La llamada en la que mencionan a Álvaro Hernán Prada que está en el expediente contra alias Araña

El 29 de enero, el presidente Gustavo Petro le dio un ultimátum contundente a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera: tiene diez días para demostrar su compromiso con la paz total o, de lo contrario, se reactiva su extradición a Estados Unidos, que lo solicita por narcotráfico.

La advertencia llega mientras la estructura no ha cesado su actividad criminal a pesar de estar en una mesa de diálogo con el Gobierno. Sin embargo, hay otro frente preocupante: la respuesta judicial. Aunque la Fiscalía tiene un proceso en el que le sigue el rastro a los integrantes de la estructura desde 2022, la inercia en la toma de decisiones ha permitido que –como se ha visto en los últimos meses– el grupo no solo sobreviva, sino que se fortalezca.

Justamente en ese expediente contra alias Araña, que duerme en las gavetas judiciales, ha quedado claro no solo quiénes son los líderes de la estructura, sino también cómo habrían tejido relaciones con servidores públicos. CAMBIO revela un audio del expediente en el que se escucha hablando a Jhon Jairo Portilla, alias JJ, identificado como integrante de la estructura y familiar de alias Araña, con dos políticos del Huila. En la conversación los hombres dicen que trabajan con el magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada.

El seguimiento a la estructura narcotraficante

La dimensión real del alcance los Comandos de Frontera empezó a coger forma desde que Manuel Castañeda, conocido como el narcochofer y quien fue capturado en 2022 cuando transportaba droga en un carro de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se acercó a colaborar con la Fiscalía con la intención de obtener un principio de oportunidad.

En más de una decena de interrogatorios que ha dado desde 2022 a la fecha, el narcochofer reconstruyó la arquitectura operativa de la estructura. Dijo que la cocaína que transportaba pertenecía a la organización de alias Araña y que él llevaba cargamentos bajo instrucciones de sus mandos, entre ellos Jhon Jairo Portilla, alias JJ, a quien señaló como enlace dentro del engranaje, y a Luis Carlos Vélez, alias el Mono, descrito como operador financiero encargado del manejo del dinero, pagos y logística económica. Sus versiones detallaron rutas, roles internos y mecanismos de operación, incluidos movimientos asociados al negocio ilegal.

También relató episodios en los que transportó insumos o recursos hacia zonas del sur del país donde la organización mantenía operaciones con apoyo de policías de alto rango, así como la existencia de múltiples integrantes a nivel nacional que recibían instrucciones coordinadas para mover droga o dinero.

Con ese mapa inicial, el expediente avanzó hacia la reconstrucción del funcionamiento interno del grupo: rutas, roles, operadores, flujos de dinero y esquemas de soborno. Desde ese momento, el despacho de la fiscal Magda Brigid Antury Meneses no solo contó con el testimonio de Castañeda, sino con pruebas extraídas de sus dispositivos, como fotografías, ubicaciones GPS y grabaciones.

La colaboración del narcochofer fue considerada suficiente para concederle el principio de oportunidad que hoy lo mantiene en libertad. No obstante, tres años después, la investigación no ha producido capturas contra los principales líderes señalados ni golpes contra sus finanzas criminales.

En ese contexto se enmarca la interceptación que hoy revela CAMBIO y que menciona a actores políticos del Huila. El diálogo muestra cómo el alcance de la investigación desborda el tráfico de drogas y se adentra en zonas donde confluyen poder territorial, contactos institucionales y redes de influencia.

La llamada en la que mencionan al magistrado Álvaro Hernán Prada

Se trata de una llamada del 14 de junio de 2025 a las cinco de la tarde en la que hablan tres personas: Jhon Jairo Portilla, alias JJ, señalado en el expediente como integrante de la estructura de alias Araña y familiar de él; Álex Mauricio González, registrador de Rivera (Huila), y quien fungió como gerente de Alumbrado Público de Neiva bajo la administración de Gorky Muñoz; y Wilson Díaz Sterling, notario de Aipe en ese momento y recientemente elegido contralor del Huila.

González, quien en la grabación se presenta como un actor clave en la política regional, se refiere a alias JJ como “jefe”. Díaz Sterling figura como enlace en el diálogo y se suma en términos de coordinación y agenda, mientras que JJ interviene desde una posición de autoridad.

Desde el inicio de la llamada el tono es de familiaridad. Hablan de encuentros recientes y de coordinar nuevas reuniones. González menciona que está “trabajando de la mano” con el magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada, comentario que no genera sorpresa en la conversación: JJ responde con confianza y recuerda haber estado con Prada en Pitalito, y menciona a un líder comunitario que ambos tendrían como contacto común. La charla avanza hacia la logística de encuentros presenciales –incluida la posibilidad de verse en el Club de Neiva– y referencias a gestiones en curso, en las que se mencionan intermediaciones, contactos institucionales y coordinación de agendas políticas y territoriales. No hay lenguaje críptico ni cautelas visibles: la conversación fluye como si los interlocutores compartieran un mapa común de relaciones y objetivos.

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El contenido de la interceptación adquiere peso en contexto. Alias JJ no es un desconocido en la justicia ni en la prensa: su nombre ha sido mencionado en medios desde al menos 2023. Blu Radio reveló en julio de ese año que la fiscal Antury Meneses señaló en audiencia, citando interrogatorios de Castañeda, que los dueños de la droga eran alias JJ o John Piraquive y alias Luis Carlos o el Mono, presuntos integrantes del frente 48 de las Farc al mando de alias Araña. 

Llama la atención, por decir menos, que un político se refiera como “jefe” a alguien que ha sido identificado públicamente por una fiscal como narcotraficante. Además, la naturalidad con la que hablan de sus presuntos vínculos políticos –como el caso de Prada– es lo que convierte la grabación en una pieza relevante dentro del expediente. Eso, sumado a que JJ dice haber estado con Prada en Pitalito.

Aunque los hombres mencionan a Prada, él no participa en la conversación. No obstante, en medios regionales se ha hablado de la relación cercana entre González y Prada. 

“Alex Mauricio llega a la Registraduría con el aval del presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, de quien habría recibido todo el apoyo para que fuera nominado a esa instancia. Pero también habría contado con el respaldo de otros sectores políticos como Cambio Radical, entre otros, quienes le habrían dado el visto bueno para que su nombre fuera tenido en cuenta”, reportó en marzo de 2025 el medio Opa Noticias. 

Sin embargo, Prada podría argumentar que desconoce las amistades de sus aliados políticos regionales y que tampoco sabe a que se refería JJ cuando dijo que había estado con él en el municipio huilense. Prada no contestó los mensajes de CAMBIO. 

El audio tampoco es un hecho aislado y la presunta cercanía del registrador González con la estructura no es nueva para la Fiscalía. En la investigación de la estructura de Araña reposan extracciones de chats del celular del narcochofer. En uno de esos intercambios, alias el Mono le sugiere al narcochofer que tras su captura contrate como abogado a González, mencionando que habría recibido “apoyo contractual”. Castañeda decidió no seguir la recomendación. 

El expediente muestra que la Fiscalía cuenta desde hace años con insumos suficientes para profundizar en la estructura descrita por sus propias fuentes. Lo que sigue sin verse es la traducción de ese conocimiento en actuaciones visibles que golpeen el corazón del entramado. En esa brecha entre lo que la investigación sabe y lo que ejecuta se instala la principal duda sobre el rol del ente acusador. ¿Por qué si hay un mapa construido desde 2022 –interrogatorios reiterados, chats extraídos, interceptaciones y nombres individualizados– la Fiscalía no ha concretado capturas contra quienes aparecen señalados como operadores clave? ¿Por qué si alias Araña está bajo custodia del Estado la Fiscalía no haya buscado interrogarlo para ampliar su propia investigación? 

Y mientras el proceso avanza con lentitud, el debate público gira alrededor de la extradición. Ya transcurrieron los diez días del ultimátum presidencial y, más allá de si cumple o no con lo prometido, lo que sigue faltando es una respuesta estatal frente a la estructura que –según inteligencia, testimonios e interceptaciones– continúa operando. En la distancia entre lo que el expediente revela y lo que la justicia ejecuta es donde la organización gana oxígeno. Y es ahí donde el país, más que anuncios, espera resultados.