ABELARDO CONTRA ÁLVARO: DESACUERDO SOBRE LO FUNDAMENTAL
En 1976, en el editorial de El Siglo, Álvaro Gómez, a propósito de la “guerra contra las drogas”, escribía lo siguiente: “a pesar de los esfuerzos combinados de nuestra policía, nuestros guardas aduaneros, nuestros jueces y de un cuerpo especial destinado a la lucha contra los narcóticos (…) estamos fracasando rotundamente”. Un año después, sobre la regulación de estos mercados, el fundador del partido Salvación Nacional concluía: “sería quizá la ruina para los traficantes. Es posible que ellos serían los más interesados en crear comités cívicos para impedir su liberalización porque el negocio de ellos es, precisamente, violar la ley.” Coherentemente, 47 años después, Enrique Gómez Martínez, actualmente director de esa colectividad, dijo en un debate en la Universidad Externado: “lo importante es eliminar la prohibición. El margen [económico] que destruye nuestro país y el medio ambiente viene de la prohibición. Ese margen crea la criminalidad y por eso hay que terminar la guerra contra las drogas”[1].
Desafortunadamente, esa coherencia, en temas tan importantes para el país como lo son el narcotráfico y la política de drogas, se perdió en pocos años. Abelardo de La Espriella, candidato respaldado por Salvación Nacional, afirmó en una entrevista el pasado domingo que en Colombia la base de “la pirámide criminal” son los cultivos de coca, y propuso como solución retomar la aspersión aérea con glifosato; además, se opuso tajantemente, incluso, a la regulación del mercado de cannabis para uso adulto. El candidato no solo contradice la posición política del partido que hoy lo respalda, también ignora el conocimiento científico producido sobre estos temas en las últimas décadas.
Afirmar que los cultivos de coca son la causa de la violencia y la criminalidad en Colombia no corresponde a la realidad. ¿Por qué? Dos puntos. La literatura académica ha documentado ampliamente que la violencia no es inherente a los mercados de drogas. Angélica Durán-Martínez ha mostrado, por ejemplo, que la violencia asociada a los mercados de drogas varía según los acuerdos entre organizaciones y el tipo de acciones hechas por el Estado. Uno de los casos estudiados por Durán-Martínez es el periodo de altos niveles de producción de cocaína en el país y absoluto control de Don Berna en Medellín, en el cual la tasa de homicidios de la ciudad se mantuvo en niveles históricamente bajos.
En segundo lugar, esa afirmación y la propuesta de retomar la aspersión aérea desconocen –tal vez porque efectivamente el señor De La Espriella no conoce el país que pretende gobernar– el rol social y político de la coca en varios departamentos, así como las posibilidades de subsistencia generadas en alrededor de 400 mil familias y comunidades enteras que dependen de este cultivo[2]. Esta realidad no se explica por la codicia de las personas, sino porque el Estado y la sociedad colombiana hemos sido incapaces, en más de 50 años, de generar oportunidades alternativas de desarrollo en estas regiones.
La relevancia socioeconómica de la coca ha sido estudiada por académicos como Estefanía Ciro, Francisco Gutiérrez, María Clara Torres, María Clemencia Ramírez, entre muchos otros. Por ejemplo, el crecimiento de los cultivos de coca entre 2014 y 2019 aumentó el PIB municipal entre 2.8% y 10.5% anualmente, e incrementó la asistencia escolar y el alfabetismo en menores de edad. Lejos de medidas facilistas y cerca del pragmatismo que usted dice defender, ¿qué sector productivo legal propone para remplazar estas ganancias económicas y sociales? Para su sorpresa y en contravía de su afirmación, la bonanza cocalera no intensificó 9 indicadores de violencia entre el 2014 y el 2019 en los municipios cocaleros ni en sus vecinos.
Señor De La Espriella, en este punto de la historia en Colombia sabemos mucho sobre las terribles consecuencias de la aspersión aérea y su ineficiencia. De pronto no hace parte de su agenda, pero esta herramienta de política, como decía Gómez Martínez hace 4 años, ha causado daños ambientales irreparables. Ahora, sobre un tema de su interés, tenga en cuenta que la fumigación aumentó la violencia a través de un mayor número de enfrentamientos entre grupos armados. Por último, la fumigación debilita las economías locales, reduce la escolaridad de niñas, niños y adolescentes que deben empezar a trabajar, y aumenta las enfermedades respiratorias y dermatológicas, así como los abortos no deseados. ¿Retomar esta estrategia es su propuesta para las comunidades rurales de Colombia?
Si los daños ambientales, sociales y económicos no son suficientes para persuadirlo, Daniel Mejía y sus colaboradores demostraron que la fumigación es ineficiente para reducir los cultivos de coca: para erradicar una hectárea es necesario asperjarla 33 veces y el costo por hectárea erradicada asciende a 108,000 dólares.
Por último, la regulación de los mercados de cannabis en Estados Unidos ha dejado 3 lecciones: primero, no existe evidencia sistemática sobre el aumento del consumo en jóvenes menores de 25 años por la regulación; segundo, la regulación ha reducido el consumo problemático de alcohol y de opioides; y, tercero, en algunos casos ha mejorado los indicadores de seguridad. ¿No son estos los resultados que usted quiere para Colombia?
Desafortunadamente, usted no es el único candidato que hace diagnósticos equivocados e ignora completamente el trabajo científico. Sin embargo, es de los pocos que contradice y no representa las posiciones políticas históricas del partido que lo apoya. Dada su insistencia en el pragmatismo para resolver problemas, está a tiempo de consultar y aprender sobre el país que aspira a gobernar para proponerle mejores soluciones a los colombianos.
[1] 1:01:40.
[2] De hecho, aprovecho este espacio para invitar a los lectores a visitar la exposición COCA (i) NADA - MÁS en la Universidad de Los Andes sobre los roles de la hoja de coca en nuestro país.
Lucas Marín Llanes es director de desarrollo y relaciones institucionales de la Red de Estudios sobre Drogas en América Latina (REDESDAL) e investigador afiliado al Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes. Es economista con maestría en economía de la Universidad de los Andes y, actualmente, estudiante doctoral en ciencias políticas de la Universidad de Northwestern.
