DUOPOLIO
En telecomunicaciones, los monopolios son una tragedia y los duopolios una comedia de mal gusto. Colombia está a punto de estrenar la suya, inspirada en el libreto oficial.
“Una fuente confiable dice que están llamando a representantes a la Cámara, especialmente miembros de la Comisión Sexta, para anular el debate que estaba citado para el próximo martes sobre esta fusión entre Tigo y Movistar”, vaticinó Daniel Coronell en la pasada emisión de Los Danieles. Dicho y hecho: el martes 18 no hubo debate.
La ministra de Comunicaciones, Carina Murcia, no asistió y, aunque la superintendente Cielo Rusinque lo hizo a tiempo, su copartidaria, la parlamentaria Susana Boreal —quien había citado al ejercicio de veeduría— dio una voltereta y lo sepultó. Boreal pidió la verificación del quórum cuando ya no era necesario, lo que en lenguaje de la Ley Quinta es una manera de matar los debates. En la Comisión Sexta de la Cámara prometen que será pronto, pero no parece haber mucha voluntad del Pacto Histórico de dar explicaciones.
Y los entiendo, porque está complicado justificar las fehacientes incoherencias de Gustavo Petro, quien invirtió décadas en denunciar el excesivo poder de Carlos Slim en nuestras comunicaciones, para ahora, como presidente, consolidar ese abuso. El entonces parlamentario también se quejaba de la inversión extranjera en nuestras empresas públicas como Telecom y ahora abraza alegremente al presidente español Pedro Sánchez y le permite que acabe con la participación pública en Movistar.
Además de la incoherencia del gobierno del cambio lampedusiano, existen varias razones adicionales para creer que la decisión de la SIC dará lugar a un duopolio que desmejore los derechos de los usuarios.
La superintendente Rusinque leyó cuidadosamente un escrito para anunciar su decisión y resaltó que fue confeccionada por muchos técnicos y que había escuchado a muchas voces del sector. Ambas cosas son ciertas. En especial, que en la etapa de comentarios públicos, numerosas personas y entidades se quejaron de lo que sería la conformación de un posible duopolio.
Por ejemplo, sería bueno que alguien le cuente a la ministra Murcia (porque en la entrevista de la W de esta semana parecía algo perdida) que la entidad que dirige presentó el 26 de mayo de este año un documento ante la SIC en el que dijo lo siguiente: “Tras la integración, el mercado móvil colombiano esencialmente se configuraría como un duopolio técnico en manos de CLARO y TIGO-MOVISTAR, con >90 % del mercado combinado entre ambos, y un único competidor de red de menor tamaño (WOM) con <8 %”. Al minTIC también le pareció que ese matrimonio tóxico generaría un riesgo de cartelización express cuando concluyó: “Esta estructura de muy pocos participantes es inherentemente propicia para la coordinación tácita, pues es más sencillo para dos o tres empresas sostener un entendimiento que para cuatro o cinco”.
Además, algunos de los técnicos que participaron tienen importantes lunares. El superintendente delegado Francisco Melo, quien estuvo susurrando al oído de la superintendente Rusinque para ayudarla a responder a los medios de comunicación a lo largo de toda la rueda de prensa, es un funcionario que cuenta con un pliego de cargos de la Procuraduría por las agresivas e inconstitucionales visitas de Rusinque a la Registraduría por el caso del contrato de los pasaportes. Cuando la Procuraduría abrió la investigación contra Melo, se amparó en el Ministerio de Comercio, pero no podía estar tan largo rato en el escampadero y regresó a la SIC hace dos meses para empujar esta decisión.
Ni la participación de técnicos ni el proceso de escucha es blindaje para asegurar la sanidad o acierto de la integración.
Tampoco es suficiente el supuesto estudio de derecho comparado con el que pretenden justificarla (páginas 13 a 25 de la resolución 94169 de 2025 de la SIC). El documento cita países en donde se aprobaron fusiones similares. Aun así, ninguno de ellos contaba con un nivel de concentración del mercado como Colombia, ni antes ni después de la integración. Actualmente, en España tres operadores suman el 87 % del mercado; en Chile son cuatro las empresas que se dividen el 95 %; en Brasil son tres las que comparten el 95 %. En ninguno de esos mercados el resultado de esas operaciones condujo a la concentración que ahora acá en Colombia quieren hacer pasar como competencia.
En cambio, en países como Argentina y Costa Rica se negaron fusiones semejantes por temor a los efectos nocivos de un duopolio. Pero esos ejemplos no llegaron al estudio.
Los condicionamientos que presentó la SIC no recogen las alertas del sector, porque además solo plantearon condiciones comportamentales y no estructurales. Las menores tarifas de roaming nacional para operadores pequeños que tienen el 5 % del mercado no impedirán que los dos operadores con el 95 % suban los precios al usuario.
Y lo más preocupante: el documento deja claro que para evitar el duopolio tanto la SIC como la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) tendrán que ejercer un montón de tareas de control que desde ya incumplen. ¿Quién garantiza que esas entidades adelantarán todas las gestiones que no han ejecutado ante Claro? Si no pudieron contener a un gigante, ¿cómo creerles que controlarán a dos?
El punto irrefutable es que un matrimonio tóxico como este no sería tan dañino en un mercado que no contara con los niveles de concentración que ya tiene el nuestro. ¿Quién querrá invertir acá con este panorama? Nadie. La tercería de Wom pronto desaparecerá, pues agoniza desde hace años, y ese espacio podrá ser prontamente cooptado por los gigantes que le respiran en la nuca.
Y eso que no hemos ni hablado de que Petro permitió la privatización total de Movistar, de dónde se pagará el dinero de la fusión y ante qué autoridades tributarán y cuánto.
El Gobierno y su superintendente (pues falta ver aún una sola evidencia de la independencia que debería profesar Cielo Rusinque frente al gobierno nacional, como jefa de un importante organismo de control) cuentan con la bendición de que estos temas son engorrosos y aburridos, llenos de porcentajes y técnicos con ganas de explicar cosas. Pero nada de eso borra la realidad sobre lo que dejaron de hacer y ahora permitieron. Uno de esos expertos, tal vez uno de los más experimentados y conocedores en Colombia, me recordó que la competencia es un derecho colectivo, que puede y debe ser protegido también por los jueces, por ejemplo en forma de acción popular. Ojalá pronto alguien se ocupe de preguntarle a la justicia si estamos condenados al monopolio, o peor, al duopolio.
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A la superintendente Rusinque le parece que mi opinión es digna de un manual de debutante de periodismo y derecho, que uso la calumnia para distinguirme de mis colegas, que soy experta en hacer pasar mis opiniones subjetivas y cargadas por información y otras calificaciones sobre lo mucho que le desagrado.
Me quedo pensando en cuál será la pobreza argumentativa o el afán por el aplauso de sus seguidores que le hacen creer que esos epítetos personales sirven de respuesta a los argumentos que hemos planteado yo y muchos otros en contra del matrimonio tóxico que se dispuso a oficiar. Señora Rusinque, claro que soy una debutante en periodismo; es más creo que jamás aspiraré a ese título. Soy una simple ciudadana que cuenta con el privilegio de compartir su opinión en estas páginas.
Y aunque sería bueno que alguien le prestara algunas lecturas sobre la diferencia entre informar y opinar y las consecuencias de lo uno y lo otro, lo más apremiante es que se disponga a asumir, así sea por estos últimos nueve meses de gobierno, sus obligaciones como funcionaria pública y se apreste a soportar la crítica en lugar de responder con falacias agresivas a cada pregunta que se plantee frente a su gestión o su gobierno. Entiendo que se ha hecho a punta de bravuconadas en redes sociales; así ganó el favor de su jefe, pero así no va a convencer a nadie sobre los supuestos beneficios del duopolio que permitió.
