Pagos irregulares por más de 260.437 millones de pesos en el Fomag. El caso que preocupa al gobierno Petro
Ilustración: Jorge Restrepo H.
CAMBIO conoció los resultados de una investigación interna en el Fondo del Magisterio que da cuenta de millonarios giros a profesores por primas de mitad de año. El informe advierte que se habrían hecho pagos en contravía de decisiones judiciales.
Por: Iván Serrano
El pasado jueves 12 de febrero, el Consejo de Ministros convocado por Gustavo Petro se extendió durante dos horas y cuarenta minutos. El mandatario habló de tasas de interés, de la reactivación económica en Córdoba y del impuesto al patrimonio. Vestido con suéter de lana negra, camisa vino tinto y el lápiz en la mano que ha convertido en una suerte de batuta, Petro introdujo ante su gabinete otra preocupación: “Se reproduce en el Fomag —dijo—. Hay unos anillos de corrupción de abogados poco éticos y magistrados, en varios terrenos del derecho, que construyen, a través de demandas legítimas, tutelas, etcétera, un mecanismo de robo de dineros públicos”.
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El presidente afirmó que ese mecanismo, por medio del cual un grupo de abogados se habría enriquecido de manera desproporcionada mediante demandas contra el Estado —sin cumplir los requisitos legales—, no era un hecho aislado, sino parte de una práctica reiterada que debía ser investigada. Petro dijo que se repetía en distintos escenarios, incluso en casos en que los apoderados decían representar a comunidades indígenas. Según el mandatario, algunos de esos abogados tendrían vínculos con grupos ilegales y, además, estarían involucrados en el financiamiento de campañas políticas.
Con el caso del Fomag, Petro fue particularmente insistente: “Aún hoy está pasando lo mismo, vía abogados y círculos judiciales, con funcionarios de la entidad, usando demandas incluso falladas en contra”, afirmó.
CAMBIO pudo establecer que el caso al que el presidente se refirió se relaciona con una serie de pagos millonarios a pensionados que, según una investigación hecha por el Fondo, estarían reconociéndose de manera irregular, en contravía de decisiones judiciales de segunda instancia, transferencias a beneficiarios fallecidos y otros pagos en los que los supuestos pensionados ni siquiera habrían iniciado procesos judiciales.
El origen de este informe conocido por este medio coincide con la llegada de Herman Bayona a la vicepresidencia del Fomag. Fue el equipo de empalme el que detectó millonarios pagos por concepto de la prima de mitad de año. Y, al analizar cada caso, concluyó que los giros que se hicieron corresponden al periodo 2024 y 2025.
Qué es la prima de mitad de año
La prima de mitad de año es una mesada adicional que recibe un grupo de profesores en junio de cada año. A ella tienen derecho los docentes que fueron cobijados por la Ley 91 de 1989.
Aunque fue creada por medio de una ley, años después, con el Acto Legislativo 01 de 2005, esta prima fue limitada: quedó establecido que los pensionados no podrán recibir más de 13 mesadas anuales, y que esa mesada adicional sólo podía conservarse de manera transitoria para quienes tuvieran una pensión igual o inferior a tres salarios mínimos, que se hubieran pensionado antes del 31 de julio de 2011. Vencido ese plazo, la excepción se extinguió, y el reconocimiento de esa prima no es procedente para quienes adquirieron el estatus pensional con posterioridad.
Durante años, la discusión se limitó a lo nominal: si ese pago era una “prima” o, en realidad, una mesada adicional; o, si podía o no, equipararse a la mesada 14 prevista en la Ley 100. Finalmente, la justicia se pronunció de fondo: en una decisión de 2023, el Consejo de Estado reiteró que la Corte Constitucional ya había señalado que la prima de mitad de año del magisterio es asimilable a una mesada adicional, tanto por su finalidad como por su equivalencia económica.
Qué encontró la investigación
El análisis, realizado sobre las vigencias 2024 y 2025, concluye que en las anteriores direcciones del Fondo se habían hecho 42.400 pagos por concepto de prima de mitad de año, por un total de $458.799 millones.
El mismo documento advierte que $260.437 millones de esos recursos —más de la mitad— figuran clasificados como pagos irregulares o sin sustento, al estar asociados a beneficiarios que no cumplirían las condiciones exigidas para recibir esa mesada adicional.
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El informe clasifica los hallazgos en diferentes casos. El más voluminoso apunta a giros a docentes con estatus pensional posterior al 31 de julio de 2011, la fecha que la excepción constitucional dejó establecida. Allí ubica 10.304 pagos por $163.924 millones.
Pero la alerta más preocupante es otra. Entre lo encontrado los pagos efectuados en contravía de decisiones judiciales en firme se califican como de “máxima gravedad”; es decir, casos que ya habían sido negados en segunda instancia y que, aun así, fueron pagados. Según el documento, se trataría de 4.405 pagos por $83.082 millones.
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Además, el informe revela otras posibles irregularidades: pagos a beneficiarios con pensión gracia o doble pensión (388 pagos por $4.932 millones), giros en el régimen transitorio a personas con mesadas por encima del tope de tres salarios mínimos (185 pagos por $3.974 millones) y 506 pagos a personas posiblemente fallecidas ($4.281 millones). Si el pago ocurrió después de la muerte, sería un giro indebido; si ocurrió antes, pudo haberse tratado de un caso de actualización tardía de la base de datos o un error de registro.
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Los abogados que llevan estos casos
Yovanny López Quintero es un poderoso abogado que representa a miles de profesores del país, tiene un avión privado en el que viaja para entrevistarse con maestros y guiarlos en sus demandas. Su oficina ha pagado cuñas radiales para informar a los pensionados del magisterio sobre la posibilidad de recibir estas mesadas. López afirma que su firma concentra el 85 por ciento de las demandas de docentes del magisterio.
En un video difundido en sus redes, el abogado se dirige a los maestros pensionados después de 2012 y les ofrece gestionar el reconocimiento y pago del retroactivo de la prima de mitad de año.
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Afirma que algunos docentes ya recibieron esos recursos en septiembre y octubre del año pasado y sostiene que, según una supuesta “confirmación” de la entidad, a partir de junio de 2026 la prima empezará a pagarse de manera permanente. A quienes ya fueron beneficiados les indica que se acerquen a su oficina para cancelar honorarios y les advierte que, pasada una fecha fijada en cada caso, el cobro será trasladado a “otras oficinas”. Al mismo tiempo, promete incorporar nuevos casos a una acción colectiva por adhesión, con el argumento de garantizar una “igualdad de condiciones” frente a quienes reclamaron primero.
Varios aspectos llaman la atención en lo dicho por el abogado. En primer lugar, ofrece el reconocimiento de la prima “de por vida” a docentes pensionados después de 2012, un grupo que, según la orden constitucional, no tendría derecho a esa mesada; en segundo lugar porque habla de una confirmación del Fomag.
López Quintero, quien fue consultado por CAMBIO, aseguró que no hay nada irregular en esos giros y sostuvo que no se trata de “improvisaciones”, sino de decisiones tramitadas dentro del propio Fondo. Según su versión, cuando el docente radica la solicitud, el sistema permite consultar el expediente y verificar el acto administrativo de reconocimiento expedido por la Dirección de Prestaciones Económicas. Con base en esos actos, dijo, se habrían reconocido y pagado retroactivos en septiembre y octubre de 2025, y de ahí deriva su afirmación de que el beneficio empezaría a girarse desde junio de 2026 de manera permanente. Sobre hallazgos como pagos a personas que no aparecen activas por posible defunción, planteó que podrían explicarse por rezagos en la actualización de nóminas y cruces de información, errores que, en su criterio, no convierten el universo de pagos en un hecho ilegal.
Su argumentación jurídica se apoya, según explicó, en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en una sentencia de unificación del Consejo de Estado que, en su interpretación, mantiene vigente la prima, y en un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil emitido en 2020 y cuya reserva se levantó en 2024. A partir de esas piezas, sostiene que el magisterio opera bajo un régimen especial y que, por esa vía, no le aplicaría el Acto Legislativo 01 de 2005 en los términos en que se ha usado para negar el pago a nuevos pensionados.
También dijo que, para que se hubieran ordenado pagos masivos, debió existir un concepto jurídico interno que los viabilizara, aunque admite que no lo conoce porque, según él, sería un documento de manejo interno. Asegura que el trasfondo del debate no es jurídico sino presupuestal. El gobierno se habría quedado sin caja y ahora, según su lectura, estaría frenando un reconocimiento que ya ha sido tramitado y reconocido a otros pensionados.
El pasado 3 de noviembre, en la convención nacional de defensores de la patria, evento que marcó el inicio de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, el abogado Quintero López estaba en primera fila.
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Aunque el presidente Petro no dio los nombres de los presuntos abogados que, además de estar inmersos en estos casos, estarían financiando campañas. CAMBIO le preguntó al jurista si tenía algún vínculo con la campaña de Abelardo de la Espriella. López respondió que él ha escuchado a 15 precandidatos presidenciales y aseguró no tener preferencia por alguno. Dijo que no ha sido financiador ni de la campaña de la Espriella ni de ninguna otra.
Al volver al tema del pago de primas de mitad de año y la posibilidad de que se suspendan dichas erogaciones, López Quintero respondió de manera tajante: “Vendrán 50.000 demandas más”.
Fuentes que han conocido el caso, y lo encontrado en la auditoría, manifestaron tener temor de que este fuera un caso similar al de Foncolpuertos, el fondo creado para atender el pasivo laboral y pensional que dejó la liquidación de Colpuertos y que terminó convertido en sinónimo de un escándalo de cobros y reconocimientos cuestionados, con demandas masivas, conciliaciones y decisiones judiciales controvertidas que abrieron la puerta a pagos multimillonarios al Estado, muchos de ellos después señalados como irregulares o sustentados en soportes dudosos.
Tal como quedó evidenciado en el Consejo de Ministros, el caso del FOMAG preocupa profundamente al presidente Petro, quien ha sostenido largas reuniones con directivos del Fondo. A través de un comunicado, el vicepresidente del FOMAG, Herman Bayona, le hizo conocer a CAMBIO que ya puso estos hechos en conocimiento de las autoridades: “Con el propósito de prevenir que terceros inescrupulosos se lucren mediante información engañosa dirigida a pensionados del magisterio, el FOMAG ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y entes de control competentes situaciones relacionadas con la posible promoción de demandas por parte de algunas firmas de abogados sin el cumplimiento de los requisitos legales, que estarían exponiendo a algunos docentes a riesgos jurídicos y costos innecesarios, por parte de algunas firmas de abogados”.
Es evidente que aquí se estaría abriendo una grieta enorme, en la que podrían terminar implicados funcionarios de la Fiduprevisora, abogados y funcionarios judiciales, y, por supuesto, la posibilidad de que maestros que hubiesen recibido dineros mediante el cuestionado mecanismo estuvieran obligados a devolverlos.
