OPERACIÓN ENIGMA
Solo el presidente Gustavo Petro sabe de dónde salió la información sobre un plan para matar al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez; a la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia; y a la representante Catherine Juvinao. Llevo cuatro días tratando de establecer cómo se enteró el gobierno de la existencia de esa operación criminal, sin que ningún organismo de inteligencia pueda dar razón. Lo usual es que una confabulación de semejante alcance sea puesta en conocimiento del jefe de Estado por una de las agencias de seguridad. Esta vez, parece que sucedió lo contrario.
Los organismos de investigación dicen que recibieron la advertencia del alto gobierno, a nombre del presidente de la República, con la orden de reforzar los esquemas de seguridad de los afectados. Solo eso.
Lo que nadie me pudo decir es cómo se enteró el mandatario, que por esos días estaba en Bélgica, de la conspiración para atentar contra dos de sus más caracterizadas opositoras en el Congreso y del encargado de controlar el uso de los recursos públicos por parte de su gobierno.
He tocado las puertas y fuentes de información posibles, pero nadie parece saber más que lo que está publicado. Algunos afirman que el propósito del plan parece ser crear un clima de caos y responsabilizar al gobierno y al presidente por eventuales atentados. Cuando pregunté sobre la posible identidad de los autores, no encontré respuesta más allá de los lugares comunes: Fuerzas oscuras, intereses desestabilizadores, las mafias. Nada claro.
Alguien se aventuró a decir que el plan podía contar con la participación de militares o policías retirados. Ningún nombre concreto. Solo una especulación a la que cada quien le puede poner cara y apellido.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, les aseguró a dos de los afectados que los más probables ejecutores de los atentados vendrían “de México o de Estados Unidos”. No explicó en qué basaba su afirmación, pero fue el más insistente en la alarma.
El general Carlos Fernando Triana, saliente director de la Policía, una semana antes de que el presidente anunciara su relevo, dispuso el refuerzo del esquema de seguridad de los amenazados y les anunció que la Dijín se encargaría de hablar con ellos como parte de la investigación. Lo del refuerzo se cumplió, pero los investigadores policiales no han hablado aún con el contralor o las congresistas. Diez días después de esa reunión, al momento de enviar esta columna, nadie de la Dijín los ha contactado.
Una fuente cercana al presidente Petro me dijo, en la mañana del sábado, que, de acuerdo con labores de inteligencia, la llamada “nueva junta del narcotráfico” estaría orquestando los atentados. La junta es definida por esa alta fuente como “una federación de capos algo horizontal”.
La Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, está encargada de investigar el presunto complot. Los indicios parecen endebles.
Hace unos meses Jorge Lemus, director de la DNI, se reunió en España con Julio Lozano Pirateque, un antiguo narcotraficante y esmeraldero, señalado como uno de los presuntos miembros de la junta del narcotráfico que, de acuerdo con las versiones del gobierno, opera en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. Lozano, quien estuvo preso en Estados Unidos, asegura que la tal junta no existe y que los señalados integrantes no están detrás de ninguno de los atentados que les han atribuido.
El saliente director de la Policía también ha expresado públicamente que tiene dudas sobre la real existencia de la junta.
Mientras tanto, ¿qué tienen en común los amenazados? Realmente poco. La Contraloría, a cargo de Carlos Hernán Rodríguez, dentro de sus funciones legales, está investigando denuncias que han adelantado separadamente las legisladoras Valencia y Juvinao.
La senadora Paloma Valencia viene destapando presuntos actos de corrupción en la Agencia Nacional de Tierras y la representante Catherine Juvinao en el Icetex. Los resultados de sus pesquisas, que pueden implicar a altos funcionarios, los ha ido conociendo la Contraloría General.
Desde luego, no se puede subestimar ninguna información sobre un posible atentado, y creo que el presidente Petro hace bien en alertar sobre la situación y aumentar la custodia de los afectados, pero la pregunta que también debe hacerse es si realmente existe un plan para matar a estas personas, o si, más bien, alguien quiere mantenerlas asustadas para que no sigan escarbando en la Agencia Nacional de Tierras y el Icetex.
