Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, asumió el cargo tras la llegada del gobierno Petro. Crédito: Colprensa.
Ricardo Roa: la Fiscalía mantiene en suspenso el capítulo de financiación con fuentes prohibidas
El ente acusador informó que Roa, exgerente de campaña de Petro Presidente y actual presidente de Ecopetrol, será imputado únicamente por violación de topes electorales. La actuación penal se concentra en el exceso de gasto y, por ahora, deja fuera del proceso la discusión sobre el origen de los recursos identificados por el CNE.
Por: Sylvia Charry
A finales de noviembre del año pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró su investigación administrativa sobre la financiación de la campaña Petro Presidente con una conclusión clara: Ricardo Roa, como gerente, debía responder por la violación de topes y por financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Por ese hallazgo compulsó copias a la Fiscalía para que investigara la eventual responsabilidad penal por esos hechos y por otras conductas que pudieran derivarse del expediente, entre ellas fraude procesal. Meses después, la respuesta penal comenzó por una vía más acotada: la Fiscalía citó a imputación únicamente por la violación de topes. Por ahora, Roa la está sacando barata.
¿Por qué imputó la Fiscalía a Ricardo Roa?
Es necesario entender la diferencia entre ambos escenarios y, sobre todo, por qué en este caso se complementan. El CNE actúa en el plano administrativo: reconstruye ingresos y gastos para verificar el cumplimiento de las reglas electorales. Es decir, no investiga delitos ni impone sanciones penales. Cuando encuentra indicios de conductas que podrían encajar en tipos penales, traslada el expediente a la Fiscalía, que es la encargada de determinar responsabilidades individuales ante los jueces.
Eso, justamente, fue lo que hizo en el caso de Roa cuando le impuso una multa cercana a los 6.000 millones de pesos por las irregularidades en la financiación y compulsó copias a la Fiscalía para investigar posibles delitos.
Partiendo de esa base, el análisis del órgano electoral resulta relevante porque su estudio sobre el exceso de gasto será, previsiblemente, insumo central para la imputación sobre la violación de topes electorales. Mientras tanto, el estudio que hizo sobre financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas no ha tenido eco en la Fiscalía.
En esa revisión, el CNE rehizo las cuentas incorporando rubros que consideró omitidos o subestimados –logística, publicidad y eventos– y concluyó que el monto real ejecutado superó en aproximadamente 5.300 millones de pesos los límites fijados para la primera y segunda vuelta presidencial. Dicho en términos simples: al incluir todos los gastos identificados, la campaña dejó de estar dentro del margen permitido.
El organismo también examinó el origen de ciertos apoyos económicos y concluyó que parte del respaldo financiero provenía de personas jurídicas, una fuente restringida por el marco legal electoral, bajo las reglas constitucionales y legales aplicables, las campañas presidenciales deben financiarse con aportes permitidos –principalmente de personas naturales– y no mediante recursos canalizados desde estructuras colectivas con personería jurídica.
Entre los episodios señalados por el CNE aparecen aportes y apoyos vinculados a la Unión Sindical Obrera (USO) y a Fecode, además de la asunción de costos asociados a actividades proselitistas por parte de personas jurídicas, lo que para el organismo encaja en financiación con fuentes prohibidas.
El CNE revisó, por ejemplo, la financiación del evento de cierre en el Movistar Arena, donde identificó componentes del costo asumidos por terceros jurídicos, así como pagos relacionados con la operación de testigos electorales, que –según la reconstrucción administrativa– no quedaron plenamente trazados en los reportes oficiales.
Esa revisión estuvo acompañada de otro hallazgo: inconsistencias en la forma en que algunos gastos fueron reportados. El CNE señaló que ciertos rubros no contaban con la trazabilidad exigida por el sistema de reporte electoral, lo que impedía reconstruir plenamente el flujo de recursos y alteraba la fotografía financiera de la campaña. Para el organismo, la combinación de apoyos no autorizados y registro incompleto justificaba la compulsa de copias a la Fiscalía.
Sin embargo, la primera respuesta de la Fiscalía fue pragmática, por decir lo menos. La imputación por violación de topes descansa en la comparación entre gasto permitido y gasto ejecutado, una ruta más lineal sustentada en peritajes contables. No implica, al menos en esta etapa, examinar la procedencia de los aportes ni la estructura financiera que permitió su canalización.
Los pendientes en la investigación sobre la campaña Petro Presidente
La decisión no clausura las demás líneas del expediente, pero sí define el alcance inmediato de la respuesta penal del Estado. Por ahora, queda en mora la línea de investigación sobre quién financió parte de ese gasto ni en la forma en que esos recursos fueron reportados. Y no es la única.
Desde abril de 2024, la fiscal, Luz Adriana Camargo, anunció que llevaba seis indagaciones por presunta financiación de la campaña del hoy presidente, Gustavo Petro, con fuentes prohibidas, en las que se investigan las actuaciones de la vicepresidenta, Francia Márquez; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, entre otros. A la fecha, no se conocen otros avances.
La defensa de Roa, Juan David León, ha sostenido públicamente que presentarán las cuentas necesarias para argumentar que no hubo violación de topes y, además, que una imputación de cargos no es una condena (sólo es un primer acto de comunicación de la Fiscalía) por lo que su cliente no renunciará a Ecopetrol.
