerra recuerda el reciente caso de la senadora indígena Aída Quilcué, secuestrada junto con sus escoltas Álvaro Troches y Ovidio Pontón, en el municipio de Totoró, en el oriente del departamento. Aunque estuvo retenida solo varias horas, la lideresa fue categórica: “El Cauca merece ser atendido”.

La congresista del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y una de las voces más escuchadas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), hizo una cruda radiografía de lo que significa hacer política allí: “He denunciado 135 amenazas y todas han sido archivadas. Pido a la justicia que investigue, no solo mi caso, sino el de muchos compañeros que han quedado en la impunidad”.

Aunque no tenía elementos sólidos para señalar a los responsables de su momentáneo secuestro, todo apunta a que fueron integrantes del llamado Frente Dagoberto Ramos, una estructura armada de las disidencias de las extintas Farc que opera en la zona.

El poder de la Dagoberto Ramos

Se trata de la misma organización delictiva señalada por el expresidente Uribe. En el reciente panfleto atribuido a esta célula armada se lee: “Se le comunica al señor Juan José Salamanca, candidato a la Cámara de Representantes del Centro Democrático, y al equipo que lo acompaña, que no tienen autorización para realizar campaña política en las zonas rurales del departamento del Cauca”.

“Estas son las garantías que da este Gobierno a los candidatos de oposición; Juan José Salamanca, nuestro candidato a la Cámara por el Cauca, amenazado por las Farc”, dijo la aspirante a la Presidencia en la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia.

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Precisamente, hace unos días el CD también hizo pública la imagen de una valla instalada por el Frente Dagoberto Ramos en la que amenaza a varios líderes políticos de esa colectividad. En esta se incluye al candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, quien ya no forma parte del CD.

“Una amenaza más que se suma a la lista”, dijo el CD ese 27 de enero. “Lo hemos denunciado: más de 800 municipios están cooptados por grupos criminales y hoy se advierte y se intimida a quienes decidan votar por nosotros”.

“No les bastó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Pretenden liquidar a la oposición, una oposición a la que, paradójicamente, no se le brindan garantías por parte de quien sí fue protegido cuando estuvo en ese mismo lugar”.

Esta denuncia se conoce cuando aún están frescas las imágenes del asesinato, a comienzos de este mes, de dos escoltas del senador Jairo Castellanos, del Partido Alianza Social Independiente (ASI), a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En los últimos días también trascendió un veto de esta guerrilla al candidato Abelardo de la Espriella para ir a lugares bajo sus dominios. Las potenciales víctimas son de todo el espectro ideológico.

El llamado de la Defensora del Pueblo

Ante esto, distintos sectores exigen frenar de inmediato las amenazas. “El compromiso por un proceso electoral libre y en paz debe ser la regla de juego en estas elecciones, para que las precandidaturas lo asuman como un referente de buenas prácticas democráticas y un estándar mínimo de responsabilidad política durante la campaña”, dice la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

“Este es nuestro llamado: defender la democracia para ser un país más justo y en paz, donde el pluralismo político no sea un riesgo, sino una riqueza que nos ayude a avanzar como nación”, sentencia Marín.

Para completar el panorama, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó, hace unas horas, los resultados del análisis de los Mapas y Factores de Riesgo Electoral para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), conformadas por 168 municipios.

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El informe reveló un alza en la gravedad de los riesgos en los territorios más afectados por el conflicto, donde se elegirán las 16 curules de paz.

Según la MOE, las CITREP representan el 3,2 por ciento del censo electoral y tienen capacidad de elegir el 9 por ciento de la Cámara. Entre los hallazgos más relevantes está la disminución del 48 por ciento en las candidaturas inscritas para esas circunscripciones.

Baja la participación, baja la democracia

Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, indicó que “el número de candidaturas pasó de 405 en 2022 a 253 en 2026, lo que podría deberse a la dificultad de acceso a los recursos de anticipo para la financiación de las campañas, así como a la concentración de actores armados y economías ilegales en estos territorios”.

Según el Mapa de Riesgo Consolidado —que reúne factores indicativos de fraude electoral y de violencia— se identificaron 103 municipios en riesgo, es decir, el 61,3 por ciento del total de municipios CITREP.

Los municipios en riesgo extremo aumentaron un 46,5 por ciento frente a 2022, al pasar de 43 a 63. El incremento se concentra en las CITREP 7 (sur del Meta–Guaviare), 16 (Caquetá) y 13 (sur de Bolívar).

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“Más allá del crecimiento cuantitativo, el estudio muestra un aumento en la intensidad de las dinámicas de violencia y disputa armada en regiones como el Catatumbo (Norte de Santander), Cauca, el sur del Meta y Guaviare”, aseguró Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.

¿Quién puede ser el motor de estos fenómenos de violencia? La MOE da pistas sólidas. El informe concluyó que existe una alta superposición geográfica entre municipios CITREP en riesgo extremo y áreas con mayor concentración de cultivos de coca (2023), especialmente en el Pacífico (Nariño, Cauca, Chocó), el Catatumbo y el piedemonte amazónico (Caquetá, Guaviare, Putumayo).

El documento destaca que las CITREP concentran una proporción significativamente mayor de riesgo por factores de violencia en comparación con el promedio nacional.

Mientras que en 2022 el 76 por ciento de estos municipios presentaba riesgos de este tipo, para 2026 la cifra llegó al 96,4 por ciento, lo que implica que casi en la totalidad de estos territorios hay presencia de grupos armados ilegales.

“Para las elecciones de 2026, más de una cuarta parte de todos los municipios del país con riesgo por injerencia de grupos armados pertenecen a estas circunscripciones de paz”, señaló Rubiano.

En cuanto a anomalías en el comportamiento de los votos, la MOE y el grupo técnico que elaboró el estudio identificaron 106 municipios en riesgo para la Cámara de Representantes y 110 para el Senado. Además, 89 de los 168 municipios que conforman las CITREP comparten riesgo para ambas elecciones.

Los factores que activan estas alertas con mayor fuerza son niveles atípicos de participación electoral y el dominio de ciertos grupos políticos en zonas vulnerables.

La tormenta perfecta

Ante este escenario, la MOE hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, a la Fuerza Pública y a las autoridades electorales para que implementen medidas de protección, articuladas en una Comisión Nacional de Seguimiento Electoral específica para las CITREP.

“La promesa de las CITREP es garantizar la reparación colectiva del territorio. Si no se asegura un entorno libre de presiones armadas y se vigilan de cerca las irregularidades en la votación, se pone en riesgo la legitimidad y la misión de estas curules”, concluyó Barrios Cabrera.

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En paralelo, la MOE presentó un diagnóstico general sobre las elecciones nacionales de 2026. De los 1.100 municipios del país, 170 presentan algún nivel de riesgo electoral al coincidir factores indicativos de fraude y violencia.

Según la organización, en su libro Mapas y Factores de Riesgo Electoral 2026 —elaborado por 37 investigadores y profesores de 17 instituciones—, de esos 170 municipios, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio.

Se trata de un incremento frente a las elecciones de 2022, cuando se registraron 131 municipios en riesgo. Los municipios en riesgo extremo pasaron de 49 a 81 en este ciclo electoral.

Los focos más críticos se concentran en Arauca; el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar; el Pacífico; el norte del Cauca; el suroriente colombiano —en municipios de Meta, Caquetá y Guaviare—, y el medio y bajo Putumayo.

Como se aprecia, la violencia no responde a una sola causa, sino a una combinación de narcotráfico, conflicto armado y, en algunos casos, intereses locales que buscan controlar cargos públicos. Por eso, es fundamental reforzar la vigilancia para que las elecciones transcurran de manera civilizada.

El país no puede permitir que el periodo electoral pase de la Paz Total a una “guerra total” por la persistencia del conflicto armado y la disputa territorial. El Gobierno nacional tiene la palabra para ponerle freno a esta escalada.